Categoría: INTERNACIONAL

Siete líneas estratégicas para mejorar la atención a pacientes y familias
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Europa Press

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, presentó el pasado martes el II Plan de Mejora de la Atención Sanitaria a Personas con Enfermedades Raras, que afectan a más de 443.600 personas en la región. Este nuevo plan se impulsa tras haber alcanzado el 96% de los objetivos previstos en la primera edición.

Matute destacó que el plan es “un ejemplo de trabajo conjunto dentro del Gobierno autonómico”, en el que colaboran las consejerías de Educación, Ciencia y Universidades; Familia, Juventud y Asuntos Sociales, y Digitalización. Además, subrayó que “coloca a los propios pacientes y sus familias en el centro del sistema sanitario, hasta el punto de haber participado en su redacción”.

Siete líneas estratégicas para mejorar la atención

El plan se estructura en siete líneas estratégicas, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial a quienes padecen enfermedades raras:

Sistemas de información

Prevención, detección, diagnóstico precoz y asesoramiento genético

Terapias, medicamentos huérfanos y productos sanitarios

Atención sanitaria, rutas asistenciales y trabajo en red

Abordaje integral y coordinación sociosanitaria

Investigación y formación

Coordinación institucional, humanización y participación ciudadana

Para reforzar estas áreas, la Comunidad de Madrid ha destinado 75,3 millones de euros a la adquisición y suministro de medicamentos de alto impacto, lo que supone un incremento del 15% respecto a 2022.

Unidad multidisciplinar específica para niños

Durante la presentación, la consejera visitó el Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) y su Unidad Multidisciplinar Infantil de Enfermedades Minoritarias, que comenzó a funcionar hace un año. Desde su apertura, ha atendido a alrededor de 250 menores con trastornos genéticos.

El objetivo de esta unidad es ofrecer una asistencia integral, evitando la duplicidad de pruebas diagnósticas, reduciendo ingresos hospitalarios y optimizando los tratamientos farmacológicos. Entre los profesionales implicados se encuentran especialistas en Digestivo, Dermatología, Neumología y Reumatología, entre otros.

1.800 pacientes atendidos en el INGEMM

El INGEMM se dedica a la asistencia, docencia e investigación para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras. En el último año, ha atendido a más de 1.800 pacientes en 3.900 consultas y ha realizado más de 45.000 estudios genéticos.

Gracias a las técnicas de secuenciación masiva, los especialistas pueden identificar las causas hereditarias de más de 7.000 enfermedades raras conocidas actualmente.

El próximo 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha clave para visibilizar estas patologías y promover la investigación en este ámbito.

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Sumar, Podemos, Bildu, BNG y ERC han justificado su negativa con críticas centradas en “la especulación” y han aludido a que la iniciativa implicaría “favorecer la construcción sin control”
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Imagen: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la semana pasada en el Congreso. J.J.Guillen

El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este lunes la admisión a trámite de la reforma de la Ley del Suelo que solo han defendido el PSOE y el PNV. Como ya ocurrió hace nueve meses, cuando el Gobierno retiró esta reforma por falta de apoyos, se han posicionado en contra los partidos a la izquierda y a la derecha del PSOE. El texto de la Ley del Suelo estaba firmado por el PNV, pero mantenía la inmensa mayoría de la norma que llevó en su día el PSOE a la Cámara Baja.

Sumar ha dicho que la propuesta de su socio de gobierno es un “copia y pega” del anteproyecto de ley que aprobó en 2018 Mariano Rajoy durante su Gobierno, y lo ha vinculado a la “corrupción” y a la “especulación urbanística”. “Es un texto para aquellos que creen que el sistema funciona y que el de la vivienda es un problema de burocracia y de aplicación de los planes urbanísticos”, ha criticado el portavoz de vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez.

Por su parte, el Partido Popular ha sostenido que se trata de una “mala copia” de su proyecto de 2018 y que “no está a la altura” de la que ellos han registrado en el Senado y esperan aprobar en breve gracias a su mayoría absoluta. Tendrá que pasar luego por el Congreso, y entonces los socialistas tendrán que valorar qué postura adoptan. “La nuestra es fruto de hablar con expertos y con las comunidades autónomas y es un plan integral que reforma seis leyes, la suya es pura fachada”, ha subrayado el diputado del PP Miguel Ángel Sastre. En el caso de Junts, rechazaron el texto porque, a su juicio, invade competencias autonómicas.

La proponente del texto y diputada del PNV Maribel Vaquero ha asegurado haber leído “detenidamente” la propuesta del PP y ha señalado que “en lo relativo a la ley del suelo su planteamiento es muy similar, incluso con una redacción idéntica en algunos párrafos”, por lo que ha atribuido su posición en contra al “oportunismo político”.

Conceder la nacionalidad española a los saharauis

Antes de la votación de la Ley del Suelo, tuvo lugar otra impulsada por Sumar y que el PSOE ya rechazó en la pasada legislatura, y es la que busca dar respuesta a la vinculación de España con la población saharaui concediendo la nacionalidad por carta de naturaleza para los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976. Se enmarca dentro de lo dispuesto en el artículo 21 del Código Civil y tiene carácter graciable, es decir, no está sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo y el Ejecutivo la otorga discrecionalmente mediante real decreto tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales.

En este caso, el único voto en contra fue el de los socialistas, por lo que la toma en consideración salió adelante y la norma empieza ahora su tramitación en la Cámara Baja. A favor se posicionó el resto de grupos del hemiciclo a excepción de Vox, que optó por abstenerse.

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EEUU moviliza sus bombarderos nucleares cerca de las fronteras rusas. Este ejercicio de fuerza responde a las maniobras de la OTAN en Estonia y supone un movimiento desafiante
The post EEUU pasea cerca de la frontera rusa bombarderos nucleares B-52 first appeared on Hércules.  El 24 de febrero, un bombardero estratégico B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de EEUU sobrevoló Tallin, la capital de Estonia, según los registros de seguimiento de vuelos. Durante la misión, el B-52 se acercó a tan solo 80 kilómetros de la frontera rusa y, en su regreso, cruzó los tres países bálticos, volando a solo 16 kilómetros de la frontera con Bielorrusia.

El medio especializado en noticias militares “The Warzone” informó que este vuelo coincidió con el tercer aniversario de la independencia de Estonia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que le dio un contexto geopolítico tenso, aumentando la visibilidad de la operación.

El B-52, un bombardero con capacidad nuclear

El B-52, asignado a la 5ª Ala de Bombardeo en la Base Aérea de Minot, Dakota del Norte, despegó de la RAF Fairford en Inglaterra como parte de un despliegue rutinario de la Fuerza de Tarea de Bombarderos (BTF). Sobre Tallin, el B-52 voló acompañado de cuatro cazas F-35A y dos aviones de ataque F/A-18 Hornet, probablemente de la Real Fuerza Aérea Holandesa y la Fuerza Aérea Finlandesa, que operaban desde la Base Aérea de Ämari en Estonia. El paso de los aviones fue parte de un desfile militar que incluyó tropas y vehículos de combate, mientras los aviones rugían por el cielo, dejando una impresionante estampa.

La ruta del vuelo fue destacada. Tras dejar Tallin, el B-52 voló hacia el este, acercándose a San Petersburgo, a solo 80 kilómetros de la frontera ruso-irlandesa, para luego girar hacia el sur, atravesando Letonia y Lituania. El avión entró al espacio aéreo polaco por la conocida brecha de Suwalki, situada a solo 16 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Esta zona, que conecta a Bielorrusia con el enclave ruso de Kaliningrado, es un cuello de botella estratégico entre la OTAN y Rusia. En caso de conflicto, el control ruso de la región aislaría a los tres países bálticos de la Unión Europea por tierra.

Actitud desafiante

Aunque no es la primera vez que un B-52 sobrevuela Tallin para celebrar el Día de la Independencia de Estonia, esta vez el contexto era aún más delicado, ya que marcaba el tercer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, además de una creciente tensión en las relaciones entre EE. UU. y Rusia. Esto generó intensas discusiones.

La Fuerza Aérea de EE. UU. subrayó que el objetivo del despliegue de BTF es fortalecer la cooperación entre aliados en escenarios de alta intensidad y mostrar las capacidades de ataque de largo alcance. Para los países bálticos, este vuelo no fue solo una celebración, sino también una muestra simbólica de apoyo a su independencia y seguridad frente a una Rusia cada vez más desafiante.

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BSW remó duro y murió en la orilla, su 4,97% de los votos no fue suficiente para llegar al umbral de 5% y poder obtener representación parlamentaria. Ahora la batalla se traslada al Constitucional, donde esperan poder rascar votos por presuntas irregularidades en el voto extranjero.
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BSW remó duro y murió en la orilla, su 4,97% de los votos no fue suficiente para llegar al umbral de 5% y poder obtener representación parlamentaria. Ahora la batalla se traslada al Constitucional, donde esperan poder rascar votos por presuntas irregularidades en el voto extranjero. (Subtitulo)

Al final, faltaron unos 13.400 votos. La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), que en su corta trayectoria ha sorprendido con resultados notables, estuvo a un paso de superar el umbral del cinco por ciento en las elecciones al Bundestag. Si no cambia la situación, el partido se quedará sin representación en el Parlamento. El lunes, la cúpula de BSW anunció que pedirá una “revisión legal” del resultado. Sahra Wagenknecht, presidenta del partido, justificó la decisión señalando que 230.000 alemanes en el extranjero no pudieron votar: los plazos ajustados antes de las elecciones impidieron que muchos pudieran ejercer su derecho.

Posibles irregularidades con el voto desde el extranjero

Los medios ya habían reportado la falta de los documentos de votación para los alemanes fuera de Alemania. Para la BSW, esta situación podría haber sido decisiva, aunque es solo una suposición. Incluso el eurodiputado Fabio De Masi sugirió que podrían presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional Federal.

Hans-Jürgen Papier, quien presidió el Tribunal Constitucional hasta 2010, considera que una elección debe ajustarse al principio de universalidad, según la ley. “El proceso de votación de los alemanes en el extranjero plantea serias dudas constitucionales”, afirmó Papier en una entrevista con el Berliner Zeitung. “Todos los ciudadanos deberían tener la oportunidad de votar”.

Según el expresidente, los plazos estrictos están establecidos por la Ley Fundamental, pero si el Bundestag se disuelve, se deben convocar nuevas elecciones en un plazo máximo de 60 días. “Sin embargo, el procedimiento electoral para los alemanes en el extranjero podría haberse adaptado a esas limitaciones de tiempo y circunstancias actuales, permitiendo que este grupo de votantes ejerciera realmente su derecho”, añadió.

Arañar una serie de votos claves

Los errores electorales solo se consideran relevantes si afectan de manera significativa a los resultados. “Debe haber una probabilidad concreta, no remota, de que esos errores puedan alterar la distribución de escaños”, explicó. Esto no parece tan descabellado, dado que BSW estuvo a pocos miles de votos de lograrlo.

Aunque aún es pronto para emitir un juicio definitivo, dado que el proceso electoral sigue siendo revisado, opinó Papier. Antes de que el Tribunal Constitucional pueda intervenir, el Bundestag debe pronunciarse sobre el tema. El comité electoral será el encargado de estudiar las quejas. Papier ve una grave deficiencia en este procedimiento, ya que, según él, está “pésimamente regulado en la Ley Fundamental”. “El escrutinio de las elecciones es responsabilidad del Bundestag, que decide en nombre propio. El recurso al Tribunal Constitucional solo se permite si el Bundestag ya ha tomado una decisión. Así que las decisiones oportunas en un contexto de revisión electoral son casi imposibles”.

Las voces exigiendo una reforma legal llevan años alzándose, pero no ha habido acción al respecto. Niklas Simon, de la Universidad de Friburgo, también es escéptico respecto a un desafío legal. Este investigador, quien actualmente está trabajando en su tesis en el Instituto de Derecho Público, escribió recientemente para el “Verfassungsblog” sobre el voto de los alemanes en el extranjero.

En teoría, es posible que nuevas votaciones de BSW impacten la distribución de escaños. “Sin embargo, el Tribunal Constitucional no ofrece una prueba concluyente, solo una posibilidad”, comentó Simon. “El principal problema radica en el voto por correo de los alemanes fuera de Europa, que representan una pequeña proporción de los alemanes en el extranjero”, explicó.

Una jurisprudencia poco halagüeña para BSW

El Tribunal Constitucional también señala que el comportamiento electoral no es irrelevante. “La BSW no puede simplemente asumir que todos aquellos que no recibieron sus papeletas habrían votado por ellos”. En consecuencia, no se puede asegurar que el mandato de BSW sea relevante. Según Simon, el procedimiento de escrutinio electoral probablemente fracasaría.

Hoy por hoy, parece que el Oficial Federal de Escrutinio, las autoridades municipales y las misiones diplomáticas han hecho todo lo posible para asegurar la participación, “particularmente extendiendo el uso de la vía oficial de mensajería”, dijo Simon. “No se han infringido normas”. Si el Tribunal Constitucional no estuviera de acuerdo, según Simon, sería necesario invalidar todas las elecciones al Bundestag, no solo una parte. “Este problema afectó a toda la elección, no solo a algunos distritos”, subrayó. Según la jurisprudencia, esto solo es posible en circunstancias excepcionales.

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El presidente tampoco se conectó de forma telemática a la reunión del Cecopi en ningún momento de la tarde, según ha detallado el presidente de la Diputación de Valencia Vicent Mompó
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Imagen: El president de la Generalitat Carlos Mazón. (EFE/Kai Försterling)

El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no había llegado al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) cuando se envió la alerta a los móviles a las 20.11 horas el 29 de octubre de 2024, el día de la dana. Así lo ha detallado tanto el presidente de la Diputación de Valencia Vicent Mompó como el propio Gobierno valenciano al requerimiento de la jueza que investiga la gestión de la catástrofe.

Tampoco se conectó de forma telemática al Cecopi en ningún momento de la tarde, según ha detallado Mompó en la primera sesión de la comisión de investigación de la DANA, celebrada este martes. La Diputación de Valencia ha celebrado este martes la primera sesión de la comisión no permanente de estudio sobre la gestión de la emergencia el día de la riada. Esta primera reunión se ha centrado en la gestión informativa del ente provincial durante el 29 de octubre de 2024 y los días posteriores a la tragedia. La comisión se reunirá de nuevo el próximo martes, 4 de marzo. En esta ocasión se analizará la emergencia y comparecerá el inspector jefe del Cuerpo Provincial de Bomberos de Valencia y jefe de la emergencia de la DANA del 29 de octubre, José Miguel Basset.

Las incógnitas que rodean dónde se encontraba Mazón

La jueza había reclamado al Consell precisamente que informara “de forma sucinta si concurrió alguna otra autoridad” al Cecopi antes del envío de la alerta masiva a los móviles y al margen de los convocados desde el primer momento para las cinco de la tarde. La Generalitat basa su respuesta, a la que ha tenido acceso Efe, en las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde se celebran las reuniones del Cecopi.

Una de las principales incógnitas es por qué se mando la alerta masiva a los móviles tan tarde, cuando decenas de pueblos ya estaban inundados y los desaparecidos eran ya incontables, más de 12 horas después de que se decretara un aviso rojo por lluvias torrenciales. Ahora, se sabe que Mazón nunca estuvo presente en el Cecopi cuando se envió la alerta y que, incluso, se puso al frente de la emergencia más tarde de lo que había señalado.

Hasta el momento, la Generalitat se había esforzado en trasladar que Mazón se había incorporado al Cecopi a partir de las 19:00 horas, después de que Salomé Pradas lograse hablar con él tras varios intentos fallidos. Mazón explicó, según publicó en su día elDiario.es, que fue en ese momento cuando le dijeron que la previsión había empeorado.

No sólo el Govern defendió este relato. “Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica, a partir de las 19.00. Hasta las 18.45 la Confederación no avisó de la crecida tan espectacular del río”, declaraba en noviembre el propio Mazón. Cuatro meses después, sabemos que el president no llegó, al menos, hasta después de las 20.11, cuando se enviaron las alertas y ya había puntos devastados y víctimas mortales. 

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Las tensiones en Cisjordania aumentan en el seno de la fragilidad del alto al fuego entre Israel y Hamás. El haber mandado taques se ha convertido en un movimiento inédito en 20 años, algo que ha desatado el malestar en las autoridades palestinas
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha elevado las tensiones regionales al enviar tanques a Cisjordania por primera vez en más de 20 años, una acción condenada por las autoridades palestinas como una “escalada peligrosa”.

La movilización de tanques, un movimiento inédito en 20 años

Además, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado que las fuerzas armadas se preparen para una estancia prolongada en Cisjordania, sugiriendo una operación de largo plazo destinada a desmantelar la infraestructura militante en campos de refugiados como los de Jenin y Tulkarem. Katz también informó que aproximadamente 40.000 palestinos han sido desplazados de estos campos, los cuales describió como vacíos.

Estas operaciones militares se llevan a cabo después de una serie de explosiones de autobuses cerca de Tel Aviv que, aunque no causaron víctimas, reavivaron los recuerdos de ataques previos y provocaron un aumento de las actividades militares israelíes en la región.

En un contexto paralelo, el presidente de EE. UU. Donald Trump había propuesto trasladar a los palestinos desplazados de Gaza a Jordania y Egipto, un plan que fue criticado a nivel mundial por su impacto en los derechos palestinos y la estabilidad regional. Ante la fuerte reacción internacional, Trump abandonó la propuesta, decidiendo esperar que los países árabes presentaran sus propias soluciones.

Además, un reciente intercambio de rehenes entre Hamás e Israel ha desatado reacciones. Hamás fue condenado por la gestión de los restos del rehén israelí Shiri Bibas, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el acto como una violación del derecho internacional, subrayando la importancia de un trato digno para los fallecidos y sus familias. Aunque las acciones de Hamás han sido duramente criticadas, también se han sumado críticas a Israel por los retrasos y cancelaciones en la repatriación de prisioneros palestinos, lo que ha aumentado las tensiones. Más de 48.000 palestinos han muerto desde que se reanudó el conflicto tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Malestar en los países árabes

En respuesta a estos desarrollos, los líderes árabes están formulando una estrategia alternativa. Los ministros de Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania y Egipto se reunieron en Riad para elaborar una contrapropuesta que incluya viviendas temporales para los palestinos desplazados dentro de Gaza, un gobierno local dirigido por tecnócratas y una fuerza de seguridad palestina sin vínculos con Hamás. Estas conversaciones subrayan la creciente preocupación en la región de que las propuestas drásticas de Estados Unidos y la renovada agresión militar puedan desestabilizar aún más la zona.

Con el aumento de las operaciones militares de Netanyahu, la región se enfrenta a una situación cada vez más volátil. Los llamados a la moderación, las investigaciones independientes y la reanudación de los esfuerzos diplomáticos son cada vez más frecuentes, a medida que la comunidad internacional intenta evitar más sufrimiento a la población civil y prevenir una mayor escalada.

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La debacle de los cargos dentro del partido ha sido uno de los mayores problemas recientes de VOX
The post Vox continúa su crisis interna: antiguos cargos exigen una refundación ante los cambios de línea del partido first appeared on Hércules.  Vox se enfrenta a una de sus mayores crisis internas tras la publicación de una carta en la que exdirigentes y cargos críticos exigen una reunión urgente con el líder del partido, Santiago Abascal, para abordar lo que consideran una mala gestión organizativa, decisiones erráticas y prácticas económicas cuestionables.

Los firmantes, agrupados bajo el nombre “Mesa del Movimiento Pro Refundación Vox”, acusan a la dirección nacional del partido de ser responsable de la ruptura de los gobiernos autonómicos con el PP, de un posicionamiento internacional errático dentro de Patriots y de la aplicación de malas praxis económicas que estarían debilitando la formación.

Esta situación se produce tras la caída de algunos destacados miembros del partido en los últimos años, como Espinosa de los Monteros; su mujer, Rocío Monasterio; o Agustín Rosety, destacado militar y una de las caras más visibles del partido en redes sociales, que ha abandonado la formación por su desacuerdo con la dirección internacional del partido en relación con Ucrania.

Rosety y su desacuerdo con la dirección

Rosety ha señalado que el partido ha pasado de condenar sin matices la agresión rusa a adoptar una postura “a remolque de la nueva Administración americana” y, en particular, de Donald Trump.

El punto de inflexión para Rosety llegó la semana pasada, cuando Trump sugirió que Estados Unidos no debería implicarse tanto en la defensa de Ucrania. Para el exdiputado de Vox, esta postura representa un giro preocupante dentro del partido, que, en su opinión, ha abandonado su compromiso con la defensa de la soberanía y el respeto a los tratados internacionales.

«Como portavoz en la Comisión de Defensa, dije que Rusia atacó Ucrania en sintonía con nuestros [entonces] socios y aliados. Vox quedó muy bien ahí, pero hoy la cuestión es muy distinta», ha lamentado. Según Rosety, la política exterior debe anteponer los intereses nacionales, y eso implica defender la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión rusa.

Reclaman el regreso de expulsados y un congreso de refundación

Los críticos exigen que Vox vuelva a sus principios fundacionales y proponen una “refundación” del partido, que incluiría:

El regreso de los expulsados y represaliados, así como de aquellos que abandonaron Vox en silencio.

La convocatoria de un congreso donde se aprueben nuevos estatutos democráticos, con el objetivo de crear una estructura organizativa más participativa y con una estrategia clara para convertir a Vox en un partido con vocación de gobierno.

“Confiamos en tener respuesta, pero si en 10 días no obtenemos contestación, entenderemos que la negativa es tácita”, advierte el comunicado.

Entre los firmantes, expulsados y disidentes

Entre quienes firman la misiva se encuentran varios exdirigentes que han protagonizado conflictos internos recientes, como los procuradores expulsados de las Cortes de Castilla y León, Ana Rosa Hernando y Javier Teira, la exportavoz en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, o la diputada díscola Idoia Ribas.

Esta rebelión evidencia la creciente división interna en Vox y pone en cuestión la estrategia de Abascal al frente del partido, especialmente tras las recientes crisis con el PP en gobiernos autonómicos

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Un nuevo encontronazo entre los socios de Gobierno deja en claro la debilidad del Ejecutivo
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El Congreso ha rechazado este martes la tramitación de la reforma de la Ley del Suelo, impulsada por el PSOE en alianza con el PNV, y que ha generado una profunda fractura dentro del Gobierno. Mientras los socialistas defendían la norma como una medida para dar seguridad jurídica a proyectos urbanísticos, su socio en la coalición, Sumar, ha votado en contra, acusando al PSOE de favorecer la especulación inmobiliaria.

El rechazo ha sido contundente: PP, Sumar, Podemos, ERC, Junts y Bildu han sumado fuerzas para tumbar la iniciativa, dejando al PSOE prácticamente solo junto al PNV y Coalición Canaria. Vox, por su parte, ha optado por la abstención.

Tensión entre los socios de Gobierno

El enfrentamiento entre PSOE y Sumar ha sido el eje central del debate. Mientras los socialistas han defendido que la reforma busca evitar que errores administrativos menores paralicen proyectos urbanísticos, Sumar ha denunciado que se trata de una medida para blindar “pelotazos inmobiliarios” y debilitar el control ciudadano sobre las recalificaciones de suelo.

El portavoz de Sumar, Alberto Ibáñez, ha sido especialmente duro con sus socios: “No hemos entrado en el Gobierno para facilitar que los especuladores urbanísticos hagan su agosto. Esta es la misma reforma que intentó aprobar el PP en 2018. Nos sorprende que el PSOE se haya convertido ahora en su mejor defensor”.

Por parte de Podemos, Noemí Santana ha criticado que la ley limite a cuatro años el plazo para impugnar planes urbanísticos, lo que, a su juicio, permitirá que muchos fraudes pasen desapercibidos hasta que sea demasiado tarde para recurrirlos.

Desde el PSOE, el portavoz en materia urbanística ha lamentado que Sumar y Podemos se hayan alineado con el PP y la derecha independentista, dejando pasar lo que consideran una oportunidad para dar estabilidad al sector.

El PNV ataca al PP

El PNV, promotor de la norma junto al PSOE, ha reprochado al PP su falta de coherencia, recordando que su propia reforma urbanística incluye puntos prácticamente idénticos a los ahora rechazados. “No entendemos cómo pueden votar en contra de algo que ustedes mismos han defendido en otras ocasiones”, ha señalado la diputada del PNV Maribel Vaquero.

Por su parte, el PP ha explicado su rechazo argumentando que la norma es insuficiente y que lo que se necesita es una reforma integral de la legislación urbanística, no un simple retoque que, a su juicio, no soluciona el problema del acceso a la vivienda.

PSOE y Sumar: más división dentro del Gobierno

El rechazo a la reforma de la Ley del Suelo supone un nuevo desencuentro entre los socios de la coalición. La votación evidencia que el PSOE y Sumar cada vez tienen posturas más alejadas en asuntos clave, especialmente en materia económica y de vivienda.

Este choque se suma a otras fricciones recientes, como las discrepancias en torno a la reducción de la jornada laboral o la gestión del Salario Mínimo Interprofesional.

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Así pues, el mensaje que se trasladada a los gobiernos regionales no puede ser peor: gastar y endeudarse a placer tiene premio
The post Montero juega al trilerismo con la deuda autonómica first appeared on Hércules.  La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el pasado lunes que el Estado asumirá 83.252 millones de euros que, hoy por hoy, adeudan las comunidades autónomas de régimen común, exceptuando País Vasco y Navarra, que cuentan con un sistema foral propio. Esta cuantía equivale al 26,7% de la deuda autonómica registrada a cierre de 2023.

La medida en cuestión responde al acuerdo de investidura suscrito con ERC, por el cual el Gobierno se comprometía a condonar el 22% del dinero que la Generalidad de Cataluña había pedido prestado al Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que equivale a 17.104 millones de euros.

Finalmente, Hacienda ha decidido extender esta particular condonación a todas las regiones de régimen común para no excluir a las que se hayan podido financiar por sí mismas en los mercados, sin necesidad de acudir a la financiación extraordinaria del FLA, como el caso de la Comunidad de Madrid. Las autonomías se podrán adherir a esta quita de forma voluntaria, pero a cambio no podrán aplicar rebajas fiscales a las rentas más altas, según ha advertido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Las regiones más beneficiadas en términos absolutos serían, por este orden, Andalucía, con 18.791 millones, seguida de Cataluña (17.104 millones) y Madrid (8.644 millones). Pero la cosa cambia si se calcula en términos relativos, que es la estimación correcta para observar quién sale más y menos beneficiado.

Así, si bien esos 83.000 millones de euros suponen una quita próxima al 5,5% del PIB total, Andalucía y Castilla-La Mancha son, de lejos, las más beneficiadas, con más de un 9% del PIB, seguidas de Murcia y Comunidad Valenciana, con un 8%, Extremadura (7%), Cataluña (6%) y Canarias (6%). Por el contrario, Madrid, Baleares y La Rioja podrán optar a una quita muy inferior, de entre el 3% y el 4% de su PIB.

Asimismo, en términos per cápita, mientras que manchegos, andaluces y catalanes pagarían casi 2.300 euros menos de deuda por habitante, tomando como referencia el dato de población ajustada que emplea Hacienda, la cuantía restada a madrileños, cántabros y riojanos se sitúa por debajo de los 1.400 euros.

Sin embargo, el dato clave radica en el endeudamiento neto. Dado que el Estado asumirá cerca de 83.000 millones de deuda autonómica, eso significa que su pago se repartirá entre el conjunto de la población, quitando vascos y navarros, de modo que la deuda per cápita crecerá en 1.892 euros. Y como a esta cantidad hay que restarle la deuda condonada, que en el caso de los catalanes rondaría los 2.284 euros, frente a los 1.369 de los madrileños, el resultado es que el Gobierno reducirá la deuda de cada catalán en unos 390 euros, al tiempo que incrementa en más de 520 euros la de cada madrileño.

En esencia, esta quita no es más que puro y duro trilerismo financiero. En primer lugar, no hay condonación de ningún tipo. Esa deuda se va a pagar, lo único que hace el Gobierno es repartirla entre todos los españoles. Además, el criterio de reparto escogido es arbitrario y, por tanto, injusto, ya que responde a cuestiones políticas para beneficiar especialmente a unas regiones frente a otras por puro interés partidista. No en vano, tal y como dice el dicho, el que parte y reparte se lleva la mejor parte.

Y, por si fuera poco, se trata de una medida perversa y perjudicial, dado que premia a las regiones más endeudadas, manirrotas y despilfarradoras, incentivando así la irresponsabilidad fiscal y presupuestaria, en contraposición a una gestión más eficiente, sana y equilibrada de las cuentas autonómicas. Así pues, el mensaje que se trasladada a los gobiernos regionales no puede ser peor: gastar y endeudarse a placer tiene premio. El problema es que el precio lo pagarán todos los españoles en mayor o menor grado.

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