Categoría: INTERNACIONAL

Si bien la nueva visión ofrece esperanza, su éxito dependerá de su implementación real y de su capacidad para aliviar las cargas que han llevado al sector al límite
The post La crisis del campo europeo: Del malestar de los agricultores a la nueva estrategia de la UE first appeared on Hércules.  En los últimos años, los agricultores europeos han protagonizado movilizaciones masivas en respuesta a políticas que consideran asfixiantes e injustas. Desde Berlín hasta Madrid y pasando por Bruselas, el sector agrícola ha salido a las calles para protestar contra las restricciones medioambientales, el aumento de los costes y la competencia derivada de acuerdos comerciales internacionales. En Alemania, miles de tractores bloquearon Berlín en diciembre de 2023 en protesta por la eliminación de exenciones fiscales al diésel agrícola. En España, los agricultores han denunciado en numerosas ocasiones el incremento de precios de los fertilizantes y los tratados comerciales que benefician a importaciones extracomunitarias en detrimento de la producción nacional.

Políticas que han llevado al descontento

El malestar del campo europeo tiene sus raíces en una serie de reformas y políticas impuestas en las últimas décadas. La Política Agraria Común (PAC) ha pasado por múltiples reformas que han impuesto un modelo cada vez más regulado y burocrático. La desvinculación de las ayudas directas de la producción específica, que comenzó con la reforma de 2003, intentó reducir la sobreproducción y fomentar una agricultura más sostenible. Sin embargo, muchos agricultores han señalado que estas medidas han hecho que su actividad dependa más de la burocracia que de la producción real. La PAC ha añadido requisitos ambientales, sociales y laborales que han aumentado la carga administrativa para los productores, dificultando su capacidad para competir en el mercado global.

La estrategia “De la granja a la mesa”, impulsada por el Pacto Verde Europeo, ha impuesto restricciones adicionales en el uso de pesticidas y fertilizantes, con el objetivo de reducir la huella medioambiental de la agricultura europea. Sin embargo, la falta de alternativas viables ha hecho que los costes de producción aumenten considerablemente, afectando especialmente a las pequeñas y medianas explotaciones. A esto se suma el hecho de que las importaciones de productos agrícolas de terceros países no están sujetas a los mismos estándares ambientales y laborales que los productos europeos, lo que ha generado una competencia desigual en el mercado.

Las restricciones fitosanitarias también han generado serios problemas para los productores europeos. La prohibición de ciertas sustancias ha limitado las herramientas disponibles para combatir enfermedades y plagas, afectando gravemente a cultivos como el de la fresa en España. Mientras tanto, el aumento del precio de los fertilizantes, impulsado por factores geopolíticos y por restricciones a la importación, ha encarecido aún más la producción agrícola en la UE. En paralelo, los agricultores han señalado la contradicción en las sanciones a Rusia, ya que mientras ciertos productos rusos están prohibidos, los fertilizantes siguen entrando en Europa a precios competitivos, afectando la rentabilidad de los productores europeos.

Las normativas europeas también han impuesto restricciones que afectan directamente la productividad y competitividad del sector agrícola. La obligación de mantener una parte de las tierras en barbecho reduce la superficie cultivable y limita la capacidad de los agricultores para maximizar su producción. Aunque busca regenerar el suelo y fomentar la biodiversidad, en tiempos de crisis alimentaria y aumento de la demanda global, muchos agricultores la consideran innecesaria y contraproducente. Asimismo, la prohibición de cazar especies como los lobos, cuya población ha aumentado significativamente en algunas regiones, ha provocado ataques a rebaños y pérdidas económicas para los ganaderos, que ven limitada su capacidad para proteger su producción. A esto se suman otras medidas como la limitación de ciertas técnicas de riego y la imposición de cuotas de producción, que restringen la capacidad de los agricultores para adaptarse a las condiciones del mercado y optimizar su rendimiento.

La carga burocrática y los obstáculos administrativos

Uno de los principales problemas que enfrentan los agricultores europeos es la excesiva burocracia impuesta por la PAC y otras regulaciones europeas. Para acceder a las ayudas comunitarias, los agricultores deben completar formularios extensos, cumplir con auditorías periódicas y proporcionar documentación detallada sobre el uso de sus tierras, el empleo de fertilizantes y pesticidas, y las condiciones laborales en sus explotaciones. En muchos casos, estas exigencias son tan complejas que los agricultores se ven obligados a contratar gestores administrativos o empresas especializadas, lo que supone un coste adicional que reduce su rentabilidad.

Además, la regulación medioambiental ha añadido nuevas obligaciones que requieren una gestión minuciosa, como la implementación de planes de rotación de cultivos, la instalación de infraestructuras para la gestión del agua y la aplicación de métodos específicos de conservación del suelo. Estas normativas no siempre tienen en cuenta las particularidades de cada región y pueden ser difíciles de cumplir para pequeños agricultores con menos recursos.

Las inspecciones y controles también representan una carga significativa. Un incumplimiento mínimo puede derivar en la reducción o pérdida total de las subvenciones, lo que genera incertidumbre y presión constante en los agricultores. La necesidad de presentar pruebas de cumplimiento en numerosos aspectos de la producción, desde el bienestar animal hasta la trazabilidad de los productos, incrementa la carga de trabajo administrativo y aleja a los productores de su actividad principal.

Un cambio de rumbo: La nueva visión de la UE para la agricultura

Ante el creciente descontento, la Comisión Europea ha presentado una nueva estrategia para la agricultura y la alimentación, con el objetivo de hacer del sector agroalimentario un pilar competitivo, sostenible y atractivo para las nuevas generaciones. Esta visión reconoce los problemas estructurales que afectan a los agricultores europeos y propone medidas para abordar la burocracia excesiva, mejorar la rentabilidad del sector y fomentar la innovación.

Uno de los principales objetivos de la nueva estrategia es simplificar la carga administrativa. La Comisión ha admitido que las normativas actuales han complicado innecesariamente la vida de los agricultores y ha propuesto una reducción significativa en los trámites que deben cumplir para recibir ayudas y operar dentro del marco regulatorio europeo. Además, se ha anunciado una revisión de los estándares ambientales impuestos en la PAC para garantizar que sean más realistas y proporcionados, evitando restricciones que pongan en peligro la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas.

Otra medida clave es el apoyo financiero a los agricultores jóvenes y el fomento del relevo generacional en el sector. Actualmente, solo el 12% de los agricultores europeos tienen menos de 40 años, lo que supone un grave problema para el futuro del campo. Para contrarrestar esta tendencia, la UE ha propuesto incentivos financieros y programas de formación para atraer a nuevos agricultores y facilitar el acceso a la tierra y al crédito.

La digitalización y la innovación también ocupan un lugar central en la nueva estrategia. Se fomentará la investigación y el desarrollo en tecnologías agrícolas avanzadas, con especial atención a herramientas que permitan optimizar el uso de recursos como el agua y los fertilizantes. La UE ha reconocido la necesidad de dotar al sector con infraestructuras digitales y acceso a nuevas tecnologías que hagan más eficiente la producción y mejoren la sostenibilidad de las explotaciones.

Además, la nueva estrategia busca garantizar que las importaciones agrícolas cumplan con los mismos estándares que se exigen a los productores europeos. La desigualdad en las regulaciones ambientales y laborales ha sido una de las quejas más recurrentes de los agricultores europeos, quienes han visto cómo sus productos compiten con importaciones más baratas pero que no cumplen con los mismos criterios de sostenibilidad y bienestar laboral. La UE se ha comprometido a revisar sus acuerdos comerciales y aplicar mecanismos de control más estrictos para garantizar condiciones de competencia justas.

Conclusión: ¿Un nuevo futuro para el campo europeo?

La UE parece haber entendido que sin agricultores competitivos y un campo viable, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del sector están en peligro. Si bien la nueva visión ofrece esperanza, su éxito dependerá de su implementación real y de su capacidad para aliviar las cargas que han llevado al sector al límite. Europa tiene la oportunidad de transformar su agricultura en un modelo de referencia global, pero para ello deberá asegurarse de que sus políticas realmente respondan a las necesidades de los agricultores y no se conviertan en otro conjunto de normativas difíciles de cumplir. La clave será lograr un equilibrio entre sostenibilidad y competitividad, algo que hasta ahora ha estado en entredicho.

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Un 65% cree que España debe seguir apoyando a Ucrania, incluso si Estados Unidos retira su respaldo a Kiev.
The post Un 57% de los españoles está dispuesto a aceptar recortes sociales a cambio de un ejército más fuerte first appeared on Hércules.  La última encuesta de la organización internacional ‘More in Common’ revela que el 57% de los españoles estaría dispuesto a aceptar recortes en el gasto social para incrementar el presupuesto de defensa. Este dato contrasta con la posición del Gobierno, que ha asegurado que los compromisos en materia de defensa se cumplirán “sin tocar ni un céntimo” de las partidas sociales.

El director de ‘More in Common’ en España, Luis Aguado, ha explicado que, aunque el Ejecutivo y otros actores políticos sostienen que no serán necesarios ajustes en el gasto social, “una mayoría de la sociedad española aceptaría esos recortes si fueran imprescindibles”. Sin embargo, un 35% de los encuestados se opone tajantemente a esta posibilidad, incluso si ello comprometiera la capacidad de defensa del país. Entre los más reacios a reducir el gasto social en favor del presupuesto militar destacan los votantes de Sumar y Podemos.

Además, el sondeo muestra que un 64% de los españoles respaldaría el envío de tropas a Ucrania en caso de firmarse un acuerdo de paz con Rusia, un porcentaje superior al de otros países europeos como Alemania, Francia, Polonia o Reino Unido. Asimismo, un 65% cree que España debe seguir apoyando a Ucrania, incluso si Estados Unidos retira su respaldo a Kiev.

En cuanto a la percepción de Estados Unidos, la encuesta refleja un claro distanciamiento de la administración de Donald Trump: solo el 25% de los españoles la considera aliada, mientras que un 27% la percibe como enemiga. Este rechazo es especialmente notable entre los votantes de Podemos (65%) y en menor medida entre los del PSOE (33%), mientras que los simpatizantes del PP y Vox muestran una actitud más favorable hacia Washington, con solo un 18% y 19% viéndolo como un enemigo, respectivamente.

Curiosamente, el número de españoles que considera a EE.UU. una amenaza es mayor que el de aquellos que ven a China como un enemigo. Al mismo tiempo, la preocupación por la expansión territorial rusa sigue en aumento: siete de cada diez españoles creen que, si Moscú logra anexar parte de Ucrania, intentará invadir otros países europeos en los próximos años.

El estudio también destaca el creciente respaldo a la entrada de Ucrania en la Unión Europea, con un 66% de apoyo frente al 54% registrado el año pasado. Esta tendencia sugiere que, pese a ciertas divisiones internas sobre el papel de España en el conflicto, la mayoría de los ciudadanos ven a Kiev como un aliado estratégico dentro del bloque comunitario.

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España es un Estado de Derecho, por lo que la presunción de inocencia es un pilar fundamental de la democracia en nuestro país
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Fuente: Europa Press

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE en Andalucía, ha pisoteado la presunción de inocencia tras alegar en un mitin que es “una vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes”.  

La socialista hacía alusión así a la sentencia que absuelve al exjugador del Barcelona, Dani Alves, por una presunta agresión sexual a una joven en el baño de una discoteca. La ministra de Hacienda aprovechó para mandarle un mensaje a la mujer que puso la denuncia: “Por eso desde aquí queremos decirle a esta mujer que estamos contigo, estamos con ella, estamos con todas aquellas que se enfrentan a gigantes para poder reclamar la dignidad que, en su palabra, en su boca, es la dignidad de todas nosotras. No está sola, aquí estamos contigo”.

“Qué vergüenza después de todo lo que ha hecho el PSOE en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la brecha salarial, en las pensiones, en todo aquello que refleja que a lo largo de nuestra vida hemos sido discriminadas o no hemos jugado el papel que teníamos que jugar”, expresó.

La respuesta del Partido Popular a las palabras de Montero llegó de la mano del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, quien llamó “analfabeta” a la vicepresidenta primera del Gobierno por sus declaraciones. En un mensaje en X, Albiol ha respondido a las palabras de Montero: “Estas declaraciones son propias de una analfabeta. El problema para todos nosotros es que esta señora es vicepresidenta del Gobierno”.

“Su comunicación no verbal, hablando con el mentón levantado y la mirada desafiante, evidencia que estamos en manos de una persona profundamente soberbia. La mezcla de ignorancia, poder y soberbia es explosiva”, ha abundado el alcalde de Badalona del Partido Popular.

Políticos de izquierdas tratan de eliminar la presunción de inocencia

España es un Estado de Derecho, por lo que la presunción de inocencia es un pilar fundamental de la democracia en nuestro país. Fuentes jurídicas señalan a este periódico que la presunción de inocencia no es un “lujo” sino un “derecho fundamental”. Ya que, cualquier persona que haya sido acusada de un delito siempre debe ser “considerada inocente” hasta que “se demuestre lo contrario más allá de toda duda razonable”.

Fuente jurídicas aclaran que en la presunción de inocencia la carga de la prueba cae realmente en la acusación y no el propio acusado. Así mismo, la culpabilidad únicamente se podrá declarar tras la finalización de un juicio. Este debe estar basado siempre en pruebas legales y regido por los principios de igualdad, contradicción e inmediación, entre otros.

La tradición jurídica defiende firmemente el principio de presunción de inocencia, ya que su vulneración puede tener consecuencias devastadoras, como la condena de personas inocentes, linchamientos públicos y la erosión del Estado de derecho.

Sin embargo, algunos sectores de la izquierda han intentado debilitar este principio, promoviendo la posibilidad de juzgar casos basándose únicamente en los testimonios de presuntas víctimas, sin necesidad de pruebas o hechos comprobados en un juicio. Figuras como María Jesús Montero y la exministra de Igualdad, Irene Montero, han adoptado un enfoque populista que busca socavar la presunción de inocencia, reemplazando el rigor jurídico por relatos subjetivos.

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La vicepresidenta ha escandalizado con sus declaraciones a las principales asociaciones de jueces y fiscales
The post Montero ataca a la presunción de inocencia: no se debe cuestionar nunca a las supuestas víctimas first appeared on Hércules.  La vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha tratado de justificar sus declaraciones recientes, argumentando que la presunción de inocencia no debería impedir el rechazo a la revictimización sistemática de las mujeres que han sufrido agresiones.

Montero se vio envuelta en la polémica después de que el sábado calificara de “vergüenza” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que absolvió a Dani Alves del delito de agresión sexual, anulando la condena previa. Sus palabras provocaron una reacción inmediata de todas las asociaciones de jueces y fiscales, que emitieron un comunicado conjunto exigiendo respeto por la independencia judicial y la presunción de inocencia.

A pesar de este revés, la dirigente socialista ha insistido en su postura, rechazando las críticas del Partido Popular y acusándolo de hipocresía. A través de un mensaje en X, Montero recordó que el PP ha cuestionado en el pasado el Tribunal Constitucional y se ha jactado de influir en la Sala Segunda del Supremo, además de haber tratado la trama Gürtel como una conspiración contra su partido.

Desde Ferraz, fuentes socialistas han intentado rebajar la polémica, asegurando que las palabras de Montero fueron fruto de la impotencia ante la sentencia y admitiendo que su mensaje podría haberse expresado con mayor claridad. Sin embargo, sus declaraciones constituyen un ataque directo al Estado de Derecho, ya que deslegitiman la labor judicial y ponen en entredicho uno de los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico: la presunción de inocencia.

La justicia debe impartirse con base en pruebas y no en juicios mediáticos ni presiones políticas. Al cuestionar una decisión judicial con términos tan contundentes, Montero no solo socava la confianza en los tribunales, sino que también pone en peligro la imparcialidad que debe regir cualquier proceso judicial. En una democracia sólida, es inaceptable que una alta representante del Gobierno desacredite el trabajo de los jueces por no ajustarse a sus propias convicciones ideológicas.

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El Partido Popular ha mostrado su desagrado ante el ataque constante del ejecutivo a la educación privada
The post El PP critica a Montero por sus ataques a la universidades privadas” una vergüenza” first appeared on Hércules.  El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha arremetido contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por sus declaraciones sobre la sentencia que absuelve a Dani Alves y su crítica a la universidad privada. Según Sémper, Montero debería haber “dimitido hace mucho tiempo”.

Críticas del PP a Montero

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección presidida por Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha expresado su “estupor” ante las palabras de Montero en un acto del PSOE en Jaén.

En dicho acto, Montero calificó de “vergüenza” la sentencia que absuelve a Alves de un delito de agresión sexual y afirmó que la universidad privada es la “principal amenaza de la clase trabajadora”, sugiriendo que sus alumnos “compran” sus títulos.

Sémper ha rechazado lo que considera una “ofensiva del Gobierno contra los jueces, la universidad privada y los medios de comunicación”.

“Un Gobierno a la desesperada”

El portavoz del PP ha acusado al Ejecutivo de estar “a la desesperada, insultando a jueces, empresarios, periodistas y españoles en general”. Además, ha criticado que Montero “deslegitime” sentencias judiciales mientras el Gobierno “pacta con condenados y fugitivos”.

“Claro que debería haber dimitido, pero debería haber dimitido hace mucho tiempo”, ha remarcado Sémper, exigiendo además que rectifique y pida perdón por unas declaraciones “incompatibles con la democracia y el Estado de derecho”.

También ha lanzado una crítica directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando que cursó estudios en tres centros universitarios privados. “¿Está acusando Montero a Sánchez de haber comprado su título o su máster?”, ha ironizado Sémper.

Feijóo también carga contra Montero

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que Montero “no está en condiciones de ser la número dos de ningún Gobierno europeo”, criticando que haya cuestionado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre Dani Alves.

“Vergüenza es que las asociaciones de jueces le tengan que recordar esto a una vicepresidenta”, ha señalado Feijóo, en referencia a las asociaciones de jueces y fiscales que han exigido respeto tras los comentarios de Montero.

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