Categoría: INTERNACIONAL

Chicago es una de las grandes ciudades gobernadas por los demócratas a las que han llegado decenas de miles de migrantes desde la primavera de 2022, enviados por el gobernador republicano de Texas
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Imagen: Un grupo de migrantes deportados caminan por la pista de la Base Aérea de Guatemala este lunes, en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Mariano Macz

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el domingo que había iniciado una operación de control de inmigración irregular con diversas agencias en Chicago junto con la Administración de Donald Trump. El fiscal general adjunto en funciones Emil Bove había viajado a Chicago con el fin de supervisar el esfuerzo para hacer frente a lo que calificó de “emergencia nacional”.

El gobierno de Trump ha reclutado a varios organismos encargados de hacer cumplir la ley perteneciente al Departamento de Justicia —el Buró Federal de Investigaciones, la Administración de Control de Drogas, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Alguaciles de EE. UU.— para que colaboren en las operaciones en Chicago y en otros lugares.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas dijo en un comunicado el domingo por la noche que había efectuado 956 detenciones el domingo, aunque no estaba claro cuántas de ellas se habían producido en esta zona. Sin embargo, las autoridades de Chicago se negaron a participar en las operaciones.

Bove dijo en un comunicado por escrito que había visto a agentes de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional desplegarse al unísono “para hacer frente a una emergencia nacional derivada de cuatro años de política de inmigración fallida”. El Departamento de Justicia, añadió, estaba trabajando para “asegurar la frontera, detener esta invasión y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas dijo en un comunicado que las agencias federales habían iniciado “operaciones enfocadas mejoradas” en Chicago “para hacer cumplir la ley migratoria de EE. UU. y preservar la seguridad pública y la seguridad nacional manteniendo a extranjeros delincuentes potencialmente peligrosos fuera de nuestras comunidades”.

Miles de inmigrantes fueron enviados para presionar a los demócratas

Chicago es una de las grandes ciudades gobernadas por los demócratas a las que han llegado decenas de miles de migrantes desde la primavera de 2022. Fueron enviados por el gobernador republicano de Texas Greg Abbott en una estrategia para presionar al presidente Joe Biden.

En la víspera de este domingo, grupos defensores de los inmigrantes presentaron una demanda contra la Administración de Trump y el ICE por considerar que las redadas de deportación planeadas son una represalia y violan la Primera Enmienda constitucional. Los demandantes alegan que las redadas se dirigen específicamente contra la ciudad por su condición de santuario o refugio para los extranjeros y suponen una violación de su derecho a la libertad de expresión, recogido en la Primera Enmienda, y de las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros y confiscaciones sin justificación.

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La propuesta de Sumar para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales se aprobará por la vía de la urgencia en el Consejo de Ministros
The post La reducción de jornada laboral costará 20.000 millones a las empresas first appeared on Hércules.  La líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue con su pulso a las empresas para forzar a que se implante en España la reducción de la jornada laboral, al menos media hora cada día. Una cuestión que desde distintos sectores se han negado a implementar debido al coste que puede suponer para España.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró en contra de la reducción de jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Durante las negociaciones con el Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, no apoyó la iniciativa de Sumar. La Patronal y UGT tampoco encontraron un punto a favor de la reducción de la jornada laboral.

Tras varios meses de desencuentros y fracasadas negociaciones, los Ministerios de Economía y Trabajo acordaron el pasado lunes tramitar el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Según se ha conocido, la propuesta será aprobada por la vía de urgencia en el Consejo de Ministros, el próximo 4 de febrero.

Antes de que la medida llegue al Consejo de Ministros, tiene que ser aprobada en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (Cgseys), que tendrá lugar esta semana.

La reducción de la jornada supondrá un incremento del PIB del 1,5%

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos también ha indicado que Economía y Trabajo han acordado que la tramitación del anteproyecto “avance cuanto antes y a la mayor velocidad posible”, motivo por el cual se le ha dado luz verde por la vía de urgencia.

La reducción de la jornada laboral que Yolanda Díaz quiere imponer a la fuerza en España no es positiva para las empresas. Según los cálculos de las patronales y los servicios de estudios, las empresas afrontarán una subida de los costes laborales superior a los 20.000 millones de euros.

La Patronal ha registrado un documento en la Dirección General de Trabajo en contra de esta medida, alegando que la decisión de reducir la jornada por ley es “inconstitucional”, en línea con lo que apuntaron abogados laboristas en una presentación organizada por el think tank de la patronal, según La Gaceta

Desde la CEOE, Cepyme y ATA han definido que el coste agregado para todas las empresas españolas después de que se aplique la reducción de jornada laboral supondrá un añadido de 21.000 y 23.000 millones de euros. Esta misma cifra la ha estimado un estudio presentado por el BBVA Research y Fedea. Estos estudios apuntan a que habrá un incremento del PIB que puede alcanzar hasta un 1,5%, lo que equivale a 22.500 millones de euros.

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El Departamento de Justicia de EE.UU. ha prescindido de los letrados que participaron en las investigaciones contra el presidente
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Imagen: presidente de EE.UU., Donald Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha destituido este lunes a varios de sus abogados de carrera que participaron en investigaciones judiciales relacionadas con el presidente Donald Trump. Los fiscales despedidos colaboraron en los casos dirigidos por el fiscal especial Jack Smith, que derivaron en la imputación de Trump por su manejo de documentos clasificados y su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Tras la reelección de Trump en noviembre de 2024, los cargos en su contra fueron retirados, en línea con la política que impide procesar judicialmente a un presidente en ejercicio.

Declaraciones del Departamento de Justicia

Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó la decisión, citando al fiscal general en funciones, James McHenry: «Hoy se han despedido a varios miembros del Departamento de Justicia que desempeñaron un papel clave en los casos contra el presidente Trump«. Según McHenry, la medida responde a la necesidad de garantizar que los empleados del Departamento actúen en consonancia con las directrices de la administración. «Esta acción busca terminar con la instrumentalización del Gobierno«, añadió.

Fiscales implicados y proceso de despido

Entre los abogados afectados se encuentran Molly Gaston, J.P. Cooney, Anne McNamara y Mary Dohrmann, quienes forman parte del grupo de fiscales de carrera federal. Según NBC, al tratarse de funcionarios federales, no pueden ser cesados de forma inmediata, sino que deben atravesar un proceso legal que incluye notificaciones y la posibilidad de apelar con representación legal.

Críticas por el despido

La decisión ha generado controversia entre exmiembros del sistema judicial. Joyce Vance, exfiscal federal, calificó la medida como un ataque al estado de derecho. «Despedir a fiscales únicamente por los casos en los que trabajaron va en contra de la democracia«, señaló en declaraciones a la cadena NBC.

El despido de estos fiscales subraya las tensiones entre la administración de Trump y sectores del Departamento de Justicia, marcando un nuevo episodio en los debates sobre la independencia judicial y la politización de las instituciones.

¿Cuál es la situación legal de Trump?

Donald Trump, tras su reelección en noviembre de 2024, ha retomado la presidencia de Estados Unidos, lo que ha llevado a la suspensión de las investigaciones penales en su contra relacionadas con la gestión de documentos clasificados y su presunta implicación en el asalto al Capitolio de 2021. Estas investigaciones fueron archivadas bajo la política de no procesar a presidentes en ejercicio. Además, el Departamento de Justicia despidió a varios abogados que participaron en dichas investigaciones, argumentando una pérdida de confianza en su capacidad para implementar fielmente las órdenes del presidente.

A nivel civil, Trump sigue enfrentándose a demandas importantes, como la presentada por la fiscal general de Nueva York por presunto fraude en la valoración de sus activos y la de E. Jean Carroll, quien lo acusó de agresión sexual y difamación. Aunque algunos de estos casos han resultado en condenas e indemnizaciones, otros permanecen activos. Si bien las restricciones legales protegen al presidente en funciones de procesos penales, las demandas civiles continúan avanzando, representando un desafío constante para Trump durante su segundo mandato.

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Según El Debate, entre los requisitos del puesto de trabajo se encontraba estar en posesión de la titulación de profesor superior de música
The post David Sánchez no tenía homologado el título de músico cuando la Diputación de Badajoz le contrató  first appeared on Hércules.  La Diputación Provincial de Badajoz contrató al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, sin tener homologado su título universitario. El Debate ha tenido acceso al expediente del músico y no figura que llevara a cabo ningún trámite para convalidar los estudios musicales que se sacó en Rusia para que fueran válidos en España. El ex jefe de servicios de gestión de Recursos Humanos, Félix González Márquez, afín al PSOE, validó su expediente a pesar de la irregularidad.

Este órgano del Gobierno dirigido por el PSOE reabrió el proceso de selección para la plaza que optó posteriormente el hermano de Sánchez, en mayo de 2019. Desde la Diputación esperaron seis meses a que el músico finalizara un máster que estaba estudiando en Italia.

Según El Debate, entre los requisitos del puesto de trabajo se encontraba estar en posesión de la titulación de profesor superior de música. David Sánchez marcó en su solicitud que contaba con esos estudios y añadió que “también sobre dirección de orquesta y otra especialidad” sin especificar cuál. Estas dos afirmaciones le sirvieron para contar con una mayor puntuación frente al resto de los candidatos a la plaza. De hecho, fue el que más valoración obtuvo.

El hermano de Pedro Sánchez no supo decirle a la jueza donde está ubicada la oficina donde trabaja

El hermano de Sánchez compareció ante la jueza Beatriz Biedma en Badajoz el pasado 10 de enero; no supo explicar cuáles eran sus funciones en la Diputación Provincial en la que lleva trabajando desde 2017. Así mismo, tampoco su señalar donde se encontraba ubicada la oficina de Artes Escénicas de la que es director.

Durante su comparecencia tampoco supo explicarle a la jueza quiénes eran las personas con las que trabaja o el nombre de sus subordinados. El secretario de la comisión de la Diputación de Badajoz, González Márquez, quien se encargó de valorar a los candidatos que querían optar a la plaza de David Sánchez, no exigió el título al hermano del presidente como sí hizo con el resto de los músicos que optaron a la plaza.

Uno de los competidores, por ejemplo, es de origen armenio y presentó su título homologado, tal y como establece el reglamento. Sin embargo, con David Sánchez se dejó pasar. En el curriculum vitae que presentó a la Diputación sostiene que se graduó de las cátedras “Composición y Profesor de Teoría Musical” y “Dirección Operística y de Orquesta Sinfónica” en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky-Korsakov, según ha publicado El Debate.

Una de las obligaciones que tenía González Márquez era comprobar si el hermano del presidente del Gobierno contaba con la titulación de músico homologado, pero decidió no hacerlo.

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GAD3 ha lanzado una nueva encuesta para ABC que revela la superioridad numérica de los populares y los de Abascal frente a los socios de Gobierno
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Imagen: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al de Vox, Santiago Abascal I EP

A pesar de la insistencia de Sánchez en demostrar un Ejecutivo estable, los últimos datos demuestran que el Gobierno no se encuentra en su mejor momento. De hecho, según las últimas encuestas, PP y Vox podrían alcanzar el poder sumando un total de 195 diputados. El partido que obtendría mejor puntuación sería el de Feijóo con 151 escaños, frente a los 44 de Abascal.

No obstante, el Partido Socialista conseguiría mantenerse con 109 escaños, a pesar del descenso sufrido. Por su parte, Sumar se quedaría con 11 diputados, seguido de Junts con 8, Podemos con 4, ERC con 7, Bildu (7), PNV (6), BNG (2).

Valoración de los líderes políticos

La última encuesta de GAD3 revela que ninguno de los actuales líderes políticos logra superar el aprobado. Todos suspenden con calificaciones por debajo del 4. El peor valorado es Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó La Fiesta, que, además de ser investigado por presunta financiación ilegal, ve su puntuación caer del 2,2 al 1,8. Le sigue Ione Belarra, secretaria general de Podemos, quien desciende a un 2,2, perdiendo una décima respecto a octubre. Santiago Abascal de Vox, con un 2,8, también se sitúa por debajo del tres.

En cuanto a los líderes con mejores valoraciones, destacan Yolanda Díaz, con un 3, Pedro Sánchez, quien alcanza un 3,2, y Alberto Núñez Feijóo, que logra un 3,8. Sin embargo, este último, aunque es el mejor valorado, ha sufrido un notable descenso en comparación con la calificación del 5,3 que recibió en julio de 2022. Aunque todavía supera el 4, su caída es significativa, pues en octubre se encontraba en un 4,1.

¿Cuándo se celebrarán las próximas elecciones?

Las próximas elecciones generales en España están previstas para diciembre de 2027, según el calendario electoral. Esto se debe a que la legislatura actual comenzó con las elecciones de julio de 2023 y tiene una duración de cuatro años. Sin embargo, las elecciones pueden adelantarse si el presidente del Gobierno decide disolver las Cortes antes de esa fecha.

Por otro lado, Junts ya descartó presentar una moción de censura contra Sánchez, aunque Turull sí que propuso una cuestión de confianza, así como un traspaso de competencias a la Generalitat.

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Miriam Nogueras ha recordado que hay medidas a las que su formación, Junts, diría que sí, pero ha reprochado al Ejecutivo que “intente colar cosas que no son urgentes”
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Imagen: La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. Gabriel Luengas – Europa Press

Pese a que el PP y Junts tumbaron la semana pasada el decreto ómnibus, el Gobierno continúa negociando para aprobar el máximo número medidas posibles incluidas en este decreto. Durante el fin de semana y especialmente este lunes, ha habido muchas conversaciones con Junts, pero de momento no hay acuerdo. Hoy, la portavoz del partido independentista Miriam Nogueras ha insistido en que, si el Gobierno quiere sus votos, tendrá que negociar con ellos.

«¿Se cree alguien que Junts está para decir sí a todo a un programa electoral que no es el nuestro?», ha señalado en una entrevista en La Hora de La 1. «En qué momento se ha pensado el Gobierno español, que no tiene mayoría, que nosotros vamos a aprobar sin negociar cualquiera de las medidas que quieran presentar cuando nuestros programas electorales son absolutamente diferentes y hay un conflicto entre las dos naciones», ha asegurado.

En cuanto a las propuestas incluidas dentro del decreto ómnibus, Nogueras ha recordado que hay medidas a las que su formación diría que sí, pero ha reprochado al Ejecutivo que “intente colar cosas que no son urgentes”. Por ello, ha animado al Gobierno a aprobar este mismo martes en Consejo de Ministros un decreto con los temas que sí que son «urgentes» de verdad. 

Un decreto solo con pensiones, transporte, ayudas a la dana y salario mínimo

Los independentistas reclamaban al Gobierno que lleve un decreto nuevo solo con cuatro medidas: las pensiones, transporte público, ayudas a los afectados por la dana y salario mínimo. Es algo muy parecido a lo que reclama el PP, pero el Gobierno no confía en ellos.

Por su parte, Nogueras ha acusado de mentir al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños, pues ha negado que Junts hubiera acordado en diciembre con el Ejecutivo dar su ‘sí’ al decreto ómnibus, tal y como aseguró el ministro en una entrevista en TVE. “No han negociado ni una coma de este decreto con Junts”, ha sostenido.

No obstante, Nogueras ha asegurado que Junts está dispuesto a sentarse a «hablarlo todo», y ha recordado que desde su formación ya han dejado «meridianamente claras» sus «líneas rojas»: «Las medidas que sean buenas para Cataluña, tendrán el apoyo de Junts», ha explicado.

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