Categoría: INTERNACIONAL

El Gobierno planea cerrar cuatro plantas térmicas, aunque la de Mallorca seguirá funcionando para abordar situaciones de emergencia
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Imagen: central energética de carbón

El 2025 marca el final definitivo de la producción de electricidad con carbón en España, un combustible fósil que durante siglos impulsó el desarrollo industrial, pero que hoy es residual en el sistema energético nacional. Actualmente, solo cuatro centrales siguen activas: dos en Asturias, una en Cádiz y otra en Mallorca. Todas tienen planes de cierre o reconversión, aunque la planta mallorquina podría permanecer operativa hasta 2027 por razones de seguridad energética, mientras se completa un segundo cable de conexión entre las islas y la península.

En 2024, el carbón aportó apenas el 1,1% de la electricidad en España, la cifra más baja registrada. En contraste, hace seis años representaba más del 14% del mix energético, un nivel que llevó al Gobierno del PP a considerar medidas para evitar el cierre de estas plantas. Sin embargo, razones económicas y normativas han sentenciado su desaparición: el carbón ya no puede competir con las energías renovables, y las estrictas regulaciones ambientales europeas dificultan su continuidad.

Una transición acelerada

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), actualizado en septiembre pasado, adelanta el cese total de las centrales de carbón a 2025, cinco años antes de lo inicialmente previsto. Aunque el cierre está supeditado al visto bueno de Red Eléctrica de España (REE) para garantizar la seguridad del suministro, el camino parece irreversible.

Las plantas de la península ya han solicitado su clausura o reconversión. Por su parte, la central mallorquina de Es Murterar opera de forma casi simbólica, funcionando apenas 250 horas este año, lo que equivale a menos del 1% del consumo eléctrico en Baleares.

Impacto de la normativa europea

El declive del carbón comenzó en 2018, con el cierre de las últimas minas que operaban en España. Una normativa europea obligaba a clausurar las explotaciones que hubieran recibido ayudas públicas, salvo que devolvieran los fondos, una suma que superaba los 500 millones de euros. Las minas restantes cerraron el 1 de enero de 2019, reduciendo drásticamente la presencia del carbón.

Posteriormente, en julio de 2020, siete de las 15 plantas de carbón activas cesaron operaciones debido a otra directiva europea que exigía costosas mejoras medioambientales para seguir funcionando. Las pocas centrales que continuaron activas lo hicieron con una mínima operación, afectadas además por los altos costos asociados a las emisiones de dióxido de carbono.

Renovables al alza

El vacío dejado por el carbón fue inicialmente cubierto por centrales de gas, que emiten menos gases de efecto invernadero. Sin embargo, la rápida expansión de las energías renovables, liderada por la solar fotovoltaica, ha reducido también la dependencia del gas. En 2024, las fuentes renovables representaron el 56,1% de la generación eléctrica en España, frente al 38,6% de 2018.

Reconversión de infraestructuras

Ante el auge de las renovables y la creciente saturación de la red eléctrica, los puntos de evacuación de las antiguas centrales de carbón se han convertido en activos valiosos. Las eléctricas están optando por reconvertir estas instalaciones: Aboño está siendo transformada para funcionar con gas e hidrógeno, mientras que Soto de Ribera y Los Barrios serán reutilizadas para proyectos de hidrógeno verde.

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El incremento del precio del gas ha anclado al mercado eléctrico, provocando el auge del consumo eólico y fotovoltaico
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Imagen: infraestructura de energías renovables I Istock

El mercado eléctrico español ha dejado atrás la estabilidad que lo caracterizaba hasta hace pocos años. Antes, los precios apenas variaban, con ligeros aumentos en invierno y verano. Sin embargo, la irrupción de las energías renovables ha trastocado por completo ese panorama. Ahora, cuando la producción de energía solar, eólica e hidráulica desplaza a las centrales de gas, los precios caen en picado, lo que afecta directamente a los ingresos del sector.

En este contexto, los propietarios de instalaciones renovables aprovechan al máximo periodos de precios altos, como el actual, para reforzar sus ingresos de cara a las previsibles caídas de primavera. En las últimas semanas, el mercado mayorista ha registrado precios superiores a los 100 euros por megavatio hora (MWh) en días laborales, beneficiando especialmente a la eólica y, en menor medida, a la solar fotovoltaica.

Un respiro gracias a los combustibles fósiles

La paradoja del mercado actual radica en que los elevados ingresos de las renovables están impulsados por los altos precios del gas natural, que elevan las tarifas mayoristas. Según Javier Revuelta, analista de Afry, los ingresos medios de la energía solar en 2024 se han duplicado respecto a la primera mitad del año, alcanzando los 42 euros por MWh. Esto ha permitido que, a pesar de un inicio complicado, el año cierre con resultados aceptables para el sector.

Por su parte, la eólica registra ingresos aún más elevados, promediando 55 euros por MWh. Según Revuelta, estos meses han sido especialmente positivos para el sector, transformando un año que parecía desfavorable en uno de los mejores recientes.

Contratos a largo plazo y variabilidad de precios

Aunque una minoría de instalaciones venden su producción directamente en el mercado diario, la mayoría operan bajo contratos de compraventa a largo plazo (PPA), que les aseguran estabilidad. Sin embargo, los precios del mercado mayorista siguen siendo clave para fijar las tarifas de estos acuerdos. Óscar Barrero, socio de PwC, señala que el aumento de precios ha impulsado la firma de nuevos contratos, con tarifas actuales que rondan los 38 euros por MWh para la solar y 55 euros para la eólica.

Este contexto también ha revitalizado la compra de activos fotovoltaicos, que estaba en pausa debido a la incertidumbre. Ahora, las operaciones avanzan con mayor fluidez, consolidando un mercado más selectivo pero activo.

Producción renovable en cifras récord

España sigue batiendo marcas en generación renovable, con un 56% de su electricidad proveniente de fuentes limpias en 2024, según Red Eléctrica de España. Este incremento de seis puntos respecto al año anterior posiciona a la eólica como líder indiscutible del mix eléctrico, seguida por la fotovoltaica, que ya se acerca a la energía nuclear.

Aunque la demanda de electricidad ha crecido un 1,4% en 2024, la generación total ha disminuido ligeramente debido a la caída de las exportaciones, tras la recuperación del parque nuclear francés. No obstante, España mantiene su posición como exportador neto de electricidad, un estatus limitado por la capacidad de interconexión con Francia, único enlace con el resto de Europa.

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Con esta medida se pretende impedir que puedan acceder a espectáculos taurinos, ejercer como toreros profesionales y asistir a clases en escuelas taurinas
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Imagen: Niño toreando-Canal Sur

El grupo de Sumar en el Congreso ha impulsado una proposición de ley para prohibir que los menores de edad entren en los espectáculos taurinos, ejerzan de toreros profesionales o tomen clases en las escuelas de tauromaquia. Su argumento es «la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia de la tauromaquia». Así queda reflejado en el nombre de la ley registrada.

«La exposición a actos violentos cometidos contra los animales y la participación en los mismos supone un riesgo para el bienestar psicológico y emocional de los menores. La exposición a la violencia en la infancia y la adolescencia puede contribuir a normalizar la violencia», ha argumentado en rueda de prensa el diputado Nahuel González, de IU, aludiendo a lo que los expertos en la materia reflejan en sus estudios.

Sumar confía en que los grupos parlamentarios que conforman el bloque de la investidura de Sánchez den su apoyo a esta ley, incluso partidos conservadores como Junts o PNV, con quienes los últimos días han protagonizado desacuerdos sobre distintas materias, como el impuesto a las energéticas. En este sentido, González ha afirmado que cree posible este acuerdo porque “siempre” ha habido sintonía en cuestiones relacionadas con el “maltrato animal”. Es por eso que González ha asegurado que ve «muchas posibilidades» de que la iniciativa sea admitida a trámite en los próximos meses.

La propuesta aborda la modificación de cuatro artículos de la Ley 10/1981, con el objetivo de que sólo a partir de los 18 años se pueda acceder a este tipo de espectáculos, con independencia de si los padres dan su consentimiento o si acceden acompañados de estos. Así, bajo ninguna circunstancia, se permitiría la entrada de un menor.  

En el primero de esos artículos se establece expresamente que «queda prohibida la entrada de menores de 18 años en plazas de toros o en recintos habilitados, cuando en unos u otros tengan lugar eventos taurinos, incluidas las escuelas taurinas cuando utilicen animales en sus prácticas». Si algún menor de edad se saltara esta prohibición y acudiera, se castigaría como una infracción «muy grave».

Cambios en el Estatuto de los Trabajadores

La propuesta también incluye la modificación del Estatuto de los Trabajadores para que los menores de edad no puedan «en ningún caso» ejercer de «profesionales taurinos».

El tercer artículo aborda las escuelas taurinas, estableciendo que los alumnos de las mismas deberán ser mayores de edad, aunque la mayor parte de los toreros en activo comenzaran su carrera con 14 o 15 años. La ley vigente solamente limita la edad para poder asistir a clases prácticas con animales vivos, estableciéndose este límite en 14 años. Con la modificación, no sería posible hasta los 18 años.

Por último, la iniciativa de Sumar entra en la normativa audiovisual para fijar que los espectáculos taurinos en los que «se maltrate» o se «dé muerte a animales» tengan la consideración de «contenido perjudicial». Esto daría lugar a limitaciones en la difusión de retransmisiones, avances, anuncios, resúmenes o promoción.

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De esta manera, el nombre de “Mohamed” desbanca a nombres típicamente catalanes como Sergi, Jaume o Gerard
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Imagen: El Periódico

El nombre Mohamed, de origen árabe, y cuyo significado es “alabado”, continúa ganando protagonismo en Cataluña, sobre todo en la provincia de Barcelona, donde ya se encuentra entre los más frecuentes. Según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, en la provincia barcelonesa hay 13.783 personas registradas con dicho nombre, lo que equivale a una frecuencia de cinco hombres por cada mil habitantes.

A nivel regional, Mohamed ha superado a nombres típicos catalanes como Arnau (13.437), Gerard (13.265), Sergi (13.108) y Jaume (12.016), marcando un cambio notable en las preferencias de nombres en la región. Aunque, de momento, no es el nombre más común, el incremento de este nombre refleja el cambio demográfico de Cataluña, impulsado por su creciente población árabe. Actualmente, el 25% de los musulmanes en España residen en Cataluña.

El crecimiento de este nombre no es nuevo, pues es el nombre más común en todo el mundo. Incluso en algunos países de Europa, como es el caso del Reino Unido, Muhammad (siendo Mohamed una de sus derivaciones), se ha convertido en el nombre más común, desbancando por primera vez a nombres clásicos británicos como Noah y Oliver.

No obstante, pese a la irrupción de Mohamed, nombres tradicionales como Antonio (67.135), José (60.639) y David (51.694) aún dominan el listado de los más habituales en la provincia de Barcelona. Otros nombres catalanes como Pol (16.381), Pau (15.813) y Eric (13.956), aunque siguen siendo más frecuentes que Mohamed, éste les sigue muy de cerca.

Los nombres más comunes en España

A nivel nacional, ningún nombre desplaza a Antonio (614.853 personas), en el caso de los hombres; y María del Carmen (630.253 personas), en el caso de las mujeres. Un liderazgo absoluto que se repite todos los años y que parece lejos de cambiar a corto plazo, ya que ambos mantienen una holgada distancia de más de 50.000 nombres respecto a sus perseguidores.

En el caso de los hombres, el top 10 lo completan Manuel, José, Francisco, David, Juan, Javier, Daniel, José Antonio y Francisco Javier. En el caso de las mujeres, el podio lo completan María, con 559.542, y Carmen, con 348.757, lo que refleja la solidez de ambos nombres tanto en conjunción como por separado. Más adelante les siguen Ana María, Laura, María Pilar, María Dolores, Isabel, María Teresa y Ana.

Sin embargo, el imparable ascenso de nombres de origen extranjero como es el caso de Mohamed refleja un cambio demográfico y cultural que está produciendo, como es el caso de Cataluña, una sustitución progresiva de nombres clásicos catalanes y españoles en favor de otros relacionados con la comunidad inmigrante.

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El partido tiene previsto elegir a dos nuevos coordinadores para intentar revertir el desgaste sufrido durante los últimos meses
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Imagen: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz I EFE

El Movimiento Sumar, la plataforma fundada por Yolanda Díaz para las elecciones generales de julio pasado, enfrenta una etapa de transformación profunda. Durante su asamblea de marzo, el partido implementará una estructura de doble coordinación paritaria, que reemplazará a la vicepresidenta segunda del Gobierno al frente de la organización. A pesar del paso atrás de Díaz tras los malos resultados en las elecciones europeas, su rol futuro dentro de Sumar sigue sin definirse en los documentos que guiarán este nuevo ciclo, aunque se menciona una “reconfiguración de su liderazgo” desde el Ejecutivo.

Adiós al legado del 15-M

En sus nuevos textos, Sumar da por cerrado el ciclo político del 15-M, movimiento social que marcó un antes y un después en la política española desde 2011. La formación asume el desgaste acumulado por los años y renuncia a su papel de marca integradora de fuerzas como Izquierda Unida, Comunes o Más Madrid. En su lugar, plantea relaciones “en pie de igualdad” con estas organizaciones, dejando atrás la reserva de cuotas en la dirección que estaba presente en documentos previos.

Se formaliza también la creación de una «mesa de organizaciones» para la coalición, junto con una Comisión de Garantías y un despliegue territorial que tendrá un desarrollo desigual según las comunidades autónomas. Este enfoque busca alinearse con la visión federal y plurinacional de Sumar.

Alianzas y primarias: retos para el futuro

Uno de los desafíos clave de Sumar es mantener la unidad dentro del espacio progresista, especialmente tras la ruptura con Podemos hace un año. Aunque no se menciona explícitamente en los documentos, la política de alianzas es un eje central. Se aboga por replicar la estrategia de las generales, promoviendo candidaturas conjuntas y procesos de primarias con reglas inclusivas y abiertas a la sociedad civil.

“Si antes era el tiempo del sujeto hegemónico y el asalto institucional, ahora nos movemos hacia un momento de alianzas múltiples”, señala el texto, que enfatiza el respeto y la cooperación con otras fuerzas del espectro progresista.

Cambios organizativos y expansión territorial

Los órganos de dirección de Sumar serán paritarios y reservarán un 10% de los puestos para jóvenes. También se permitirá la doble militancia, algo clave para integrar a figuras de partidos aliados como los Comunes. En el ámbito territorial, la organización reconoce las diferencias entre regiones y la importancia de coordinarse con fuerzas ya establecidas, como Más Madrid, Compromís y Més.

En comunidades como Galicia y Euskadi, Sumar se ha constituido de forma autónoma, aunque en Cataluña reconoce a los Comunes como la fuerza de referencia, descartando un despliegue propio. Este enfoque busca evitar tensiones con aliados tradicionales, aunque sigue siendo un punto de fricción con Izquierda Unida, que defiende un modelo federal más homogéneo.

De la protesta a la institucionalidad

El nuevo rumbo de Sumar marca una ruptura con el espíritu combativo del primer Podemos y el “asalto a los cielos”. Según su ponencia política, el contexto social ha cambiado y las preocupaciones actuales de la ciudadanía exigen una estrategia más institucional y orientada a la gestión pública.

“El ciclo político iniciado hace 15 años ha llegado a su fin. Es imprescindible asumir que lo que sirvió entonces ya no sirve”, afirma el documento, que enfatiza la necesidad de consolidar una fuerza institucional con experiencia y logros en la gestión pública.

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El corazón industrial del país necesita volver a resurgir de sus cenizas tras años de conflicto entre el régimen y los rebeldes
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Imagen: ciudad de Homs I Europa Press

En el centro de Homs, los restos de Bab Amro, bastión de la insurgencia contra Bachar Al-Assad, ilustran las cicatrices de una guerra que devastó tanto vidas como estructuras. En un entorno donde sobrevivir se volvió una condena, los bombardeos y la falta de recursos transformaron la ciudad en un infierno cotidiano.

Homs, de ciudad industrial a mártir de la guerra

Antes de la guerra, Homs era un crisol de comunidades: musulmanes suníes, alauíes chiíes y cristianos convivían en la que era la tercera mayor urbe siria. Ahora, la “capital industrial” se enfrenta a un panorama desolador. La población ha disminuido en un 40% y su economía, como la del resto del país, se desplomó a niveles históricos, con un producto interior bruto reducido a la mitad, según el Banco Mundial.

A pesar de controlar la ciudad desde hace una década, el régimen apenas emprendió la reconstrucción. Hoy, la responsabilidad recae en las nuevas autoridades islamistas, encabezadas por el jeque Shamir al Homsi, líder militar y civil que permanece en paradero desconocido. Mientras tanto, la ciudad lucha por reponerse del impacto de años de guerra y abandono.

Un futuro incierto: reconstrucción entre la escasez

Las promesas de reconstrucción chocan con una realidad de pobreza extrema y falta de recursos. “Tenemos planos y presupuestos, pero reconstruir Siria sin inversiones internacionales será imposible”, admite Abdalá Albouab, ingeniero jefe de la Administración municipal. La inflación descontrolada ha hundido la libra siria, que pasó de cambiarse a 50 por dólar antes de la guerra a valores actuales de entre 12.000 y 14.000 unidades.

La precariedad afecta a todos los niveles. Los funcionarios apenas ganan 30 euros al mes, y la falta de electricidad, gasolina y servicios básicos dificulta la vida cotidiana. “Nuestro objetivo es devolver la normalidad a Homs”, afirma Albouab, aunque el camino parece largo en un país donde el 90% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

Retornos en medio del caos

Entre las ruinas, las familias comienzan a regresar tras años en el exilio. No obstante, el retorno no es masivo, pero sí constante: antiguos residentes llegan a Homs para buscar a sus familiares, identificar las tumbas de los muertos y evaluar los daños en sus casas. Sin embargo, la falta de servicios esenciales, como escuelas y hospitales, frena una reconstrucción completa.

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Aldama ha acusado al exministo de un posible cobro ilegal relacionado con la compra de vehículos a una empresa de Valencia
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Imagen: José Luis Ábalos en el Congreso I EP

La red de irregularidades vinculada al exministro José Luis Ábalos, hasta ahora centrada en presuntos cobros de comisiones durante la pandemia y adjudicaciones a constructoras, se amplía a la adjudicación de contratos ferroviarios. Según algunas informaciones, Víctor de Aldama, identificado por la Guardia Civil como el “nexo corruptor” de la trama, ha señalado un posible amaño en la concesión de un contrato clave mientras Ábalos lideraba el Ministerio de Fomento y su asesor, Koldo García, ocupaba un cargo en Renfe Mercancías.

El contrato del siglo: origen de las sospechas

Las investigaciones apuntan a que, en marzo de 2019, Renfe licitó la compra de 211 trenes de cercanías por un valor inicial de 2.700 millones de euros, considerado uno de los mayores contratos en la historia ferroviaria española. Apenas meses después, en noviembre de 2019, Koldo García fue nombrado consejero de Renfe Mercancías, pese a no tener experiencia en el sector. El nombramiento generó polémica, pero Ábalos lo defendió en el Congreso alegando que se había realizado “de acuerdo con la legalidad vigente”.

Reuniones clave y adjudicaciones

En 2020, durante un evento organizado por la Cadena Ser, el entonces ministro Ábalos y el presidente de Stadler Rail Valencia, Íñigo Parra, coincidieron en un foro sobre movilidad. En dicho encuentro, Parra anunció una inversión de 40 millones de euros y la creación de más de 500 empleos en la sede valenciana de la compañía, un proyecto que, según fuentes, dependía de la obtención del contrato ferroviario.

Finalmente, en marzo de 2021, Renfe adjudicó el “contrato del siglo” a Alstom y Stadler Rail Valencia por 2.445 millones de euros. Esta empresa, que hasta entonces no había participado en grandes licitaciones de Renfe, obtuvo un lote de 59 trenes, lo que despertó sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso.

Acusaciones de amaños y comisiones ilícitas

Fuentes cercanas al caso aseguran que las condiciones del concurso habrían sido compartidas de antemano con el empresario valenciano, tras reuniones entre Koldo García e Íñigo Parra. A cambio, la empresa habría aceptado el pago de comisiones ilícitas. Además, señalan que existieron ofertas más competitivas que fueron desestimadas, lo que cuestiona la transparencia del procedimiento.

Tensión interna en ADIF

El contrato generó enfrentamientos internos, particularmente entre Ábalos y la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, quien se habría opuesto inicialmente a la adjudicación. Las discrepancias y las decisiones tomadas en ese periodo han sido objeto de atención por parte de las autoridades, que ahora buscan esclarecer las circunstancias exactas de este contrato multimillonario.

Este caso añade una nueva arista al entramado de corrupción investigado en torno al exministro Ábalos y su círculo cercano. Las sospechas sobre contratos ferroviarios se suman a otras irregularidades previamente documentadas, incrementando la presión sobre los implicados y marcando un nuevo capítulo en las investigaciones en curso.

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El objetivo del tribunal es poder tener una primera sentencia antes de la llegada del verano tras la resolución de la recusación pendiente
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Imagen: el presidente del Tribunal Constitucional, Conde-Pumpido, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez I EFE

El Tribunal Constitucional tiene previsto dictar su primera resolución sobre la controvertida ley de amnistía antes del verano de 2025. Esta norma, que plantea el perdón de delitos relacionados con el procés, enfrenta al tribunal a uno de sus mayores retos del próximo año. Hasta la fecha, se han presentado 23 impugnaciones contra la ley, entre recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, a las que se suman nuevas solicitudes de amparo de personas afectadas por procesos judiciales vinculados a su aplicación. Asimismo, algunos líderes independentistas buscan ser parte de estas causas para defender la norma frente a las impugnaciones.

Obstáculos en el debate sobre la amnistía

El avance en el análisis de la ley ha enfrentado dificultades. El Tribunal Supremo cuestionó la amnistía basándose en un caso relacionado con desórdenes públicos, lo que ha impedido admitir a trámite algunas solicitudes de amparo. Además, el Tribunal Constitucional debe resolver recusaciones internas, incluida la del magistrado José Mario Macías, señalado por supuesta parcialidad debido a sus declaraciones previas como miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante enero, el tribunal decidirá si apartar a Macías de las deliberaciones, en medio de tensiones entre los sectores conservador y progresista.

Recursos clave y criterios de resolución

El Constitucional priorizará la resolución de dos recursos fundamentales: la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo y el recurso del Partido Popular. Estas sentencias sentarán las bases para abordar las 15 impugnaciones de comunidades autónomas gobernadas por los populares y otras, como la de Castilla-La Mancha, liderada por el socialista Emiliano García-Page. Aunque inicialmente se dudó de la legitimidad de las comunidades para recurrir la ley, un informe de letrados recomendó una interpretación flexible que considere posibles impactos en sus intereses.

Fundamentos de las impugnaciones

Los recursos contra la ley de amnistía destacan cuatro argumentos principales: su supuesta inconstitucionalidad al carecer la Constitución de una habilitación explícita para amnistías, vulneraciones de principios como la igualdad y la no arbitrariedad, desproporcionalidad, y posibles conflictos con la separación de poderes y el derecho de la Unión Europea. Mientras tanto, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado informes defendiendo la constitucionalidad de la norma y la competencia parlamentaria para legislar sobre esta materia.

Escenarios europeos y otros frentes legislativos

Antes de abordar el fondo de la ley de amnistía, el sector conservador del Constitucional plantea esperar la resolución de cuestiones prejudiciales presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Tribunal de Cuentas.

Además, el tribunal tiene pendiente resolver recursos del PP y Vox contra la ley Trans estatal, así como impugnaciones a normas autonómicas en esta materia. Entre otros asuntos, destaca el recurso popular contra la retirada del derecho de veto del Senado sobre el techo de gasto y la paralización de una reforma legislativa que buscaba renovar el propio Constitucional, suspendida en 2022 tras una polémica decisión cautelarísima.

Tensiones entre el Congreso y el Senado

Las diferencias entre las mayorías del PSOE en el Congreso y del PP en el Senado han generado conflictos que también llegarán al tribunal en 2025. Entre ellos, el recurso del PP contra la reforma del reglamento del Senado, utilizada para frenar la tramitación de la ley de amnistía mediante procedimientos de urgencia. Estos enfrentamientos reflejan el complejo panorama político y judicial que marcará el próximo año para el Constitucional.

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En la actualidad se calcula que existen 1.877 presos políticos en Venezuela
The post La oposición de Venezuela clama por la liberación de los más de mil presos políticos first appeared on Hércules.  El 22 de diciembre, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) publicó un comunicado en el que exige poner fin a la existencia de presos políticos y expresa su aspiración de una «Navidad sin presos políticos». Asimismo, renovaron su compromiso con la lucha por una Venezuela libre y en paz.

«Queremos abrazar a todos los venezolanos, y especialmente a aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido, la separación forzada de sus familias o la injusticia del encarcelamiento simplemente por pensar diferente. No están solos; sus ansias de libertad son las mismas de un pueblo entero que clama por justicia y transformación (…) Es momento de decir basta: basta de dolor, basta de persecuciones, basta de presos políticos (…) ¡Exigimos una Navidad sin presos políticos!», señaló la PUD en su mensaje.

Venezuela clama por una #NavidadSinPresosPolíticos.#Comunicado pic.twitter.com/V2ZIe3uXy5

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) December 22, 2024

Desde el 16 de noviembre se han producido excarcelaciones, siendo las últimas registradas los días 20 y 21 de diciembre, de acuerdo con el Comité por la Libertad de Presos Políticos. No obstante, según datos proporcionados por la ONG Foro Penal, hasta el 16 de diciembre había en el país 1.877 personas detenidas por motivos políticos, incluyendo 27 cuyo paradero se desconoce. Entre los días 14 y 16 de diciembre, fallecieron en custodia Jesús Rafael Álvarez y Osgual González, ambos apresados durante las protestas poselectorales.

La PUD subrayó que los venezolanos que han enfrentado estas situaciones dolorosas no están solos, reiterando que el deseo de libertad y justicia es compartido por toda la nación. Este llamado se enmarca en un contexto de creciente presión por la liberación de todos los presos políticos, como una exigencia fundamental para avanzar hacia una Venezuela reconciliada y democrática.

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Hérculea labor la que nos espera en el 2025 en defensa de nuestra justicia
The post El pavo de Biden y el pájaro de Puigdemont first appeared on Hércules.  La clemencia no sólo favorece la honradez en la gente sino la seguridad”.

Querido lector, ¿Qué te parece la cita con la que encabezo este artículo? Pertenece al filósofo Séneca, y viene que ni pintada para las fiestas navideñas.

Iba dirigida al emperador Nerón, no sé si sirvió para mucho. En cualquier caso, recoge una idea muy antigua, una llamada a los poderosos para atenuar el rigor de la ley. No es mera anticualla arqueológica, sino que ha llegado hasta nuestros días en instituciones como el artículo 3 del Código Civil, que prevé la ponderación de la equidad en la aplicación de las normas. Y, sobre todo, con el indulto, del artículo 62 de la Constitución Española.

En Estados Unidos encontramos a este respecto una curiosa costumbre, la de insultar unos pavos el día de acción de gracias. Pavos con plumas, pero también con corbata, pues el todavía presidente americano ha perdonado a su propio hijo, involucrado en unos turbios asuntillos financieros. Y con él, a decenas de otros individuos poco recomendables, además de conmutar cientos de penas. Como no me queda más remedio que dejar el cargo el próximo enero, ha puesto la máquina del derecho de gracia a pleno rendimiento.

“Derecho de gracia” es una expresión jurídica relativa a una práctica que, más que un derecho, se asemeja a un privilegio. Era una prerrogativa de los monarcas para librar a algunos de sus súbditos del castigo por sus actos criminales, por muy culpables que fueren. Recordemos el título de “graciosa majestad” que ostentaba la reina británica. Y, como fósil de tiempos predemocráticos, ha pervivido hasta nuestros días como facultad del Poder Ejecutivo.

¿Cuál es el sentido de mantener semejante residuo de una época en la que no existía aún la separación de poderes? Lo explica la profesora Victoria Rodríguez en el capítulo de la obra colectiva “Pesos y contrapesos”, de la editorial Colex, cuyos argumentos son la base del informe que ha publicado la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (accesible en este enlace: https://plataformaindependenciajudicial.es/2024/12/03/informe-sobre-el-indulto-pcij/). Así, en ocasiones, una observancia demasiado estricta de la norma acarrea consecuencias injustas (suumma ius, summa iniuria, decian los romanos). Por ejemplo, mandar a la cárcel a alguien que haya cometido un delito hace años y que se halle socialmente insertado. Es entonces cuando el perdón se muestra como aquella clemencia que nos enseñaba Séneca, una forma premiar la honradez y robustecer la seguridad jurídica inspirada en la justicia material.

¿Qué tiene que ver tan erudita lección de Derecho con los pájaros de Biden? Lo mismo que con los políticos españoles y los secesionistas catalanes. Como todo en esta vida, el uso degenera en abuso. Cuando resultan agraciados delincuentes que porfían en sus fechorías, pero que tienen bajo la manga ases para el chantaje, nos topamos ante la arbitrariedad pura y dura. Unos incendian Roma para componer un poema, otros venden su país a cambio de un puñado de votos. El derecho de gracia debe servir a los fines de la justicia, a ayudar a los reos arrepentidos a reconciliarse con la sociedad, no para avivar el fuego de la insurrección facciosa. Convertido en moneda de cambio electoral, maldita la gracia que tiene.

Hérculea labor la que nos espera en el 2025 en defensa de nuestra justicia. Armados de la razón jurídica, demostrémosles a los corruptos y malhechores de toda laya, que no se saldrán con la suya. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!

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