Categoría: INTERNACIONAL

En ella se recoge la suspensión, a partir del año 2025, del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), una figura que nació en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy
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El PP y Junts han alcanzado un pacto para acabar con el impuesto sobre la producción eléctrica en España, un gravamen que supone entre 1.000 y 1.500 millones de euros al año en recaudación. Lo han hecho después de que el líder del partido soberanista catalán Carles Puigdemont instara al presidente del Gobierno Pedro Sánchez a someterse a una moción de confianza. El acuerdo también llega en un contexto donde el sistema eléctrico está cerca de regresar al famoso déficit tarifario, con un superávit acumulado de 189 millones de euros.

PP y Junts han pactado volver a suspender este impuesto “con efectos desde el 1 de enero de 2025 y, en tanto el sistema no genere déficit de tarifa”. La orden de cargos que acaba de sacar a consulta el Ministerio para la Transición Ecológica cifra el superávit del ejercicio 2023, descontando los adelantos ya realizados durante el ejercicio, en 609.129 millones, pero calcula que para cerrar “en equilibrio” 2024, según la información aportada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se van a necesitar algo más de 420 millones. La diferencia, el remanente del superávit de años anteriores, es por tanto de esos 189 millones.

El partido que lidera la oposición y la formación catalana, que en varias ocasiones ha servido de sostén al Ejecutivo, acordaron incorporar una enmienda transaccional de última hora al informe de la ponencia del proyecto de ley sobre comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

La medida, según cálculos del PP, podría traducirse en un ahorro de 400 millones para las familias, 500 millones para las pymes y 200 millones para la gran industria. Es decir, un agujero de unos 1.100 millones de euros que el portavoz parlamentario del PSOE Patxi López eleva hasta los 1.500 millones.

Por ello, López ha asegurado que su grupo intentará “revertir” la propuesta, sin dar más detalles de posibles maniobras. “El trámite parlamentario sigue y nosotros intentaremos revertir esto”, ha zanjado. Por ahora, el PSOE ha desconvocado sine die la comisión que debía abordar la anulación del impuesto, inicialmente prevista para el jueves. Y buscan el apoyo de sus socios habituales para revertir la situación, algo que se antoja muy difícil dados los apoyos que logró el cambio propuesto por el PP y Junts.

El PSOE intentará que no salga adelante

Todavía está por ver si finalmente sale adelante. El Gobierno tiene la facultad de vetar las enmiendas a un proyecto de ley “que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”, pero su incorporación como parte del texto de la ponencia impide que el Ejecutivo pueda activar esta fórmula ya que llegará al Pleno no como enmienda, sino integrada en la proposición de ley.

Desde el otro socio de Gobierno, Sumar, ha reclamado al PSOE “que use los mecanismos parlamentarios” para impedir que se apruebe la enmienda. “Queremos mantener el impuesto”, ha dicho la portavoz, Verónica Martínez.

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El demócrata ha querido presumir de la política económica que ha mantenido durante su mandato y reta a Trump a superarlo
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Imagen: EFE

Durante el mandato de Joe Biden, Estados Unidos ha registrado un crecimiento económico destacado, con tasas de paro históricamente bajas y cifras récord en la creación de empleo. Sin embargo, esos logros no encontraron defensores en las urnas. Donald Trump logró canalizar el malestar de los votantes frente a la inflación más alta en cuatro décadas, a pesar de ser un fenómeno global. Por su parte, Kamala Harris, en un intento de marcar distancia con el presidente, evitó resaltar los avances económicos en su campaña.

Antes de dejar el cargo, el demócrata ha optado por reivindicar personalmente su gestión económica. Este martes, en un discurso en la Brookings Institution, presentó con firmeza los logros de su administración y lanzó un desafío a Trump: superar los resultados de su presidencia.

Datos contundentes frente a la crítica inflacionaria

El presidente apeló a los números para respaldar su legado. “Hemos creado 16 millones de empleos y mantenido la tasa media de desempleo más baja en 50 años. ¿Será capaz el próximo presidente de mejorar estos indicadores?”, cuestionó. También destacó un crecimiento económico anual del 3% en promedio, superior al de muchas economías desarrolladas.

Sin embargo, reconoció que la inflación ha sido un punto débil de su gestión. Justificó su impacto como una consecuencia de factores externos, como la pandemia, la guerra en Ucrania y problemas en la cadena de suministro. A pesar de ello, subrayó que deja la presidencia con una inflación cercana al 2%, aunque el alza de precios acumulada en su mandato ha superado el 20%, con un pico del 9,1% en junio de 2022.

La visión optimista de la Reserva Federal

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha sido uno de los mayores defensores de la resiliencia económica de Estados Unidos. Aunque reconoce que la inflación aún no ha alcanzado el objetivo del 2%, Powell confía en la fortaleza de la economía y en el control gradual de los precios. Sin embargo, advierte que serán necesarios varios años de recuperación del poder adquisitivo para sanar las secuelas del alza inflacionaria.

Proyecciones y riesgos en el horizonte

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía de Estados Unidos crecerá un 2,8% en 2024, superando con creces a la eurozona. No obstante, advirtió que políticas como una guerra arancelaria o restricciones migratorias, impulsadas por Trump, podrían lastrar el crecimiento y aumentar la inflación. Estas medidas podrían también complicar el ciclo de reducción de tipos de interés de la Reserva Federal.

Biden criticó con dureza las propuestas económicas del expresidente republicano, calificándolas de «desastre económico». En particular, señaló los riesgos de una política comercial proteccionista y de los recortes fiscales que Trump planea implementar, alertando sobre sus efectos en el déficit y la deuda pública.

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Las comunidades autónomas se encuentran en la cuerda floja y algunos barones alertan de nuevos comicios el próximo año
The post El PP podría convocar elecciones anticipadas first appeared on Hércules.  En Castilla y León, el PP baraja un adelanto electoral “técnico” para primavera. Aunque la legislatura debería culminar en febrero de 2026, las fechas invernales y las festividades locales convierten a mayo en el periodo más adecuado, según fuentes del partido. Este movimiento también se vería favorecido si Pedro Sánchez decidiera anticipar las elecciones generales, lo que permitiría al PP combinar ambos comicios.

A pesar de ello, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, aún no ha tomado una decisión y prefiere esperar a resolver el desafío planteado por Vox, que amenaza con bloquear los presupuestos regionales. De no conseguir su aprobación, Mañueco podría optar por prorrogarlos, minimizando el impacto del bloqueo.

Las encuestas internas del PP proyectan una posible mayoría absoluta, aunque el antecedente de las elecciones de 2022, cuando Mañueco tuvo que pactar con Vox tras quedarse lejos de esa meta, se mantiene presente.

Baleares: tensiones con Vox y posible adelanto electoral

En las Islas Baleares, el panorama es distinto. La presidenta Marga Prohens enfrenta un conflicto con Vox, que condiciona su apoyo a los presupuestos a exigencias como la no derogación de la Ley de Memoria. El PP balear, en un gesto inesperado, pactó con el PSOE para mantener dicha ley, revirtiendo enmiendas erróneas en otras normativas.

Aunque Prohens no descarta el adelanto electoral, ha señalado marzo como posible fecha para tomar una decisión definitiva, dependiendo de si se logra o no un acuerdo con Vox. Según su entorno, “todo depende de Vox nacional”, en alusión a las posturas que mantengan Santiago Abascal y su liderazgo sobre cuestiones clave como la inmigración.

Internamente, el PP balear se encuentra bajo presión de varios alcaldes que ven en unas elecciones anticipadas una oportunidad para capitalizar el creciente apoyo al partido, reflejado en encuestas que le otorgan hasta 30 diputados, cerca de la mayoría absoluta.

El PSOE y sus propios desafíos

Mientras tanto, en el PSOE, los problemas internos también ocupan titulares. Uno de sus diputados enfrenta una sanción de 1.200 euros por ausentarse en una votación clave que permitió la suspensión del impuesto a la producción energética. La dirección del partido, visiblemente molesta, busca enviar un mensaje de disciplina.

En otro frente, el exministro José Luis Ábalos se prepara para comparecer ante el Tribunal Supremo tras recibir una abrumadora cantidad de documentos relacionados con su caso. Con miles de archivos PDF y vídeos por analizar, Ábalos intenta desmontar las acusaciones en su contra.

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El Ministerio de Transición Ecológica, liderada por Teresa Ribera, concedió hace tres años la licencia para operar en la venta de los hidrocarburos
The post Hacienda supo en 2021 que Claudio Rivas defraudaba a través de la empresa Olivia Petroleum  first appeared on Hércules.  El Ministerio de Hacienda tenía constancia en 2021 que el socio de Aldama en la trama de los hidrocarburos, Claudio Rivas, estaba relacionado con indicios de fraude a través de la Agencia Tributaria.

Rivas en el 2021, ya era conocido su nombre debido a que en 2021 si nombre era conocido en la Hacienda Pública, por cometer ciertas irregularidades con Hacienda a través de la empresa Olivia Petroleum. La cual, radicaba unas veces en Cádiz y otras en Madrid.

El Ministerio de Transición Ecológica, liderado en aquel entonces por Teresa Ribera, concedió hace tres años la licencia para operar en la venta de los hidrocarburos a la empresa de Claudio Rivas, Villafuel SL. En 2021, ya saltaron las alarmas en el SII, Suministro Inmediato de Información, debido a que la empresa Olivia Petroleum emitía facturas sin IVA a Grufium Combustibles SL.

Grufium Combustibles SL es una empresa en la que Claudio Rivas es apoderado. El empresario constituyó esta empresa en febrero de 2021. Con el objetivo de refinar, comercializar, intermediar, almacenar y distribuir petróleo y derivados de este. En definitiva, comercio al por mayor y por menor de todo tipo de combustibles y aceites.

Grufium Combustibles, una más de las 20 que se le atribuyen oficialmente a Claudio Rivas. Lo más destacado es que esta empresa no aparece en el listado de operadores al por mayor que se recoge en el portal de la CNMC, Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.

Claudio Rivas ya era conocido por Hacienda en 2021 por defraudar dinero del IVA

Uno de los motivos por los que no aparece en dicha lista, se puede deber a que la sociedad de la que Rivas es apoderado, con total autoridad para representar legalmente a la empresa en transacciones, contratos y negociaciones con terceros. Por esto, actuaba con Olivia Petroleum sin la licencia oficial pertinente, comportándose como una sociedad pantalla o instrumental para defraudar el IVA de los hidrocarburos.

El Diario de Cádiz, publicó en 2023, un informe emitido por la AEAT. Este informe señalaba que la empresa Olivia Petroleum conformaba la sede de una trama organizada. La cual estaba denunciada ante la justicia por un fraude del IVA de los hidrocarburos de 40,3 millones de euros.

Este fraude se detectó en 2021 y las primeras actuaciones judiciales tuvieron lugar en 2022. Según señalaba el Diario de Cádiz, la AEAT “llega a decir que tanto en Olivia Petroleum SAU como en las dos subcuentas principales, Grufium Combustibles y Opercarburos, se han nombrado como administradores a personas con claro perfil de testaferros, ocultándose a los verdaderos responsables que estaban al frente de la gestión y dirección de las mercantiles”.

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El plan del gobierno, que quiere eliminar la energía nuclear del mix energético, pasa por cerrar las centrales productoras de esta fuente energética en 2030
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Imagen: Central nuclear de Almaraz (Cáceres)-Europa Press

La energía nuclear vuelve a estar en el centro del debate energético. El gobierno de Pedro Sánchez pretende cerrar las centrales productoras de esta fuente de energía como máximo en 2030, pues quiere eliminar la energía nuclear del mix energético para fomentar las energías renovables, aunque desde Europa y diversos sectores empresariales defiendan alargar su vida útil.

En esta ocasión, es la Cámara de Comercio de Estados Unidos la que presiona al Ministerio de Transición Ecológica para que reconsidere su postura y la energía nuclear siga estando presente en el mercado nacional. En un comunicado emitido en el día de ayer, el organismo solicita “extender la vida útil de las plantas nucleares hasta 2040 y explorar la implementación de reactores modulares pequeños, que asegurarán un suministro estable durante la transición hacia renovables”.

Asimismo, piden que el Gobierno tenga una decisión definida respecto al gas, otra de las fuentes energéticas señaladas por el Ejecutivo. “España debe aprovechar su liderazgo europeo en capacidad de regasificación para diversificar fuentes de suministro energético con gas natural licuado y desarrollar el biometano como alternativa renovable”, afirma el comunicado.

España tiene capacidad de atraer inversión

La Cámara de Comercio considera que España es uno de los principales países en materia energética y cree que “tiene un gran potencial” para “considerarse como un gran polo de atracción para industrias y tecnologías sostenibles, mientras fortalece su papel como proveedor clave de energía para el resto de Europa».

A su vez, el organismo celebra la política española respecto a las energías renovables y destaca las inversiones llevadas a cabo en las energías solar, eólica e hidráulica. Asimismo, la Cámara de Comercio afirma que “las infraestructuras españolas podrían atraer inversiones” de alto valor. Este documento propone un plan para duplicar el peso de la industria en el PIB español para 2035, alcanzando el 22%, mediante el aprovechamiento de los recursos energéticos, la transformación digital y la colaboración público-privada.

En cuanto a la competitividad energética, el documento plantea permitir a las empresas del sector reinvertir hasta el 25% de sus derechos de emisión en proyectos de descarbonización, frente al 12% vigente en España. Este cambio, ya aplicado en países como Alemania y Francia, podría reducir en un 20% los costes energéticos en sectores clave como el acero, el aluminio y la química para 2028. Al mismo tiempo, propone explotar de forma sostenible recursos minerales críticos, como litio y cobre, abundantes en el sur de España, para reforzar la autonomía energética y avanzar en tecnologías limpias.

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La gigafactoría tendrá como misión la fabricación de baterías de fósforo y litio, con una inversión que alcanza los 4.100 millones de euros
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Imagen: Espacio que albergará la gigafactoría de Zaragoza-El Periódico

Stellantis y la china CATL han anunciado este martes un acuerdo para la construcción de una planta de baterías de fosfato de hierro y litio en Figueruelas (Zaragoza), con una inversión que puede alcanzar los 4.100 millones de euros.

Se prevé que la fábrica inicie su producción a finales de 2026 en la planta de Stellantis de la ciudad aragonesa, y podría alcanzar una capacidad de hasta 50 gigavatios/hora, en función de “la evolución del mercado eléctrico en Europa” y del apoyo que reciban de las autoridades españolas y de la Unión Europea, tal como ha señalado Stellantis en un comunicado. Ello la convertiría en la mayor planta productora de este tipo de baterías en España, pues la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto tiene proyectada una capacidad máxima de 40 gigavatios/hora.

En sus redes sociales, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha celebrado el anuncio, que califica como histórico y como la mejor noticia posible para la automoción aragonesa. “No se puede empezar mejor la jornada”, afirmaba el popular en su perfil de X. Azcón ha señalado posteriormente en declaraciones a los medios que el trámite administrativo para aprobar la instalación de la fábrica «posiblemente será el más rápido de la historia» y prevé que podrá estar listo en seis meses. No obstante, la operación depende de la aprobación de las autoridades regulatorias, por lo que podría cerrarse a lo largo del año que viene.

La generación de empleo, otra consecuencia del acuerdo

El presidente de la región ha afirmado que la decisión de instalar esta planta, clave para la transición hacia la movilidad eléctrica, consolida a la comunidad como un referente industrial en España y Europa.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que el sector automovilístico representa el 6% del PIB de Aragón, el 30,4% del empleo industrial y el 35% de las exportaciones. Asimismo, ha generado en 2023 una facturación de 11.775 millones de euros y da empleo a cerca de 35.000 personas, 4.500 de ellos directamente ligadas a la planta actual de Stellantis. Con esta gigafactoría, se prevé que se podrán generar hasta 2.000 nuevos empleos directos.

Asimismo, también se espera que la gigafactoría impulse otras inversiones, como plantas de energías renovables para abastecer su alta demanda energética, lo que podría suponer hasta mil millones de euros adicionales de inversión.

“Esta diversificación económica abrirá un nuevo mercado que mejorará la balanza comercial, incrementará las exportaciones y aportará miles de millones de euros al PIB de Aragón», ha destacado Azcón, que considera que es un proyecto que «va a suponer un impacto económico sin precedentes porque afecta al presente, pero también al futuro».

Reunión de Pedro Sánchez con el presidente de CATL

El anuncio llega apenas unas horas después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reuniese en el Palacio de la Moncloa con el presidente de la empresa china CATL, Robin Zeng, para discutir el proyecto.

El propio Sánchez ha señalado en un mensaje en X que se siente «muy satisfecho» con el acuerdo, destacando la «colaboración público-privada» que ha permitido que saliese adelante. «Gracias a los presidentes de Stellantis y CATL, John Elkann y Robin Zeng, por su compromiso con España y su apuesta decidida por nuestro país para impulsar un futuro descarbonizado».

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Margarita Robles ha apuntado que esto ocurrió “en los primeros momentos” de la emergencia y que algunos de ellos “tuvieron que ser ingresados”
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Imagen: La ministra de Defensa, Margarita Robles, antes del inicio de la comisión de Seguridad Nacional en el Congreso // EP

La ministra de Defensa Margarita Robles ha revelado este martes que, durante las labores de limpieza de garajes tras el paso de la DANA por la Comunitat Valenciana, hubo militares que se intoxicaron o resultaron heridos, aunque no ha proporcionado cifras exactas. Lo ha explicado durante su intervención en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso, donde también ha señalado que esto ocurrió “en los primeros momentos” de la emergencia y algunos de ellos “tuvieron que ser ingresados”.

Según la titular de Defensa, las autoridades competentes para gestionar la emergencia encargaron a los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) la limpieza de los garajes. Robles ha indicado que la dirección de la emergencia «ha dado ya unas líneas de actuación» que implican que las Fuerzas Armadas y los bomberos limpian los garajes y las primeras plantas, mientras que la limpieza del resto del edificio que se haya visto afectado está a cargo de empresas privadas. 

76 garajes limpios

La ministra ha cifrado en 76 los garajes limpios gracias al trabajo de militares y bomberos, que en estos momentos están trabajando en otros 50. En este contexto, Robles ha sostenido que para las autoridades competentes ha sido «fundamental» velar por la seguridad de los militares destinados en la Comunidad Valenciana. «Para nosotros es importante la protección y la seguridad», ha dicho.

Sobre el número de militares destinados en estos 40 días, Robles ha cifrado en más de 18.000 los que han participado en 5.586 misiones. La ministra ha recordado que se han realizado más de 300 operaciones de búsqueda en las que se han rescatado a 108 personas con vida y recuperados los restos de 95 fallecidos. 

También ha detallado que, en la actualidad, más de 8.500 efectivos de los ejércitos de la Armada, de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y de la Guardia Real siguen trabajando sobre el terreno «comprometidos con el auxilio y asistencia». En este tiempo se han utilizado cerca de 20 helicópteros, 30 drones, 130 máquinas de ingenieros, 36 ambulancias, 1.824 vehículos de intervención especial y de transporte, se han realizado 1.082 intervenciones de limpieza y apertura de viales, y se ha facilitado una vía de acceso a los lugares de cultivo agrícola.

Robles ha insistido en que el Ejército seguirá allí «el tiempo que sea necesario». «Se sienten plenamente unidos a los ciudadanos valencianos, muchos de ellos son valencianos y muchos de ellos han perdido también a sus seres queridos en la tragedia», ha destacado la ministra.

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Los rectores han denunciado las políticas de la presidenta madrileña, señalando que los gobiernos deben mantener una enseñanza de calidad
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Imagen: EFE

Los rectores de las universidades públicas catalanas han manifestado su consternación y preocupación ante la crisis que atraviesan los campus de Madrid, agravada por la falta de financiación del Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso. Según los rectores, esta situación es el resultado de un “liberalismo desatado” que pone en riesgo la educación pública y fomenta la proliferación de centros privados de dudosa calidad docente.

Financiación insuficiente para las universidades públicas

En las últimas semanas, las universidades madrileñas han exigido un aumento significativo de su presupuesto para contrarrestar el déficit acumulado por los recortes y la inflación. Aunque los rectores pedían un incremento de 200 millones de euros para 2025, el Gobierno de Ayuso aprobó solo 47 millones, cifra que califican de “insuficiente”. Este contraste es evidente si se compara con Cataluña, donde las universidades públicas han logrado estabilizar su situación gracias a un aumento progresivo de la financiación, con el compromiso de alcanzar los 1.400 millones de euros para 2030.

El riesgo de un crecimiento descontrolado de universidades privadas

Uno de los puntos más críticos señalados por los rectores catalanes es la expansión de los campus privados, especialmente en Madrid. Para Joan Guàrdia, rector de la Universidad de Barcelona, este fenómeno refleja una política que prioriza los intereses privados sobre el bien común. Cataluña, por su parte, ha limitado la entrada de universidades privadas, manteniendo estrictos estándares de calidad y asegurando que las pocas existentes funcionen como fundaciones sin ánimo de lucro.

Daniel Crespo, rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, advierte sobre el peligro de degradar el concepto de universidad si no se regula quién puede utilizar esta denominación. “La etiqueta de ‘universidad’ otorga prestigio, pero debemos proteger su significado para no comprometer la calidad del sistema educativo”, subraya.

Consecuencias para la investigación y el prestigio académico

La investigación, estrechamente vinculada a las instituciones públicas, es otro ámbito que podría verse afectado. Las universidades públicas concentran el 90% de la investigación en España, y los rectores temen que el impulso a los centros privados socave este pilar fundamental. “Las decisiones de hoy tendrán consecuencias dentro de 20 años”, alerta Crespo, haciendo hincapié en la necesidad de priorizar la calidad sobre la cantidad.

Javier Lafuente, rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, pone el foco en el impacto que un sistema privatizado tendría sobre los egresados. “Si se forman profesionales con estándares más bajos, el prestigio de todo el sistema universitario español se verá comprometido”, advierte.

Una llamada a la regulación y a la agilidad en la gestión

Para enfrentar el avance de las universidades privadas, los rectores consideran que las instituciones públicas deben ser más ágiles y adaptarse con mayor rapidez a las demandas sociales. Laia de Nadal, rectora de la Universidad Pompeu Fabra, señala que la rigidez de los procesos administrativos limita su capacidad de respuesta, mientras que los centros privados se mueven con mayor celeridad.

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El ministro de Finanzas ucraniano ha confirmado que el país posee armas y recursos suficientes para hacer frente a Rusia
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Con la posible vuelta de Donald Trump al poder, el escenario internacional se encuentra en tensión. Pocos países están tan atentos a los cambios en Washington como Ucrania, cuyo futuro depende en gran medida del apoyo estadounidense. Sergii Marchenko, ministro de Finanzas de Ucrania desde 2020, expuso su visión sobre el estado de la guerra y las expectativas para 2025 durante la conferencia Grand Continent Summit, celebrada en Italia la semana pasada. Según Ucrania, tienen los recursos necesarios para resistir al menos hasta mediados de 2025, incluso en el escenario de una reducción de la ayuda de Estados Unidos.

Preparándose para una nueva administración

Marchenko destacó la importancia de establecer estrategias frente a una posible administración Trump. “Es esencial generar confianza y mantener la cooperación con Estados Unidos”. La prioridad es gestionar el tiempo de manera eficiente para fortalecer las relaciones con los aliados clave y garantizar que Ucrania esté preparada para cualquier cambio en el flujo de apoyo militar y financiero.

El ministro aseguró que Ucrania cuenta con un suministro suficiente de armas, misiles y artillería para sostenerse durante la primera mitad de 2025. Paralelamente, el Gobierno planea asignar recursos significativos para la adquisición de equipos militares en el próximo año. «Mientras resistimos la agresión rusa, debemos aprovechar el tiempo para fortalecer alianzas estratégicas«.

El reto de una paz justa

Respecto a la posibilidad de alcanzar una paz negociada en 2025, el ministro enfatizó que cualquier acuerdo debe incluir garantías de seguridad sólidas y específicas, algo que, según él, solo puede lograrse mediante la integración en la OTAN. Sin esta garantía, Ucrania necesitaría construir un ejército moderno y poderoso, algo inviable únicamente con recursos propios. «Un ejército fuerte es esencial para disuadir cualquier agresión futura de Rusia«, afirmó.

La complejidad del frente de batalla

La situación en el frente sigue siendo difícil. Aunque la contraofensiva ucraniana de 2023 buscaba recuperar territorio, las tácticas tradicionales demostraron ser ineficaces ante campos minados y barreras defensivas como los “dientes de dragón”. «Las soluciones militares y diplomáticas deben adaptarse a esta nueva realidad«, señaló. Ucrania, por su parte, ha intensificado sus esfuerzos en defensa, destinando más de 1.000 millones de dólares a fortificaciones en 2024.

Por otro lado, Marchenko subrayó la creciente importancia de la tecnología en el conflicto. Los drones, en particular, se han convertido en un elemento clave para la estrategia militar ucraniana. El Gobierno planea producir más de un millón de drones en 2024, combinando avances tecnológicos con tácticas operativas modernas. «La competencia tecnológica y la capacidad de las personas que la manejan son determinantes en esta guerra«.

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