Categoría: INTERNACIONAL

Los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueron oficialmente rehabilitados, tras años de sombra por el «caso ERE»
The post El PSOE rehabilita a Chaves y Griñán en el Congreso celebrado en Sevilla first appeared on Hércules.  El 41º Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla, se convirtió en un evento histórico para el partido. , Los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueron oficialmente rehabilitados, tras años de sombra por el «caso ERE».

Chaves y Griñán, figuras clave del socialismo andaluz, ocuparon un lugar destacado en la primera fila del congreso, acompañados de la también ex presidenta andaluza Susana Díaz. A lo largo del evento, la reconciliación con estos dos ex líderes del PSOE andaluz fue clara, con Juan Espadas, actual presidente del Congreso y anfitrión del evento, dedicando un reconocimiento especial tanto a Chaves como a Griñán.

«Gracias por todo lo que habéis dado por esta tierra nuestra, por Andalucía», expresó Espadas, provocando una ovación unánime en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Entre los nombres mencionados por Espadas, también figuraron otros implicados en el caso, como Magdalena Álvarez.

En su intervención, Espadas aprovechó para recordar que, en 1997, otro sevillano, Luis Yáñez, presidió un Congreso similar y, a pesar de las diferencias, destacó la importancia de reconocer a aquellos que, según él, contribuyeron al desarrollo de Andalucía y al PSOE. Chaves, por su parte, no dudó en manifestar que la revisión del caso ERE por el Tribunal Constitucional era una victoria para los socialistas, describiéndolo como parte de una «operación orquestada para desalojar a los socialistas» del poder en Andalucía.

Mientras tanto, Griñán, más reservado, prefirió no hacer declaraciones públicas, aunque su abogado y algunos allegados transmitieron su agradecimiento por el respaldo recibido. El propio Chaves, sin embargo, no dudó en reafirmar su compromiso con el PSOE, destacando el apoyo recibido de Pedro Sánchez, quien lo felicitó por la revisión judicial y reafirmó su respaldo a los demás implicados.

Este congreso, que había sido concebido como una «balsa de aceite» para consolidar el liderazgo de Pedro Sánchez, estuvo marcado por una serie de tensiones imprevistas. Los problemas en la Comunitat Valenciana y las críticas al presidente autonómico Carlos Mazón, sumadas al silencio de Begoña Gómez y la dimisión de Juan Lobato, empañaron la atmósfera festiva que originalmente se había planeado para el evento. Además, las recientes declaraciones de Felipe González sobre el concepto de Estado «plurinacional», en las que descalificó la propuesta, no hicieron sino aumentar la sensación de desconexión entre el PSOE histórico y el actual liderazgo.

En ausencia de González, quien durante años fue la cara del PSOE, la rehabilitación de Chaves y Griñán parece haber sido utilizada como una estrategia para llenar ese vacío y reconectar con una parte del electorado que aún recuerda con nostalgia a los dirigentes históricos del partido. Con este gesto, el PSOE intentó, también, calmar las aguas internas y reafirmar su cohesión ante las críticas tanto externas como internas que amenazan la unidad del partido.

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La noticia de su cese fue publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil este sábado, 30 de noviembre
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Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa, ha dejado su puesto como consejera de Paradores tras el reciente incidente de la filtración de sus mensajes privados con Juan Lobato, exlíder de los socialistas madrileños. La noticia de su cese fue publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) este sábado, 30 de noviembre, en el que se hace constar que su salida de la empresa pública tuvo lugar el viernes 29 de noviembre.

La situación que ha llevado al cese de Sánchez Acera ha estado rodeada de incertidumbre, ya que no se ha especificado si su dimisión fue voluntaria o si, por el contrario, fue una decisión tomada por el Gobierno. Lo cierto es que la exasesora de Óscar López se ha visto involucrada en un escándalo relacionado con la presunta filtración de datos de una figura cercana a la política madrileña: el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La filtración de estos mensajes, que incluyen comunicaciones privadas entre Sánchez Acera y Lobato, ha generado una gran atención mediática y política, especialmente después de la reciente declaración de Lobato en la que se mencionó al fiscal general del Estado, quien estaría vinculado a este asunto.

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Sinn Féin obtuvo el 21,1% de los votos, seguido de cerca por el democristiano Fine Gael, con un 20%, y el centrista Fianna Fáil, con un 19,5%
The post Sinn Féin lidera en las encuestas irlandesas pero no tiene opciones claras de gobierno first appeared on Hércules.  Las elecciones generales celebradas en Irlanda el pasado viernes dejaron claro que la política del país continúa fragmentada, con tres grandes partidos en un empate técnico que obliga a la búsqueda de acuerdos complejos para la formación de gobierno. A pesar de que el Sinn Féin, liderado por Mary Lou McDonald, resultó ser el partido más votado, su victoria no se traduce en una vía directa hacia el poder.

Los primeros resultados han mostrado que el Sinn Féin obtuvo el 21,1% de los votos, seguido de cerca por el democristiano Fine Gael, con un 20%, y el centrista Fianna Fáil, con un 19,5%. Con casi 3,7 millones de personas con derecho a voto, la elección se convirtió en un ejercicio de paciencia, ya que el sistema electoral irlandés, basado en la transferencia de preferencias, deja abierta la posibilidad de sorpresas. Esta particularidad obliga a los tres principales contendientes a explorar la posibilidad de pactos entre ellos, lo que podría definir el futuro político del país.

En este escenario de empate, los tres líderes están buscando alianzas. Jack Chambers, director de campaña de Fianna Fáil, subrayó que aún es temprano para hacer predicciones definitivas, ya que mucho dependerá de cómo se distribuyan los votos entre los candidatos. Sin embargo, Chambers dejó claro que su partido no está dispuesto a formar una coalición con el Sinn Féin, el cual sigue siendo un partido controvertido debido a su vinculación histórica con el IRA. En lugar de eso, Fianna Fáil podría repetir la coalición con Fine Gael que formó el gobierno en la pasada legislatura, un acuerdo que incluyó también a los Verdes, quienes han obtenido un modesto 4% de los votos en esta ocasión.

Una encuesta de salida realizada por RTE y The Irish Times reveló que el 35% de los votantes preferirían ver a Micheál Martin, líder de Fianna Fáil, como el próximo Taoiseach (primer ministro), mientras que el 34% optaría por McDonald, y un 27% apoyaría a Simon Harris, primer ministro saliente del Fine Gael, quien parece haber sufrido una caída de popularidad durante la campaña.

El Sinn Féin, a pesar de ser el partido con más apoyo popular, se enfrenta a una gran dificultad para alcanzar el poder. McDonald ha asegurado que intentará formar un gobierno con partidos de izquierda, un camino que ya intentó sin éxito en las elecciones de 2020, cuando fue el partido más votado pero no pudo superar a Fianna Fáil por un solo escaño. En este sentido, la dirigente nacionalista ha optado por pedir apoyos en el espacio progresista, un movimiento criticado por Richard Boyd Barrett, líder del partido People Before Profit-Solidarity (PBP-S). Barrett, que ha obtenido un 3,1% de los votos, acusó al Sinn Féin de no ofrecer una alternativa real a los tradicionales partidos centristas, que, según él, han estado en declive durante años pero siguen dominando el poder en el país.

Con tan poca diferencia entre los tres grandes partidos, la posibilidad de pactos entre ellos o con partidos menores es inevitable. Los independientes, que han conseguido el 14,6% de los votos, también están en la mira de los principales contendientes, así como los partidos Laborista y Social Demócrata, que lograron un 5% y un 5,8% respectivamente. Los analistas políticos creen que lo más probable es que Fine Gael y Fianna Fáil se reúnan nuevamente en una coalición, aunque la distribución final de escaños determinará quién encabezará las negociaciones y quién ocupará finalmente el cargo de Taoiseach. Un escenario que, en caso de ser necesario, podría incluso involucrar un acuerdo de rotación para la jefatura del gobierno.

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Uno de los puntos más problemáticos de estas subvenciones es el método de concesión directa. Al no abrir un proceso competitivo, el Gobierno elimina cualquier tipo de control o supervisión sobre quién recibe los fondos y por qué
The post El despilfarro público de 3,6 millones en nombre de la igualdad first appeared on Hércules.  El Gobierno ha anunciado la concesión directa de 3,6 millones de euros a varias entidades para promover la igualdad de género, la inclusión social y los derechos LGTBI+. A través de dos reales decretos, se destinan grandes sumas de dinero público a la financiación de proyectos que, aunque suenan bien en los papeles, no son más que un ejercicio de marketing político. La pregunta es: ¿realmente estamos viendo una inversión efectiva, o estamos ante una nueva muestra de despilfarro público sin resultados concretos?

La concesión directa de fondos

Uno de los puntos más problemáticos de estas subvenciones es el método de concesión directa. Al no abrir un proceso competitivo, el Gobierno elimina cualquier tipo de control o supervisión sobre quién recibe los fondos y por qué. Las entidades beneficiarias, que incluyen algunas de las organizaciones más conocidas del ámbito social y político, pueden tener buenas intenciones, pero ¿están realmente preparadas para implementar proyectos que cambien la vida de las personas de manera sustancial? ¿O simplemente se benefician de un sistema que las premia por su proximidad al poder?

La falta de transparencia y competencia en la distribución de estos recursos crea un caldo de cultivo perfecto para el clientelismo político. La idea de que organizaciones con vínculos políticos se beneficien de fondos públicos sin ninguna clase de evaluación o supervisión real es, como mínimo, preocupante. Este tipo de políticas parece más orientado a garantizar lealtades y votos que a resolver de manera efectiva los problemas sociales para los que se destinan estos recursos.

Subvenciones a la igualdad de género

El Gobierno ha asignado 2.955.000 euros a 27 entidades para promover la igualdad entre mujeres y hombres. A primera vista, esta parece ser una inversión necesaria para combatir la violencia de género y fomentar la inclusión social de las mujeres. Sin embargo, cuando se examina más de cerca, surgen muchas dudas sobre la efectividad de este gasto.

Las subvenciones se destinan a proyectos para promover el empresariado femenino, mejorar la conciliación laboral y familiar y proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Pero lo cierto es que, más allá de los discursos y las buenas intenciones, las políticas públicas en este ámbito suelen quedarse en palabras vacías. La cantidad de dinero asignada a estas iniciativas podría ser vista como una mera respuesta simbólica que no aborda las causas profundas de la desigualdad, como la discriminación estructural o las políticas laborales que perpetúan las desigualdades entre géneros.

Además, el hecho de que las mismas entidades reciban fondos una y otra vez plantea la pregunta de si estas organizaciones están utilizando el dinero de manera eficiente. No hay evidencias claras de que estos fondos hayan tenido un impacto significativo en el cambio social, y es difícil creer que con esta asignación se vaya a resolver un problema.

El segundo real decreto destina 615.000 euros a la promoción de la igualdad de trato y no discriminación hacia las personas LGTBI+. Si bien esta es una causa importante, la cifra parece más un gesto simbólico que una verdadera inversión para erradicar la discriminación y la violencia hacia este colectivo. La lucha contra la transfobia, la homofobia y la exclusión social necesita más que unas pocas migajas. En lugar de destinar fondos insuficientes a un grupo limitado de organizaciones, sería mucho más efectivo implementar políticas de Estado que trabajen de manera transversal en la educación, la sensibilización social y la aplicación de la ley.

Destinar una cantidad tan pequeña a las entidades LGTBI+ es una clara muestra de que el Gobierno no se toma en serio la protección de este colectivo. Si de verdad se quiere hacer frente a la discriminación que enfrentan las personas LGTBI+, se necesita mucho más que un par de proyectos financiados. Se requiere una reforma integral de las políticas públicas, un compromiso real con la educación inclusiva y un aumento significativo de los recursos destinados a la atención a las víctimas de violencia y discriminación.

La ineficiencia del gasto público

Lo que resulta evidente es que estos 3,6 millones de euros se gastan sin ningún tipo de evaluación o garantía de que se logren resultados tangibles. El dinero no está siendo invertido de manera estratégica ni enfocada en generar un cambio real. Las subvenciones parecen más una medida para aplacar las demandas sociales y aparentar un compromiso con la igualdad, pero no están diseñadas para abordar los problemas estructurales de fondo.

En lugar de repartir estos recursos de forma arbitraria, el Gobierno debería centrarse en una reforma más profunda de las políticas públicas. Es necesario invertir en educación, en la creación de empleo de calidad y en el fortalecimiento de los servicios públicos que realmente atienden a las personas más vulnerables. El despilfarro en subvenciones a entidades que no están demostrando resultados tangibles solo contribuye a una mayor desconfianza en las instituciones y a un desapego de la ciudadanía hacia las políticas públicas.

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De la Mata ha sido una figura cercana a Bolaños, y su nombramiento en el Consejo de RTVE es una clara señal de su alineación con el ministro
The post El PSOE refuerza su control en RTVE con la elección de Esther de la Mata first appeared on Hércules.  Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha demostrado una vez más su poder dentro del PSOE y su influencia sobre el aparato institucional español. La reciente designación de Esther de la Mata al Consejo de Administración de RTVE resalta no solo su capacidad para colocar a aliados estratégicos en puestos clave, sino también su control sobre las principales instituciones mediáticas del país.

De la Mata, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, no es un nombre ampliamente conocido por el gran público, pero su ascenso es el reflejo de la política interna del PSOE y el juego de lealtades en el seno del Gobierno. Actualmente directora de comunicación en el Ministerio de la Presidencia, De la Mata ha sido una figura cercana a Bolaños, y su nombramiento en el Consejo de RTVE es una clara señal de su alineación con el ministro. Además, la nueva consejera es también miembro del Consejo de Administración de la Agencia EFE, lo que demuestra su creciente presencia en los medios públicos. Su perfil en redes sociales, donde alaba abiertamente a Pedro Sánchez y Bolaños, así como sus críticas al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dejan claro su alineamiento político.

Su pasado en el PSOE, específicamente su papel como secretaria de Acción Electoral, Dinamización y Movilización del distrito de Latina, también vincula a De la Mata con Bolaños, quien es miembro de este mismo distrito. Este tipo de conexiones dentro de las estructuras del partido refuerza la idea de que los nombramientos en RTVE, lejos de ser procesos independientes, están profundamente marcados por las redes internas del PSOE.

Reparto de poderes

El nombramiento de De la Mata forma parte de un conjunto de decisiones tomadas por el PSOE en el proceso de renovación del Consejo de RTVE. En este nuevo Consejo, los socialistas han colocado a figuras que, aunque diversas en su formación y trayectorias, comparten una clara vinculación con el partido y su visión de la radiotelevisión pública. José Pablo López, un candidato que se perfila como futuro presidente de RTVE, es uno de los nombres más destacados en la lista, mientras que Rosa León, cantautora y exconcejala del Ayuntamiento de Madrid, se ha consolidado como una de las sorpresas en la cúpula. Otros nombres como Angélica Rubio, exasesora de José Luis Rodríguez Zapatero y directora de El Plural, o Mercedes de Pablos, exdirectora de Canal Sur Radio, refuerzan la idea de que el PSOE sigue dominando las instituciones clave en España.

Por otro lado, los nuevos consejeros de Sumar, ERC y Junts per Catalunya, como la sindicalista María Teresa Martín y la periodista María Solana, marcan una evolución en la pluralidad del Consejo. La entrada de estos partidos a la toma de decisiones sobre RTVE indica una diversificación, aunque el control sigue estando firmemente en manos de los socialistas.

El reciente decreto-ley aprobado por el Gobierno para modificar el sistema de elección de los consejeros de RTVE ha implicado cambios significativos en la estructura del Consejo. De 11 a 15 consejeros, el nuevo modelo da mayor poder al Congreso, donde los partidos del Gobierno o afines tienen la capacidad de elegir a la mayoría de los miembros del Consejo. Esta modificación reduce la participación de otros actores políticos, como el PP, que sigue manteniendo representación a través del Senado, pero cuyo peso en el nuevo modelo queda diluido.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha defendido este cambio como una forma de pluralizar el Consejo, argumentando que el nuevo modelo reflejará mejor la diversidad política de España. Sin embargo, desde el PP, el portavoz Miguel Tellado ha advertido que esta reforma es una estrategia para consolidar el control del Gobierno sobre los medios públicos, lo que podría poner en riesgo la independencia de RTVE.

La presencia de Podemos en RTVE

Por su parte, Pablo Iglesias ha asegurado su presencia continua en RTVE, a través de una serie de apariciones en programas clave como ‘Mañaneros’, ‘59 segundos’ y ‘Las Mañanas de RNE’. Esta presencia refleja no solo la influencia de Podemos en la radiotelevisión pública, sino también la negociación estratégica entre Iglesias y el Gobierno. La participación de figuras como Manu Levin y Laura Arroyo, colaboradores de ‘La Base’, programa de Iglesias, en ‘La hora de La 1’, muestra cómo la política de comunicación del Gobierno sigue incorporando a aliados en su gestión de los medios.

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Un sistema que gasta más de lo que genera está condenado a morir
The post Pensión, pan para hoy, hambre para mañana first appeared on Hércules.   Esto no es una opinión, es una ley económica tan universal como la gravedad. Pero en España, la política vive en un universo paralelo. Aquí, los números no importan, porque siempre hay una forma de endosarle la factura al siguiente en la cola.

Subir las pensiones un 2,8% en 2025 no es «justicia social», como proclama la ministra, es un acto de irresponsabilidad política. Esta subida costará 7.300 millones de euros adicionales, una cifra que el Gobierno intenta vender como una victoria. ¿Victoria para quién? Para los jubilados que ven cómo sus pensiones crecen artificialmente, mientras el sistema se hunde bajo el peso de su propia inercia.

Las cifras del despropósito

Pongamos las cosas en contexto:

La pensión media de jubilación subirá de 1.441 euros al mes a 1.481,35 euros, es decir, unos 40 euros más al mes.

La pensión máxima de jubilación pasará de 3.175 euros al mes a 3.264 euros, 89 euros más al mes.

Y la pensión mínima de jubilación, que debería ser la prioridad en cualquier sistema, apenas aumentará de 517 euros al mes a 532 euros, es decir, unos míseros 15 euros más al mes.

Esto no es justicia social, es maquillaje contable. Porque mientras los jubilados disfrutan de su «incremento», los trabajadores activos son quienes pagan la fiesta. Cada punto del IPC cuesta al sistema 2.600 millones de euros más, dinero que no se genera, sino que se exprime del sector productivo.

¿Quién paga el banquete?

La clase trabajadora, por supuesto. Esa que ya no llega a fin de mes porque el sueldo medio es un mal chiste en comparación con el coste de la vida. Esa que no tiene garantizada una pensión digna porque la caja de la Seguridad Social está vacía. Esa que, mientras financia las jubilaciones de hoy, sabe que cuando le toque a ella, no quedará nada.

España lleva años huyendo hacia adelante. La población envejece, la natalidad está por los suelos, y el número de cotizantes por cada pensionista no deja de caer. Hoy, cada trabajador carga con el peso de 1,5 pensionistas. Mañana, será peor. Pero, en lugar de buscar soluciones estructurales, seguimos inflando la burbuja con medidas populistas que solo agravan el problema.

Populismo disfrazado de justicia

¿Qué es lo que busca realmente el gobierno? ¿Garantizar el bienestar de los jubilados? No, lo que busca es garantizar su voto. Los pensionistas son el grupo electoral más grande y fiable del país. Ningún político se atreverá jamás a decirles la verdad: que el sistema es insostenible, que el dinero no da para más, que o se congelan las pensiones o se rompe todo.

En su lugar, les dan caramelos en forma de subidas. No importa si los recursos salen de endeudar más al país o de esquilmar a la clase trabajadora. Todo vale con tal de mantenerse en el poder.

La gran mentira del IPC

El mantra oficial es que subir las pensiones según el IPC garantiza el poder adquisitivo de los jubilados. Pero esta «protección» se da a costa de destruir el poder adquisitivo de quienes están en activo. ¿De qué sirve blindar el ingreso de los pensionistas si los precios de los alimentos, la vivienda o la energía siguen desbocados?

Y luego está el insulto final: los 15 euros de subida para quienes perciben la pensión mínima. Esa es la «justicia social» de este gobierno. Porque mientras la pensión máxima sube casi 90 euros al mes, los jubilados con ingresos más bajos apenas recibirán lo suficiente para un par de cafés al mes.

El colapso que nadie quiere ver

El sistema público de pensiones es una bomba de relojería. Cada vez más caro, cada vez más insostenible, y cada vez más injusto. Pero los políticos prefieren mirar hacia otro lado. Hablar de reformas estructurales, como un sistema de capitalización al estilo australiano, es un tabú. Reconocer que no se puede seguir subiendo las pensiones sin límite sería un suicidio político.

Así que seguimos adelante, parcheando aquí y allá, mintiendo a la población y comprando tiempo. Pero el tiempo se acaba. Cuando el sistema colapse, cuando no haya suficiente dinero para pagar las pensiones, los mismos que hoy aplauden estas subidas serán los primeros en pedir explicaciones.

La realidad incómoda

La única forma de salvar el sistema de pensiones implica aceptar que el modelo actual está roto. No hay parches que valgan. Lo que necesitamos es una transformación completa, y esa transformación será dolorosa y lenta, porque requiere cambiar no solo el sistema, sino también la mentalidad de toda una sociedad.

Primero, hay que reconocer que no se puede mantener un sistema basado en la redistribución intergeneracional cuando las pirámides poblacionales están invertidas. Esto significa avanzar hacia un modelo mixto que combine un sistema de capitalización individual —donde cada trabajador ahorre para su jubilación— con una red de apoyo mínima para los más vulnerables, financiada por impuestos generales.

Segundo, debemos aceptar que cualquier transición será cara y larga. Habrá que encontrar mecanismos para mantener las pensiones actuales mientras se construye el nuevo modelo. Esto implicará sacrificios: congelar las pensiones más altas, reducir ciertos beneficios y destinar parte de los impuestos actuales exclusivamente a financiar la transición.

Tercero, será necesario un cambio cultural. La sociedad española está acostumbrada a pensar en las pensiones como un derecho incuestionable, cuando en realidad es una promesa que depende de los ingresos del sistema. Necesitamos enseñar a las nuevas generaciones que su futuro no puede depender de la deuda o de esperar que otros carguen con su jubilación.

Por último, esto exige un consenso político que hoy parece imposible. Reformar las pensiones requiere un pacto de Estado que mire 20 o 30 años hacia adelante, algo que trascienda siglas y ciclos electorales. Y ese consenso solo será posible si hay un liderazgo dispuesto a decir la verdad, aunque duela, y a tomar decisiones que no se verán recompensadas en votos.

Lamentablemente, con la clase política actual, apostar por un pensamiento a largo plazo parece más ciencia ficción que economía. Y así, seguimos al borde del precipicio, mirando hacia abajo, mientras nos repetimos la gran mentira de que «todo está bajo control».

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La ley otorga al gobierno venezolano la facultad de confiscar los bienes de aquellas personas que se considere que están trabajando en colaboración con actores internacionales para perjudicar al país.
The post Nueva ley en Venezuela castiga a los ciudadanos que respalden las sanciones internacionales first appeared on Hércules.  La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar establece diversas sanciones a los ciudadanos venezolanos que apoyen las sanciones impuestas por países extranjeros contra el gobierno. De acuerdo con lo expuesto en la ley, quienes se alíen con gobiernos que aplican estas sanciones podrían enfrentar inhabilitaciones políticas, lo que les impediría participar en cualquier proceso electoral o cargo público. Además, la ley otorga al gobierno venezolano la facultad de confiscar los bienes de aquellas personas que se considere que están trabajando en colaboración con actores internacionales para perjudicar al país.

Este punto ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, quienes consideran que la ley vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la asociación política. Estos detractores argumentan que la legislación podría ser utilizada como una herramienta para silenciar a la disidencia y reprimir a quienes se oponen al gobierno de Maduro.

La promulgación de esta ley ocurre en un contexto geopolítico tenso, marcado por la constante confrontación entre Venezuela y Estados Unidos, así como otros países occidentales. Recientemente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la denominada Ley Bolívar, busca prohibir cualquier tipo de relación comercial entre el gobierno estadounidense y Venezuela.

Este tipo de legislaciones, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, reflejan la polarización y las diferencias ideológicas que marcan las relaciones internacionales en torno a Venezuela. Mientras que el gobierno de Maduro considera que estas sanciones extranjeras son un ataque directo a la soberanía y estabilidad del país, los críticos aseguran que el régimen de Maduro ha usado las sanciones como excusa para justificar la represión política y la crisis económica interna.

La ley y sus implicaciones

Aunque la ley ha sido promulgada, es probable que enfrente desafíos tanto dentro del país como a nivel internacional. En Venezuela, la oposición podría impugnarla en los tribunales, alegando que infringe derechos constitucionales y humanos. A nivel internacional, la comunidad global, especialmente aquellos gobiernos que han aplicado sanciones contra Venezuela, podría interpretar esta legislación como un paso hacia un mayor autoritarismo en el país, lo que podría resultar en un aislamiento aún mayor.

Sin embargo, el gobierno de Maduro sostiene que la ley es una medida necesaria para proteger la independencia de Venezuela frente a las presiones externas. En un país donde la situación política, económica y social sigue siendo muy compleja, la implementación de esta normativa podría ser vista como un acto de reafirmación del poder por parte del régimen, mientras que para muchos, representa un nuevo obstáculo para la construcción de un espacio democrático y plural.

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Según la Memoria Económica que acompaña las cuentas anuales de 2023, el PSOE ha recibido solo 284.854 euros en donaciones en el último ejercicio
The post Las donaciones al PSOE caen a la mitad desde que Pedro Sánchez lidera el partido first appeared on Hércules.  Desde que Pedro Sánchez asumió la secretaría general del PSOE en 2017, las donaciones privadas al partido han experimentado una drástica caída. Según la Memoria Económica que acompaña las cuentas anuales de 2023, el PSOE ha recibido solo 284.854 euros en donaciones en el último ejercicio, una cifra que representa menos de la mitad de lo que ingresó en 2017, cuando las aportaciones alcanzaron los 560.913 euros. Este descenso en los ingresos privados, que tradicionalmente han sido una fuente importante de financiación, pone de manifiesto una disminución en la confianza de los ciudadanos hacia la formación socialista.

En comparación con años anteriores, los registros de donaciones al PSOE se muestran en una tendencia preocupante. En 2018, primer año de Sánchez en La Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy, las donaciones cayeron un 72%, reduciéndose a solo 158.879 euros. Aunque en 2020, durante la pandemia y la coalición de gobierno con Podemos, se produjo una recuperación notable hasta los 837.506 euros, en 2021 las donaciones volvieron a desplomarse un 76%, con apenas 197.829 euros, para alcanzar los 220.000 en 2022.

Lo que parece claro es que, a pesar de la presencia del PSOE en el Gobierno Central, la financiación privada no ha seguido el mismo ritmo de crecimiento. Los ingresos por donaciones se han convertido en una fracción mínima de los recursos del partido, representando solo el 0,3% de los ingresos anuales provenientes de la actividad ordinaria del PSOE, que ascendieron a 85,7 millones de euros en 2023. De hecho, el partido obtiene casi diez veces más ingresos de la venta de lotería, con una recaudación de 2,6 millones de euros, o de los arrendamientos de inmuebles (511.464 euros).

Las donaciones a los partidos políticos han sido siempre un tema polémico. Años atrás, se cuestionó su legalidad y transparencia, especialmente por la participación de empresas con contratos públicos en el proceso de financiación. La aprobación de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos en 2015 fue un intento por regular este ámbito y aumentar la claridad en la financiación. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha señalado de forma reiterada las dificultades para fiscalizar los ingresos de los partidos, debido a la falta de transparencia y los incumplimientos en las obligaciones legales.

Entre las principales críticas se encuentran los errores en los registros contables, la falta de identificación de algunos donantes, y la existencia de aportaciones irregulares, incluidas donaciones de personas jurídicas o finalistas. Aunque la Ley establece que las donaciones deben realizarse en cuentas específicas y se limita a 50.000 euros por persona física, el control efectivo sigue siendo un reto. Incluso el Tribunal de Cuentas ha solicitado cambios para mejorar la identificación de los donantes y evitar que los fondos provengan de contratistas del sector público.

Dependencia de las subvenciones públicas

Una de las razones por las cuales las donaciones privadas al PSOE han caído tan drásticamente es la mayor dependencia del partido de las subvenciones públicas, cuyo límite ya parece haber tocado techo. La ley de financiación ha reducido el alcance de las fuentes de ingresos privados, y aunque las donaciones a personas físicas siguen siendo posibles, el descenso de la afiliación y de los altos cargos que aportan parte de sus salarios al partido ha hecho mella en las arcas socialistas.

A pesar de esta pérdida de ingresos por donaciones, algunos territorios siguen destacando en sus contribuciones al partido. La Comunidad Valenciana, que en las últimas elecciones autonómicas perdió el gobierno ante el PP, fue la región que más donó al PSOE en 2023, con una aportación cercana a los 112.000 euros. Este monto representa casi el 40% de las donaciones totales del partido, frente a los 33.400 euros que aportó en 2022. Le siguen otras regiones como el País Vasco y Madrid, pero el panorama es claro , las donaciones en territorios donde el PSOE ha perdido poder político han crecido, mientras que en aquellos donde mantiene el gobierno, las contribuciones han caído.

El descenso en las donaciones al PSOE no es solo una cuestión financiera, sino también política. A medida que el partido ha perdido peso en muchas administraciones locales y autonómicas, también lo ha hecho su capacidad para recaudar fondos a través de estos medios. En cambio, el PSOE sigue dependiendo en gran medida de las subvenciones públicas y otros recursos como el arrendamiento de propiedades y la venta de lotería.

Este declive en las donaciones se enmarca en un contexto más amplio de escepticismo hacia la política tradicional y sus formas de financiación. La falta de transparencia y la presencia de irregularidades en los informes de donaciones alimentan el debate sobre la necesidad de una reforma profunda en las leyes que rigen la financiación de los partidos. A pesar de los esfuerzos por aumentar la claridad y reducir la influencia de intereses privados, los partidos siguen encontrando formas de eludir los controles establecidos, lo que perpetúa la desconfianza en el sistema.

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El informe presentado al Tribunal Supremo tiene como objetivo que la Justicia investigue las «potenciales negligencias» que se produjeron en la gestión de la DANA
The post Hazte Oír lleva al Tribunal Supremo la mala gestión del Gobierno frente a la DANA first appeared on Hércules.  Hazte Oír ha dado un nuevo paso al presentar una querella ante el Tribunal Supremo, en la que acusa al presidente del Gobierno, y a dos de sus ministros, Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa), de graves delitos como homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación. La denuncia está relacionada con la gestión que llevaron a cabo en la respuesta a la DANA , que asoló varias comunidades españolas, incluyendo la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, causando más de 200 muertos y dejando a muchos desaparecidos.

El informe que respalda la querella es un exhaustivo análisis técnico de 20 páginas, realizado por el exmilitar Rubén Pulido, que establece una comparativa entre la gestión de la DANA de 2023 y la respuesta a la tragedia del terremoto de Lorca en 2011, con especial énfasis en el operativo desplegado por la Unidad Militar de Emergencias . Pulido no solo compara los detalles de la intervención militar, sino también la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, así como la efectividad de la comunicación con la población.

Las conclusiones del informe son contundentes. En 2011, tras el terremoto de Lorca, la respuesta del Gobierno fue más ágil y eficiente. Según Pulido, la coordinación fue «fluida» y el uso de tecnología avanzada para las labores de rescate y ayuda humanitaria permitió una respuesta más rápida. Por el contrario, la gestión de la DANA de 2023 estuvo marcada por «fallos significativos» en la interacción entre las autoridades centrales y las autonómicas, lo que habría causado demoras cruciales que, según Hazte Oír, pudieron haber aumentado el número de víctimas.

El informe pone de relieve, además, que el 29 de noviembre de 2023, día en que la DANA alcanzó su máximo impacto, se produjeron «problemas con la transmisión de información vital» a la ciudadanía. Esta deficiencia en la comunicación y el retraso en la respuesta institucional fueron, para la organización, factores determinantes en el elevado número de muertos y en la destrucción material de infraestructuras esenciales.

Hazte Oír denuncia que, mientras en 2011 la utilización de recursos tecnológicos avanzados permitió una actuación eficaz, en 2023 la falta de coordinación y la lenta reacción por parte de los responsables políticos contribuyeron a la magnitud de la tragedia. Para la organización, esta situación revela una «negligencia» por parte de los responsables, y subraya que la politización de emergencias puede resultar «perjudicial» y necesita ser evitada a toda costa.

El informe presentado al Tribunal Supremo tiene como objetivo que la Justicia investigue las «potenciales negligencias» que se produjeron en la gestión de la DANA, con la esperanza de que se determinen las responsabilidades por la tragedia ocurrida. La querella se centra en la idea de que el número de muertos y la destrucción material habrían podido minimizarse si la respuesta del Gobierno y las autoridades involucradas hubiera sido más eficaz.

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