Categoría: INTERNACIONAL

La portavoz del Consell insistió anteriormente en varias declaraciones que Mazón habló el día de la DANA con varios alcaldes, sin especificar quiénes
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Imagen: Susana Camarero, portavoz del Consell. EP

El pasado viernes, la portavoz del Consell Susana Camarero ha reconocido que no fue el president Carlos Mazón el que llamó a los alcaldes de las localidades afectadas durante las primeras horas de la DANA que arrasó varias comarcas valencianas el pasado 29 de octubre. Según ha dicho Camarero, fue la propia Generalitat -en genérico- la que contactó con estos alcaldes.

Se trata de la enésima contradicción del gobierno de Mazón en relación con su gestión de la DANA. A comienzos de la semana pasada, hasta en dos ocasiones, en sus comparecencias, la portavoz del gobierno valenciano no quiso responder a la pregunta sobre con qué alcaldes había hablado el presient Mazón aquel 29 de octubre. Simplemente se limitó a insistir en que el ‘popular’ habló ese día con varios alcaldes, sin especificar quiénes, e hizo referencia únicamente a la conversación con el alcalde de Cullera.

Más tarde, Cadena Ser destapó que, en realidad, Mazón no habló con los alcaldes de la zona, sino que lo hizo solo con uno. Aún así, Camarero sigue sin aclarar con quién habló por teléfono esa tarde. Eso sí, ha replicado que todos estaban informados, pero a través de la Generalitat.

Los alcaldes dicen que no recibieron ninguna llamada de Mazón

De una veintena de alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la DANA -tanto del PP como del PSPV-, solo una de ellos confirma que habló con Mazón. De esos veinte, hasta quince aseguran no haber hablado con el jefe del Consell. El único otro alcalde -aparte de estos veinte- que ha dicho que sí habló con el president es el de Cullera aunque, según su versión, no lo hicieron sobre la DANA.

Entre los populares que no hablaron con el president, se encuentra el de Sot de Chera, Tomás Cervera; el de Algemesí, Jose Javier Sanchis; la de Carlet, Laura Saez o la de Xirivella, Paqui Bartual.  Tampoco habló con Mazón la entonces alcaldesa de Requena Rocío Cortés, que además es la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ni la alcaldesa de Chiva Amparo Fort. Muchos de ellos, eso sí, señalan que hablaron o con la vicepresidenta Camarero o con la responsable de Emergencias Salomé Pradas.

Otros alcaldes del PP dicen que no recuerdan si hablaron o no con el president. Solo la de Torrent, del PP, Amparo Folgado, ha dicho que sí habló, pero no ha querido dar más detalles sobre el contenido ni la hora de la conversación.

El president de la Generalitat tampoco habló con los alcaldes socialistas de Sedaví, Jose francisco Cabanes; de Riba-Roja, Robert Raga; de Picanya, Josep Almenar; la de Paiporta, Maribel Albalat; el de Aldaia, Guillermo Luján; el de Manises, Javier Mansilla; la de Quart de Poblet, Cristina Mora; el de Alaquàs, Toni Saura o la de Catarroja, Lorena Silvent.

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El Ejecutivo del laborista ha despertado la apatía de los británicos, desatando malestar entre pensionista, empresarios y agricultores
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Imagen: EFE

Keir Starmer y su ministra de Economía, Rachel Reeves, han iniciado su mandato en Downing Street enfrentándose a sectores clave de la sociedad británica: pensionistas, pequeños empresarios y agricultores. Esta controversia ha cristalizado en protestas como la reciente manifestación rural en Londres, donde miles mostraron su rechazo con pancartas y camisetas que los enfrentaban directamente al Gobierno laborista.

La polémica se alimenta de decisiones como la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social y el incremento del salario mínimo profesional, medidas que, según empresarios como el portugués Sergio Dionisio, están elevando los costes operativos de las pequeñas empresas.

El mayor aumento de impuestos en una década

El presupuesto presentado el 30 de octubre por Reeves incluyó un alza fiscal de 50.000 millones de euros, el mayor en diez años, con el objetivo de revitalizar un país afectado por años de gobiernos conservadores. Sin embargo, el plan no ha convencido ni a expertos ni a empresarios.

Will Dunn, analista de The New Statesman, advierte que “tocar las leyes fiscales puede provocar revueltas populares”. A esto se suma la inflación, que en octubre volvió a subir al 2,3%, y un crecimiento económico del 0,1% en el tercer trimestre del año, cifras que alimentan la percepción de que el Gobierno no está logrando generar confianza ni resultados tangibles.

Un relato difícil de explicar

El problema, para muchos, no son solo las medidas, sino cómo se han comunicado. La eliminación de subvenciones universales para cubrir costes energéticos, la recuperación del Impuesto de Sucesiones para grandes explotaciones agrícolas y la subida de cotizaciones sociales han sido interpretadas como ataques a sectores vulnerables, pese a que algunas decisiones buscaban beneficiar a los más necesitados o corregir políticas anteriores.

“Hay un fuerte sentimiento de que se están imponiendo medidas sin colaboración ni coordinación con las partes afectadas”, afirmó Rain Newton Smith, directora de la patronal británica CBI. Esta desconexión ha dejado a Starmer expuesto al ataque de la oposición, que ha aprovechado para capitalizar el descontento.

Una oposición revitalizada

La nueva líder conservadora, Kemi Badenoch, no ha tardado en posicionarse como defensora del campo y de los pequeños empresarios. Prometió derogar el “cruel impuesto a las granjas familiares” y participó en la manifestación rural junto a otras figuras de la oposición, como Ed Davey, líder de los liberales-demócratas. La protesta, que congregó a 18.000 personas, se convirtió en una demostración de fuerza del mundo rural. Aunque figuras como Nigel Farage también asistieron, los organizadores evitaron que tomara protagonismo para no revivir las divisiones del Brexit, una cuestión especialmente delicada para los agricultores.

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Joe Biden considera la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu una “decisión escandalosa”, una postura que se espere que mantenga también Donald Trump
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Imagen: Joe Biden recibe a Benjamin Netanyahu en el Despacho Oval, el pasado 25 de julio. Andrew Harnik

La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant no ha convencido a todos los países. Los principales aliados de Israel no van a hacer caso al tribunal e incluso hay varios países que han ratificado su jurisdicción y que no van a cumplir con ese compromiso. Todo ello, pese a que el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior Josep Borrell asegurase que la orden de arresto es “vinculante” y, por tanto, los Estados miembros de la UE deben garantizar su aplicación.

I take note of the decision of the @IntlCrimCourt to issue arrest warrants for Israel PM Netanyahu, former Minister Gallant, and Hamas leader Deif.

These decisions are binding on all States party to the Rome Statute, which includes all EU Member States.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 21, 2024

El principal aliado de Israel, Estados Unidos, que no reconoce a la CPI, ha descartado desde el primer minuto que se plantee la detención de Netanyahu si viaja a ese país. De hecho, para Joe Biden, es una decisión “escandalosa” y en este punto se espera que Donald Trump mantenga la misma postura.

Alemania sugiere que no arrestará a Netanyahu

El portavoz principal del Ejecutivo alemán Steffen Hebestreit ha señalado que “le cuesta imaginar” que en Alemania se ejecute esta orden de detención sobre Netanyahu, pese a que Alemania es parte del tratado y estaría obligado a cumplir con la orden. En un comunicado deliberadamente antiguo, Hebestreit decía que Alemania “toma nota” de la decisión de la CPI, pero recordaba que su país “participó en la redacción del estatuto del tribunal y es uno de sus principales apoyos”. “Al mismo tiempo, es una consecuencia de la historia de Alemania que tenemos relaciones únicas y gran responsabilidad con Israel”, ha apuntado.

Francia y Reino Unido no se mojan; otros países sí

Francia, por su parte, se ha remitido a admitir que necesita más tiempo para ver cómo actuar y Reino Unido habla de “respeto” a la decisión del tribunal, pero sin aclarar si Netanyahu sería arrestado si viajara a Londres.

Los 27 países países de la Unión Europea asumen la jurisdicción de la CPI, pero este caso ha demostrado que no existe una posición común para cumplir con los compromisos firmados. Por una parte, hay un grupo de países que sí van a acatar la decisión del tribunal. Es el caso de España, que ya ha asegurado que cumplirá con la orden de detención. Una posición que va en la línea del Alto Representante europeo, quien ha recordado que la decisión es vinculante.

Países Bajos ha confirmado que llevaría a cabo ese arresto y de hecho el ministro de Exteriores neerlandés ha suspendido un viaje que tenía previsto hacer a Israel el lunes. También Irlanda asume la decisión de la Corte.

Por el contrario, hay países que, a pesar de reconocer a la Corte, no van a cumplir con su orden. El caso más claro es el de Hungría, cuyo primer ministro Viktor Orbán ha llegado a decir este viernes en la radio nacional de su país que no sólo no va a hacer caso, sino que «en este mismo momento invito al primer ministro de Israel a que visite Hungría».

Orban sent Netanyahu a letter of support and invited him to visit Hungary after the ICC issued a warrant for Netanyahu’s arrest yesterday pic.twitter.com/RD4CXYdiXt

— Lahav Harkov (@LahavHarkov) November 22, 2024

Argumentos parecidos ha dado el vicepresidente italiano Matteo Salvini, quien confirma que Netanyahu «será bienvenido si viene porque los criminales de guerra son otros». En la misma línea se ha expresado el gobierno de Austria. Y fuera de la Unión Europea destaca el respaldo mostrado por el argentino Javier Milei, país que también reconoce a la CPI.

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La operación de la Policía Nacional, que ha contado con la colaboración de Marruecos, ha dejado siete detenidos relacionados con el terrorismo islamista
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Imagen: EFE

Una operación de la Policía Nacional en colaboración con Marruecos ha dejado siete detenidos, cuatro de ellos en Ceuta, por delitos relacionados con el terrorismo islamista, según han informado fuentes de la investigación. La operación desarrollada por la Comisaría General de Información deja otro detenido en Madrid y uno más en Ibiza. Además, en Marruecos ha sido arrestada una séptima persona en el marco de estas diligencias.

Se trata de una investigación que continúa abierta y cuyas diligencias se están desarrollando en varias provincias españolas y en Marruecos, y que dirige la Audiencia Nacional.

La Policía Nacional ha detenido a otro yihadista en Melilla

En paralelo a esta operación, la Policía Nacional ha informado del ingreso en prisión de otro detenido la semana pasada, en esta ocasión en Melilla, por adoctrinar a su entorno cercano en los postulados del Estado Islámico. El detenido se había convertido en una amenaza para la seguridad, según los investigadores.

Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, siguiendo instrucciones de la Audiencia Nacional, los agentes han procedido a la detención del individuo cuyos datos no han trascendido. Este individuo ha sido arrestado «por su vinculación al terrorismo yihadista». Además, la citada fuente ha detallado que «se han realizado registros en dos viviendas como parte de la operación».

La actuación ha sido descrita como un esfuerzo coordinado entre las fuerzas de seguridad radicadas en Madrid y las destinadas en Melilla. Los agentes han trabajado juntos para llevar a cabo esta acción.

La última intervención antiterrorista en la ciudad española se produjo el pasado 22 de octubre cuando agentes de la Policía Nacional de Madrid con apoyo de sus compañeros de Melilla detuvieron a dos yihadistas en puntos distintos de la ciudad, uno de ellos menor. En aquella ocasión, la Comisaría General de Información junto a la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Melilla realizaron tres registros.

Creciente preocupación por el yihadismo en España

La detención se produce en un contexto de creciente preocupación por el terrorismo yihadista en España y sus territorios. El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en su Balance del terrorismo en España 2023, reveló que el 23% de los 78 detenidos participaban en propaganda o exaltación del yihadismo. Otros estaban involucrados en la financiación de grupos yihadistas, el reclutamiento y la preparación de atentados, esta última actividad representando un 23% de los arrestos.

Asimismo, en ese Balance se reflejó un dato enormemente preocupante, y es que el 40% de los detenidos por estos delitos eran de nacionalidad española, superando por primera vez a otras nacionalidades, como los marroquíes. Cataluña, Madrid, Andalucía y Melilla fueron las regiones con más arrestos.

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Este fondo especial para catástrofes está regulado por la ley para sufragar gastos extraordinarios debido a desastres naturales y sanitarios
The post El Gobierno gastó 92 millones para subvencionar partidos políticos del fondo de catástrofes  first appeared on Hércules.  El Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado 92 millones de euros procedentes del Fondo de Contingencia, el cual sirve para hacer frente a situaciones catastróficas y desastres. El Ejecutivo habría usado este dinero para subvencionar a partidos políticos.

Una información que consta en un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros hace cuatro meses, el 30 de julio pasado. Así mismo, se ha conocido que de ese mismo fondo se ha retirado 800 millones para costear “misiones de paz” del Ejército español en el extranjero. De esta partida también se ha retirado el pago ordinario de pensiones.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, decidió no reunir de urgencia al Consejo de Ministros para movilizar una parte de este fondo, después de la riada sucedida en Valencia.

Este fondo especial para catástrofes está regulado por la ley para sufragar gastos extraordinarios debido a desastres naturales, sanitarios y situaciones de extrema emergencia. Los cuales requieren, además, gastaos militares para la defensa del territorio nacional. Unos fondos que están contemplados de manera obligatoria en los Presupuestos Generales. Dicha ley, establece que para pagar gastos con cargo al Fondo de Contingencia se requiere acuerdo del Consejo de Ministros, previa propuesta de trámite cursada por el Ministerio de Hacienda.

El Ejecutivo habría gastado el dinero de este fondo en cuestiones ajenas a las catástrofes

Según OKdiario, en las cuentas del Estado para el presente 2024 figuraron inicialmente 3.113 millones de euros como dotación de este Fondo de Contingencia. Sin embargo, cuando toca hacer frente a la histórica inundación que ha devastado Valencia, en la caja queda mucho menos de la mitad, 1.634 millones.

Unas cifras que constan en la última contabilidad oficial disponible, la cual fue el pasado 30 de septiembre. Hasta la fecha, el Ejecutivo ha ido sacando dinero de este fondo para utilizarlo en cuestiones ajenas a las catástrofes. El destino de ese dinero figura 92 millones de euros que, el 30 de julio, el Consejo de Ministros decidió sacar del Fondo de Contingencia para repartir entre los partidos políticos en forma de subvenciones directas.

No consta que ningún partido político que se ha beneficiado del reparto de estos 92 millones haya criticado que el Consejo de Ministros sacara ese dinero del fondo reservado para afrontar situaciones catastróficas o de emergencia nacional. El Consejo de Ministros sacó 444,82 millones de euros del Fondo de Contingencia para “atender tanto las prestaciones no contributivas por invalidez y jubilación como la prestación económica no contributiva para la protección familiar de la Seguridad Social y sus gastos de gestión”.

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El jefe de la diplomacia de la Unión Europea ha criticado la desigualdad entre Rusia e Israel: “si va contra Putin, me gusta; si va contra Netanyahu, no”
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Imagen: Europa Press

A solo una semana de finalizar su mandato como Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell se encuentra de nuevo en Oriente Próximo. Aunque en septiembre había cerrado lo que creía sería su última gira por la región, los acontecimientos recientes lo han obligado a regresar al Líbano. “No contaba con volver, pero lo he creído imprescindible porque he invertido mucho en este conflicto y Líbano es un país que puede desmoronarse”, explicó en Beirut tras reunirse con el primer ministro Nayib Mikati y el presidente del Parlamento, Nabih Berri.

Escalada en Oriente Próximo

Los once meses de guerra de baja intensidad entre Israel y Hizbulá se han transformado en un conflicto abierto. En apenas unas horas, Israel mató a más de 550 personas en el Líbano, la peor masacre desde el fin de la guerra civil en 1990, y comenzó a eliminar sistemáticamente a líderes del partido-milicia chií, incluido Hasan Nasralá. Mientras tanto, en Gaza, los desplazamientos masivos y el hambre se han convertido en armas de guerra.

“La soberanía del pueblo libanés debe estar en manos de su gente, no de poderes internos ni de influencias externas”, subrayó Borrell, apuntando indirectamente a Hizbulá e Irán. Al mismo tiempo, lamentó la falta de avances hacia un alto el fuego, que considera poco probable bajo las actuales circunstancias.

División en la UE por la acción del TPI

La reciente orden del Tribunal Penal Internacional (TPI) para arrestar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a su exministro de Defensa, Yoav Gallant, ha marcado la agenda internacional. Ambos son acusados de crímenes de guerra en Gaza. Sin embargo, la respuesta de los países europeos ha sido dispar.

Mientras España, Irlanda, Bélgica, Austria y Eslovenia han indicado que cumplirían con la orden de arresto si Netanyahu pisara su territorio, otras naciones, como Alemania y Hungría, han adoptado posturas más ambiguas. “Europa no puede apoyar al TPI a la carta. Si decimos que respetamos el derecho internacional, debemos hacerlo siempre, no solo cuando nos conviene”, advirtió Borrell, criticando el “estruendoso silencio” de la Comisión Europea al respecto.

Críticas a la política israelí

Borrell no ha ocultado sus discrepancias con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en torno a Oriente Próximo. Reconoce un “claro desacuerdo” con la línea adoptada por la Comisión y expresa frustración por no haber logrado evitar la tragedia humanitaria en Gaza.

“El terrorismo de Hamás debe ser condenado, pero un horror no justifica otro”, sostuvo, aludiendo a las acciones del gobierno israelí. Además, rechazó las acusaciones de antisemitismo que ha recibido de dirigentes israelíes, calificándolas como un intento de desviar críticas legítimas hacia las políticas de su gobierno. “La palabra antisemita no debe ser usada a la ligera; banalizarla es un error grave”.

Un legado entre luces y sombras

Con el final de su mandato a la vista, Borrell deja Oriente Próximo en un momento de alta tensión. Pese a sus esfuerzos por mediar en la región, reconoce con amargura que Europa ha estado “prisionera de sus fantasmas del pasado” y no ha sido capaz de limitar las acciones de Israel.

Sin embargo, su determinación de defender el multilateralismo y el respeto al derecho internacional se mantiene firme. “El futuro del TPI depende de que Europa apoye sus decisiones. Sin ese respaldo, el tribunal no será viable”, concluyó.

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La resolución judicial recuerda que el derecho de rectificación no es una herramienta para “castigar” al medio informativo
The post Ana Rosa Quintana gana el juicio contra Pablo Iglesias  first appeared on Hércules.   La Audiencia de Madrid ha confirmado la sentencia que denegó al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. Por la cual denegaba el derecho de rectificación en relación a unos comentarios hechos por la periodista Ana Rosa Quintana.

Unos comentarios relacionados con la campaña electoral madrileña el pasado 2021, sobre las decisiones llevadas a cabo por Pablo Iglesias sobre su responsabilidad en cuanto a la gestión de las residencias de ancianos, al comienzo de la pandemia del Covid.

Dicha resolución señala que los comentarios de Ana Rosa Quintana era mera opinión y que no es algo susceptible de rectificación. El tribunal ha señalado que hay “base fáctica”, para sostener que el líder de la formación morada se colocó, tras una rueda de prensa, al frente de la crisis en los geriátricos.

Este caso tuvo lugar el pasado abril de 2021, cuando Ana Rosa Quintana comentó en su programa que: “El líder de Podemos echó en cara los muertos en las residencias a Isabel Díaz Ayuso cuando era él responsable de los geriátricos”. Este comentario provocó que al día siguiente hubiera un intenso debate entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La sentencia destaca que el comentario de Ana Rosa Quintana debe entenderse en su contexto: “No se trata de una información o noticia sobre las competencias de las instituciones durante la pandemia, ni prima el aspecto informativo sobre el valorativo”.

Pablo Iglesias condenado a pagar las costas del juicio contra Ana Rosa Quintana

La Audiencia madrileña confirma el fallo inicial del Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid a favor de la célebre presentadora y periodista.

El Tribunal señala que la rectificación pedida por Pablo Iglesias era “desproporcionada en extensión”. Así mismo, señala que introducía una serie de elementos nuevos que no estaban relacionados con el comentaros original. Según la sentencia, el texto propuesto para la rectificación “excedía del contenido del derecho de rectificación” y no guardaba “la debida proporcionalidad con la afirmación cuya rectificación se pretende”.

Según OKdiario, resolución judicial recuerda que el derecho de rectificación no es una herramienta para “castigar” al medio informativo ni para imponer una versión como verdadera, sino que su finalidad es permitir que el afectado pueda ofrecer su propia versión de los hechos cuando estos sean inexactos.

Así, la sentencia ha condenado a Iglesias al pago de las costas del recurso de apelación, mientras que mantiene sin efecto la impugnación realizada por Mediaset España Comunicación SA.

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El próximo 6 de diciembre, la banda valenciana regresa a Madrid para celebrar su segundo concierto en el Wizink Center con todas las entradas, de nuevo, agotadas
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Imagen: La Raíz en el Wizink justo al acabar su primer conciertos en el auditorio madrileño. / Javier Bragado

Las entradas se agotaron en tan solo 20 minutos cuando salieron a la venta, una muestra de las ganas que tenían los fans de volver a ver al grupo valenciano La Raíz, que volvió a subirse a los escenarios seis años después de dejarlo. La banda llenó el Wizink Center de Madrid el pasado sábado. Desde las 16:00 horas había colas para situarse en la mejor perspectiva para ver al grupo que en 2018 se despidió en La Marina de Valencia frente a 20.000 personas.

A las 21:00 horas, empezaron a sonar los primeros acordes de ‘A la sombra de la sierra’, una de tantas emblemáticas canciones de la banda con la que comenzaba el primer concierto después de seis años delante de más de 17.000 personas. Un abarrotado Wizink recibía a los valencianos, que repasaron toda su trayectoria musical durante casi dos horas de concierto ante un público entregado y llegado desde distintos puntos del país, Europa y Latinoamérica.

Al show musical le acompañó un espectáculo visual y de luces en el que se mostraron momentos destacados como la interpretación de ‘Tiempo’, con una emotiva proyección visual, la actuación de Pablo Sánchez y su hermano Toni Panxo (cantante de Zoo) interpretando ‘Suya mi guerra’ (canción escrita por su padre) o la colaboración de Rozalén.

Pablo, el cantante de La Raíz, hizo una “parada temporal” este agosto mientras Zoo lanzó un comunicado de su despedida este propio enero y cerró el festival Pirata este verano frente a 30.000 personas. Y hasta Madrid ha llegado el grupo de Gandía que, con quince años, ensayaba su música en las cocheras. Ahora, han reventado el Wizink con una sincera mención a su tierra, Valencia, después de que la DANA dejase en esta provincia, por el momento 220 muertos. A ello se ha sumado una reivindicación a gritos de “Mazón dimisión” que ha coreado todo el público asistente.

No descartan volver a Gandía

Habrá más conciertos y “puede que alguno sea en Gandía”, afirmaba el cantante Pablo Sánchez en Hoy por Hoy Gandía. Sánchez ha explicado que durante estos seis de inactividad como banda, cada uno ha tenido sus proyectos personales, y aunque eso les había llevado a desvincularse en cierto modo, «teníamos memoria muscular, porque llevábamos 15 años tocando juntos». 

 En principio, la vuelta iba a ser para unos pocos conciertos, y se ha terminado convirtiendo en una gira de diez meses, en que pasaran por la Comunidad Valenciana, e incluso puede que también por Gandía. «Volvemos a las raíces, pero más maduros, con más tablas y mejor preparados», ha afirmado el vocalista.

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Panamá, que fue el primer país americano en reconocer a la República Árabe Saharaui, ha decidido suspender sus relaciones diplomáticas con la república africana
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Imagen: José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá-LP

El Gobierno panameño, liderado por José Raúl Mulino, ha anunciado que suspende las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), establecidas en 1978, cuando Panamá, liderado por el teniente coronel Omar Torrijos, se convirtió en el primer país del continente americano en reconocer a la RASD y alojó en 1980 la primera Embajada saharaui en América.

Sin embargo, en 2013, el entonces presidente, Ricardo Martinelli, congeló las relaciones diplomáticas, que fueron restauradas en 2015 con el gabinete de Juan Carlos Varela.

Según el comunicado, el Ministerio de Exteriores de Panamá ha indicado lo siguiente: “La República de Panamá, privilegiando el interés nacional y fiel a los principios fundamentales de su política exterior, reafirma su convicción con los propósitos y valores que orientan el multilateralismo y reitera su voluntad de continuar apoyando los esfuerzos promovidos por el secretario general y la comunidad internacional, en el marco de las Naciones Unidas, con miras a lograr una solución pacífica, justa, duradera y aceptable para las partes involucradas en la cuestión del Sáhara Occidental, incluida la libre determinación de su pueblo”. Asimismo, ha mostrado su “compromiso con el diálogo y la cooperación multilateral, en plena observancia a una política exterior constructiva y orientada a fortalecer la paz y la seguridad internacionales”.

Esta decisión favorece la posición de Marruecos

Este movimiento político beneficia a Marruecos, país que considera el Sáhara Occidental parte de sus provincias del sur y que valora al máximo el asunto de la soberanía de la zona en defensa de su integridad territorial. Marruecos plantea un Plan de Autonomía para el Sáhara Occidental que ha recibido el respaldo de más de 100 países, entre ellos potencias como Estados Unidos, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Alemania o España, que la consideran como la más seria, creíble y realista para solucionar el problema territorial saharaui.

Ante ello, la RASD y el Frente Polisario abogan por la celebración de una consulta electoral entre la población saharaui para decidir sobre su soberanía, algo de difícil materialización por problemas como el de la elaboración de un censo electoral, ya que hay una importante comunidad saharaui alojada en las denominadas provincias del sur marroquíes y otra parte más reducida que se ubica en campamentos de refugiados en la vecina Argelia donde padecen unas difíciles condiciones de vida, como han apuntado diversos analistas.

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