Categoría: INTERNACIONAL

La nueva pasarela automatiza el acceso al IMV tras agotar el subsidio por desempleo, eliminando trámites y garantizando continuidad económica
The post Se activa el acceso automático al Ingreso Mínimo Vital desde el subsidio por desempleo first appeared on Hércules.  Desde hoy, los beneficiarios del subsidio por desempleo que agoten esta prestación podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) de forma automática, siempre que cumplan los requisitos. Este nuevo procedimiento, regulado por el Real Decreto-Ley 2/2024, simplifica los trámites y elimina la necesidad de presentar solicitudes o documentación adicional.

Un sistema automatizado y ágil

El funcionamiento de esta medida permite que, durante el trimestre previo a la finalización del subsidio por desempleo, el SEPE informe a los beneficiarios sobre la posibilidad de tramitar el IMV. Los interesados podrán otorgar su consentimiento y, si lo autorizan, el SEPE enviará los datos necesarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para gestionar la prestación.

Los efectos económicos del IMV comenzarán el primer día del mes siguiente al agotamiento del subsidio, asegurando que no haya interrupciones en los ingresos de los beneficiarios. Si el procedimiento automático no puede aplicarse, los ciudadanos podrán realizar la solicitud en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) o a través del portal digital del INSS.

La ministra Elma Saiz subrayó que esta pasarela supone un avance significativo para garantizar un acceso más justo y eficiente al IMV: «Eliminamos barreras administrativas y aseguramos que las personas en situación de vulnerabilidad reciban ayuda sin trámites engorrosos ni demoras innecesarias.»

Además, el Real Decreto-Ley introduce modificaciones en los requisitos de acceso al IMV. Por ejemplo, las parejas de hecho ya no deben acreditar cinco años de convivencia, sino únicamente presentar un documento público que formalice la unión con al menos dos años de antigüedad. También se ha simplificado el proceso de consentimiento dentro de las unidades de convivencia, facilitando su declaración mediante un solo documento responsable.

El sistema incorpora un nuevo teléfono gratuito (020), disponible a nivel nacional, que permite resolver dudas sobre el IMV, gestionar trámites electrónicos y conocer el estado de expedientes. Desde su implementación, este número ha recibido un volumen significativo de consultas, reflejando la utilidad de este canal directo de información.

Impacto del IMV en cifras

En octubre, el IMV llegó a 648.469 hogares, beneficiando a cerca de dos millones de personas. De estos, el 68,4% corresponden a unidades con menores, y 453.383 hogares también acceden al Complemento de Ayuda a la Infancia. Este complemento aporta una ayuda económica adicional que varía según la edad de los menores, con una media de 127,3 euros mensuales por hogar.

La nueva pasarela entre el subsidio por desempleo y el IMV refuerza el compromiso del Gobierno de garantizar la continuidad en la protección social y combatir la pobreza en los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta medida, junto con las modificaciones en los requisitos y el acceso automatizado, busca prevenir el riesgo de exclusión social y mejorar la calidad de vida de miles de familias en España.

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La reforma será ratificada en enero durante una segunda legislatura, modifica más de un centenar de artículos de la Constitución
The post La Asamblea de Nicaragua aprueba reforma constitucional que refuerza el régimen de Ortega first appeared on Hércules.  

El Parlamento de Nicaragua, dominado por el oficialismo, aprobó este viernes una reforma constitucional que le otorga mayores competencias y extiende su mandato presidencial un año más. La decisión, que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, fue adoptada por unanimidad en la Asamblea Nacional, reflejando el control absoluto del Frente Sandinista de Liberación Nacional sobre las instituciones del país.

La reforma, que será ratificada en enero durante una segunda legislatura, modifica más de un centenar de artículos de la Constitución. Entre los cambios más polémicos, se encuentra la incorporación de la bandera del FSLN como símbolo oficial de Nicaragua y la formalización de la figura de Rosario Murillo, esposa de Ortega, como “copresidenta”. Además, Ortega asume nuevas atribuciones al consolidarse como coordinador de los poderes legislativo y judicial, lo que elimina aún más cualquier vestigio de separación de poderes.

Un país bajo presión

El gobierno de Ortega ha implementado una estrategia sistemática para silenciar a la oposición, que incluye la privación de la nacionalidad a los disidentes, la expulsión de embajadores, y el cierre masivo de ONG, medios de comunicación y organizaciones religiosas. Este panorama ha sido calificado por organismos internacionales como un grave retroceso democrático y una violación sistemática de los derechos humanos. En noviembre de 2026, Nicaragua deberá acudir nuevamente a las urnas. Sin embargo, la persecución y el desmantelamiento de cualquier estructura opositora plantean dudas sobre la legitimidad de esos comicios. Ortega, quien ya lleva más de 16 años consecutivos en el poder, parece estar allanando el camino para perpetuarse como líder indiscutible del país.

La reforma constitucional ha despertado críticas inmediatas en el ámbito internacional. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas han expresado su preocupación por el creciente autoritarismo en Nicaragua. Expertos advierten que este movimiento consolida un régimen dictatorial que viola principios democráticos básicos y profundiza el aislamiento del país en la región.

Por otro lado, el diario ‘La Prensa’, uno de los pocos medios independientes que ha sobrevivido a la represión, destacó el impacto simbólico de incluir la bandera del FSLN como un emblema nacional, calificándolo como una “imposición ideológica” que socava la identidad plural del pueblo nicaragüense.

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Para el portavoz del PP, el Ejecutivo ha logrado «salvar» la reforma engañando a sus aliados
The post El PP desestima la moción de censura para evitar reforzar a Sánchez en el Congreso first appeared on Hércules.  El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha descartado la posibilidad de presentar una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez. Según Tellado, sin una mayoría parlamentaria asegurada, esta acción sería un «error político» que terminaría por reforzar la posición del actual jefe del Ejecutivo.

Durante una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por la agencia EFE, Tellado subrayó que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a liderar una alternativa al Gobierno de Sánchez. Sin embargo, recalcó que corresponde a los socios del PSOE decidir si se sienten «cómodos» respaldando a un Ejecutivo que, según sus palabras, está «cercado por la corrupción».

Las acusaciones de Aldama y el caso Koldo

El epicentro de esta nueva crisis política está en las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, quien aseguró ante la Audiencia Nacional que una fotografía junto al presidente Sánchez, divulgada en los medios, fue tomada a petición del propio mandatario como agradecimiento por gestiones realizadas en México. Estas afirmaciones, enmarcadas dentro del llamado ‘caso Koldo’, han incrementado la presión sobre Sánchez, especialmente con la comisión del Senado investigando el caso. Tellado advirtió que Sánchez no puede seguir negando la existencia de irregularidades. «El caso está siendo investigado por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y varios juzgados. Esto requiere explicaciones inmediatas», señaló. Aunque no dio una fecha exacta para las comparecencias en la comisión, afirmó que el momento para que Sánchez rinda cuentas «se acerca cada vez más».

Respecto al papel de Vox en una posible moción de censura, Tellado comentó que el partido liderado por Santiago Abascal exige elecciones generales como condición para su apoyo. Según el portavoz popular, crece la percepción de que devolver la palabra a los ciudadanos es la única salida viable. «Ojalá haya elecciones generales más pronto que tarde», expresó.

Críticas a la reforma fiscal

Por otro lado, Tellado arremetió contra la reforma fiscal aprobada esta semana por el Gobierno gracias a acuerdos con diversos socios parlamentarios. Para el portavoz del PP, el Ejecutivo ha logrado «salvar» la reforma engañando a sus aliados. «Han pactado cosas contradictorias con diferentes partidos. La pregunta es: ¿a quién ha engañado Sánchez, a unos, a otros o a todos? Porque no tiene intención de cumplir con nada», declaró.

Según Tellado, los recientes episodios en el Congreso reflejan un Gobierno que carece de una «hoja de ruta clara». Acusó a Sánchez de actuar según su conveniencia personal, ejemplificando con las promesas contradictorias sobre el impuesto a las energéticas. «Es capaz de prometerle a unos que no habrá impuesto y, al mismo tiempo, prometerle a otros que sí lo habrá», añadió.

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La Unidad Militar de Emergencias están instalando puentes provisionales que suplen las estructuras dañadas por la riada, devolviendo la conectividad tanto a los vecinos como al tejido industrial
The post El Ejército devuelve la movilidad a Cheste, Ribarroja, Buñol y Picanya con puentes provisionales tras la DANA first appeared on Hércules.  

En respuesta a las consecuencias de la devastadora DANA del pasado 29 de octubre, las localidades valencianas de Cheste, Ribarroja, Buñol y Picanya han comenzado a recuperar sus accesos gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas. Ingenieros, pontoneros y zapadores del Ejército de Tierra y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están instalando puentes provisionales que suplen las estructuras dañadas por la riada, devolviendo la conectividad tanto a los vecinos como al tejido industrial de la zona.

Puentes tipo ‘Mabey’

La solución técnica utilizada para esta misión son los puentes tipo Mabey, estructuras modulares altamente versátiles que pueden alcanzar hasta 81 metros de longitud. Estas infraestructuras, diseñadas para un montaje ágil, permiten ser instaladas en apenas 48 horas, siempre y cuando el terreno esté preparado y los materiales se encuentren en la zona de montaje. Antes de la instalación, los equipos militares llevan a cabo un minucioso reconocimiento del terreno y desarrollan un protocolo detallado para garantizar la seguridad y eficiencia del proceso.

Con equipos compuestos por 30 efectivos que trabajan en turnos de día y noche, la instalación de los puentes avanza rápidamente para reducir al mínimo el impacto de los daños. El objetivo es que estas estructuras permanezcan operativas el tiempo que sea necesario, hasta que las administraciones reparen las infraestructuras originales afectadas por la riada.

El impacto de esta operación va más allá de la conexión física. La instalación de los puentes provisionales supone un alivio inmediato para las comunidades afectadas, devolviendo la movilidad esencial para los vecinos y facilitando la reactivación de la actividad económica en la región. Las industrias locales, muchas de las cuales dependen de un acceso constante para la distribución y recepción de materiales, podrán retomar su actividad tras semanas de incertidumbre.

Esta no es la primera vez que las Fuerzas Armadas emplean los puentes Mabey para responder a emergencias. La UME ya demostró su capacidad en Mestanza (Ciudad Real) en 2009 y en Boquiñeni (Zaragoza) en 2015, mientras que el Ejército de Tierra utilizó esta tecnología en Aldea del Fresno (Madrid) tras la DANA de 2023. Ahora, la experiencia acumulada se aplica en las localidades de Cheste y Buñol, a cargo de la UME, y en Ribarroja y Picanya, donde opera el Ejército de Tierra.

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El Ministerio de Trabajo justifica esta reducción como una necesidad respaldada por el artículo 40.2 de la Constitución española
The post El Ministerio de Trabajo inicia la tramitación del Proyecto de Ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales first appeared on Hércules.  

El Ministerio de Trabajo ha dado el primer paso hacia la implementación de una nueva jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales, que entraría en vigor el 1 de enero de 2025. La consulta pública previa, abierta desde el 23 de noviembre y disponible hasta el 7 de diciembre, busca recabar opiniones de los sectores implicados antes de formalizar el texto normativo. Este proceso, considerado una reafirmación de las metas del Gobierno, forma parte de una estrategia que pretende garantizar derechos laborales y avanzar hacia una mayor equidad social.

Desde 1983, la jornada laboral máxima se fijó en 40 horas semanales, pero el panorama actual evidencia la desigualdad en la distribución de las horas trabajadas. Sectores como la hostelería, comercio, agricultura y servicios, aún se encuentran cerca del límite legal, mientras que otros, como educación, finanzas y energía, han implementado jornadas más reducidas.

El Ministerio de Trabajo justifica esta reducción como una necesidad respaldada por el artículo 40.2 de la Constitución española, que encomienda a los poderes públicos garantizar el descanso necesario y fomentar políticas laborales equitativas. En palabras del Ministerio, la medida no es un «compromiso caprichoso o arbitrario», sino una acción basada en «poderosos argumentos» económicos y sociales.

Componentes de la propuesta

El Proyecto de Ley no solo busca reducir la jornada laboral semanal, sino también regular cuestiones como el registro horario y el derecho a la desconexión digital.

Acceso remoto para la Inspección de Trabajo
La normativa prevé que el registro horario sea accesible de forma remota por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), así como por los trabajadores y sus representantes. Este acceso automático y unificado pretende evitar incumplimientos y garantizar la transparencia en las horas trabajadas, tanto en jornadas completas como parciales o extraordinarias.

Refuerzo del derecho a la desconexión digital
Otro punto central es el fortalecimiento del derecho irrenunciable a la desconexión fuera del horario laboral. Este derecho, en línea con acuerdos europeos, obligará a las empresas a respetar el tiempo de descanso de los trabajadores. Las modalidades de ejercicio se definirán en la negociación colectiva, pero se asegura que la negativa a atender comunicaciones fuera del horario no podrá acarrear represalias.

A pesar de la urgencia con la que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos están gestionando el proceso, el camino hacia la implementación definitiva enfrenta múltiples obstáculos. Antes de su aprobación como Anteproyecto de Ley por el Consejo de Ministros, debe completarse una consulta interministerial con otros departamentos y obtener informes del Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo de Estado.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, aseguró que se extremará la urgencia para agilizar el trámite parlamentario, pero la complejidad del procedimiento podría retrasar su llegada al Congreso de los Diputados hasta el primer trimestre de 2024. A pesar de ello, el Ministerio mantiene la fecha de aplicación del 1 de enero de 2025 como una meta inamovible.

Implicaciones sociales y económicas

El Gobierno espera que la reducción de la jornada laboral no solo fomente un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, sino que también promueva condiciones más igualitarias en sectores históricamente desfavorecidos. Además, se prevé que la medida contribuya a un reparto más equitativo del empleo, a la vez que impulse la productividad en sectores clave de la economía española. Por otro lado, esta propuesta ha generado expectativas tanto en los trabajadores como en los sindicatos. Aunque UGT y CCOO no han dado por cerrado el acuerdo, las negociaciones con el Ministerio avanzan en un clima de colaboración, con un objetivo común: mejorar la calidad de vida laboral en España.

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El Ministerio Público de Venezuela anunció una investigación contra la líder opositora María Corina Machado por presuntos delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir
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El Ministerio Público de Venezuela anunció este viernes, 22 de noviembre, la apertura de una investigación contra la líder opositora María Corina Machado por presuntos delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir. La decisión responde a declaraciones públicas de Machado en apoyo a la denominada Ley Bolívar, un proyecto aprobado recientemente por la Cámara de Representantes de Estados Unidos que busca reforzar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En un comunicado oficial, el Ministerio Público calificó las acciones de la Cámara estadounidense como un «ataque contra el pueblo venezolano» y señaló que las expresiones de apoyo de Machado a este proyecto “constituyen una grave violación al orden legal venezolano”. Según el MP, estas acciones se enmarcarían en los artículos 128 y 132 del Código Penal, así como en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

La polémica Ley Bolívar

El 18 de noviembre, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó la Ley Bolívar (HR 825), un instrumento legislativo diseñado para ampliar las sanciones económicas y políticas contra el régimen de Nicolás Maduro. Entre sus principales medidas se encuentran la congelación de activos y la prohibición de contratos con entidades vinculadas al Estado venezolano. La ley, impulsada con respaldo bipartidista, ahora espera ser sometida a consideración del Senado antes de pasar a la firma del presidente estadounidense. La aprobación de esta legislación ha generado fuertes reacciones en Venezuela. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, propuso un día después la creación de la Ley Especial Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y por la defensa de la República. Este nuevo proyecto buscaría penalizar a aquellos ciudadanos venezolanos que manifiesten apoyo a iniciativas consideradas perjudiciales para los intereses del país, como la mencionada Ley Bolívar.

Las implicaciones para Machado

María Corina Machado, quien encabeza el partido opositor Vente Venezuela y se perfila como una de las principales figuras de la oposición en el país, habría expresado públicamente su respaldo a la Ley Bolívar, lo que, según el MP, la vincularía directamente con la supuesta comisión de delitos. “La extrema derecha, liderada por María Corina Machado y otros, ha manifestado su apoyo a este adefesio jurídico”, señaló el Ministerio Público en su comunicado, argumentando que estas acciones justifican la apertura de la investigación. Machado aún no se ha pronunciado públicamente sobre la investigación en su contra. Sin embargo, su postura crítica frente al gobierno de Maduro y su respaldo a sanciones internacionales han sido constantes en los últimos años, consolidándola como una figura polarizadora dentro de la política venezolana.

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Durante la presentación del organismo, Bolaños defendió que el Ejecutivo de Sánchez «no tolera ningún tipo de corrupción» y afirmó que «quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España»
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El 29 de octubre, el Consejo de Ministros sorprendió con el anuncio de la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo diseñado para luchar contra la corrupción y proteger a quienes denuncian irregularidades. El órgano, aprobado por real decreto, fue presentado como una herramienta autónoma, ajena al control gubernamental. Sin embargo, su estructura y los procedimientos para designar a su liderazgo dejan claro que será el ministro Félix Bolaños, titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien tendrá la última palabra en el nombramiento de su presidente. Además, el nuevo organismo estará adscrito al ministerio de Bolaños «a efectos organizativos y presupuestarios», aunque el decreto insiste en que dicha adscripción no compromete su autonomía.

La presentación de esta Autoridad coincidió con un momento crítico para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que estaba bajo presión debido a las revelaciones del caso conocido como el «Aldamazo». Este escándalo involucra al empresario Víctor de Aldama, quien ha colaborado activamente con la Justicia. Pese a su cooperación, el Gobierno no ha dudado en desacreditar sus testimonios, lo que contrasta con la narrativa de apoyo a los denunciantes que promovió Félix Bolaños durante la creación del organismo.

La Fiscalía, por su parte, ha valorado positivamente la colaboración de Aldama, señalando que ha proporcionado información relevante para esclarecer los hechos investigados. Sin embargo, el trato que ha recibido del Gobierno dista mucho del respaldo que este ofreció en otros casos, como el del exconcejal del PP José Luis Peñas, quien destapó el caso Gürtel en 2009 y recientemente recibió un indulto parcial del Consejo de Ministros.

Este doble rasero refuerza las críticas hacia la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que nace en medio de acusaciones de ser un instrumento político más que un verdadero organismo autónomo para combatir la corrupción.

Un organismo con apariencia de independencia

Aunque en su decreto de creación se proclama que la Autoridad actuará «con plena autonomía e independencia orgánica y funcional», la realidad de su diseño ha despertado escepticismo. El presidente del organismo será nombrado directamente por Bolaños para un mandato de cinco años, aunque con el aval de la Comisión de Nombramiento del Congreso. Además, la Comisión Consultiva de Protección del Informante, que asesorará al presidente, estará formada en su mayoría por representantes de instituciones cuyos responsables han sido designados por el Gobierno.

Entre los miembros de esta comisión se incluyen representantes de organismos clave como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Banco de España, y la Agencia Tributaria, entre otros. También participarán dos juristas designados directamente por el ministerio de Bolaños y un representante de asociaciones de informantes.

La concentración de poder en manos del Ejecutivo ha llevado a comparar este modelo con otros órganos que, aunque formalmente independientes, tienen líderes nombrados por el Gobierno, como el fiscal general del Estado, el gobernador del Banco de España y el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Durante la presentación del organismo, Bolaños defendió que el Ejecutivo de Sánchez «no tolera ningún tipo de corrupción» y afirmó que «quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España». Sin embargo, este mensaje se enfrenta a las contradicciones evidenciadas por el caso Aldama, donde el testimonio del empresario, clave según la Fiscalía, ha sido desacreditado públicamente por el PSOE.

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El misil fue lanzado desde el polígono de pruebas de Kapustin Yar, en la región de Astracán, y cubrió una distancia de entre 800 y 850 kilómetros
The post Oreshnik, el misil que cambia las reglas del conflicto en Ucrania first appeared on Hércules.  El impacto de un misil en la ciudad ucraniana de Dniéper durante la madrugada del 21 de noviembre no solo causó alarma, sino que marcó un momento clave en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aunque inicialmente se desconocía el tipo de proyectil utilizado, el presidente ruso, Vladimir Putin, pronto confirmó que se trataba del Oreshnik, un nuevo misil convencional de alcance intermedio.

Mientras Rusia afirmaba haber utilizado el Oreshnik, Ucrania sugería que podría tratarse de un misil Kedr, aunque las características técnicas no coincidían. La posibilidad de que el proyectil fuera otro tipo de misil, como el balístico intercontinental Rubezh, también quedó descartada, dado que un lanzamiento de esa magnitud habría sido detectado por las agencias de inteligencia internacionales. El Oreshnik, descrito por Putin como un misil con capacidad hipersónica y equipado con una ojiva no nuclear, alcanzó su objetivo viajando a una velocidad de hasta Mach 10, según datos oficiales. Sin embargo, expertos han puesto en duda esta cifra, estimando velocidades más moderadas de alrededor de 3.200 km/h.

Un misil de alcance intermedio con capacidad hipersónica

El ataque en Dniéper mostró las capacidades avanzadas del Oreshnik. Un video del impacto reveló seis clústeres de objetos cayendo al suelo, lo que llevó a los analistas a suponer que el misil portaba submuniciones cinéticas en lugar de explosivos tradicionales. Estas submuniciones, diseñadas para destruir objetivos con energía cinética, representan una amenaza significativa, especialmente cuando se lanzan a velocidades tan altas. El misil fue lanzado desde el polígono de pruebas de Kapustin Yar, en la región de Astracán, y cubrió una distancia de entre 800 y 850 kilómetros. Aunque el rango típico de los misiles de alcance intermedio es de 1.000 a 5.500 kilómetros, este tipo de proyectil parece haber sido diseñado también para ataques a menor distancia.

El desarrollo del Oreshnik y su origen

Todo apunta a que el Oreshnik es obra del Instituto de Tecnología Térmica de Moscú conocido por desarrollar misiles más ligeros y de menor alcance en comparación con el Centro de Cohetes Makeyev, que se especializa en proyectiles de combustible líquido para trayectorias más largas. El MIT ha desarrollado previamente sistemas similares, como el misil RSD-10 Pioneer, activo en la década de 1970, y el RS-26 Rubezh, un misil balístico intercontinental con un rango de entre 2.000 y 6.000 kilómetros. Según expertos, el Oreshnik podría ser una evolución de estos diseños, adaptado a las necesidades actuales del conflicto.

El desarrollo de este tipo de armas se ha acelerado desde que expiró el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019. Este acuerdo, vigente desde 1988, prohibía la producción y despliegue de misiles de alcance medio y corto tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética. La ausencia del INF ha permitido que Rusia desarrolle armas como el Oreshnik, cuya versatilidad y capacidad para portar ojivas hipersónicas o convencionales lo convierten en una herramienta estratégica. Estos misiles son especialmente peligrosos debido a su capacidad de llegar a sus objetivos en cuestión de minutos, complicando las defensas y aumentando el riesgo de una escalada militar.

Según el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, Rusia notificó a Estados Unidos sobre el lanzamiento del Oreshnik 30 minutos antes de su ejecución, un movimiento que parece diseñado para demostrar poder y, al mismo tiempo, evitar una reacción inmediata. El uso de esta arma generó una ola de precauciones en Europa. Varias embajadas occidentales, incluida la de Estados Unidos en Kyiv, cerraron temporalmente ante la posibilidad de nuevos ataques.

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Aldama posee un documento que detalla los nombres de empresas favorecidas en este esquema, algunas de ellas subrayadas como señal de trato privilegiado
The post Aldama posee el listado que destapa el entramado de corrupción por la trama Koldo first appeared on Hércules.  La investigación en torno al llamado caso Koldo, que involucra a Víctor de Aldama como cabecilla de una compleja red de corrupción, sigue desvelando nuevas aristas que vinculan a constructoras y empresas del sector ferroviario con un sistema de pagos ilícitos a cambio de adjudicaciones públicas. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, Aldama posee un documento crucial que detalla los nombres de empresas favorecidas en este esquema, algunas de ellas subrayadas como señal de trato privilegiado, reforzando la sospecha de un sistema sistemático de corrupción en el entorno del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Listado comprometedor

El listado en poder de Aldama incluye constructoras y empresas de material ferroviario que, presuntamente, obtuvieron contratos públicos mediante el pago de comisiones a intermediarios cercanos a Ábalos. Estas adjudicaciones, según la investigación, habrían sido facilitadas por Koldo García Izaguirre, entonces asesor del ministro, quien utilizaba su posición para proporcionar información confidencial sobre concursos públicos. Aldama y García Izaguirre realizaron un viaje a Valencia, donde este último se reunió con un empresario del sector ferroviario para entregarle los pliegos de un concurso aún no convocado. La entrega de esta información privilegiada tenía un propósito claro: garantizar la adjudicación al empresario a cambio de una comisión económica.

Desde hace meses, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analiza la documentación incautada durante la operación Delorme, que dio inicio a esta investigación. Los documentos recogen comunicaciones entre Koldo García Izaguirre y representantes de empresas constructoras, algunas de las cuales se habrían beneficiado durante el mandato de Ábalos como ministro de Transportes. Uno de los correos más reveladores fue enviado en noviembre de 2018 por Juan Cámara, presidente del Grupo Torrescámara, solicitando una reunión con Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF, para abordar el corredor cántabro-mediterráneo. Otro correo, fechado en marzo de 2019, fue enviado por Pepe Ruz, gerente de Levantina, Ingeniería y Construcción , quien también solicitó un encuentro con García Izaguirre. Ambas empresas están ubicadas en Valencia, ciudad natal de Ábalos, y han recibido adjudicaciones millonarias, incluidas subvenciones y créditos ICO.

Subvenciones y adjudicaciones millonarias

Levantina, Ingeniería y Construcción destaca como una de las principales beneficiadas, al recibir 21 millones de euros en créditos del Instituto de Crédito Oficial y más de 300.000 euros en subvenciones del gobierno autonómico valenciano. Estas cifras reflejan un patrón de influencia significativa en la gestión de fondos públicos. Además, empresas dedicadas a la fabricación de material ferroviario también obtuvieron adjudicaciones millonarias tras acuerdos con el asesor de Ábalos. Estas prácticas, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, habrían asegurado un esquema de privilegios que ahora es el centro de la investigación judicial.

La operación Delorme, que permitió la recopilación de pruebas sobre esta trama, ha sacado a la luz un entramado de irregularidades que conecta directamente a Aldama, García Izaguirre y las empresas beneficiadas. Aunque los informes preliminares de la UCO aún no han sido difundidos oficialmente, los investigadores ya han identificado prácticas corruptas que habrían favorecido la concesión de contratos públicos a cambio de favores económicos.

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