Categoría: INTERNACIONAL

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirmó por unanimidad la moción de juicio político votada en diciembre por los diputados contra el presidente Yoon Suk-yeol
The post El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ratifica la destitución del presidente Yoon first appeared on Hércules.  El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ratificó el viernes por unanimidad la moción de juicio político aprobada por los parlamentarios en diciembre contra el presidente Yoon Suk-yeol, destituyéndolo efectivamente de su cargo, cuatro meses después de su desastroso intento de imponer la ley marcial.

Esta decisión significa la salida inmediata del poder de Yoon Suk-yeol, quien hasta ahora solo estaba suspendido, y conducirá a una elección presidencial anticipada dentro de 60 días. El líder de la oposición, Lee Jae-myung, es el gran favorito. En una sentencia condenatoria leída en 23 minutos por su presidente, Moon Hyung-bae, el tribunal determinó que las acciones de Yoon habían “violado los principios fundamentales del estado de derecho y la gobernanza democrática”.

Yoon Suk-yeol: “no solo declaró la ley marcial, sino que cometió actos que violaron la Constitución y la ley, incluida la movilización de fuerzas militares y policiales para evitar que la Asamblea Nacional ejerciera su autoridad”, dijo. “En última instancia, los actos inconstitucionales e ilegales del acusado traicionan la confianza del pueblo y constituyen una grave violación de la ley que no puede ser tolerada desde el punto de vista de la protección de la Constitución”, agregó la Corte. “Pronunciamos la siguiente decisión, con el acuerdo unánime de todos los jueces: (nosotros) impugnamos al presidente Yoon Suk-yeol”, afirmó, confirmando la moción de juicio político aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de diciembre.

El partido de Yoon Suk-yeol anunció de inmediato que “acepta solemnemente” la decisión del tribunal. “Lamento mucho y tengo el corazón roto por no haber podido cumplir con sus expectativas“, escribió el presidente derrocado en un breve comunicado emitido después de la decisión unánime de la corte. “Estoy profundamente agradecido a todos los que me han apoyado y alentado a pesar de mis muchas deficiencias”.

El veredicto de la corte era esperado con impaciencia en un país todavía atónito por el fallido golpe de Estado de Yoon Suk-yeol en diciembre y acalorado por meses de tensiones y giros y vueltas. Elegido con la menor ventaja en la historia del país en 2022, el exfiscal estrella, de 64 años, ha descendido por la pendiente de la impopularidad, llegando a activar brevemente la ley marcial en la noche del 3 al 4 de diciembre, un estado de emergencia que no se utilizaba en Corea del Sur desde la dictadura militar de la década de 1980.

Yoon Suk-yeol siempre ha defendido esta medida, argumentando que era necesaria para repeler a las “fuerzas comunistas norcoreanas” y “eliminar elementos hostiles al Estado”. En un Parlamento rodeado de soldados, algunos desplegados en helicóptero, un número suficiente de legisladores había logrado reunirse para votar por unanimidad un texto que exigía el fin de la ley marcial, abolida por el presidente seis horas después de su introducción. Yoon Suk-yeol se convirtió en el primer presidente de Corea del Sur en ser arrestado y detenido en enero.

Un fallo sin precedentes

En febrero, comenzó su juicio penal por cargos de insurrección, un delito castigado con la muerte –, otra situación sin precedentes para un jefe de Estado surcoreano en el cargo. Yoon Suk-yeol fue puesto en libertad el 8 de marzo por irregularidades de procedimiento.

Decenas, a veces cientos, de miles de personas protestan cada fin de semana en Seúl, a favor o en contra de él. Muchos simpatizantes habían acampado en el frío glacial durante semanas fuera de su casa para evitar su arresto. El 19 de enero, partidarios radicales incluso irrumpieron en el tribunal que acababa de pronunciar la prórroga de su detención. Esto no tiene precedentes en Corea del Sur, que ha marcado una clara escalada en esta crisis. Los ocho magistrados de la Corte se benefician de una mayor protección policial.

El viernes, la policía, puesta en alerta máxima, acordonó herméticamente el área del juzgado con una barricada de autobuses y desplegó equipos de fuerzas especiales. En las inmediaciones se han instalado puestos médicos avanzados para hacer frente a posibles emergencias. Multitudes de manifestantes a favor y en contra de Yoon acamparon cerca del patio y la residencia del líder suspendido durante la noche. Los manifestantes anti-Yoon también llegaron al centro de Seúl por la mañana.

Varias embajadas, incluidas las de Estados Unidos, Francia, Rusia y China, han aconsejado a sus ciudadanos que eviten las reuniones masivas. En 2017, cuatro personas murieron en los enfrentamientos que siguieron a la destitución de la exjefa de Estado Park Geun-hye. En una posible señal de que el caso de Yoon fue el más complejo, la Corte tardó 111 días desde que se le remitió antes de emitir su sentencia, el tiempo más largo para este tipo de casos.

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Según recoge la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados indican que tras examinar la prueba «no ha quedado plenamente acreditado»
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Iratxe Sorzabal, exjefa de ETA, en un juicio ante la Audiencia Nacional el 18 de marzo de 2025. – EUROPA PRESS

La Audiencia Nacional ha absuelto a la exjefa de la organización terrorista ETA, Iratxe Sorzábal, del delito de estragos terroristas en grado de tentativa, por el que la Fiscalía pedía 6 años, relacionado con la colocación de un artefacto explosivo en el aeropuerto de Alicante, en julio de 1995.

Según recoge la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados indican que tras examinar la prueba “no ha quedado plenamente acreditado” que la acusada colocara el artefacto explosivo, dado que existe un vacío probatorio en relación con su autoría.

El tribunal señala que ese vacío se origina en la ausencia de prueba respecto a la autoría de la carta manuscrita —la llamada ‘kantada’— que el Ministerio Fiscal atribuye a Iratxe Sorzábal, en la que se reconocen los hechos, y sobre la que no se ha practicado prueba alguna.

Asimismo, el tribunal explica que dicho vacío probatorio se debe a que los funcionarios de Policía que emitieron el informe pericial caligráfico, el cual obra en el denominado ‘Anexo de Documentación’ y analiza detalladamente los documentos encontrados en Francia, no propusieron la prueba correspondiente de la ‘kantada’ atribuida a la procesada.

El informe pericial, fechado el 20 de mayo de 2008 y elaborado por dichos funcionarios, fue ratificado en la fase de instrucción ante el juzgado central, pero posteriormente el Ministerio Fiscal no lo propuso como prueba pericial. Por ello, “al no haber sido traído a juicio, y no haber sido sometido a contradicción entre las partes, no se puede tener como prueba de cargo contra la procesada”, según concluye la Sala, teniendo en cuenta que la defensa impugnó expresamente la autoría del documento y afirmó que Iratxe Sorzábal no lo reconocía como suyo.

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Ábalos continúa en una situación de especial precariedad: sigue sin pasaporte y se le obliga a comparecer de forma periódica ante el juzgado
The post Hacienda revela que Ábalos habría defraudado miles de euros por su inmueble en Perú first appeared on Hércules.  La Agencia Tributaria ha remitido un extenso informe al Tribunal Supremo, dirigido al magistrado Leopoldo Puente, en el que se recoge la situación patrimonial del exministro José Luis Ábalos, actualmente bajo investigación por delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. En dicho documento se afirma que, durante el periodo objeto de la investigación, Ábalos habría ingresado aproximadamente 680.000 euros. Este dato se desprende del estudio pormenorizado de sus declaraciones de la renta correspondientes al periodo comprendido entre 2014 y 2023, el cual abarca más de mil páginas y revela que, en promedio, el exministro obtuvo unos 70.000 euros anuales en ingresos, con cifras que varían, por ejemplo, desde 58.491,38 euros en el primer año hasta 67.640,43 euros en el último, sumando un total de 679.162,72 euros.

Además, el informe pone de manifiesto que Ábalos nunca presentó el Modelo 720, obligación fiscal que impone declarar bienes y derechos en el extranjero que superen los 50.000 euros, en este caso referido a un inmueble ubicado en Chimbote (Perú), cuyo valor está tasado en 657.000 euros. Esta omisión, que debería haberse cumplido desde 2013, ha sido detectada inicialmente por El Debate y confirmada posteriormente por la Guardia Civil mediante otro informe remitido al mismo magistrado Puente. La falta de declaración de este bien podría acarrear consecuencias penales por tratarse de una infracción grave en materia fiscal.

El documento también examina las relaciones bancarias del exministro, incluyendo frecuentes intercambios de fondos con Jaime Gustavo Casal Ardines, presidente de la ONG Fiadelso. Cabe destacar que esta organización, fundada por el propio Ábalos, recibió más de 5 millones de euros en subvenciones públicas durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Las transferencias recurrentes entre Ábalos y Casal Ardines, que se encuentran aún bajo análisis, podrían proporcionar información relevante sobre el flujo de capitales que no han sido declarados ni justificados, lo que añade otra capa de complejidad a la investigación.

Ábalos continúa en una situación de especial precariedad: sigue sin pasaporte y se le obliga a comparecer de forma periódica ante el juzgado, mientras se espera la integración formal de estas nuevas pruebas en el proceso de instrucción. En conjunto, el informe remitido por Hacienda resulta demoledor, pues no solo detalla un importante volumen de ingresos no declarados, sino que también expone la ausencia de cumplimiento de obligaciones fiscales en relación con la propiedad en el extranjero, lo que podría tener importantes repercusiones legales para el exministro.

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COVITE ha lamentado que este «fraude» se acometa «con el beneplácito de todas las instituciones, incluso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional
The post COVITE denuncia que el PSE ha favorecido 18 terceros grados para presos de ETA desde que dirigen la Consejería de Justicia y Derechos Humanos first appeared on Hércules.  El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado dos nuevas concesiones de terceros grados a etarras que siguen vinculados a la izquierda abertzale y, por tanto, no arrepentidos: se trata de los terroristas Juan Jesús Narváez Goñi e Iñigo Vallejo Franco. Ambos presos de ETA están en las listas oficiales de Etxerat —la asociación de familiares de presos de ETA vinculada a la izquierda abertzale—, en las que son tratados como «presos políticos», lo cual es un indicativo inequívoco de su falta de desvinculación de las estructuras de control que tiene la izquierda abertzale sobre los presos de ETA. COVITE ha censurado estas dos progresiones de grado porque, una vez más, ninguno de estos dos etarras cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para poder acceder al tercer grado, que es el arrepentimiento. «Si están en la órbita de la izquierda abertzale y son tratados como héroes o ‘presos políticos’, no hay mayor prueba de que no están arrepentidos de sus crímenes. Por tanto, se trata, una vez más, de terceros grados fraudulentos», ha asegurado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.

COVITE ha criticado, asimismo, que desde que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco —la encargada de gestionar la transferencia de prisiones— está en manos del PSE, con la consejera María Jesús San José a la cabeza, se han concedido 18 progresiones al tercer grado a presos de ETA, de las cuales solo una ha recaído en un etarra que no está vinculado a la izquierda abertzale. Este es el caso de Iván Apaolaza Sancho, que no figura en las listas de Etxerat desde enero de 2020 y tampoco está entre los presos de la disidencia. «Si a estos 18 terceros grados sumamos los casi 60 que concedió el PNV en tres años, así como las excarcelaciones que va a provocar la modificación de la ley 7/2014 por la convalidación de las condenas cumplidas por los presos de ETA en Francia, veremos cómo en muy poco tiempo se van a “vaciar las cárceles” de presos de ETA, tal y como quiere EH Bildu. Solo quedarán presos los etarras de la disidencia», ha advertido Consuelo Ordóñez. «Se está siguiendo a rajatabla una de las exigencias de ETA para dejar de matar: “vaciar las cárceles” de sus presos sin exigirles arrepentimiento y con trampas al Estado de Derecho», ha aseverado Ordóñez.

En este sentido, desde COVITE se muestran especialmente decepcionados con la gestión del PSE en esta materia, dado que la consejera socialista María Jesús San José se comprometió en el Parlamento Vasco a enmendar la política penitenciaria del PNV al poco tiempo de haber tomado posesión como consejera. Consuelo Ordóñez ha lamentado que «teníamos esperanzas de que su intención de revertir esta política fraudulenta fuera sincera. Nuestra sorpresa fue mayúscula al comprobar que, menos de una semana después de sus contundentes declaraciones en sede parlamentaria, empezó a hacer exactamente lo mismo que hacía el PNV, y así se ha continuado hasta hoy. Están gestionando muy mal un tema muy sensible, que es el derecho de las víctimas a la justicia y a que se cumplan las condenas con arreglo a Derecho».

Asimismo, COVITE ha criticado en numerosas ocasiones que el Gobierno vasco sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en «cartas manuscritas que nunca se hacen públicas, mientras los etarras siguen vinculados a la izquierda abertzale, que les prohíbe expresamente el arrepentimiento. Esas cartas son una burla a este requisito legal. Es un insulto a las víctimas que se nos pidan actos de fe en esas cartas. No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentidos», ha insistido Consuelo Ordóñez. «Nuestros representantes públicos, que son quienes deberían velar por nuestro derecho a la justicia y por cumplir la ley, no solo no lo están haciendo, sino que están vulnerando el principio fundamental que inspira nuestro sistema penal respecto al cumplimiento de las condenas, que es conseguir la reinserción de los penados. Solo mediante el arrepentimiento sincero por sus crímenes y la deslegitimación pública del terrorismo podremos creer en su reinserción. Lo hemos comprobado en el pasado, la última vez con la Vía Nanclares», concluyó Ordóñez, añadiendo que está en juego «asentar los cimientos para garantizar que nunca más volveremos a vivir el horror del terrorismo de ETA, lo cual no se está haciendo».

Por último, COVITE ha lamentado que este «fraude» se acometa «con el beneplácito de todas las instituciones, incluso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la única competente para recurrir los terceros grados y quien debe así velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, ya que en esta fase se nos niega el derecho a las víctimas a estar personadas. Pero sabemos que la Fiscalía últimamente no solo no vela por nuestros derechos, sino que avala terceros grados a etarras sabiendo que no están arrepentidos porque conoce perfectamente la vinculación que mantienen con SORTU».

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El republicano ha comunicado a su círculo más íntimo que Musk dará un paso a un lado en las próximas semanas en su actual papel en el Gobierno
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El hombre más rico del mundo, el oligarca tecnológico Elon Musk, dejará “pronto” su papel en la Casa Blanca como asesor en la Administración de Estados Unidos. Así lo ha comentado el propio presidente Donald Trump a su círculo más cercano, según publican varios medios estadounidenses. En un mensaje en la red social X, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt escribió: “Tanto Elon Musk como el presidente Trump han declarado públicamente que Elon se marchará como empleado especial del Gobierno cuando haya completado su increíble trabajo en DOGE [el Departamento de Eficiencia Gubernamental, la entidad creada por Trump y él para el recorte de personal y gastos y desmantelamiento de agencias del Gobierno]”.

Estos rumores se dan a conocer después de los primeros choques entre Musk y los miembros del Ejecutivo, que ya habían expresado sus molestias ante la unilateralidad de Musk en su agresiva ofensiva de recortes dentro de los diferentes departamentos del Gobierno. Según publica Político, el presidente sigue satisfecho con Musk y su departamento, pero ambos han decidido en los últimos días que pronto llegará el momento de que el multimillonario vuelva a sus negocios y asuma un papel secundario.

Estas han sido las polémicas en las que se ha visto envuelto el hombre más rico del mundo durante estos primeros meses de mandato de Trump.

Despidos masivos

En apenas dos meses, los despidos masivos y el cierre de varias agencias gubernamentales han derivado en protestas en las calles, incluso, en zonas dominadas por republicanos. Uno de los casos más sonados fue el de USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional), donde el equipo de Musk emitió cientos de notificaciones de despido. También, en otras agencias clave como el Departamento de Energía y la Administración de Transporte (TSA) en línea con los recortes presupuestados impulsados por el magnate bajo la narrativa de “eficiencia” y “menos burocracia”.

Impacto en Tesla

El gigante de los coches eléctricos acaba de publicar cuántos coches ha producido y vendido durante el primer trimestre del año y los datos no son buenos. Entre enero y marzo, Tesla ha entregado 336.681 coches. Es un 13% menos que hace un año, cuando alcanzó los 386.810. También ha producido menos vehículos, 362.615, cuando en el mismo periodo de 2024 superó las 433.000 unidades.

Saludo nazi y apoyo a AfD

Tras la toma de posesión de Trump, Musk se mostró exultante y, tras unas palabras, hizo un gesto que recuerda al saludo nazi, alzando el brazo tras señalarse el corazón. Además, el apoyo de Musk al partido ultraderechista alemán Alternativa por Alemania (AfD) se hizo evidente cuando participó en un acto del partido, en plena polémica precisamente por su saludo nazi.

Propone alargar la jornada laboral hasta las 120 horas semanales

El hombre más rico del mundo ha propuesto que los trabajadores del DOGE que él dirige trabajen 120 horas semanales. Estas declaraciones se unen a las que hizo cuando Donald Trump le nombró “jefe de reducción de costes”. Musk afirmó que necesitaban “revolucionarios” y personas con “un cociente intelectual muy alto dispuestos a trabajar más de 80 horas a la semana” para lograr el objetivo de “reducir gastos”.

Acceso a datos personales

Un trabajador del DOGE obtuvo acceso a un sistema gubernamental que contiene datos personales de niños migrantes no acompañados.  Los datos del portal son altamente sensibles, ya que los expedientes de los menores pueden incluir denuncias de traumas, como abuso físico o sexual, y podrían utilizarse para fines de control migratorio.

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El último revés para el pueblo saharaui fue el apoyo de los gobiernos español y francés al plan de autonomía marroquí
The post El Frente Polisario acusa a Albares de “traición” por su apoyo a Marruecos first appeared on Hércules.  El Frente Polisario ha acusado este jueves al ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, de “ignorar la legalidad internacional”, después de que reconociera que priorizó las relaciones bilaterales con Marruecos a cambio de “supuestos principios” de autodeterminación del pueblo saharaui con el fin de evitar que la situación siga “congelada”.

El representante del Polisario en España, Abdulá Arabi, ha señalado que Albares “confirmó ayer en una entrevista radiofónica la principal tesis planteada por el Frente Polisario durante estos tres años” respecto a la carta enviada por el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) al rey de Marruecos (Mohamed VI) el 18 de marzo de 2022: el Gobierno de España antepuso las relaciones bilaterales con Marruecos a “supuestos principios”.

Según un comunicado recogido por la agencia de noticias SPS, las palabras de Albares “dejan en evidencia que el Gobierno de España ha decidido ignorar la legalidad internacional en favor de acciones de chantaje de Marruecos” y ha sostenido que “esta postura resulta especialmente alarmante”, en particular en un contexto internacional “donde el respeto al Derecho Internacional es clave para la estabilidad mundial”.

Arabi ha recordado que “la cuestión del Sáhara Occidental, tal y como ha quedado patente, es un asunto de descolonización”, por lo que “el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación e independencia”, en virtud del Derecho Internacional y de acuerdo con lo establecido por las resoluciones de Naciones Unidas.

En la víspera, Albares, al ser preguntado sobre si ha dado las suficientes explicaciones sobre la carta, dijo en una entrevista en La Cafetera de ‘Radiocable’ que ha “acudido en múltiples ocasiones al Congreso para explicar” la relación con Marruecos y la posición sobre el Sáhara, y reiteró que “no hay ningún giro de posición”, sino “el deseo de que una situación que está encallada desde hace 50 años no dure 50 años más”.

“Me parece una enorme irresponsabilidad que alguien se siente sobre unos supuestos principios para mantener congelado cien años más, 200 años, un siglo, dos siglos, una situación como esta”, añadió. A su vez, alabó la relación con Marruecos, con quien tiene “intereses importantísimos” como la lucha contra el terrorismo o contra las “mafias que trafican con seres humanos”.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes han impedido hasta el momento su convocatoria.

El último revés para el pueblo saharaui fue el apoyo de los gobiernos español y francés al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Frente Polisario, que recuerda además que España es aún “de iure” la potencia administradora del Sáhara Occidental.

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