Categoría: INTERNACIONAL

La carrera presidencial está en la recta final y las encuestas muestran unos resultados muy igualados entre demócratas y republicanos
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Imagen: Getty Images

La contienda presidencial en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump entra en su fase decisiva. Aunque el “efecto Kamala” generó un impulso inicial, los sondeos ahora reflejan un empate técnico, donde cualquier detalle podría inclinar la balanza. Según el promedio de encuestas actualizado por The New York Times, Harris obtendría una ligera ventaja con el 50% de los votos y alcanzaría 276 delegados en el Colegio Electoral, mientras que Trump contaría con el 47% y 262 delegados, quedando a solo ocho puntos de la presidencia.

El peso del voto latino y la tercera edad en Florida

Entre los segmentos que podrían definir la elección, el voto latino y el de personas mayores son clave, especialmente en Florida. Los demócratas han lanzado una campaña publicitaria bilingüe dirigida a la comunidad latina, que podría resultar determinante. Si Harris se alza con la victoria, será la primera mujer negra y asiática en llegar a la Casa Blanca. Por el contrario, una victoria de Trump lo convertiría en el presidente de mayor edad en ser electo.

Perfiles de los votantes de Harris y Trump: diferencias clave

El perfil de los votantes de Harris difiere notablemente del de Trump. Aunque el apoyo a la candidata demócrata incluye a personas blancas, la base es diversa: en 2020, el 59% de los votantes de Biden fueron blancos, mientras que el 21% eran afroamericanos, el 12% latinos y el 7% asiáticos, según el Pew Research Center. Harris cuenta con el respaldo de una mayoría de mujeres, sobre todo aquellas con estudios universitarios y residentes en suburbios de grandes ciudades. El “efecto Trump” podría movilizar nuevamente a las mujeres para votar en su contra, tal como sucedió en 2020, señala el consultor político Antoni Gutiérrez-Rubí.

El desafío demócrata: movilizar el voto joven y mantener el voto negro

Para Harris, el voto de los jóvenes será crucial, ya que las nuevas generaciones tienden a favorecer a los demócratas. Sin embargo, lograr que participen será fundamental para el partido. Además, Harris enfrenta el reto de captar más votos de hombres latinos sin perder apoyo en la comunidad afroamericana, un sector clave en estados como Georgia y Michigan. Aunque el 80% de los votantes negros respaldarían a Harris, esto supone un leve descenso en comparación con el 90% de apoyo que lograron los demócratas en 2020.

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Yolanda Díaz pide perdón a las víctimas por haber actuado tarde y dice que tomarán todas las medidas que les pidan las mujeres que denuncien a su exportavoz parlamentario
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Imagen: La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. — Fernando Alvarado / EFE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar Yolanda Díaz ha comparecido este lunes para dar en primera persona explicaciones sobre la dimisión de Íñigo Errejón de todos sus cargos a raíz de las denuncias por violencia machista.

Díaz ha ofrecido una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados después de una reunión de su grupo parlamentario, en la que han abordado en qué situación deja al grupo este escándalo y el relevo en la Portavocía de Sumar en la Cámara Baja tras la salida de Errejón.

Una de las principales decisiones que ha tomado Sumar ha sido acompañar a las víctimas en todo lo que les pidan, incluso personándose en las denuncias que presenten en los juzgados. “He sido abogada y asesora de violencia machista. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es defender a las víctimas, acompañarlas. Todo lo que quieran que hagamos lo vamos a hacer. Si quieren que nos personemos, lo vamos a hacer”, ha asegurado la vicepresidenta segunda.

Según ha relatado este lunes, Díaz conoció el pasado martes los post anónimos que publicó en Instagram Cristina Fallarás, en los que una mujer hablaba de “maltrato psicológico” y tratos vejatorios y que en Sumar asociaron a su portavoz parlamentario. Al día siguiente habló con él por primera vez y le pidió explicaciones. “Tuve una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Me reconoció actitudes machistas y vejatorias contra las mujeres”, ha relatado.

Reconoció además que, igual que Más Madrid, tuvo conocimiento de la denuncia anónima publicada en Twitter hace un año y medio, en la que una mujer denunció en las redes sociales que Errejón le tocó el culo en un concierto, una publicación que luego se borró. Un episodio que según dijo Díaz la pilló en plena precampaña electoral y que la llevó a preguntar a Más Madrid que lo investigó y dio el caso por cerrado. 

Tras las explicaciones de este lunes, Sumar quiere poner el foco en la reparación de las víctimas, en corregir los errores que han llevado a esta situación. Porque aunque Díaz ha defendido que actuaron con “prontitud” también admite que llegaron “tarde” a un episodio que amenaza con arruinar el futuro del espacio político. “La única manera de compensar esto es haciéndolo mucho mejor y mejorando los mecanismos de detección, prevención y acompañamiento”, ha reconocido. 

Podemos afirma que comunicó a Díaz los hechos

Este mismo lunes, el portavoz de Podemos Pablo Fernández ha asegurado que cuando la formación morada tuvo conocimiento de estos hechos (en ese momento formaban parte de la coalición electoral de Sumar), se lo comunicó a Díaz.

«Yo estaba en campaña electoral y no tuve conocimiento de la denuncia de esta mujer, fue mi equipo el que me informó. Hablé con Podemos, con la señora Belarra, y con Más Madrid. Como las compañeras de Más Madrid han contado, nos dijeron que habían abierto una investigación que posteriormente cerraron. Cerraron el expediente y ese tuit se retiró. Si yo hubiera conocido lo de ahora, hubiera actuado como lo he hecho en este momento», ha defendido Díaz.

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La Consejería de Educación está estudiando nuevas medidas y tienen previsto reunirse con los sindicatos el 31 de octubre para ofrecer una solución
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Imagen: Europa Press

Este martes, los docentes de la Comunidad de Madrid están en huelga para reclamar una disminución en la jornada lectiva, ajustes salariales, menos carga burocrática y el derecho a elegir el horario escolar. En el contexto de esta protesta, que afecta a colegios e institutos públicos, los docentes han organizado una manifestación por la tarde. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades planea presentar una propuesta sobre sus condiciones laborales este jueves, sin aclarar aún si incluirá la reducción horaria solicitada.

Esta huelga, la primera del curso en los niveles no universitarios, surge casi un año después de que comenzaran las negociaciones entre sindicatos y Gobierno regional para un nuevo Acuerdo Sectorial, que hasta ahora no ha logrado consenso en temas clave.

Marcha hacia la Puerta del Sol

La huelga culminará con una marcha a las 17:30 horas, desde Neptuno hasta la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional. Comisiones Obreras (CCOO), ANPE, CSIF y UGT han organizado esta movilización y han programado más protestas hasta el 21 de noviembre, con la intención de presionar por avances en las negociaciones con la Consejería de Educación.

Entre las demandas de los sindicatos se incluyen la reducción de la carga lectiva de 20 a 18 horas en Secundaria y FP, y de 25 a 23 horas en Infantil y Primaria. También exigen salarios más competitivos, una reducción del número de alumnos por aula, mayor personal para la atención a la diversidad y medidas para aligerar la carga burocrática de los docentes. Otro de los puntos de conflicto es la imposición del horario partido en más centros, lo que los sindicatos consideran una violación de la libertad de elección de la jornada escolar.

Expectativas ante la reunión con Educación

La huelga se produce días antes de una reunión entre la Consejería y los sindicatos, en la que el consejero de Educación, Emilio Viciana, adelantó que propondría una oferta “muy interesante”. Sin embargo, uno de los principales puntos de fricción ha sido la reducción del horario lectivo, que el Gobierno regional argumenta como complicado de implementar debido a la inversión necesaria.

Desde CSIF, sin embargo, mantienen el escepticismo: «Pedimos conocer de antemano los temas a tratar, pero no nos han dado detalles. Nos tememos que no tienen nada concreto que ofrecer«. Isabel Galvín, secretaria general de CCOO, ha criticado que la reunión se celebre dos meses después de iniciado el curso, acusando al Gobierno de falta de rigor y transparencia.

La propuesta más reciente del Gobierno regional incluye una reducción progresiva de las horas en Secundaria y FP, que pasaría de 20 a 19 horas semanales en el curso 2026-2027, excluyendo a los tutores y sin cubrir Infantil y Primaria. La propuesta fue rechazada, lo que motivó las primeras movilizaciones en mayo.

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El líder del Partido Popular ha optado por no pedir la dimisión de Yolanda Díaz y prefiere que la lucha se mantenga entre Sumar y Podemos
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Imagen: EFE

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p class=»MsoNormal»>Alberto Núñez Feijóo ha decidido no exigir de momento la dimisión de la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Aunque la acusó de encubrir el comportamiento sexual inapropiado de su exportavoz Íñigo Errejón, el líder de la oposición ha preferido mantenerse al margen. “No necesitamos liderar la ofensiva contra Sumar y Podemos”, explican desde Génova, apostando así por dejar que las tensiones internas en el Gobierno se agraven por sí solas.

Este lunes, tuvo ocasión de criticar al socio principal de Pedro Sánchez, quien llegó al poder como defensor del feminismo y la lucha contra el machismo. Sin embargo, el líder popular se limitó a expresar su apoyo a las víctimas de violencia sexual y a reprender la respuesta del Ejecutivo de Sánchez, sin entrar directamente en la situación de Errejón.

Feijóo critica al Gobierno por “hipocresía” en la defensa de las víctimas

El líder del PP aprovechó su intervención ante la cúpula de su partido para recordar que las víctimas de agresiones sexuales ya han sufrido la excarcelación de sus agresores bajo la ley del “solo sí es sí” y reafirmó el compromiso del PP de seguir defendiendo sus derechos: “Lamentablemente, el Gobierno solo les ofrece hipocresía. Para eso han quedado”, afirmó, sin mencionar explícitamente a Errejón.

Esta estrategia responde a la intención del PP de no darle motivos a la izquierda para unirse en torno a una causa común contra la derecha. Desde Génova, han insistido en que Díaz debería explicar su postura en una rueda de prensa y acusaron tanto a Sumar como a Podemos de haber encubierto los actos de Errejón.

Los barones del PP endurecen las críticas

Los presidentes autonómicos del PP han sido más directos en sus críticas. Jorge Azcón, presidente de Aragón, manifestó que “estos comportamientos no se resuelven con cursillos”, en referencia a las formaciones que Sumar propone como prevención de la violencia machista. Fernando López Miras, presidente de Murcia, señaló que “todo indica que el Gobierno ha encubierto casos de acoso sexual, lo que hace su situación inadmisible”.

Estas posturas se hicieron notar en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde los líderes autonómicos compartieron su indignación tras la rueda de prensa de Yolanda Díaz en la que admitió que delegó la denuncia contra Errejón en Más Madrid, sin preguntar al propio exportavoz sobre la veracidad de los hechos hasta la semana pasada.

Interrogantes en el Congreso

Ante la situación, el PP registró este lunes una pregunta de urgencia para la sesión de control del miércoles en el Congreso: “¿Cómo afecta a la estabilidad del Gobierno que el ex portavoz de Sumar se enfrente a graves acusaciones penales?”. Los populares esperan con esta pregunta examinar la posición del Gobierno y sus aliados parlamentarios. Además, advierten que, si el Ejecutivo vuelve a vetar esta iniciativa, como ya hizo con preguntas sobre corrupción en torno a Sánchez, quedará confirmada.

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Las empresas de transportes han decidido ignorar las sanciones de Almeida y continuar su actividad a pesar de las multas y sanciones
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p class=»MsoNormal»>El pasado viernes era la fecha límite para que los patinetes eléctricos desaparecieran de las calles de Madrid, luego de que el Ayuntamiento decidiera revocar la autorización para que los 6.000 vehículos operados por las empresas Lime, Dott y Tier Mobility circularan en la ciudad. Según el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la decisión responde a incumplimientos en las condiciones establecidas en el acuerdo, y se notificó un plazo de quince días que concluiría este lunes, 9 de octubre.

Sin embargo, los patinetes de Lime y Dott todavía pueden reservarse mediante sus aplicaciones. Esto ha generado desconcierto entre los usuarios, especialmente considerando los altos costos de estos servicios, como los casi 2 euros que cobra Lime por un uso de seis minutos y la tarifa de Dott de 1,40 euros por minuto y medio de viaje.

Multas para las empresas que no cumplan

El delegado de Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, dejó claro en sus redes sociales que, de no retirar estos patinetes, las empresas enfrentarían sanciones de 1.500 euros por cada vehículo aún en la vía pública. No obstante, las aplicaciones para alquilarlos siguen activas, con disponibilidad de patinetes en varias zonas de la ciudad.

Motivos detrás de la retirada de las autorizaciones

La decisión de revocar las licencias se fundamenta en un decreto firmado a inicios de octubre. El Ayuntamiento señala que las empresas han incumplido en áreas clave, como la falta de tecnología para controlar el aparcamiento de los vehículos, la escasa colaboración para permitir inspecciones y la mala distribución de los patinetes por la ciudad. Además, los seguros ofrecidos por estas compañías no cumplían con los requisitos de cobertura establecidos en el acuerdo original.

Aunque reconocen las multas impuestas, las empresas consideran inadecuado el plazo de dos semanas para la retirada total de los vehículos. Alegan que, en otras ciudades, como París, el proceso tomó hasta cinco meses. A pesar de ello, las autoridades locales han autorizado a la Policía Municipal a retirar los patinetes que permanezcan en las vías.

¿Quiénes son Dott, Tier y Lime?

La empresa Dott, con sede en Ámsterdam y presencia en Europa y Oriente Próximo, se unió este año a la alemana Tier para expandir su red a más de 400 ciudades. Lime, fundada en 2017, ofrece patinetes y bicicletas eléctricas en todo el mundo y ha recibido financiación de grandes compañías, como Uber.

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El denunciante, un funcionario del Ayuntamiento, acusa al alcalde de Estepona de amenazarle con dejarle sin trabajo si no accedía a mantener relaciones sexuales
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Imagen: José María García Urbano, alcalde de Estepona- Diario Sur

Un juzgado de Estepona ha abierto una investigación a raíz de una denuncia dirigida por un funcionario del Ayuntamiento, que se encuentra de baja por motivos psicológicos, contra el alcalde José María García Urbano (PP), al que acusa de diversos hechos ocurridos entre marzo de 2022 y junio de 2023 contra su libertad sexual. La denuncia fue interpuesta el pasado 23 de octubre y admitida a trámite el pasado lunes, por el juzgado de instrucción número 5 de la localidad malagueña.

Fuentes judiciales confirman la apertura de la investigación por un presunto delito de acoso sexual, y aseguran que “por el momento” la única diligencia acordada por parte del juez instructor es la toma de declaración al denunciante en una fecha próxima. “Después, en base a los indicios de delito que se puedan recabar, se decidirá sobre los siguientes pasos a tomar”.

A través de un comunicado, el alcalde asegura ser víctima de una denuncia falsa: “Es una inadmisible e injusta campaña para dañar la dignidad personal y la trayectoria del alcalde y del cargo que desempeña con una única y clara finalidad espuria”. En el mismo comunicado, el alcalde ha confirmado que ha encargado a un equipo de abogados que se persone en el procedimiento “a los fines de solicitar que se proceda a escucharle, de manera voluntaria y a la mayor brevedad, para poner de manifiesto la absoluta falta de fundamento de dicha denuncia”.

El denunciante afirma que le amenazaba con dejarle sin trabajo

En la denuncia se refleja una relación que, según el denunciante, habría sido forzado por García Urbano bajo la amenaza de que, de no acceder, su puesto de trabajo estaba en peligro. “Con la amenaza de perder su puesto de trabajo, García Urbano invitaba a mantener relaciones sexuales bajo todo tipo de perversiones a un funcionario del Ayuntamiento”, afirma una nota de prensa emitida por el abogado de la presunta víctima, Antonio Granados.

El abogado asegura que hay mensajes y pruebas documentales que acreditarían los hechos desde poco después de que el funcionario llegara a Estepona procedente de Córdoba.

El PP ha pedido explicaciones al alcalde

La investigación judicial sobre este asunto que implica a García Urbano, uno de los activos políticos del PP a nivel local gracias a sus espectaculares mayorías absolutas, se produce en medio de la tormenta política por el caso de Íñigo Errejón, lo que ha obligado a intervenir al propio Feijóo.

El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha revelado esta misma mañana que ha pedido explicaciones a otro alcalde del PP acusado por delitos sexuales, José Ignacio Andaluce, en este caso de la localidad de Algeciras. Feijóo ha asegurado que “cualquier denuncia hay que investigarla” y ha advertido que él “no pone la mano en el fuego por nadie”. Feijóo, además, ha recalcado la importancia de interponer las denuncias ante los tribunales y no de manera anónima a través de las redes sociales.

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Un juez ha pedido tomar medidas contra el político por su actuación en Ferraz, lo que se sumaría al resto de investigaciones contra el líder de SALF
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Imagen: EFE

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p class=»MsoNormal»>El magistrado Hermenegildo Barrera, del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, ha elevado una exposición al Tribunal Supremo (TS) solicitando que el eurodiputado y líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Pérez Fernández, conocido como «Alvise», declare como investigado en un caso de presunto delito de desórdenes públicos. La imputación se relaciona con las protestas de noviembre pasado contra la amnistía, que culminaron en episodios de violencia, con la sede del PSOE en la calle Ferraz como epicentro, y que se extendieron hasta las cercanías del Congreso de los Diputados.

Según se detalla en el informe policial de la Comisaría General de Información, fechado el 8 de noviembre de 2023, Alvise habría estado involucrado en hechos que podrían constituir un delito de desórdenes públicos. La investigación comenzó en Madrid, fue remitida brevemente a Sevilla y finalmente retornó a la capital. Dado que el líder de SALF es eurodiputado, el juez ha trasladado el caso al TS, solicitando su declaración en calidad de aforado para «esclarecer los hechos».

La protesta en Ferraz y el enfrentamiento con la policía

El incidente que motivó esta investigación tuvo lugar el 7 de noviembre, cuando una multitud se congregó frente a la sede socialista en Ferraz. En ese contexto, Alvise, acompañado por Dani Esteve, líder de Desokupa, intentó movilizar a los manifestantes hacia el Congreso. La marcha fue contenida en la plaza de Neptuno y, tras episodios de tensión y bloqueos en la Gran Vía, el grupo regresó a Ferraz, donde la protesta se tornó violenta. Esa noche, enfrentamientos con la policía resultaron en media docena de detenciones y tres decenas de agentes heridos.

La Comisaría General de Información identificó al político como uno de los organizadores de los disturbios, motivo por el cual fue incluido en la investigación, respaldada por la Fiscalía, que ahora debe analizar el Supremo.

Otros procesos en curso

El caso de los disturbios no es el único frente judicial que enfrenta el líder de SALF. Fuentes judiciales indican que otro juzgado madrileño trabaja en un caso bajo secreto de sumario, que también podría implicarlo. Además, se encuentra investigado por presunta revelación de secretos en un proceso impulsado por Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, así como por la difusión de una imagen de la hija del presidente Pedro Sánchez en Sevilla, causa que también podría trasladarse al TS. La Fiscalía del Supremo evalúa además una denuncia presentada por una jueza que alega haber sido amenazada por el eurodiputado.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga la denuncia de un empresario que afirma haber entregado 100.000 euros a Alvise en «dinero negro» para financiar su campaña electoral, un caso que suma más presión sobre el líder de SALF.

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