Categoría: INTERNACIONAL

En la actualidad, el uso recreativo de la marihuana está permitido en 24 estados y en el distrito de Columbia, pero está prohibido a nivel federal
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Imagen: Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de EEUU- El Economista

La actual vicepresidenta y candidata a las elecciones presidenciales estadounidenses, Kamala Harris, ha anunciado este martes que va a trabajar para legalizar el uso recreativo de la marihuana, en un intento por movilizar a los hombres afroamericanos, que en muchos casos se están inclinando a favor de Trump.

«Trabajaré para despenalizar el uso recreativo de la marihuana porque sabemos cómo esas políticas han afectado de manera desproporcionada a los hombres negros«, ha afirmado Harris en una entrevista con el locutor afroamericano Charlamagne tha God, en Detroit (Michigan).

Harris ha defendido que nadie debería ir a la cárcel por posesión de cannabis y recordó que, cuando fue fiscal de distrito en San Francisco (2004-2011) y fiscal general de California (2011-2017), era vista como «progresista» por no enviar a prisión a individuos por la simple posesión de marihuana.

La vicepresidenta ha tratado, durante el mandato de Biden, que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) reclasifique la marihuana, que hasta ahora se consideraba tan adictiva como el LSD o la heroína. Esta clasificación, que catalogaba la marihuana como una droga altamente adictiva, ha provocado durante años condenas más graves para quienes la consumían o vendían, lo que resultó en un encarcelamiento desproporcionado de las minorías hispana y afroamericana.

Actualmente, el uso recreativo de la marihuana es legal en 24 estados y en el Distrito de Columbia, sede de la capital del país, Washington. Además, 38 de los 50 estados permiten su uso medicinal, aunque sigue siendo ilegal en algunos estados y a nivel federal.

Harris y Trump apoyan la propuesta

La propuesta de legalizar la marihuana recreativa es una medida en la que, curiosamente, tanto Harris como Trump están de acuerdo, a pesar de que es mucho más defendida por el electorado progresista que por el conservador.

El republicano ha asegurado que, como ciudadano de Florida, apoyará la moción sobre la legalización del uso recreativo de marihuana en mayores de 21 años que dicho estado votará en noviembre. Así lo ha defendido en un comunicado en la red social Truth Social. El gobernador de Florida, Ron DeSantis -que se enfrentó a Trump en las primarias republicanas-, se ha posicionado en contra.

Es un intento por acercarse a la comunidad afroamericana

En la entrevista, Harris también ha hablado sobre las indemnizaciones a la comunidad afroamericana como una forma de reparar los daños causados por la esclavitud. A la pregunta de un espectador sobre si aprobaba esa medida, que es una reivindicación histórica de esta comunidad, ha afirmado que es una cuestión “que se debe estudiar”.

Estas declaraciones no son más que un intento por parte de la candidata demócrata de recuperar el voto de una comunidad que tradicionalmente ha votado a su partido, y que en los últimos años parece acercarse a los conservadores. De hecho, el expresidente Barack Obama, ha pedido a los hombres afroamericanos que confíen en Harris.

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Líder del PP: “Su actitud y su cara le delatan. Colaborar con la Justicia es ponerle dos querellas al juez que le investiga.
The post Feijóo sentencia a Sánchez: “Señor 1, márchese ya” first appeared on Hércules.  El caso Koldo no iba a pasar desapercibido en la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Una cuestión de gran tensión y que desde la oposición no han dudado en recriminar la extensión de los tentáculos en este caso de corrupción.

Sobre todo, después de que la Guardia Civil haya presentado un informe que confirma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía pleno conocimiento de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez venía a España. Ha sido al inicio de la sesión de control que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Pedro Sánchez que “cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron” él y su mujer, Begoña Gómez, con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

Feijóo no ha dudado en usar su intervención para recordarle a Sánchez su unión con el caso Koldo y, sobre todo, destacar su presencia en este caso. Así, el líder del PP le ha pedido al presidente del Gobierno su dimisión: “Señor 1, márchese ya”. Haciendo alusión al nombre en clave con el que la trama se refería al líder socialista, según los investigadores.

Sánchez ya tiene su sentencia política: vinieron a combatir la corrupción y lo que hicieron fue ejercitarla.

🗣️ @NunezFeijoo en la sesión de control al Gobierno. pic.twitter.com/dXuBms066P

— Partido Popular (@ppopular) October 16, 2024

En respuesta a la intervención por alusiones de Feijóo a Sánchez, el líder del Ejecutivo ha usado su breve intervención para defender su Gobierno y resalta las tres cosas que han hecho contra la corrupción en el PSOE: “actuar con contundencia, colaborar con la Justicia y gobernar”.

El líder popular reprocha a Sánchez su participación en el caso Koldo

Feijóo ha presionado a Sánchez y le ha recordado las últimas declaraciones de un empresario que ha estado presuntamente involucrado en la trama de los hidrocarburos: “Su actitud y su cara le delatan. Colaborar con la Justicia es ponerle dos querellas al juez que le investiga. Todos los caminos conducen a usted: las paradas, los lingotes de oro, las bolsas de Ferraz”.

Feijóo ha aseverado que el propio Sánchez: “llegó como adalid contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama”. “Sabía lo de Ábalos, sabía lo de su mujer, y lo encubrió. Lo sabía todo desde hace más de tres años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de la agonía judicial”, ha sentenciado.

El líder del PP ha reprochado a Sánchez que ponga las instituciones del Estado “al servicio de su defensa judicial”. “Márchese ya”, le ha reclamado, “tiene usted cuatro causas, 15 delitos investigados, 11 ministerios implicados, su partido, su gobierno y su familia”.

Su intervención ha concluido criticando que Sánchez ya: “tiene su sentencia política: vinieron a combatir la corrupción y lo que hicieron fue ejercitarla. Su resistencia ya no es histórica. Hay dos bloques, el del cambio honesto que está por llegar y la vergüenza que encabeza”.

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Los populares reconocen que deben ser “realistas” ante la iniciativa de presentar una moción de censura y califican a los socios del Gobierno como “totalmente serviles”
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Imagen: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de la campaña del PP en Baleares para las elecciones europeas, este domingo. EFE/Cati Cladera

Las últimas maniobras judiciales del PP a raíz de las novedades que aportó la UCO al ‘caso Koldo’ sirvieron para alimentar durante la mañana del martes la posibilidad de una moción de censura capaz de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Sin embargo, este escenario tardó poco en desmoronarse.

El portavoz nacional de los populares Borja Sémper señaló que, al menos por el momento, su formación descarta formalizar una moción de censura contra Sánchez al no contar con los “apoyos suficientes”. «La moción de censura está más justificada que nunca, pero no tenemos los apoyos suficientes, no está en nuestra agenda hoy, veremos el día de mañana. Tratamos de obtener información del Gobierno, tiene que responder a la oposición», anunció Sémper a la salida de la Audiencia Nacional este lunes en declaraciones a los medios de comunicación. 

En la misma dirección se pronunció Ester Muñoz, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, quien reconoció que deben ser «realistas» ante la iniciativa de presentar una moción de censura, focalizando así la atención en que los socios parlamentarios del Ejecutivo central «no han dicho absolutamente nada»: «Es evidente que si hay un gobierno en la democracia que se merece una moción de censura, es este gobierno podrido del PSOE y Sánchez. Es evidente que tienen unos socios totalmente serviles».

En los mismos términos, el PP de Alberto Núñez Feijóo remodelará a su vez la sesión de control de este miércoles en el Congreso para focalizarla en un «monográfico de la corrupción», en aras de que Sánchez dé las consiguientes explicaciones ante la Cámara Baja.

El PP desmiente a Junts

Los rumores sobre una posible moción de censura fueron alimentados durante la mañana de este martes por la presidenta de Junts Laura Borràs. “Nosotros no descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso y creo que esto ahora ya está el Gobierno empezando a comprenderlo”, aseguró la dirigente independentista en una entrevista en Telecinco. Y las miradas apuntaron entonces a la calle Génova.

La dirección nacional de los populares se apresuró a acallar el eco de las palabras de Borràs, que en ningún momento se tomaron en serio. Nadie del entorno del president ni del grupo parlamentario en el Congreso alimentó tampoco la senda que parecía marcar Borrás, que horas más tarde incluso se matizó a sí misma en redes sociales.

“Parece que existe interés en hacerme decir lo que no he dicho. Es absolutamente falso que Junts o su presidenta hayan abierto la puerta a ninguna moción de censura”, puntualizó.

Prácticamente a la misma hora, en la sala Campoamor del Senado, el vicesecretario de política territorial y autonómica del PP, Elías Bendodo, se reunía a puerta cerrada con cargos públicos de su partido y terminaba de pinchar la burbuja. El dirigente del PP aseguró a sus compañeros que no hay números para “una moción de censura”, para la que el PP necesitaría del apoyo de Vox y, además, de algún grupo de la mayoría de la investidura.

A tenor de lo dicho por Bendodo a los cargos territoriales a los que se dirigía, en el PP no parecen contar con que las opciones de una censura a Sánchez sean reales. Y tampoco ven factible que el presidente plantee una cuestión de confianza. De hecho, quien fuera mano derecha de Juan Manuel Moreno en Andalucía llegó a plantear incluso como escenario más probable que Sánchez pueda sacar adelante las cuentas de 2025.

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El presidente de la Generalitat ha cedido frente a ERC y asume la inmersión monolingüe como un “pilar” esencial para el reconocimiento de una nación
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Imagen: Europa Press

El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) ha cambiado su enfoque sobre la lengua catalana en los últimos años, pasando de criticar la «instrumentalización» del nacionalismo en torno a la lengua, como se reflejaba en una resolución de 2019 bajo el liderazgo de Miquel Iceta, a asumir la inmersión monolingüe en catalán como un «pilar» del «reconocimiento nacional» de Cataluña. Este cambio queda plasmado en el acuerdo firmado con Esquerra Republicana (ERC) para la investidura de Salvador Illa como presidente.

Pactos y cesiones del PSC ante el independentismo

A lo largo del último lustro, el PSC ha realizado varias concesiones en materia lingüística, especialmente en colaboración con ERC. Entre los acuerdos más relevantes se encuentra la ley que permite esquivar la aplicación del 25% de castellano en las escuelas, como dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y la creación de una consejería de Política Lingüística en el gobierno de Illa, dirigida por Francesc Xavier Vila, exalto cargo de ERC.

En 2019, Miquel Iceta abrió el debate proponiendo «flexibilizar» la inmersión lingüística en función de las necesidades de cada escuela, lo que generó tensiones dentro del partido. A pesar de las críticas, el PSC reafirmó su compromiso con el catalán como «lengua de cohesión», aunque señalando que ciertos sectores del nacionalismo utilizaban la inmersión para fines ideológicos.

La inmersión, eje de la política lingüística de Illa

En su ponencia política de 2024, ya con Salvador Illa como candidato, el PSC reafirmó su compromiso con un modelo educativo que garantice el dominio del catalán, castellano e inglés al finalizar la educación obligatoria, alejando la lengua de conflictos partidistas. Sin embargo, en el pacto de investidura con ERC, el PSC ha adoptado el modelo de inmersión lingüística como un «pilar del reconocimiento nacional» de Cataluña. Illa subrayó en su primer discurso como presidente que la defensa del catalán es clave para la identidad de la nación catalana.

El último debate de política general en el Parlament reafirmó este enfoque, con el PSC alineado con ERC, Junts y los comunes en su apoyo a la inmersión y su rechazo a la implementación del 25% de castellano en las escuelas.

Blindaje del catalán en el ámbito educativo y más allá

El acuerdo entre PSC y ERC también establece que el catalán sea la lengua vehicular en la enseñanza y en la acogida de alumnos recién llegados, garantizando que los proyectos lingüísticos de los centros educativos no se basen en parámetros externos a criterios pedagógicos. De este modo, el PSC se compromete a blindar la inmersión y esquivar la sentencia judicial que exige un 25% de castellano en las aulas, pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional.

Además, el partido de Illa ha aceptado extender la inmersión en catalán a actividades extraescolares, deportivas y de ocio, y reforzar la oferta de enseñanza en catalán para adultos, en línea con las propuestas aprobadas en el Parlament con el respaldo de socialistas, republicanos, comunes y Junts.

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El voto favorable de los de Feijóo supondría para el Ejecutivo lograr el respaldo necesario para que este último bloque de la reforma de la jubilación salga adelante
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Imagen: Feijóo y Garamendi, este lunes, en el despacho del líder del PP en la sede del partido en Madrid. / PP / David Mudarra

El Partido Popular apoyará la última reforma de la jubilación pactada entre Gobierno, sindicatos y empresarios en el diálogo social si el Gobierno no introduce cambios que le exijan sus socios de investidura y se valida en el Congreso tal como se conoce en estos momentos el texto. El voto favorable de los de Feijóo supondría para el Ejecutivo lograr el respaldo necesario para que este último bloque de la reforma de la jubilación salga adelante. Además, implicaría un giro en el PP, que en el pasado no ha apoyado las reformas de pensiones del Gobierno de coalición aunque tuviera el respaldo de los agentes sociales.

Esto fue lo que ocurrió con la reforma laboral de 2021. Entonces, con Pablo Casado al frente de la formación, el texto del Ejecutivo fue acordado previamente con patronal y sindicatos (que pidieron que no se tocara ni una «coma»), pero el PP decidió votar en contra, dejando su aprobación al filo del fracaso. Finalmente, la norma salió adelante gracias a los populares, concretamente gracias a uno de sus diputados, Alberto Casero, que se equivocó y votó favorablemente. De no haberlo hecho, la norma hubiera sido invalidada.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, desvelaron que habían reclamado a Feijóo el apoyo a la última reforma de pensiones, aún no garantizados y que se enfrenta a la complicada aritmética parlamentaria que enfrenta el Ejecutivo para aprobar cualquier iniciativa. Algunos socios del Gobierno, como ERC, BNG y EH Bildu, han expresado sus diferencias respecto a algunas de las medidas del acuerdo, por lo que exigen “cambios” al Ejecutivo.

En la patronal de empresarios CEOE no se pronuncian sobre si Antonio Garamendi trató con el líder del PP este tema, aunque en la organización empresarial siempre defienden que se hacen responsables de los acuerdos que firman.

Estas son las medidas que incluye el acuerdo sobre la reforma de pensiones

El último acuerdo sobre pensiones, firmado hace un mes por Pedro Sánchez y los agentes sociales en la Moncloa, incluye varias medidas que incentivan la compatibilidad de la pensión con el trabajo, como el adelanto del acceso a la jubilación parcial, reconoce más derechos a los contratos de los relevistas y fomenta el retraso voluntario del retiro, a través de un aumento de los incentivos a la jubilación demorada, entre otras medidas.

Los sindicatos CCOO y UGT han reiterado en las últimas semanas la urgencia de que el pacto social salga adelante, con varias llamadas públicas a los partidos que componen el arco parlamentario. No solo por las medidas sobre la jubilación que se plantean a futuro, sino también por las mejoras planteadas para trabajadores como los relevistas y las personas con contratos fijos discontinuos.

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Aunque la Delegación de Gobierno de la región ha negado la existencia de un acuerdo para dar al aeropuerto tal uso, sí ha reconocido la celebración de una reunión al respecto
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Imagen: Aeropuerto de Ciudad Real-En CLM

La Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, ante la noticia de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podría estar estudiando las instalaciones del Aeropuerto de Ciudad Real como posible centro de acogida de inmigrantes, ha admitido la existencia de una reunión al respecto con delegaciones gubernamentales de todo el país, aunque ha precisado que no hubo ninguna propuesta por parte de los territorios y que no cristalizó en ningún acuerdo sobre la infraestructura aeroportuaria manchega.

Fuentes de la Delegación confirman así que ninguna delegación de gobierno propuso nada, sino que simplemente se limitaron a acudir a la llamada para conocer las líneas de actuación del Ministerio.

No obstante, ha sido el propio Ministerio el que ha reconocido que se está estudiando la viabilidad de utilizar el aeropuerto de la ciudad manchega como centro de acogida de inmigrantes para aliviar la tensión en Canarias, pero aseverando que es “uno más” entre otros muchos emplazamientos que se están analizando, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en declaraciones a Europa Press.

Page niega haber sido informado por el gobierno

Este martes, ante la polémica generada por la propuesta, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, aseguraba en rueda de prensa que el Ejecutivo se había puesto en contacto con el gobierno castellano-manchego para “explicarles el procedimiento” y que esa decisión se enmarca “dentro de la normalidad”.

Sin embargo, fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han desmentido las explicaciones de Alegría y han aclarado que, al contrario de lo que ha insinuado la portavoz, fue la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien se puso en contacto con la Secretaría de Estado de Migraciones, que confirmó los planes del Gobierno una vez que trascendió a los medios de comunicación. «Llamamos nosotros cuando nos enteramos y, por supuesto, no hemos consensuado nada».

Críticas de las autoridades locales

Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, que ha expresado su “indignación” tras la propuesta del gobierno central. “No solo es una idea absurda lo planteado desde el Gobierno, sino que además es una ofensa inaceptable, tanto en cuanto convierte una instalación que en su día fue concebida como la bandera del progreso y el desarrollo de nuestra provincia en un gueto para inmigrantes«. A juicio del regidor, la idea supone convertir las instalaciones aéreas en un «Guantánamo manchego apartado y segregado» en el que no se respetarán «los derechos de quienes llegan buscando un futuro mejor».

De forma parecida se ha pronunciado el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, del Partido Popular. Ha asegurado que desconoce si la empresa privada que gestiona el aeropuerto ha firmado un convenio con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha criticado que no se hayan aclarado los planes antes con su ayuntamiento. Asimismo, ha cifrado el número de inmigrantes que serían acogidos en unos 3000.

«Tienen que pedir licencia de obra para hacer un movimiento de tierras en Ciudad Real, y eso se lo tienen que pedir al Ayuntamiento. Pero se la han saltado a la pídola, lo que indica, sin duda, la mala fe y el oscurantismo que está rodeando esta operación«, ha afirmado Cañizares, quien ha lamentado que la idea consista en convertir el lugar en un «auténtico campo de concentración para inmigrantes». 

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Varias asociaciones del colectivo LGTBIQ+ denunciaron este asesinado como crimen homófobo y la sociedad española salió a las calles para pedir justicia y acabar con los delitos de odio
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Imagen: Varias personas depositan flores durante un minuto de silencio por el asesinato de Samuel Luiz, en la Avenida de Buenos Aires, a 3 de julio de 2023, en A Coruña, Galicia (España). | Europa Press

Este martes empieza el juicio por el asesinado de Samuel Luiz, un joven de 24 años que fue asesinado el 3 de julio de 2021 a la salida de un local de copas en el entorno de la playa de Riazor de A Coruña, Galicia. Un grupo de personas lo mataron a golpes al grito de “maricón de mierda”, según testigos. En total, se detuvieron a siete personas, dos de ellas menores de edad.

Ante este suceso, varias asociaciones del colectivo LGTBIQ+ denunciaron este asesinato como crimen homófobo y la sociedad española salió a las calles para pedir justicia y acabar con los delitos de odio. Por todo ello, Samuel se convirtió en el símbolo de la lucha contra la LGTBIfobia.

La muerte a golpes a cargo de una jauría “cruel y deshumanizada”, describe la fiscala del caso, será juzgada a partir de este miércoles tras la elección, que ya tuvo lugar el martes en la Audiencia de A Coruña, del jurado popular. El juicio, con un calendario de declaraciones de acusados, testigos y peritos que se extiende hasta el 18 de noviembre antes de que los jurados se encierren para deliberar, sienta por asesinato en el banquillo a los cinco mayores de edad que pudieron ser identificados o se delataron entre sí entre la marabunta criminal.

¿Quiénes son los acusados?

Las autoridades detuvieron en total a siete personas como los presuntos culpables de la brutal paliza. Entre ellos, dos eran menores de edad y los otros cinco tenían entre 20 y 25 años.

En abril de 2022, el Juzgado de Menores de A Coruña condenó a los dos menores a tres años y medio de internamiento en régimen cerrado. El juzgado les impuso esta medida como autores de un delito de asesinato, tras un acuerdo de conformidad al que llegaron las partes antes del juicio. A día de hoy, los menores ya disfrutan de días libres.

Los otros acusados son Diego Montaña y Katy Silva, para los que la Fiscalía pide 25 años de prisión y cinco de libertad vigilada; Alejandro Freire y Alejandro Míguez, que se enfrentan cada uno a 22 años, lo acusan de golpearlo; y Kaio Amaral, que suma 27 años de petición de pena no solo por participar en la paliza mortal, sino por robarle y hacer desaparecer el móvil de la víctima en medio de la confusión.

Considerado un crimen homófobo

El ministerio público defiende que se trata de un asesinato porque los agresores —entonces amigos y hoy enfrentados entre sí en su estrategia de endosarse unos a otros las culpas— se ensañaron con aquel joven enfermero, incapaz de hacerles frente, con “ánimo de causarle la muerte” y hasta cuando ya estaba inconsciente. “Los continuos y brutales golpes propinados a Samuel fueron realizados con la intención deliberada de aumentar innecesariamente su dolor y sufrimiento físico para alcanzar el fin letal, reflejo de una crueldad y deshumanización extremas”, insiste la fiscalía en su escrito de acusación.

La fiscala recoge en su escrito no solo aquella frase pronunciada por Diego Montaña que corrió como la pólvora por las redes sociales los primeros días (“a ver si te voy a matar, maricón”) sino también “te voy a apuñalar, vas a morir” y otra más, de nuevo atribuida en las testificales al acusado que empezó el linchamiento: “¡Quién le mandó al puto maricón meterse en eso, si era un puto maricón!”, presuntamente pronunciada después de que la turba se dispersase por las calles de la ciudad al comprobar que Samuel ya no se movía.

La acusación defiende que “por las palabras, gestos, forma de vestir, tono de voz y apariencia física” de la víctima, se “desencadenó una reacción aún mucho más virulenta” en Montaña por su “animadversión a la orientación homosexual que le atribuyó”. También afirma que la novia del primer agresor era “plenamente consciente” de esta “profunda animadversión hacia la homosexualidad” y la “compartía” de lleno.

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El primer ministro del país ha explicado que sería una medida temporal debido a la necesidad de seguridad frente a Bielorrusia y Rusia
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Imagen: AFP

El Gobierno polaco, liderado por el conservador liberal Donald Tusk, conmemoró este martes el primer aniversario de las elecciones que pusieron fin a ocho años de gobierno ultraconservador. En este contexto, Tusk presentó la estrategia migratoria que había adelantado en el congreso de su partido el pasado sábado, generando una fuerte controversia. La nueva estrategia incluye la suspensión temporal y territorial del derecho al asilo, una decisión que el primer ministro justifica como medida de seguridad ante la amenaza de desestabilización desde Bielorrusia y su aliado, Rusia.

«Recuperar el control», la nueva estrategia migratoria de Polonia

El Gobierno polaco argumenta que, ante una posible amenaza de desestabilización por un aumento de migrantes, es necesario suspender temporalmente el derecho al asilo. Tusk defendió esta decisión como parte de la estrategia denominada «Recuperar el control. Garantizar la seguridad», que fue aprobada por el Consejo de Ministros sin el apoyo unánime de la coalición gubernamental. La formación Nowa Lewica (Nueva Izquierda), que forma parte del Gobierno, votó en contra, buscando introducir enmiendas que garantizaran el cumplimiento de la Constitución.

Otros miembros de la coalición, como la democristiana Polska 2050, también mostraron su desacuerdo. Katarzyna Pelczynska-Nalecz, ministra de Política Regional, señaló la necesidad de no apartarse de los principios legales y morales, aunque aseguró que su partido logró que se incluyeran controles parlamentarios sobre la suspensión del derecho al asilo y una especial protección para los grupos vulnerables.

Reacciones internacionales y apoyo parcial de Bruselas

El borrador de la estrategia aclara que Polonia no busca retirarse de los acuerdos internacionales que garantizan el derecho al asilo, pero defiende que las normas de protección internacional, creadas hace 70 años, ya no se ajustan a la realidad actual. El país pretende impulsar un cambio en la regulación internacional para permitir la suspensión temporal del derecho al asilo en territorios específicos.

A pesar de la controversia, la Comisión Europea ha evitado el choque directo con Varsovia. Si bien recordó que los Estados miembros están obligados a respetar el derecho internacional, respaldó en cierta medida las preocupaciones de seguridad de Tusk, reconociendo la presión que Rusia y Bielorrusia han ejercido sobre las fronteras exteriores de la UE.

Críticas de ONGs y el contexto político interno

Más de 60 organizaciones de derechos humanos han expresado su rechazo a la nueva estrategia migratoria del Gobierno polaco, alertando que la suspensión del derecho al asilo viola la Constitución polaca y la Convención de Ginebra. Jacek Kucharczyk, politólogo y presidente del Instituto de Asuntos Públicos, considera que esta medida forma parte de una estrategia electoral de Tusk para consolidarse ante las elecciones presidenciales de 2025, buscando desarmar a la oposición ultraconservadora de Ley y Justicia (PiS).

El anuncio de la apertura de 49 centros de integración para extranjeros, financiados por la UE, también ha provocado críticas desde la extrema derecha. Confederación, un partido ultraderechista, ha acusado al Gobierno de fomentar la migración, a pesar de que la estrategia prevé la detención de migrantes en centros vigilados y un programa limitado de estancias humanitarias.

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Bruselas podría abrir centros de deportación fuera de sus fronteras tras analizar el caso de Italia y Albania como una solución innovadora
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Imagen: EFE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha adoptado un enfoque más firme en política migratoria, alineándose con la creciente tendencia de varios países comunitarios que refuerzan sus posturas. Bruselas ahora explora la posibilidad de establecer centros de deportación fuera de la UE, una medida inspirada en el reciente modelo impulsado por Italia en Albania, con el objetivo de enviar allí a migrantes en situación irregular.

Además, la Comisión está preparando una reforma para endurecer las regulaciones sobre deportaciones, como lo detalla Von der Leyen en una carta dirigida a los líderes de los Estados miembros, en vísperas de una cumbre europea donde el tema migratorio será central.

Centros de deportación fuera de la UE

En su carta, la presidenta sugiere seguir explorando el desarrollo de centros de retorno ubicados fuera del territorio de la Unión Europea. Esta propuesta ha ganado tracción entre varios Estados miembros, encabezados por Dinamarca, que abogan por soluciones innovadoras para abordar la inmigración irregular. Un ejemplo es el centro de deportación en Albania, gestionado por personal italiano bajo las normativas italianas, que el gobierno de Giorgia Meloni ha puesto en marcha recientemente.

El Partido Popular Europeo (PPE) respaldó estas medidas en su programa para las elecciones europeas de junio, e incluso promovió una versión más dura inspirada en el «modelo Ruanda» del Reino Unido. Este enfoque contempla la deportación de migrantes en situación irregular a países extracomunitarios, como Ruanda, antes de que se resuelvan sus solicitudes de asilo. La medida ha sido duramente criticada por organismos como el Consejo de Europa.

Reformas migratorias y la necesidad de cooperación

La mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, Francia y Alemania, insisten en la necesidad de endurecer las normas sobre deportaciones y acelerar la implementación del Pacto Migratorio Europeo. Este acuerdo incluye el reparto de solicitantes de asilo entre los países de la UE y una contribución de 20.000 euros por cada refugiado rechazado. Von der Leyen destaca que se trata de «soluciones europeas para un desafío europeo».

Controversias y denuncias de organizaciones humanitarias

A pesar de la disposición de Bruselas a legislar para crear estos centros de deportación, el principal obstáculo sigue siendo encontrar países dispuestos a acogerlos. Algunos Estados presionan a los países de los Balcanes, candidatos a ingresar en la UE, para que acepten estos centros, pero hasta ahora han mostrado resistencia. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos han denunciado estas instalaciones, señalando que en algunos países con acuerdos migratorios con la UE, como Turquía, se han reportado violaciones a los derechos humanos en centros financiados con fondos europeos.

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