Categoría: INTERNACIONAL

La idea de utilizar esta herramienta se ha ejecutado a través de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, durante la investigación del caso Koldo
The post Marlaska quiere hacerse con un ‘Pegasus’ para espiar teléfonos  first appeared on Hércules.  El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, planea gastar hasta 85 millones de euros en un nuevo sistema de interceptación de telecomunicaciones. Una compra que se plantea hacer dentro de un contexto dudoso, debido a que a día de hoy queda mucha incertidumbre sobre el supuesto uso ilegal de Pegasus.

Según ha trascendido, Marlaska ya ha adjudicado un megacontrato a dos filiales de Telefónica el pasado día 14 de octubre. Este contrato tiene como meta primera desarrollar una herramienta que permita escuchas telefónicas bajo control judicial. El medio The Objective ha tenido acceso a dicho megacontrato está financiado con fondos europeos y su adjudicación ha sido negociada sin publicidad.

Este procedimiento permite a la entidad adjudicadora negociar directamente con empresas sin realizar una convocatoria pública. En este caso, la decisión se justifica por motivos de seguridad.

La Secretaría de Estado de Seguridad ha sido el encargado de tramitar dicho pliego con las dos filiales de Telefónica. Según The objective, el plazo de ejecución previsto según el acta de resolución es de tres años. El plazo empezará a contar desde febrero de 2025 o desde la fecha de formalización del contrato, si ésta fuese posterior. La herramienta permitirá intervenir decenas de miles de llamadas y mensajes de investigados, previa autorización judicial.

La idea de utilizar esta herramienta se ha ejecutado a través de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, durante la investigación del caso Koldo y de sus vínculos, es decir, el caso de los hidrocarburos. Así mismo, esta herramienta, Pegasus, ha sido una pieza clave para operaciones mayor antidroga y para detener a individuos vinculados a los atentados yihadistas del 11-M.

Marlaska quiere interceptar llamadas telefónicas

Según se ha conocido, el Ministerio del Interior adjudicó el megacontrato para la prestación de los servicios de telecomunicaciones fijas (voz y datos), móviles (voz y datos), de acceso y relación con otras redes públicas y privadas (nacionales e internacionales), así como la gestión integral para la seguridad de las telecomunicaciones de la Policía.

Este contrato adjudicado por Marlaska está dividido en tres lotes y fue tramitado por el procedimiento negociado sin publicidad. El valor estimado supera los 173 millones. El periodo de ejecución es de cuatro años.

The Objective, ha conocido que el lote más importante recayó en Telefónica. El encargo, para la implantación de servicios de comunicaciones sobre la red de datos, está valorado en 134,5 millones. Por su parte, Capgemini España se hizo con un lote valorado en 12,4 millones para poner en marcha una Oficina Técnica para proveer de soporte a la Oficina de Programa. 

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La agrupación de Yolanda Díaz se desmarca de Podemos e Ione Bellara y apoya a sus socios de gobierno en el marco del “caso Ábalos”
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Imagen: Europa Press

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p class=»MsoNormal»>Sumar ha decidido dejar de exigir explicaciones a Pedro Sánchez y al PSOE en relación con el ‘caso Koldo’. El partido, liderado por Yolanda Díaz, se ha unido a la estrategia de proteger al presidente del Gobierno ante cualquier implicación en el caso. A pesar de la relación cercana de Sánchez con José Luis Ábalos, quien fuera su mano derecha en el partido y uno de los principales ministros, Sumar no plantea ninguna sospecha ni cuestiona la decisión de Sánchez de apartarlo de forma abrupta, años antes de que estallara el escándalo.

Defensa de Sumar: «El presidente ya ha dado las explicaciones necesarias»

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, aseguró que el presidente del Gobierno «ya ha dado las explicaciones que tenía que dar» y no ve necesaria ninguna aclaración adicional. De este modo, Sumar se alinea con el PSOE en la defensa de Sánchez, evitando cualquier tipo de cacería política en su contra. Fuentes de la coalición argumentan que no existe ningún indicio que involucre al presidente en los hechos investigados, por lo que consideran que el tema debería quedar zanjado en ese sentido.

Equilibrio entre la defensa del Gobierno y la lucha contra la corrupción

Sumar reconoce que su participación en el Ejecutivo les obliga a encontrar un equilibrio entre la defensa del Gobierno y la contundencia necesaria para abordar un caso de corrupción que afecta al PSOE. Urtasun fue firme al exigir que la investigación siga «hasta el final» y que se «depuren todas las responsabilidades» que puedan derivarse. Al mismo tiempo, se mostró cauteloso respecto a cuestionar el cese de Ábalos, describiendo la decisión de Sánchez como «una potestad» del presidente en su momento.

Perfil bajo ante la investigación en curso

El partido de Díaz y sus principales aliados han optado por mantener un perfil bajo en espera de que avance la investigación. Aunque no se descarta que puedan pedir más explicaciones si la situación se complica, por el momento consideran que la responsabilidad recae exclusivamente en Ábalos. Compromís, por ejemplo, considera que el caso afecta únicamente al exministro, mientras que Més ha señalado que Francina Armengol, presidenta del Congreso, debe asumir su responsabilidad política, aunque no se pide su dimisión por falta de pruebas.

Por su parte, IU ha defendido la posición del partido en el caso, asegurando que están actuando con firmeza para que se despeje cualquier duda sobre las posibles ilegalidades. Señalan que, aunque algunas de las denuncias carecen de consistencia, es necesario que se ofrezcan todas las explicaciones posibles.

Podemos critica directamente a Sánchez

La postura de Sumar contrasta con la de Podemos, que ha sido mucho más crítica. El partido liderado por Ione Belarra considera «inverosímil» que Pedro Sánchez y el PSOE no tuvieran conocimiento de lo que estaba sucediendo. Insisten en que se necesitan «muchas más explicaciones» y recalcan que Ábalos, siendo la «mano derecha» del presidente, no pudo actuar sin que Sánchez estuviera al tanto. Pablo Fernández, portavoz de Podemos subrayó que, si Ábalos acaba vinculado al caso, deberán «depurarse responsabilidades al más alto nivel», apuntando directamente a Sánchez.

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El presidente del Gobierno ha recordado que la misión de la ONU en Líbano está comandada por un español, el general Aroldo Lázaro, y que España contribuye con 650 militares
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Imagen: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención en la jornada ‘World in Progress’ de Prisa en Barcelona. ALBERTO PAREDES – EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha pedido este lunes durante su intervención en el World in Porgress Barcelona (WIP) el fin de las ventas de armas a Israel -que España estuvo proporcionando tras el 7 de octubre de 2023, aunque el Gobierno dice que eran acuerdos comerciales previos-. El presidente de ha referido expresamente a la guerra que se vive en Oriente Próximo y ha hecho una reflexión con un tono muy duro contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, con alusiones a la necesidad de que “la comunidad internacional suspenda de inmediato el envío de armas a Israel”. “Sin armas no hay guerra”, ha remachado.

 “Y por el mismo motivo”, ha proseguido Sánchez, “creo que la Comisión Europea, el Gobierno de todos los europeos y europeas, debe responder de una vez por todas a la petición formal que hicimos dos países europeos, España e Irlanda, hace ya nueve meses, y suspender el acuerdo de asociación con el Gobierno de Israel si se constata, como todo sugiere, que se están violando los derechos humanos. Y por la misma razón, la comunidad internacional debe blindar su apoyo a Naciones Unidas”.

Sánchez también ha condenado las recientes declaraciones de Netanyahu en las que exigió la retirada de la Finul, la misión de la ONU en Líbano. “Son tropas que realizan un trabajo extraordinario para favorecer la paz entre Israel y Líbano”, ha defendido el presidente español. La ONU denunció este domingo que dos tanques de las tropas israelíes penetraron “por la fuerza” durante la madrugada en una de las bases de su misión de paz en el sur de Líbano tras destrozar la entrada. Horas después de que esto ocurriera, Netanyahu elevó la presión sobre Naciones Unidas e instó al organismo internacional a que se retirara “de inmediato” del sur libanés. Su argumento fue que los cascos azules están siendo empleados como “escudos humanos” por la milicia chií libanesa Hezbolá.

En la misma línea, Sánchez ha recordado que la misión de la ONU en Líbano está comandada por un español, el general Aroldo Lázaro, y que España contribuye con 650 militares: “Quiero trasladarles también desde aquí que condenamos, como no puede ser de otra manera, y vamos a seguir condenando de forma rotunda, la declaración que ayer hizo el primer ministro Netanyahu, porque no va a haber retirada de FINUL, porque nuestro compromiso con la legalidad internacional tiene hoy más sentido que nunca después de ver lo que está sucediendo sobre el terreno”.

La UE no se pone de acuerdo con su posición en el conflicto

La UE sigue afrontando con división el conflicto en Oriente Medio. Los 27 tardaron más de 48 horas en consensuar una posición común para condenar los ataques de Israel a la misión de paz UNIFIL en la que participan 16 estados miembros. A última hora del domingo, el alto representante, Josep Borrell, logró la unanimidad que se requiere para la política exterior y emitió un comunicado en el que se eleva el tono contra Israel en comparación con textos anteriores al advertir de que los ataques a los cascos azules suponen una violación del derecho internacional.

“Son totalmente inaceptables. Los ataques deben cesar inmediatamente”, señala la UE, que reclama a Israel explicaciones y una “investigación exhaustiva” sobre lo ocurrido. 

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En el documento, que consta de 12 páginas, no hay más información que la grabación de ese supuesto empresario que afirma haber llevado 90.000 euros a Ferraz, sede del PSOE, por orden de Aldama
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Imagen: Reunión del Comité de Dirección del PP en Génova este domingo. TAREK / PP

El PP ha presentado este lunes una querella en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho, blanqueo y tráfico de influencias relacionadas con el caso Koldo. Un documento que el PP no ha querido remitir a los medios y que demuestra que la denuncia de los populares se basa únicamente en el testimonio de dos testigos anónimos que han sido publicados en el medio The Objective.

En el documento, que consta de 12 páginas, no hay más información que la grabación de esas dos supuestas personas que relatan de manera anónima que el cabecilla del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, habría hecho de intermediario con un empresario del sector de los hidrocarburos para que este consiguiera una licencia para su empresa. Ese empresario, llamado Claudio Rivas, habría pagado a cambio a Aldama 600.000 euros.

La querella recoge, en base a esos testimonios, que Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, se habría reunido con Aldama y Rivas para facilitar la obtención de esa licencia. “Sobre la forma en la que se produjeron los citados pagos, se afirma que al menos una parte de la cantidad presuntamente adeudada, se habría llevado físicamente a la sede del Partido Socialista Obrero Español”, sostiene la querella del PP.

“En la grabación de la entrevista que acompaña a la noticia, el declarante manifiesta que, de los 600.000 euros acordados, ‘se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros, que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta, en la sede del Partido Socialista’. Esas entregas, que se habrían realizado a ”un señor, vamos, que estaba esperando que se le entregara ese sobre’“, afirma el documento del PP.

“El pago de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE se habría realizado en dos entregas, en octubre de 2020. Un dinero que ‘fue transportado en una bolsa de plástico’”, continúa la querella, que da por buena la información y cuestiona que a esa persona que acudió a Ferraz “no se le pidiera documentación alguna y se le preguntara expresamente si venía de parte del Sr. De Aldama, de lo que se desprende que trabajadores del PSOE conocían a este último”.

El PP incide en que la empresa de hidrocarburos acabó consiguiendo la licencia en septiembre de 2022, y concluye que se ha cometido cuatro delitos: blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos, cohecho y tráfico de influencias. 

Pocas garantías de prosperar

Las fuentes jurídicas consultadas por la SER ven bastante improbable que esta querella prospere porque, a diferencia de lo que dice el PP en ese texto, advierten que no hay conexión con la causa de los hidrocarburos. 

La información no va acompañada de otro dato o indicio más como documentos, fotografías, vídeos o declaraciones de trabajadores de la sede socialista de Ferraz o de supuestos receptores de la coima que apoyen el relato, por lo que para las fuentes consultadas, tomar en serio en este momento la publicación para la apertura de un procedimiento penal, resultaría “profundamente temerario”.

En la misma línea se expresan fuentes consultadas por la Audiencia Nacional quienes explican que, primero, en la Audiencia los jueces cumplen con la consolidada doctrina del Supremo respecto a que no admiten querellas basadas únicamente en informaciones periodísticas sin más datos que avalen los hechos.

En segundo lugar, estas fuentes no aprecian conexidad entre la supuesta financiación ilegal denunciada por el PP y la causa de hidrocarburos que investiga el juez Pedraz. Y tercero, resulta prácticamente imposible contrastar por el juzgado la declaración anónima a un medio de comunicación, si como sucede en casi todos los casos, el medio no revela sus fuentes.

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Las empresas fantasmas desaparecen antes de tributar, utilizando testaferros para adquirir los carburantes y no pagar a Hacienda
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p class=»MsoNormal»>El fraude del IVA en la venta de carburantes ha experimentado un aumento notable en los últimos años, representando ya alrededor del 25% del volumen total de combustible vendido en el país. Esta problemática, que preocupa desde hace tiempo a los inspectores de la Agencia Tributaria, ha vuelto a ser noticia tras la reciente detención de Víctor de Aldama, comisionista implicado en el caso Koldo. De Aldama ha sido acusado de idear un fraude multimillonario que ha costado a Hacienda 182 millones de euros en solo dos años. Expertos del sector advierten que estas prácticas están causando un agujero creciente en las arcas públicas, con pérdidas que superan los 1.000 millones de euros anuales.

Cómo operan las tramas de fraude

El esquema de fraude es relativamente sencillo: se basa en la creación de empresas ficticias que compran combustible sin pagar el IVA y luego desaparecen antes de que Hacienda pueda recaudarlo. Según la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, estas empresas actúan como intermediarias en la compra y venta de carburantes dentro de la Unión Europea, aprovechando las exenciones del mercado intracomunitario para evitar el pago inmediato del IVA. Al vender el combustible a precios más bajos en el mercado interno, emiten facturas con IVA que nunca llegan a las arcas del Estado, pues las empresas desaparecen antes de ser detectadas.

El uso de empresas pantalla con testaferros permite a las sociedades de corta vida operar durante un tiempo suficiente para realizar varias transacciones antes de desaparecer. Al principio, el combustible está exento de tributar mientras permanece en depósito fiscal bajo el régimen suspensivo, pero una vez que sale, está sujeto a impuestos especiales y al IVA. Sin embargo, los operadores fraudulentos se benefician de la exención del IVA cuando adquieren combustible al por mayor, pero nunca llegan a ingresarlo.

Efectos del fraude en el precio y la competencia

Además de no ingresar el IVA, estas empresas fraudulentas tampoco asumen otros costes asociados al precio final del combustible, como la reserva de biocarburantes o la contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, según explica Natalia Hidalgo, experta en impuestos especiales. Esto les permite ofrecer precios más bajos que las empresas legales, distorsionando el mercado y generando una competencia desleal que reduce significativamente los márgenes de beneficio de los operadores legítimos.

Pérdidas económicas y vínculos con el crimen organizado

El impacto económico de este tipo de fraude es devastador. Aunque la Agencia Tributaria no publica cifras específicas, sus informes anuales revelan varios casos de este tipo de tramas, con pérdidas de cientos de millones de euros. La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), estima que, desde mediados de 2021 hasta mediados de 2022, sus agentes han destapado fraudes por valor de 530 millones de euros. Por su parte, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos cifra las pérdidas en 1.200 millones de euros anuales, mientras que KPMG estima que entre 2013 y 2022 las ventas de operadores irregulares alcanzaron los 26.000 millones de euros, sin que pasaran por los controles de Hacienda.

Este tipo de fraude no solo afecta al erario público, sino que también está vinculado a redes de crimen organizado, que utilizan las ganancias para financiar actividades ilícitas. En algunas operaciones recientes, se ha descubierto que los beneficios obtenidos se blanqueaban a través de inversiones en criptomonedas, así como en sectores como el sanitario, hotelero y de restauración.

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La amenaza que representa Israel ha provocado un debate interno sobre el cambio de doctrina que prohíbe el uso de este armamento
The post El régimen iraní quiere dotarse de armas atómicas first appeared on Hércules.  El 5 de octubre, 39 parlamentarios conservadores enviaron una carta al Consejo Supremo de Seguridad Nacional. En ella, pedían una revisión de la doctrina de defensa nacional, que actualmente prohíbe la fabricación de armas atómicas. Los parlamentarios argumentaban que esta modificación era necesaria para «fortalecer la disuasión defensiva» del país y señalaban a Israel como la principal amenaza. Este llamado ha tomado fuerza desde el 1 de octubre, cuando Irán lanzó 180 misiles contra Israel en respuesta a los asesinatos del líder de Hamás, Ismail Haniya, en Teherán y del líder de Hizbulá, Hasan Nasralá, en el Líbano.

Las tensiones entre Irán e Israel y el rol de Occidente

La posibilidad de una respuesta israelí y el temor a una guerra en Oriente Próximo, con el previsible apoyo de Washington a Israel, han frustrado los intentos de acercamiento que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, había realizado hacia Occidente. Pezeshkian, que asumió su cargo en julio, había ofrecido abrir un diálogo directo con Estados Unidos para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa atómico iraní a cambio de alivio de sanciones. Sin embargo, la escalada de tensión ha provocado que el mandatario cambie su postura, criticando abiertamente tanto a Washington como a la Unión Europea, y buscando un acercamiento a Rusia.

El debate interno sobre las armas nucleares

El debate sobre la necesidad de dotarse de armas nucleares ha ganado terreno en Irán. Incluso Hassan Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica, ha participado en la discusión, sugiriendo la necesidad de reforzar la disuasión del país. Este cambio de actitud refleja el creciente coro de voces que pide una revisión de la doctrina de defensa ante las amenazas de Israel. Naysan Rafati, analista del International Crisis Group, señala desde Estados Unidos que este debate es un indicador de que «algo se está moviendo» en Irán.

A pesar de las presiones del ala dura del régimen, la postura oficial del gobierno iraní no ha cambiado, según la Embajada de Irán en Madrid. Teherán sigue negando que su programa nuclear tenga fines militares, y el líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, ha emitido una fetua que prohíbe el uso de armas atómicas por considerarlas contrarias al islam. Sin embargo, desde la ruptura del acuerdo nuclear en 2018, Irán ha incrementado sus niveles de enriquecimiento de uranio, alcanzando el 60%, según un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Presiones externas y la lucha interna por el poder

La presión sobre Irán no solo proviene de la comunidad internacional. Según el analista Daniel Bashandeh, la política nuclear se utiliza dentro del país para consolidar el poder y generar cohesión dentro del régimen. Las autoridades iraníes buscan «cerrar filas» y recuperar su credibilidad mostrando que podrían desarrollar armas nucleares si lo desean. Este mensaje no solo va dirigido a Israel o Estados Unidos, sino también a la propia población iraní, que enfrenta una economía debilitada por las sanciones y un creciente descontento social.

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Desde Ferraz, se atacó con dureza a los populares recordándoles todos los casos de corrupción en los que están siendo investigados relevantes exdirigentes del partido o han sido ya condenados
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Imagen: La portavoz del PSOE Esther Peña durante una rueda de prensa. EP

La denuncia presentada por parte del PP ante la Audiencia Nacional contra el PSOE ha roto todos los puentes entre los dos grandes partidos y ha provocado una reacción de indignación en la cúpula socialista. La portavoz del Gobierno Pilar Alegría ha recriminado a los populares que vayan a presentar una denuncia por financiación ilegal y tráfico de influencias y que lo anuncien desde una sede “pagada con dinero negro”. Además, ha negado que la salida del Gobierno de José Luis Ábalos, en julio de 2021, esté relacionada con el caso Koldo y asegura que el presidente Pedro Sánchez no tenía entonces ningún ato al respecto.

Desde la sede de Ferraz, la portavoz del PSOE Esther Peña atacó con dureza al PP recordándole todos los casos de corrupción en los que están siendo investigados relevantes exdirigentes de este partido o han sido ya condenados. “Nos están pidiendo explicaciones desde una sede, la del PP, pagada en [dinero] negro. ¿Quién nos está pidiendo cuentas, los Soprano?”, llegó a decir.

“Es lamentable que el PP esté constantemente utilizando los bulos de unos pseudomedios”, sentenció en Barcelona la vicepresidenta primera María Jesús Montero tras su participación en World in Progress, el foro internacional organizado por el Grupo PRISA en Barcelona. Peña exigió que no se invierta la carga de la prueba: “Si alguien dice que ha traído algo aquí, que lo demuestre. No seremos nosotros, que estamos en situación pasiva, alucinando con lo que algunos van contando, los que tendremos que aportar o probar nada”, explicó.

Peña además amenazó al PP con responder a esta denuncia con otra contra el líder de los populares si Alberto Núñez Feijóo no da explicaciones sobre contratos otorgados por la Xunta a miembros de su familia. “Si Feijóo no da explicaciones ante la comisión de investigación en Galicia, iremos a los tribunales para que lo haga ante la Justicia”, aseguró la portavoz del PSOE.

Una denuncia basada en un testimonio anónimo

La secretaria general del PP Cuca Gamarra adelantó que su partido denunciará al PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, después de que un empresario afirmase que llevaba bolsas de dinero a la sede nacional de los socialistas en la calle Ferraz.

La cúpula del partido, aún en shock por el informe de la Guardia Civil que apunta claramente a la responsabilidad en el llamado ‘caso Koldo’ de José Luis Ábalos, insiste en encapsular el escándalo en el que fuera la mano derecha de Sánchez. Mientras, reprocha al PP que lleve a la Audiencia Nacional una denuncia basada en dos testimonios anónimos que, en conversación con The Objective, aseguraron que llevaron 90.000 euros a la calle Ferraz. El PSOE no le da ninguna credibilidad a este denunciante anónimo y confía en que la Audiencia Nacional archive la denuncia del PP.

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