Categoría: INTERNACIONAL

El magnate y dueño de la red social, Elon Musk, ha cedido y pagará las multas impuestas por el Tribunal Supremo
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Imagen: Elon Musk, propietario de X-EFE

X (previamente conocido como Twitter) volverá a estar disponible en Brasil tras más de un mes de suspensión impuesta por el Tribunal Supremo del país. El magnate Elon Musk, propietario de la red social, ha decidido ceder y pagar las multas que le exigía la Justicia brasileña.

Desde el pasado 31 de agosto, X permanecía inactiva para sus 20 millones de usuarios brasileños. Esta medida fue una decisión del magistrado Alexandre de Moraes, quien estaba encargado de combatir la propagación de noticias falsas y los delitos de odio a través de Internet.

Suspensión de X en Brasil

La historia se remonta varios meses atrás, después de que el juez ordenara a X la eliminación de una serie de perfiles vinculados a la derecha radical por el expresidente Jair Bolsonaro, investigado por conspirar para dar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Lula da Silva. El juez De Moraes acusó a Musk de obstruir de manera ilegal su trabajo para limpiar internet y erradicar la incitación al odio y los ataques a la democracia, mientras que Musk argumentó que el juez De Moraes estaba censurando la libertad de expresión.

Musk se negó a cerrar esos perfiles. Además, retiró las oficinas de X de Brasil, así como a los representantes legales, y rechazó pagar las multas impuestas por la Corte Suprema. Ante esto, el magistrado optó por bloquear la red social en el país. Como respuesta, Elon Musk inició una campaña contra De Moraes, acusándole de «dictador disfrazado de juez” e incluso de «violar» la Constitución brasileña.

También hubo reticencias entre otros jueces por la decisión del juez brasileño, debido a la amenaza de imponer fuertes multas a las personas en Brasil que emplearan un software de privacidad de uso común conocido como red privada virtual, o VPN, para eludir la prohibición y utilizar X. El juez Luiz Fux dijo que las personas no deberían ser multadas a menos que estén usando X para difundir “racismo, fascismo o nazismo, obstruir investigaciones criminales o incitar delitos en general”.

Por medio de una carta dirigida al magistrado, la defensa de X anuncia que pagará la totalidad de las multas, lo que equivale a 28,6 millones de reales (4,7 millones de euros). Lo hará íntegramente con recursos propios de X, sin recurrir a otra de las compañías de Musk, Starlink. Parte de las multas ya habían sido pagadas con los recursos retenidos de Starlink, ya que sus cuentas y las de X habían sido bloqueadas por el juez. Este martes, ambas han sido desbloqueadas.

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La fundación elaboró documentos falsos para no devolver el dinero recibido de las subvenciones de la Junta destinada a formar a parados
The post Faffe creó facturas falsas en Andalucía first appeared on Hércules.  La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) se encuentra en el centro de una investigación por su presunta creación de facturas falsas con proveedores para justificar las millonarias subvenciones recibidas durante los gobiernos socialistas en Andalucía. Un informe de la Guardia Civil, entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el 29 de febrero, revela que la entidad habría implementado este sistema fraudulento con el objetivo de evitar la devolución de fondos públicos no utilizados o difíciles de justificar.

Un sistema para justificar subvenciones

El principal interés de la Faffe no habría sido la prestación de servicios necesarios para la Administración, sino justificar el dinero de las subvenciones recibidas, incluso fuera del plazo establecido. Según el informe, la Fundación empleó este método para desviar fondos destinados a la formación de desempleados, manipular contratos y facilitar el enchufe de familiares y allegados a miembros del PSOE. La investigación se enmarca en la macrocausa que explora la corrupción en torno a la Faffe, que funcionó entre 2003 y 2011 y recibió alrededor de 300 millones de euros, de los cuales 55 millones nunca fueron justificados.

Correos electrónicos borrados y facturas falsas

La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), ha revisado más de 235.000 correos electrónicos relacionados con responsables de la Faffe, aunque no de todos los directivos, ya que se detectó un borrado masivo de correos antes de la entrega de los discos duros requeridos por la justicia. En las comunicaciones revisadas, se revela que directivos de la Fundación pactaban con proveedores para elaborar facturas falsas por servicios que nunca se realizaron. Estas operaciones permitían imputar los costes a ayudas destinadas a desempleados, y algunas empresas contratadas incluso recibían comisiones por facilitar el proceso.

El análisis de los correos muestra cómo los directivos y técnicos de la Faffe solicitaban documentación falsa a sus proveedores para justificar los gastos ante la Consejería de Empleo. Según los investigadores, esta documentación no reflejaba la realidad de los hechos, lo que permitía justificar de manera fraudulenta el uso de fondos públicos. En una de las comunicaciones, una directiva incluso sugiere que «se puede hablar con la agencia y que pongan lo que necesitemos» para cubrir el coste de un viaje a cargo de una ayuda.

La complicidad de la Junta de Andalucía

El informe de la Guardia Civil no descarta que la Junta de Andalucía estuviera al tanto de estas irregularidades. De hecho, la investigación señala que la Administración autonómica otorgaba prórrogas para la presentación de la documentación justificativa de los gastos, incluso cuando no se había presentado ninguna justificación real. Los investigadores sugieren que la Junta facilitaba esta dinámica fraudulenta, lo que les permitía a los responsables de la Faffe mantener la simulación de gastos.

El desvío de fondos públicos y los contratos simulados

Entre las irregularidades descubiertas, destaca una serie de correos en los que los directivos intentan simular un gasto de 142.713,68 euros para evitar la devolución de una subvención. Para ello, consideraban presentar una factura de la consultora Los Favoritos de Alcalá, con el objetivo de justificar parte de este monto. Además, se identificaron contratos con las empresas ANova XXI SL y Proyempleo SL para simular un gasto de 376.208 euros, ajustando las fechas para que se correspondieran con el plazo de ejecución de las subvenciones.

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En un comunicado, la Casa Blanca informó este miércoles de que Biden participó en una llamada con el G7 para analizar «el inaceptable ataque de Irán contra Israel y coordinar una respuesta»
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Imagen: Joe Biden en su despacho presidencial. Kent Nishimura

El presidente estadounidense Joe Biden advirtió este miércoles a Israel de que Estados Unidos no apoyará que se ataquen instalaciones nucleares en Irán. Las declaraciones llegan tras el ataque de Teherán contra Tel Aviv y Jerusalén del pasado martes, en el que se dispararon un total de 200 misiles balísticos.  «La respuesta es no», afirmó Biden a los medios ante la posibilidad de que el Gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tome represalias.

Biden hizo estas breves declaraciones antes de subir al helicóptero presidencial y detalló que el G7 está trabajando «en una declaración conjunta» para condenar el ataque iraní. «Discutiremos con los israelíes lo que van a hacer», ya que Israel «tiene la necesidad de responder», afirmó.

En un comunicado, la Casa Blanca informó este miércoles de que Biden participó en una llamada con el G7 para analizar «el inaceptable ataque de Irán contra Israel y coordinar una respuesta«, que incluirá nuevas sanciones.

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, el teniente general Herzi Halevi, aseguró este miércoles que Israel pretende responder al ataque masivo iraní y que tiene «la capacidad para alcanzar y golpear cualquier punto de Oriente Medio». «Aquellos de entre nuestros amigos que no lo hayan entendido aún, pronto lo entenderán», amenazó Halevi.

Israel no descarta un ataque a las centrales nucleares

El país hebreo podría responder atacando infraestructuras estratégicas de Irán, como plataformas de gas o petróleo o apuntando directamente a las instalaciones nucleares de Irán, según informaron los medios el miércoles. Los asesinatos selectivos y los ataques a los sistemas de defensa aérea de Irán también son posibles respuestas, según informó Axios, citando a fuentes conocedoras israelíes.

Un ataque a las instalaciones petroleras iraníes podría devastar la economía del país, y cualquiera de las respuestas consideradas podría marcar otra escalada, casi un año después del inicio de la guerra en curso que comenzó cuando el grupo palestino Hamás atacó a Israel en octubre de 2023.

«Tenemos un gran interrogante sobre cómo responderán los iraníes a un ataque, pero tenemos en cuenta la posibilidad de que se lancen con todo, lo que sería un juego completamente diferente», dijo un funcionario israelí a Axios.

En Israel, los ministros prometieron que Irán lamentaría el ataque, mientras que los políticos, incluidos los de la oposición, pidieron una respuesta contundente. El ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz declaró el martes en un comunicado: “El régimen de los ayatolás ha cruzado la línea roja y el Estado de Israel no se quedará callado ante el ataque criminal de Irán contra nuestros ciudadanos”.

El ministro de Defensa Yoav Gallant escribió en X: “Irán no ha aprendido una lección sencilla: quienes atacan al Estado de Israel pagan un alto precio”.

El líder de la oposición, Yair Lapid, también dijo en un comunicado el miércoles por la mañana que “la respuesta debe ser dura y enviar un mensaje claro a todo el eje: Irán, Yemen, Siria, Líbano y Gaza”, nombrando países y territorios desde los que los grupos terroristas respaldados por Irán han lanzado ataques contra Israel.

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Estas reuniones se están llevando a cabo de manera “discreta”, por petición del Gobierno central según ha confirmado el propio Partido Popular
The post El PSOE etiqueta de “secretas” las reuniones con el PP y Canarias sobre la inmigración  first appeared on Hércules.  La crisis de inmigración es uno de los temas que más se está enquistando en el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que ya han comenzado las reuniones y conversaciones entre el PSOE, Canarias y el Partido Popular. La última de estas ha tenido lugar el pasado lunes, a la que asistieron los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, e inmigración, Elma Saiz, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado.

Estas reuniones se están llevando a cabo de manera “discreta”, por petición del Gobierno central, según ha confirmado el propio Partido Popular. El cual ha acusado al PSOE de “filtrar” a los medios la versión que más les interesa sobre esta cuestión. Según ha explicado el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, la celebración de estas reuniones, así como el contenido que se trata en estas, se ha pedido que se lleven con absoluto “secretismo”.

Un compromiso que el PP por su lado ha cumplido de manera escrupulosa. Pero el PSOE se ha saltado su propia norma. En primer lugar, desveló que el primer encuentro había tenido lugar el pasado 28 de agosto. Después, el Gobierno reveló que les había propuesto a las diferentes partes que componen estas reuniones una propuesta. Una forma de actuar que busca, según denuncia el PP, controlar el relato para culparles de la falta de acuerdo.

El PSOE ha roto el pacto de secretismo de estas reuniones

Según fuente cercanas a Moncloa estas reuniones o negociaciones se encuentran en un punto encallada, pero han destacado que no es por culpa de ellos, sino que los culpables son el PP.

Aseguran que “no se fían” del PP porque “luego cambia de opinión sobre lo pactado, una vez llega la propuesta al Congreso”, en referencia a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menas, que rechazaron tanto los populares como Junts, socio del Ejecutivo.

El Gobierno de Sánchez se centra en poner el foco en que el problema de reparto de los menas es del PP, señalando que son un partido “insolidario”. Aunque todavía no se ha dado respuesta al preacuerdo alcanzado a tres bandas a finales de agosto, o al pacto sellado entre Feijóo y Clavijo que incluye propuestas globales para abordar el problema en su conjunto, no sólo para el reparto de menas.

Los objetivos de las propuestas de las que se habrían hablado en estas reuniones, son una mayor concesión de ayudas económicas a las comunidades autónomas, la cogestión de los inmigrantes y solicitar ayuda a Europa para controlar la llegada masiva de extranjeros, tanto para el reparto de menores, como para el control de fronteras a través de Frontex.

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El acuerdo lo ha hecho público el grupo parlamentario de la formación independentista. La reforma de la norma estaba incluida en el Plan de Acción por la Democracia
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Imagen: Mertxe Aizpurúa, portavoz parlamentaria de Bildu-Público

El grupo parlamentario de Bildu en el Congreso ha anunciado este jueves que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de coalición para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’ tras la modificación que realizó el PP cuando tenía mayoría absoluta en 2015. Así, según ha explicado su portavoz, Mertxe Aizpurúa, se prohibirá el uso de pelotas de goma y se modificarán las faltas de respeto y la desobediencia ante los agentes de autoridad. Los insultos e injurias serán considerados falta leve y en el caso de que esa persona se retracte, se retirará. La sanción económica también pasa de grave a leve.

«Se gana en objetividad. Únicamente se podrá sancionar en caso de resistencia corporal ante una orden de los agentes», ha explicado el diputado de Bildu, Jon Iñarritu.

Iñarritu ha celebrado con especial entusiasmo el final de las pelotas de goma como material antidisturbios, que se sustituirá por otro material menos lesivo. El Gobierno anunciará un calendario para ese recambio, según ha precisado el diputado de Bildu. «Es una excelente noticia anunciar que se va a acabar con esos proyectiles de caucho, un material policial propio del siglo XX, que como todos saben ha producido en el Estado al menos 23 fallecimientos, del mismo modo que cientos de personas han quedado mutilados de ojos u otros órganos de su cuerpo».

Además, el Gobierno se compromete a reformar la Ley de Extranjería en el plazo de seis meses para acabar con las devoluciones en caliente.

La reforma estaba incluida en el Plan de Acción por la Democracia

El Gobierno incluyó una reforma de esta norma en el Plan de Acción por la Democracia que aprobó hace dos semanas el Consejo de Ministros, pero Bildu había pedido ir más allá de lo incluido por el Ejecutivo en ese documento.

En la anterior legislatura ya se hizo un intento de revertir los aspectos más lesivos de la ‘ley mordaza’ en el Congreso. De hecho, la ponencia encargada de esa revisión llegó a aprobar un informe, pero acabó paralizándose en la Comisión de Interior por la negativa de Bildu y ERC a apoyarlo, pues lo consideraban insuficiente.

Estos dos aliados del Gobierno tumbaron entonces los cambios que habían pactado PSOE, Unidas Podemos y el PNV porque no incluían la prohibición de las ‘devoluciones en caliente’ en la frontera de inmigrantes, el uso de pelotas de goma por parte de los agentes policiales ni acotaba la imposición de sanciones administrativas.

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Defensa ha confirmado que enviará dos aviones y reducirá el personal en la embajada, pero mantendrá a los militares en la zona
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El Gobierno español ha puesto en marcha un operativo para evacuar a alrededor de 500 ciudadanos españoles que residen en el Líbano y desean abandonar el país, en medio de la intensificación del conflicto entre Israel y Hizbulá. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado el envío de dos aviones del Ejército del Aire, que partirán este jueves rumbo a Beirut. Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado la posibilidad de un tercer vuelo para completar la evacuación.

Operación de evacuación en marcha

En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, la ministra Robles anunció que la operación ya está lista para su ejecución. Sin embargo, las cifras sobre el número de evacuados varían. Robles mencionó inicialmente que serían unas 350 personas, pero más tarde, Albares, en una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta, elevó esa cifra a «alrededor de 500».

La ministra destacó que España tiene experiencia en este tipo de operaciones y que «nunca hemos dejado a ningún ciudadano atrás«, haciendo referencia a evacuaciones anteriores en Afganistán, Níger y Sudán. Robles aseguró que todo está preparado, aunque la situación en el espacio aéreo de la región es complicada.

Trabajo conjunto entre Defensa y Exteriores

El ministro Albares reafirmó que la evacuación es una tarea coordinada entre los ministerios de Defensa y Exteriores, subrayando que el primero es responsable de proporcionar los medios logísticos necesarios para llevar a cabo la operación. «Nosotros nunca dejamos a ningún español atrás», reiteró, destacando la importancia de la cooperación entre ambos departamentos.

Según los servicios consulares, 960 españoles residen actualmente en el Líbano, la mayoría con doble nacionalidad. Desde el inicio de la escalada entre Hizbulá e Israel la semana pasada, el consulado ha estado en contacto con estos ciudadanos, verificando su estado y monitoreando sus planes de salida.

Hasta el pasado 1 de octubre, la embajada española recomendaba a los residentes que adquirieran billetes en vuelos comerciales, aunque solo la aerolínea Middle East continúa operando en el aeropuerto de Beirut. De hecho, no hay vuelos programados a Madrid hasta el próximo 9 de octubre, lo que ha acelerado los esfuerzos del Gobierno español para evacuar a sus ciudadanos.

Reducción del personal diplomático y misión militar en el Líbano

Además de la evacuación, Albares ha anunciado una reducción del personal en la embajada española en Beirut, limitándolo a lo «estrictamente necesario». El objetivo es garantizar tanto la salida de los ciudadanos como el mantenimiento de la labor diplomática en la región.

Por otro lado, no se prevé la retirada de los 650 soldados españoles desplegados en el Líbano como parte de la misión de paz de las Naciones Unidas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el propio Albares han estado en contacto con responsables de la ONU, concluyendo que la misión «sigue siendo importante» para prevenir un conflicto mayor entre Israel e Hizbulá.

Albares también envió un mensaje tranquilizador a las familias de los militares españoles, el mayor contingente de tropas españolas en el extranjero, asegurando que «se encuentran bien y con la moral alta».

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Las 155 páginas del documento sirven para rearmar a la formación de Carles Puigdemont como un partido de derechas, con especial énfasis en el debate migratorio, pese a reconocer que no es un problema generalizado para los catalanes
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Imagen:  El expresidente de la Generalitat de Catalunya y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, comparece tras el recuento de votos durante el seguimiento de la jornada electoral de elecciones autonómicas de Catalunya / Glòria Sánchez – Europa Press

Junts tiene cuestiones de alta prioridad en el corto plazo, como el cónclave ideológico que preparan para finales del mes de octubre, en Calella. Un congreso en el que se debatirá un documento de 155 páginas que configuran la ponencia política, con un remarcado giro a la derecha para contener el auge de fuerzas como Aliança Catalana, según expone elDiario.es. En suma, el objetivo es, por tanto, combatir el “pensamiento woke” y la inmigración a partir de un “modelo catalán de ciudadanía”.

Ese “modelo catalán de ciudadanía”, ahonda el documento, debe pivotar sobre “una cultura y una lengua de obligado conocimiento”, pero también sobre “una serie de valores cívicos vinculados a la convivencia, el trabajo, el esfuerzo o la igualdad de género”. El documento se centra en cuestiones de identidad y evita vincular migración y delincuencia como han hecho en el pasado algunos alcaldes de Junts.

La formación reclama “establecer un criterio homogéneo sobre los derechos y deberes que se desprenden de estar empadronado” así como “fijar directrices”, que no se concretan, para “reordenar mejor las políticas de acogida e integración”, incluidas las ayudas sociales. En materia lingüística, Junts destaca que los inmigrantes deben poder acceder a clases de catalán gratuitas todos los días de la semana, al tiempo que les señala su “deber de aprenderlo y acreditarlo en un periodo de tiempo razonable”.

Acabar con el “pensamiento woke”

Los de Puigdemont buscarán a finales de mes reforzar sus postulados con críticas explícitas al “nacionalpopulismo” de Aliança, en un ejercicio de equilibrismo al plantar batalla ideológica al “pensamiento woke”. En cualquier caso, tal y como consta en las 155 páginas de la ponencia, ambas corrientes son para Junts “dos caras de la misma moneda”. Por ello, el recetario que bendijeron los neoconvergentes en 2022 contrasta en términos migratorios con la propuesta que espera ver la luz al concluir el cónclave de 2024. 

Traspaso de competencias migratorias

En estas 155 páginas, Junts reclama de nuevo el traspaso completo de competencias en inmigración pactado con el PSOE y esboza el uso que haría de las mismas en caso d gobernar. Para el partido de Puigdemont, la nueva Agencia Catalana de Inmigración tendría que “fijar cuotas” así como establecer “las condiciones de llegada, acogida e integración” de las personas que lleguen a Catalunya, unos extremos que no aparecían en la ponencia de 2022.

“Un modelo que combine condiciones razonables, claras y conocidas para acceder primero a la residencia y después a la plena ciudadanía, con derechos y deberes asimilables funciona mejor que otras alternativas”, asevera la ponencia. El motivo, continúa el documento, estriba en que el modelo que propone Junts “facilita la integración social y rebaja las tensiones en la sociedad de acogida, que percibe orden y predictibilidad, sin generar un efecto llamada”.

Rebaja de impuestos

En vivienda, el partido también confirma en el documento la vuelta a posiciones clásicas. De votar a favor de la regularización de precios del alquiler, Junts pasa a reclamar “eliminar el actual caos regulatorio” y priorizar los incentivos fiscales para ampliar la oferta, además de construir más viviendas de alquiler social.

En materia económica el partido profundiza su tradicional política liberal en materia fiscal y apuesta por una rebaja generalizada de impuestos.

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