Categoría: INTERNACIONAL

Este movimiento del juez se refiere solo a la supuesta “estafa piramidal” cometida por dicha compañía, calificada como “chiringuito financiero” por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
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Imagen: El eurodiputado electo de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez. EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest, liderada por el empresario Álvaro Romillo, y varios de sus administradores por presunta estafa. Romillo envió un escrito a la Fiscalía General del Estado donde asumía la responsabilidad de sus actos y confesó haber entregado 100.000 euros a Alvise Pérez, el dirigente de Se Acabó la Fiesta (SALF), en plena campaña para las elecciones europeas.

Este movimiento del juez se refiere solo a la supuesta “estafa piramidal” cometida por dicha compañía, calificada como “chiringuito financiero” por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El juez considera que, en este momento incipiente de la causa, no tiene elementos para pronunciarse sobre la supuesta participación de Alvise.

En su auto, el juez indica que una vez determinado que los hechos son susceptibles de constituir una defraudación, sin perjuicio de la calificación jurídica que se realice en el momento procesal oportuno, aparece con “meridiana claridad” que pueden ser constitutivos de un delito de estafa y que serían competencia de la Audiencia Nacional por el número de perjudicados y la cuantía de lo supuestamente defraudado.

En este sentido, señala que la cantidad defraudada ascendería a más de 11 millones de euros, una cifra que supera la barrera de los 7 millones de euros que ha venido fijando el Tribunal Supremo como parámetro ara atribuir la competencia a la Audiencia Nacional. El auto apunta a que el número de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300 millones de euros.

Estafa piramidal

El fundador de Madeira Invest, Álvaro Morillo, conocido en redes sociales como «CriptoSpain», se anunciaba como experto en elusión fiscal, y con este argumento convencer a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50 %, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.

Para acceder al club era necesario hacer un ingreso inicial de 2.000 euros, que posteriormente sería recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había advertido en mayo de 2023 sobre esta plataforma de inversión, que dejó de estar operativa hace pocas semanas. 

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Así lo ha anunciado UGT en una nota en la que denuncia el incumplimiento de las empresas del sector de las garantías de las personas trabajadoras subrogadas
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Imagen: Trabajador del servicio de handling-Diario El Canal

Se esperan semanas difíciles en los aeropuertos españoles después de que los sindicatos de las empresas de los servicios de tierra, lo que se conoce con el término en inglés “handling”, hayan anunciado hoy la convocatoria de huelga para denunciar los, a su juicio, reiterados incumplimientos de las empresas del sector de las garantías de las personas trabajadoras subrogadas, establecidas en el convenio sectorial, según ha anunciado hoy UGT a través de una nota.

Lo que denuncian los sindicatos

UGT, junto con el resto de los sindicatos representativos en el sector de handling -CC OO y USO-, ha informado de que ha enviado a Aseata (Asociación de Empresas de Servicios de Asistencia en Tierra en Aeropuertos) comunicación formal de conflictividad en el sector ante «los reiterados incumplimientos» que las empresas están cometiendo desde la adjudicación de las concesiones, otorgadas por Aena el 26 de septiembre del año pasado, y que afectan gravemente a los trabajadores de handling. En concreto, los sindicatos denuncian que las empresas no han aplicado los ajustes salariales correspondientes, afectando negativamente a los derechos económicos de los trabajadores. Además, se ha constatado una incorrecta clasificación de los empleados en sus niveles salariales correspondientes, incumpliendo lo estipulado en el convenio colectivo.

Por otro lado, existen abusos en la aplicación de turnos laborales, con cambios sistemáticos sin el debido preaviso y condiciones que vulneran la normativa de descanso establecida por el Estatuto de los Trabajadores.

Según asegura UGT, el «incumplimiento sistemático de las normativas y dictámenes de la comisión paritaria por parte de las empresas asociadas ha agotado todas las vías de diálogo y negociación». Por ello, desde UGT y las demás fuerzas sindicales se señala que a pesar de las múltiples comunicaciones y reuniones solicitadas, «la situación sigue sin resolverse, lo que obliga a convocar huelga en el sector (que afectará a South, Aviapartner, Menzies, Azul Handling, Swissport y Groundforce, aunque podría ampliarse a otras compañías)».

Las fuerzas sindicales llaman al «diálogo»

Los representantes de los trabajadores han solicitado a las empresas y a Aseata que reconsideren su posición y se comprometan a un «diálogo efectivo y resolutorio» para evitar el desarrollo de la huelga, una medida extrema pero que consideran necesaria para defender los derechos laborales de los trabajadores del sector. 

UGT y los sindicatos convocantes darán traslado, también, a la dirección de Aena de dicha comunicación, «esperando que, esta vez sí, tome acción y ayude a solucionar la problemática existente y que ha desembocado en esta lamentable situación», concluye el comunicado.

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El documento de Frontex destaca que “se espera que la presión migratoria se mantenga en un nivel alto” en el archipiélago, pero rebaja la alarma generada en torno al posible número de llegadas en los próximos meses
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Imagen: Salvamento Marítimo ha acompañado hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, a un cayuco con 145 personas a bordo. EFE

En un informe confidencial al que ha tenido acceso El País, Frontex calcula que los desembarcos en las islas Canarias entre octubre y finales de diciembre se situarán entre los 11.500 y los 16.000, lo que representa “un potencial descenso de entre 52% y 34% comparado con el mismo periodo de 2023”. Unos números que están muy lejos de la previsión de las 70.000 llegadas que airearon este verano varios partidos, entre ellos el PP y Coalición Canaria.

El documento de Frontex destaca que “se espera que la presión migratoria se mantenga en un nivel alto” en el archipiélago, pero rebaja la alarma generada en torno al posible número de llegadas en los próximos meses. Sus cálculos se basan en el “esfuerzo colaborativo” entre la Comisión Europea y los analistas de la propia agencia que incluyen desde las previsiones meteorológicas a los cambios políticos de los países de origen. 

Estos tres meses que vienen hasta que finalice el año son los de mayor afluencia en la ruta canaria y los que siempre alcanza récords, como el registrado el pasado mes de octubre cuando desembocaron casi 15.000 personas, desbordando cualquier previsión.

Los actuales números, sin embargo, están lejos de esa marca. Desde marzo el ritmo de llegadas venía descendiendo respecto a octubre. Tras las 2.000 llegadas de junio y julio, agosto y septiembre han cerrado con más de 4.000 y casi 7.500 desembarcos respectivamente.

Uno de los ciclos más críticos

La ruta canaria, con 30.808 desembarcos en lo que va de año, vive uno de los ciclos más críticos de los últimos 30 años como destino migratorio y mantiene otros frentes abiertos. Tras moderarse las salidas de cayucos desde las costas de Senegal, han despuntado las de Mauritania, que recibe un importante flujo de refugiados malienses, el 54% de los que ahora se lanzan al mar para alcanzar el archipiélago. El incremento de la violencia en el Sahel, especialmente en Malí, promete el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas, según pronostican los analistas de la agencia.

Como contraste, Frontex repara en la acción de Marruecos en el sur del país y en el Sáhara Occidental. “Las medidas reforzadas aplicadas por las autoridades marroquíes para frenar los flujos de migración irregular han provocado un notable descenso [de junio a agosto] de aproximadamente el 34% respecto al mismo periodo de 2023”, ilustra el documento.

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El CIS ha publicado un Barómetro Sanitario y revela que casi el 30% de los ciudadanos creen que el sistema de salud necesita «cambios fundamentales»
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Imagen: Centro de salud público Sandoval, en Madrid. Guillermo Navarro

La sanidad pública se financia con los impuestos generales desde el año 1997. Pese a ello, el último barómetro del Centro de Estudios Sociológicos (CIS) revela que el 49% de los españoles piensa todavía que la sanidad pública se financia total o parcialmente con las cotizaciones del colectivo de trabajadores y solo un 46% sabe que se financian con los impuestos.

El dato, que se desprende de la segunda oleada del Barómetro Sanitario, realizado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el CIS, es prácticamente igual al de la primera oleada realizada en el mes de marzo.

Asimismo, otro de los datos que revela la encuesta es que los pacientes que esperan entre 7 y 10 días para una consulta con su médico de familia suben casi cinco puntos desde el pasado mes de marzo hasta alcanzar un 32,8%. El barómetro, realizado en julio sobre una muestra de 2.607 entrevistas, también pregunta por la espera para la consulta del médico especialista. En este caso, sube 3,8 puntos el porcentaje de pacientes que esperan de uno a tres meses.

En la primera oleada del barómetro, el 37,8% de los encuestados esperó de uno a tres meses para la consulta del médico especialista, mientras que en la segunda oleada, este porcentaje ha llegado al 41,6%. Pese a las demoras, mejora levemente el porcentaje de pacientes que está totalmente satisfecho con la Atención Primaria, que sube algo más de un punto hasta el 9,9 y mejora solo una décima quienes están muy contentos con las consultas de la especializada, hasta el 7,5%.

“Cambios fundamentales” en el sistema sanitario

Las urgencias del 061 y del 112 siguen siendo las mejor valoradas, igual que las urgencias en hospitales públicos y la asistencia a pacientes ingresados en hospitales públicos. Para el 55,8% de los encuestados, el sistema funciona bien o bastante bien, mientras que un 28,7% cree que «necesita cambios fundamentales, porque algunas cosas no funcionan». Un 14,9% considera que «funciona mal y requiere cambios profundos».

También revela el barómetro la capacidad de manejo de las nuevas tecnologías. Solo un 1% no sabe lo que es un certificado electrónico y el 56% afirma tener algún certificado electrónico para la realización de trámites con la administración pública.

En cuanto a los datos sobre la salud mental, que en sí se recogen en esta encuesta sanitaria, un 19% confiesa haber tenido que recurrir a un profesional sanitario en el último año por problemas de salud mental o por un malestar psicológico o emocional. El 50% refiere haber sido atendido en la sanidad pública, un 43% en la privada y un 2,4% en ambas.

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El TJUE da así la razón al Frente Polisario al entender que los acuerdos se alcanzaron sin tener en cuenta los intereses del pueblo saharaui
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Imagen: Tribunal de Justicia de la Unión Europea- UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado este viernes que los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos vulneran los derechos del pueblo saharaui. De este modo, la justicia europea tumba estos acuerdos porque, dice, se alcanzaron sin contar con la posición del Sáhara Occidental. Se cierra el litigio que comenzó en 2021, con un protocolo cuya aplicación expiró el año pasado y que, además, afecta de manera directa a España: 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a su pabellón; en concreto, a las flotas andaluza, gallega y canaria.

La Comisión y el Consejo interpusieron recursos de casación ante el Tribunal de Justicia contra dichas sentencias anulatorias, tras un primer paso dado por el Tribunal General (TGUE). Ahora el TJUE ha desestimado en su totalidad y de manera definitiva esos recursos.

Otra de las cuestiones controvertidas era la capacidad del Frente Polisario para poder interponer recurso ante el Tribunal General, a lo que el Tribunal de Justicia responde que “cumple los requisitos para poder impugnar las decisiones controvertidas ante el juez de la Unión en interés del pueblo saharaui”.

El Tribunal de Justicia declara, a la luz de su jurisprudencia y basándose en los principios del derecho a la autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, que la aplicación de un acuerdo internacional entre la Unión Europea y Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental, como prevén los acuerdos controvertidos, debe contar con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, consentimiento que no se ha dado en este caso.

La Comisión y el SEAE no consultaron al pueblo del Sáhara Occidental, que es el único titular del derecho de autodeterminación con respecto al territorio del Sáhara Occidental, sino, en esencia, a la «población» de ese territorio, es decir, a sus habitantes actuales, la mayoría colonos marroquíes. De hecho, gran parte de ese pueblo está exiliado desde los años setenta y ha encontrado refugio en Tinduf (Argelia), añaden desde el Tribunal de Justicia.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General, «la manifestación del consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a los acuerdos controvertidos no tenía que ser necesariamente explícita«. En efecto, recoge la sentencia, el Derecho internacional «no excluye que el consentimiento de un tercero a un acuerdo destinado a aplicarse al territorio al que se refiere el derecho de autodeterminación de ese tercero pueda otorgarse implícitamente», siempre que se cumplan determinados requisitos.

De esta manera, puede considerarse que se ha obtenido dicho consentimiento cuando el acuerdo en cuestión «no genera ninguna obligación para ese pueblo y cuando prevé que ese pueblo reciba un beneficio específico, tangible, sustancial y verificable de la explotación de los recursos naturales de ese territorio«; beneficio que, además, debe ser proporcional al grado de dicha explotación.

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El nombre de esta cátedra es Máster de Formación Permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones Sin Ánimo de Lucro
The post Fracasa el último máster de Begoña Gómez en la UCM first appeared on Hércules.  La Audiencia Nacional se encuentra meditando si archivar o no la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Mientras esto sucede y que parte de la investigación se centra en uno de los tres másteres que la mujer de Sánchez tenía en la UCM, esta quiere poner en marcha el único máster que le queda.

Este máster que Begoña Gómez a pesar de estar imputada quiere poner en marcha, se dedica a la captación de fondos. El nombre de esta cátedra es Máster de Formación Permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones Sin Ánimo de Lucro. El cual está previsto que comience el próximo 25 de octubre.

La investigación del juez Juan Carlos Peinado ha disminuido la actividad profesional de Begoña Gómez en la UCM. Ya que, debido a la investigación que hay en curso la Complutense ha decidido que no va a renovar su cátedra de Transformación Social Competitiva y el máster asociado al considerar “perjudicada” su imagen, además de por la “baja demanda y el poco interés” del alumnado en esta formación.

El fracaso de este máster de Begoña Gómez lo ha admitido incluso ella, debido a que esta propuesta de máster no ha despertado el interés de mucha gente y únicamente habría conseguido reunir a apenas una decena de estudiantes. Pero se conoce que en pasadas ediciones tampoco consiguió reunir a muchos interesados.

El máster de Begoña Gómez no despierta interés

Según ha señalado el medio OKdiario, Gómez manifestaba que su previsión era de 20 alumnos para el año solicitado. En dicha propuesta, cifraba además en 49.725 euros los gastos previstos, destinando 15.000 a la “dirección y codirección” y 23.900 euros al profesorado. En el caso de la modalidad no presencial o virtual, el número de alumnos ascendía a 17. La Complutense suele situar el umbral en los 20, si bien Gómez afirma en estos documentos que con apenas 10 alumnos el objetivo estaría cumplido.

Los documentos anteriormente mencionados reflejan que hay un claro desinterés por parte del alumnado a la hora de elegir esta titulación. Begoña Gómez se encuentra en pleno proceso de captación de alumnado para el máster. Según se anuncia, “las crecientes necesidades de financiación del tercer sector y el número cada vez mayor de organizaciones que trabajan por atraer fondos privados convierte a los captadores/fundraiser en profesionales muy demandados”.

Según ha publicado OKdiario, estos documentos señalan también que: “El Tercer Sector (organizaciones sin ánimo de lucro) ha comenzado a ver reducidos sus ingresos por la crisis, podemos decir en torno a un 33% y principalmente por la retirada de ayuda pública. Esto supone dar un giro a las organizaciones, fundaciones, asociaciones… y pasar de ser receptores de fondos a agentes activos en la búsqueda de financiación”, señala la titulación de Gómez, en la que se enseña a los alumnos a relacionarse “con los organismos públicos locales, nacionales y supranacionales”, e incluso “nuevas narrativas y nuevos canales de comunicación, fake news y comunicación de crisis”.

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Según detallan los informes que llegaron a manos de los altos cargos de la prisión, la funcionaria sufrió una brutal agresión cuando una de las reclusas intentó asfixiarla
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Imagen: La acusada por el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral, sonríe a conocidos del público antes de acercarse para declarar el 11 de marzo del 2020. (Horizontal) ACN

La condenada a 25 años de prisión por el mediático crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral, habría instigado una agresión a una funcionaria de la cárcel de Mas d’Enric de Tarragona, donde se encuentra encarcelada, que tuvo lugar el pasado mes de julio, según informa el diario Segre.

El citado medio asegura que, en un informe que recoge declaraciones de trabajadoras y de otras interinas, se detalla que Peral habría pagado a otras interinas mediante el suministro de sustancias estupefacientes y tabaco por esta agresión. Según detallan los informes que llegaron a manos de los altos cargos de la prisión, la funcionaria sufrió una brutal agresión cuando una de las reclusas intentó asfixiarla y le arrancó también varios mechones de pelo. 

El expediente del incidente recoge diferentes testimonios, tanto de compañeras de Peral como de funcionarias que trabajaban con la agredida. En dicho documento se pueden leer también unas polémicas declaraciones que Peral hizo días antes al ataque: »(Las funcionarias) deberían ser trituradas en un contenedor de basura para hacerlas desaparecer». Además, se puede leer que la condenada por matar a su pareja les deseó públicamente la muerte.

Al parecer, Peral planeó la agresión porque las funcionarias no le habían dejado participar en una actividad debido a que estaba sancionada. Tras sufrir diferentes lesiones y amenazas por parte de la atacante, la víctima fue atendida por los servicios médicos del centro, pero completó su jornada laboral. La situación dio lugar a una serie de protestas en las que los funcionarios exigieron medidas ejemplares ante el aumento de las agresiones en las cárceles.

Tras la publicación de esta noticia, Peral negó haber instigado la agresión. En declaraciones al diario ABC, la abogada de Peral, Núria González, desmintió la información y aseguró que no descartan emprender acciones legales si no hay una rectificación.

Mala conducta

Esta no sería la primera vez que la expolicía catalana hace algo así, ya que tiene fama en la prisión de tener mala conducta y de manipular a sus compañeras para conseguir sus propios intereses. »Tiene mucho poder dentro del módulo», han declarado diferentes fuentes penitenciarias a Segre.

A lo largo de su estadía en prisión, Peral ha sido protagonista de una serie de actividades e incidentes ilegales que le han costado diversas sanciones. Su actitud manipuladora y desobediente ha causado un gran malestar y preocupación entre los funcionarios, quienes han pedido en más de una ocasión que se le apliquen medidas disciplinarias adecuadas a su comportamiento. 

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De esta manera tan peculiar ha defendido Escrivá su nombramiento como gobernador del Banco de España frente a las críticas
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Imagen: José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España-EFE

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha defendido su nombramiento al frente del supervisor bancario porque además de su trayectoria en bancos centrales e instituciones internacionales, su paso por el Gobierno le capacitaba «adicionalmente» a la hora de resolver crisis.

En una entrevista este jueves en Onda Cero, Escrivá ha asegurado que el nombramiento del gobernador del Banco de España es una decisión que depende del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se lo comunicó unos días antes de anunciarlo.

«Si tiene un ministro que tiene una trayectoria de banquero central, que ha estado en distintas instituciones internacionales y que es funcionario del Banco de España, pues es lógico el nombramiento», ha dicho. En esa decisión, ha explicado, se priorizó el perfil técnico en el ámbito de los sistemas financieros y también la independencia ya demostrada cuando puso en marcha la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Además, ha añadido que «haber estado en responsabilidades de Gobierno te capitaliza adicionalmente, porque te permite responder de forma muy rápida» en tiempos de crisis, «y por eso se eligen personas con capacidad técnica suficiente y con experiencia en el ámbito de Gobierno». «El presidente estuvo viendo perfiles. El más redondo lo tenía cerca y era yo«, ha sentenciado Escrivá. 

Responde a las críticas por su nombramiento

La oposición criticó duramente su nombramiento afirmando que supone un ataque a la independencia de la institución y así se lo hizo saber al Gobierno en varias ocasiones, llegando incluso a afirmar que «solo Franco se habría atrevido a hacer gobernador del Banco de España a un ministro». Respecto a esto, ha dicho que se enteró «tres o cuatro días antes» de su nombramiento y ha negado que fuera él quien le pidiera directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le nombrase gobernador del Banco de España: «Eso no es así».

También ha afirmado que no entiende la polémica surgida en torno a su nombramiento por haber sido previamente ministro, pues, al comentar la situación con sus colegas de Bruselas, ha habido “desconcierto”, ya que “más de un tercio de los que están allí han sido ministros. Lo que tendríamos que preguntarnos es por qué esto es habitual en los países de nuestro entorno y no aquí».

Finalmente, aunque ha reconocido que hubiese sido deseable que hubiera habido consenso en su nombramiento, le quita hierro al asunto afirmando que en el nombramiento de la mayoría de gobernadores no lo ha habido, incluyendo el de su predecesor Pablo Hernández de Cos, sin que ello haya supuesto un peor desempeño.

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