La corporación quiere blindarse de cara a las oposiciones y el presidente del tribunal será el único que conozca todas las preguntas
The post RTVE activa un “plan antifiltración” first appeared on Hércules.  Después de la cancelación de las pruebas para informador de RTVE el pasado domingo por una filtración del examen, la corporación ha comenzado a modificar el proceso que se repetirá en noviembre. Durante la Comisión de Empleo celebrada este miércoles, los responsables de recursos humanos compartieron con representantes sindicales algunos de los cambios que se implementarán para garantizar la seguridad del examen, según fuentes cercanas al encuentro.

Modificaciones en el tribunal y medidas de seguridad

Entre las principales novedades está la creación de un tribunal compuesto por diez vocales, cuyo presidente será designado por la empresa. Esta persona será la única que conozca el contenido completo de las preguntas y respuestas, a diferencia del sistema anterior, en el que todos los vocales proponían preguntas y conocían el cuestionario final de 100 preguntas, elegido por sorteo.

Además, se ha propuesto contar con un cuestionario adicional como medida de precaución en caso de nuevas filtraciones. El tribunal se reunirá 24 horas antes de la prueba para ultimar los detalles del examen, permitiendo así la impresión de los cuadernillos el mismo día del examen, programado inicialmente para el 2 de noviembre.

Dimisión del tribunal y el caos del domingo

El incidente del domingo resultó en la dimisión del tribunal de oposiciones al día siguiente. La cancelación, anunciada solo tres minutos antes del inicio de la prueba a las 11 horas, afectó a unos 5.000 candidatos, algunos llegados desde otras partes de España e incluso del extranjero. RTVE ha iniciado una investigación interna y ha interpuesto una denuncia policial por la filtración.

La denuncia se presentó el domingo por la tarde en la comisaría de Pozuelo de Alarcón. Ernesto Real Millán, director jurídico de RTVE, presentó la denuncia junto a la persona que descubrió la filtración a través de una llamada de un colega, cuyo nombre no se reveló por temor a represalias. En la denuncia, además del examen filtrado, se incluyó el acta del tribunal que describe los hechos desde la noche del sábado, cuando se tuvo conocimiento de la filtración.

Responsabilidad sindical y medidas preventivas

El tribunal de oposiciones estaba compuesto por cinco miembros designados por RTVE y cinco representantes sindicales, de los cuales dos pertenecían a UGT, mientras que Comisiones Obreras, SI y USO contaban con un miembro cada uno. Todos los vocales renunciaron el lunes tras el escándalo.

Antes de la reunión de la Comisión de Empleo, los sindicatos con representación en RTVE, excepto UGT y SI, firmaron un documento impulsado por CGT en el que afirmaban no haber sido responsables de la filtración. Los sindicatos firmantes se comprometieron a asumir las consecuencias económicas si se demostraba que la filtración procedía de alguno de sus miembros en el tribunal.

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Covite muestra su total decepción por la consejera de justicia por conceder el tercer grado a estos dos presos que no se han arrepentido de sus actos
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Imagen: Ongi etorri a presos de ETA-El Periódico

Indignación de las asociaciones de víctimas

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha lamentado que el Gobierno vasco conceda el tercer grado penitenciario a dos presos de ETA que «no han cumplido con el requisito fundamental exigido por la ley para progresar de grado que es el del arrepentimiento por sus crímenes». La asociación de víctimas ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra esta concesión a los presos de ETA Luis Mariñelarena y Harriet Iragui Gurruchaga. El primero de ellos está condenado por participar en el atentado que costó la vida al portavoz del PSE, Fernando Buesa, y su escolta, Jorge Díez. El segundo cumple condena por participar en los asesinatos del concejal del PP José Martín Carpena, el fiscal jefe de Andalucía Luis Portero y el coronel del ejército, Antonio Muñoz Cariñanos.

En una nota, Covite recuerda que los dos presos de la banda terrorista son «exhibidos constantemente por la izquierda abertzale» para reclamar su excarcelación. Para el Colectivo esta utilización de su figura por parte de Sortu y Sare -el colectivo de apoyo a los presos de ETA- demuestra que no están arrepentidos. Señala que es «público y notorio» que la izquierda abertzale ha prohibido a los presos de ETA «el arrepentimiento y la colaboración con la Justicia», requisitos sin los cuales, «no se debería poder progresar al tercer grado».

La presidenta de la asociación muestra además su decepción por la nueva consejera de justicia, que además es del PSE (es decir, del mismo partido que el concejal asesinado por uno de los presos). Esta decepción se debe a que la consejera, María Jesús San José, durante su comparecencia en el Parlamento Vasco la semana pasada, anunció un cambio respecto a la política de concesiones de terceros grados a los presos de ETA. La nueva titular de la cartera insistió en la necesidad de que el arrepentimiento de los internos quedase bien acreditado. De esta manera, denuncia Covite, “está haciendo lo mismo que hacía el PNV”.

Covite apunta que “los arrepentimientos no se pueden sustentar en la redacción de unas cartas manuscritas en las que los presos supuestamente expresan arrepentimiento y piden perdón a las víctimas». Insiste en que el único modo de que puedan reparar el daño injusto que causaron es a través de «manifestaciones públicas de rechazo a los crímenes que cometieron y a todo lo que supuso el terrorismo de ETA«.

Los «ongi etorri», una humillación a las víctimas

Al dolor por la concesión del tercer grado a estos dos asesinos que no han mostrado arrepentimiento, se une el más que posible homenaje que recibirán por la izquierda abertzale, lo que se conoce como «ongi etorri«. Su prohibición es una reivindicación histórica de las asociaciones de víctimas del terrorismo por la humillación que supone para ellas, aunque la justicia no ha encontrado argumentos jurídicos suficientes para evitar estos actos.

En este sentido, el pasado febrero el PP presentó una proposición de ley que tenía como objetivo dotar a las delegaciones de gobierno capacidad para prohibir de manera preventiva, es decir, antes de la intervención judicial, las manifestaciones de homenaje a presos etarras. El PSOE votó en contra de la proposición.

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El australiano, de 53 años, recuperó la libertad de la que estuvo privado durante más de una década el pasado junio, tras llegar a un acuerdo con Washington por el que aceptaba una condena de cinco años
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Imagen: El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y su esposa Stella Assange en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

El Consejo de Europa ha reconocido este miércoles a Julian Assange como preso político, en una resolución aprobada por una holgada mayoría en la Asamblea Parlamentaria de la institución con sede en Estrasburgo. En la misma decisión, el organismo insta a Estados Unidos a que reforme la ley de espionaje por la que procesó al fundados de WikiLeaks. De hecho, los diputados consideran que se hizo un “incorrecto uso” de esa norma de 1917 en el caso Assange causando “un efecto disuasorio peligroso, disuadiendo a editores, periodistas y denunciantes de informar sobre la mala conducta gubernamental”.

El texto ha salido adelante con 88 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, entre las que se encuentran los diputados del PP de Alberto Núñez Feijóo (otros miembros de su familia política han secundado la declaración).

“La Asamblea considera que los cargos desproporcionadamente graves presentados por los Estados Unidos de América contra Julian Assange en virtud de la Ley de Espionaje, que lo exponen a un riesgo de cadena perpetua de facto, combinados con su condena y sentencia en virtud de la Ley de Espionaje (…) justifican la designación del Sr. Assange como preso político”, señala el texto.

El australiano, de 53 años, recuperó la libertad de la que estuvo privado durante más de una década el pasado junio, tras llegar a un acuerdo judicial con Washington por el que aceptada una condena de cinco años.  Una pena que la justicia estadounidense dio por cumplida con su estancia en una prisión británica de máxima seguridad desde que fue sacado en 2019 de la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo refugiado otros siete años.

Como recordó el martes Assange en Estrasburgo, en su primera comparecencia pública desde que llegó como “hombre libre” a Australia, el pago fue declararse culpable “de hacer periodismo”, un extremo que, según la resolución ahora validada del Consejo de Europa, ha tenido un “efecto disuasorio” en materia de derechos humanos y libertad de prensa que va mucho más allá del caso del líder de la plataforma de filtraciones.

El fundador de WikiLeaks, que siguió el debate de la resolución desde la tribuna de invitados, celebró la aprobación del texto con su habitual saludo levantando el puño antes de salir del hemiciclo acompañado de sus abogados y de su esposa, Stella Assange.

“Culpable de hacer periodismo”

Assange compareció ante los diputados este martes y relató su batalla legal y personal durante los últimos 14 años hasta que llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense. “No soy libre porque el sistema haya funcionado, sino por declararme culpable de hacer periodismo. Me declaré culpable de buscar información de una fuente”, afirmó el fundador de WikiLeaks, que admitió que ahora tiene que “readaptarse” a la vida en libertad.

“Espero que mi testimonio de hoy sirva para poner de relieve los puntos débiles de las salvaguardias existentes y ayudar a aquellos cuyos casos son menos visibles, pero que son igual de vulnerables”, defendió durante su intervención.

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El fondo de inversiones ha comprado GIP por 11.400 millones tras conseguir todos los permisos para adquirir el gigante de las infraestructuras
The post BlackRock se hace con el 20% de Naturgy first appeared on Hércules.  El fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock, ha recibido todas las aprobaciones necesarias para completar la compra de Global Infrastructure Partners (GIP), incluido el visto bueno del Gobierno español. Esta autorización es clave, ya que GIP controla el 20% de la energética Naturgy, una empresa estratégica para España, lo que le otorga al Ejecutivo el derecho de veto gracias al escudo antiopas. Este acuerdo, anunciado en enero por un valor aproximado de 12.500 millones de dólares (unos 11.400 millones de euros), ahora es una realidad.

BlackRock destaca la creación de un líder en infraestructuras

El fondo de inversiones ha emitido un comunicado en el que asegura que la fusión de ambas entidades crea un líder global en infraestructura, tanto en capital como en deuda, con presencia en mercados desarrollados y emergentes. “La combinación ofrece una experiencia y exposición únicas en el sector de infraestructura”, explica la firma. Además, la entidad ha subrayado que mantendrá el nombre de Global Infrastructure Partners (GIP), que ahora funcionará como una división dentro de BlackRock.

Naturgy, un activo clave en España

El principal activo de GIP en España es su participación del 20% en Naturgy, valorada en alrededor de 4.000 millones de euros. Esta participación seguirá bajo la gestión de Bayo Ogunlesi, quien fue responsable de la inversión inicial. Se prevé que Larry Fink proponga a Ogunlesi, exejecutivo de Credit Suisse, como miembro de su junta directiva en la próxima reunión de accionistas. Además, BlackRock ya controlaba un 0,21% de Naturgy a través de sus fondos de inversión, lo que incrementa su presencia en la compañía.

GIP y BlackRock gestionarán 170.000 millones en activos

Con esta integración, gestionarán conjuntamente un total de 170.000 millones de dólares en activos. La nueva división contará con un equipo global de 600 personas que supervisará una cartera de más de 300 inversiones activas, distribuidas en más de 100 países. Bayo Ogunlesi, CEO de GIP, expresó su entusiasmo por este nuevo capítulo, destacando que buscan posicionarse como la principal firma de inversión en infraestructuras a nivel mundial. Por su parte, Larry Fink, afirmó que la infraestructura representa una «oportunidad de inversión generacional», destacando que la alianza con GIP permitirá capitalizar tendencias estructurales a largo plazo y ofrecer oportunidades de inversión superiores.

Restricciones impuestas por el Gobierno español sobre Naturgy

El Gobierno de España aprobó recientemente la adquisición de GIP, asegurando que la operación se realizó con las garantías adecuadas para proteger los intereses estratégicos del país. Al igual que ocurrió con la oferta pública de adquisición (OPA) parcial del fondo australiano IFM sobre el 20,6% de Naturgy, BlackRock deberá cumplir ciertas condiciones. Entre ellas, se incluye el compromiso de no considerar una exclusión de bolsa de Naturgy ni la venta de activos de la empresa, tal como GIP había propuesto en 2022 bajo el proyecto Géminis, propuesta que fue rechazada de manera firme por el Ejecutivo.

Además, también tendrá que apoyar las inversiones de Naturgy en proyectos vinculados a la transición energética en España, además de mantener el domicilio social y la sede efectiva de la compañía en el país. Asimismo, se exige que una parte significativa de la plantilla del grupo se mantenga en España, como parte de las condiciones impuestas para la operación.

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Los ataques de Irán hacia Israel como represalia por la invasión del Líbano avivan el temor a una crisis en el mercado del crudo
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p class=»MsoNormal»>El precio del petróleo ha dejado de ser ajeno a la escalada de tensiones en Oriente Próximo. Después de semanas de estabilidad, los recientes movimientos de Irán en el conflicto han avivado los temores sobre posibles represalias israelíes contra los pozos iraníes o, peor aún, un ataque de Teherán contra infraestructuras petroleras saudíes, como ocurrió en 2019. Uno de los escenarios más temidos sería el cierre del estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por el que circula el 20% del crudo mundial. Un bloqueo en esta ruta, que separa Irán y Omán por apenas 34 kilómetros, alteraría drásticamente el equilibrio en los precios del petróleo.

Incertidumbre en los mercados: el despertar del riesgo geopolítico

Hasta hace poco, los mercados energéticos parecían inmunes a la situación en Oriente Próximo, a pesar de que la región produce un tercio del petróleo mundial. “Lo que veíamos era algo sin precedentes en términos históricos”, comenta Jorge León, vicepresidente de Rystad Energy. La falta de reacción del precio sorprendía a muchos, especialmente cuando un año atrás, conflictos menores habrían disparado los precios a niveles de tres dígitos.

Este ambiente de calma se rompió cuando Irán lanzó misiles sobre Israel, lo que hizo que el precio del Brent subiera cuatro dólares en solo dos días. Los analistas atribuyen esta falta de respuesta inicial a la creencia de que el conflicto no se agravaría y que la OPEP, con su elevada capacidad de producción ociosa, podría compensar cualquier interrupción en el suministro. Sin embargo, tras el ataque iraní, este frágil equilibrio parece haberse desmoronado.

Preguntas sin respuesta y riesgos potenciales

La incertidumbre es ahora el protagonista en los mercados energéticos. «Nadie sabe hasta dónde puede llegar esta situación«, señala Saad Rahim, economista jefe de Trafigura, uno de los mayores operadores de materias primas a nivel global. Las preguntas clave giran en torno a cómo responderá Israel y si otros actores regionales se involucrarán. Bob McNally, exasesor energético de la Casa Blanca, advierte que el riesgo geopolítico ha vuelto a cobrar importancia, y que el mercado estará atento a cualquier ataque a infraestructuras críticas que pueda afectar el suministro energético.

A pesar de la escalada en los últimos días, el impacto en los precios sigue siendo limitado. Aunque el Brent ha subido a los 75 dólares por barril, sigue cerca de sus mínimos anuales. De momento, no parece que el alza en los precios sea suficiente para causar preocupación inflacionaria, a pesar de las subidas de tipos de interés en Europa y EE.UU.

Capacidad ociosa: un colchón para el mercado mundial

El escenario actual no es tan sombrío como en otras épocas, gracias a los cambios en la estructura del mercado. Países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait tienen una capacidad de producción ociosa de unos ocho millones de barriles diarios, de los cuales cuatro millones pueden entrar al mercado en menos de 60 días. Esta capacidad, superior a la producción diaria de Irán (3,2 millones de barriles), proporciona un colchón importante frente a posibles cortes en el suministro.

China, cuyo consumo muestra signos de debilidad y donde la electrificación del transporte está reduciendo la demanda de crudo, también juega un papel en la moderación de los precios a medio y largo plazo. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la demanda china ya habría alcanzado su pico y comenzará a reducirse en 2030.

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Las dos jornadas de huelga para profesores y maestros van a ser el 29 de octubre y el 21 de noviembre y esos mismos dos días habrá manifestaciones por la tarde
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Imagen: Una protesta en Madrid de la Marea Verde, en septiembre de 2022. Europa Press

La Marea Verde regresará a las calles de Madrid. Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) han convocado dos jornadas de huelga para los meses de octubre y noviembre, además de varias manifestaciones, para reclamar una rebaja en los horarios y en el número de alumnos en clase. La semana pasada eran los sindicatos minoritarios como CGT, STEM y CNT y la asamblea de docentes Manos Lectivas los que me movilizaban por la educación pública.

Estas dos jornadas de huelga para profesores y maestros van a ser el 29 de octubre y el 21 de noviembre y esos mismos dos días habrá manifestaciones por la tarde. Además, han convocado un día de protesta, el 16 de octubre, frente a la Consejería de Educación y otro, el 14 de noviembre, frente a la Asamblea de Madrid.

Los sindicatos quieren recuperar las 18 horas en Secundaria, en Formación Profesional y en Régimen Especial, en vez de las 20 horas actuales, que se elevaron durante la anterior crisis económica, en 2011. También piden la reducción en Infantil y Primaria a 23 horas, en vez de las 25 de este curso.

La implantación de esta reducción del horario lectivo docente es uno de los desencuentros entre la Administración y las organizaciones de la Mesa Sectorial, que llevó a la ruptura de las negociaciones para el nuevo acuerdo marco docente del curso pasado y a la convocatoria de varias jornadas de huelga. Las protestas se repetirán “hasta final de curso si fuese necesario”, advierten los sindicatos. Ante esta situación los sindicatos tienen claro que no hay ninguna voluntad por parte del consejero de negociar. 

El calendario de movilizaciones comenzará el 16 de octubre, con una concentración a las 11.00 frente a la Consejería de Educación y en los centros educativos. El 29 de octubre (martes) está prevista la primera jornada de huelga y una manifestación a las 17.30 horas desde Neptuno hasta Sol. Si el conflicto entre sindicatos y el Gobierno regional persiste, el 14 de noviembre se convocará una concentración frente a la Asamblea de Madrid, a las 10.00, y el 21 de noviembre (jueves) se repetirá la jornada de huelga y la manifestación vespertina, con mismo recorrido.

Las reivindicaciones de los sindicatos

Las cuatro asociaciones sindicales reclaman una bajada de horario y de ratios. La equiparación salarial con otras comunidades autónomas y un plan de choque contra la burocracia son otras de las medidas que los sindicatos exigirán.

Que los centros puedan elegir el tipo de jornada, entre partida o continua, es otra de las quejas que exigen los sindicatos. La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado 12 de septiembre en el Debate Sobre el Estado de la región que los nuevos colegios públicos tendrían, obligatoriamente, la jornada partida. La medida se pondrá en marcha a partir del curso 2025/2026 y el objetivo, según argumentó Ayuso, es “combatir el abandono escolar”.

También protestan por la suspensión de la reunión del 12 de septiembre con la Consejería de Educación, que justificó el aplazamiento por “motivos sobrevenidos de agenda”, según explicaron por correo electrónico. El consejero de Educación, Emilio Viciana, se comprometió hace dos semanas a convocar la reunión “lo antes posible”.

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