Categoría: INTERNACIONAL

El jurado popular ha entendido que dispararon al joven en legítima defensa, por lo que quedan eximidos de responsabilidad penal
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Imagen: Tribunal Superior de Justicia de Madrid-Europa Press

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la sentencia que absolvió a tres agentes de la Policía Nacional juzgados por abatir a tiros a un joven de 21 años en el rellano de su casa de Vallecas el 26 de noviembre de 2021. Los magistrados desestiman el recurso interpuesto contra la resolución de abril de 2024 que exoneró a los agentes. La absolución se produjo después de que el jurado popular que enjuició los hechos expresara que lo hicieron en legítima defensa, por lo que les libra de responsabilidad penal.

En la argumentación jurídica, la Sala expone que «la sentencia apelada excluye cualquier sombra de arbitrariedad o sinrazón que pudiese atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones apelantes».

Los hechos enjuiciados se produjeron la tarde del 26 de noviembre de 2021, cuando los agentes subieron en ascensor a la planta novena del edificio. En un espacio de un metro, se vieron sorprendidos por el ataque violento de la víctima, que se les abalanzó con un cuchillo sin mediar palabra. Los acusados efectuaron cerca de 19 disparos en la intervención policial y, como consecuencia de los cuatro impactos recibidos en el abdomen, el joven murió por un shock hipovolémico.

La familia solicitaba una condena de cinco años de cárcel por una eximente incompleta al considerar que tienen que tener algún tipo de responsabilidad por lo sucedido.

La agresión habría sido mortal

Los procesados declararon haber actuado para defenderse de una agresión mortal, lo que les eximiría de responsabilidad penal en el caso de que el tribunal de jurado aprecie esta eximente en su modalidad completa. En el juicio, sólo uno de los agentes ejercitó su derecho a la última palabra, ratificando que actuaron de esta manera para defender su vida: «Kevyn no nos dejó más opciones».

A pesar de los disparos, tuvieron que esposar al joven en el suelo cuando le estaban asistiendo los equipos sanitarios. El consumo de diferentes tipos de drogas, entre ellas éxtasis, le llevó a tal estado de excitación que no era consciente de los impactos, según ratificaron los expertos forenses en la prueba pericial.

Los forenses manifestaron que hallaron tres tipos de droga en la analítica de sangre y orina del fallecido que pudieron influir en su estado de excesiva agresividad, ratificando que hubo un consumo reciente con varias dosis en las ocho horas anteriores a la muerte.

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Desde la primera rebaja del IVA en enero de 2023, el Gobierno ha ido prorrogando dicha medida de manera temporal, a la espera de que el precio de los alimentos básicos se fuera normalizando
The post Vuelve el IVA a los alimentos básicos tras el fin de las ayudas del Gobierno first appeared on Hércules.  Este martes 1 de octubre, termina la medida adoptada por el Gobierno de fijar el IVA en el 0% en los alimentos básicos (pan, huevos, verduras o fruta) y en el aceite de oliva. El tipo subirá al 2% desde el arranque de este mes y hasta el 31 de diciembre, para luego pasar al tipo superreducido del 4%, como estaba previsto antes de la supresión temporal de ese impuesto en enero de 2023.

El Gobierno tomó entonces la decisión de eliminar el IVA al grupo de alimentos que ya tenían el tipo reducido del 4 % para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, concretamente para contener la inflación y ayudar a los consumidores más vulnerables.

Ahora, con el IPC alimentario al 2,5% y con la UE apremiando a dar carpetazo a las medidas anticrisis, entiende el Gobierno que dirige Pedro Sánchez que la inflación está controlada y que los hogares españoles están en condiciones de afrontar una nueva subida en la cesta de la compra, cuyo coste se ha disparado un 35,5% en los últimos tres años, según el último informe de la OCU.

El aceite de oliva, el producto que más se ha encarecido

En esta línea, el aceite de oliva es el producto de la cesta de la compra cuyo precio más ha escalado en el último año, según los datos del IPC del mes de agosto. Las olas de calor de los últimos dos años, con temperaturas de más de 35 grados en primavera, han mermado a la mitad la producción de los olivos y han causado un encarecimiento sin precedentes que ha perjudicado tanto al mercado local como al internacional.

La principal novedad en el decreto de junio fue la del IVA del aceite de oliva, que ya había sufrido una rebaja del 10% al 5% como otros productos de IVA reducido. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en esa rueda de prensa que este producto pasaba a formar parte de la cesta de productos y alimentos básicos, por lo que tendría siempre un tipo superreducido. Esto implicaba que desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre se gravaría al 0%. Y desde octubre al 2%, con vistas a recuperar progresivamente el tipo habitual para estos productos, que en España es del 4%. Esto significa que cuando los tipos vuelvan a la normalidad, el IVA del aceite de oliva será el 4% en vez del 10% que venía soportando anteriormente.

La pasta y los aceites de semilla, dentro del tipo reducido, también se beneficiaron de esta medida que echó a andar en enero de 2023 y desde ese entonces se ha ido prorrogando cada seis meses. La bajada de los tipos del 10% al 5% de IVA se prorrogó hasta el 30 de septiembre para ambos productos. A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea para la retirada gradual de medidas anticrisis, el tipo se situará en el 7,5%.

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Los partidos soberanistas han dejado de sumar mayorías en las urnas tras años de un referéndum ilegal y malversación de fondos
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p class=»MsoNormal»>Siete años después del referéndum de autodeterminación en Cataluña, el panorama político y social ha dado un giro notable. Este verano, tras más de una década de gobiernos independentistas, Salvador Illa, del PSC y exministro de Sanidad, fue investido como presidente de la Generalitat. Con el respaldo de ERC y los Comuns, Illa asumió el cargo con el compromiso de «restaurar la estabilidad institucional en Cataluña». Además, ha continuado el legado de su predecesor, Pere Aragonès, al defender la aplicación de la Ley de Amnistía, en vigor desde junio, y fomentar una nueva financiación para Cataluña, como parte de los acuerdos con ERC.

El independentismo pierde terreno en las elecciones catalanas

Las elecciones catalanas del 12 de mayo reflejaron un notable retroceso del movimiento soberanista. Con solo el 43,6% de los votos, los partidos independentistas (Junts, ERC, la CUP y la extrema derecha de Aliança Catalana) lograron 61 escaños en el Parlament. La Diada de este año también evidenció el declive del independentismo, con la participación más baja en la última década: apenas 60.000 personas en Barcelona, según datos de la Guardia Urbana.

Conmemoración del 1-O y el papel de la ANC

Este martes, para conmemorar el referéndum del 1 de octubre de 2017, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y los CDR convocaron una concentración en la plaza Sant Jaume de Barcelona. El acto principal, celebrado el sábado en Arenys de Mar, estuvo a cargo del Consell per la República, que reivindicó la validez del referéndum por motivos de «conciencia democrática, credibilidad internacional y razón estratégica». A lo largo de la jornada, se realizaron diversas manifestaciones en toda Cataluña.

La Ley de Amnistía y la exclusión de la malversación

El 11 de junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Amnistía para Cataluña, tras meses de negociaciones entre el PSOE, ERC y Junts. La ley ha beneficiado a entre 300 y 400 personas, incluidos dirigentes independentistas, manifestantes y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero excluye a aquellos condenados por malversación. Ayer, el Tribunal Supremo ratificó que la amnistía no se aplicará al exvicepresidente Oriol Junqueras ni a los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Tampoco se atenderán los recursos presentados por Carles Puigdemont y otros exdirigentes procesados por malversación.

La financiación singular, una asignatura pendiente

En marzo, Pere Aragonès propuso un modelo de financiación singular para Cataluña, que permitiría gestionar el 100% de los tributos. Sin embargo, tras los malos resultados electorales de ERC, parecía que la propuesta quedaría archivada. No obstante, la necesidad del PSC de asegurar los votos de ERC para la investidura de Illa reactivó el acuerdo, aunque la medida sigue sin implementarse. El PSC insiste en que primero debe cerrarse el Presupuesto de 2025 antes de iniciar las negociaciones sobre el ‘cupo’ catalán, que ha sido rechazado por los gobiernos del PP y por el socialista Emiliano García-Page.

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Los beneficios habrían sido dados, sobre todo, a cambio de la concesión de contratos durante el tiempo en que Ábalos era ministro
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El empresario Víctor Aldama, principal figura en la investigación del caso Koldo, ha recibido dos disparos en su lujoso Audi de alta gama, impactando ambos en la ventanilla del conductor. Hay que destacar que en el momento del tiroteo el coche se encontraba vacío, por lo que no ha habido víctimas.

Este tiroteo al coche del empresario ha sucedido en un momento en el que la investigación del caso Koldo, le sitúa como uno de los puntos clave de esta trama.

Según ha señalado el medio The Objective, “los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han centrado sus esfuerzos en las actividades de uno de los personajes clave relacionados con esta trama, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El foco de la investigación se ha desplazado hacia las constructoras que obtuvieron contratos del Ministerio de Transportes o de organismos dependientes del mismo durante el tiempo en que Ábalos estuvo al frente de dicha cartera”.

Las investigaciones se centrado en el análisis del material que se incautaron durante las entradas y registros sucedidos en el mes de febrero de 2024, dentro del marco operación Delorme, pero “algunas de las conclusiones a las que ha llegado la UCO han sido facilitadas por la colaboración de algunos de los investigados en la trama”,, según ha podido saber THE OBJECTIVE.

Víctor Aldama: pieza clave en el caso Koldo

El análisis de esta la documentación incautadas ha facilitado a los investigadores avanzar en la identificación de las posibles irregularidades que hubo en la adjudicación de contratos públicos. Empresas que algunas de ellas tenían su sede en la comunidad valenciana, provincia del exministro Ábalos.  Según The Obejctive, las primeras conclusiones de la UCO, las pesquisas apuntan a posibles prácticas corruptas que habrían facilitado la concesión de estos contratos a cambio de favores o pagos ilícitos, un esquema que ahora se encuentra en el centro de la investigación.

El informe elaborado por la UCO añade indicios de que varias empresas investigadas pagaron una serie de comisiones ilegales a cambio de obtener unos beneficios que se vieron traducidos en la adjudicación de contratos públicos. Estos beneficios habrían sido dados, sobre todo, a cambio de la concesión de contratos durante el tiempo en que Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes. Por el momento las pruebas no son contundentes, pero por el momento han servido para relacionar los pagos ilícitos como para ser incluidos en el informe de la Guardia Civil.

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Hay que recordar que las cartas de recomendación que Begoña Gómez firmó a Barrabés permitieron que su empresa se llevara dos contratos de adjudicación pública
The post Sánchez esconde el contrato de 10 millones de euros a Barrabés first appeared on Hércules.  El Gobierno quiere vetar a los españoles el acceso a los documentos clave del caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Esta documentación que el PSOE no quiere que se haga pública y se guarde en secreto es el dossier que en 2020 entrEgó la empresa propiedad de Juan Carlos Barrabés, Innova Next.

Una documentación que el empresario imputado en el caso de Begoña Gómez para poder optar a los contratos millonarios del ente público Red.es. Unos contratos que ahora son el punto clave en la investigación en el caso de la mujer del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de malversación y corrupción en los negocios. Sobre todo, por las cartas de recomendación que Begoña Gómez firmó para que Barrabés tuviera más opciones de conseguir la licitación.

Jesús Herrero Poza, director general de Red.es, ha firmado una resolución en la que no acepta el acceso a los detalles de ese expediente e insta a que se acuda a la Justicia en caso de que no haya conformidad en la decisión tomada. Una cuestión con la que el Gobierno socialista consigue movilizar sus recursos para pelear en los tribunales su negativa a facilitar documentación sobre un contrato público, costeado con fondos de la Unión Europea.

El Gobierno quiere evitar que salgan a la luz los documentos de Barrabés

Hay que recordar que las cartas de recomendación que Begoña Gómez firmó a Barrabés permitieron que su empresa se llevara dos contratos de adjudicación pública, para la formación digital de jóvenes y desempleados, por un importe superior a los 10 millones de euros. Según ha publicado OKdiario, el escrito presentado por Res.es, se niegan a aportar la documentación que entregó Barrabés para poder optar a los dos contratos millonarios.

Según el escrito al que ha tenido acceso OKdiario, la empresa pública, que ahora depende del Ministerio para la Transformación Digital, alega que “la información solicitada forma parte de sumario judicial” y “concurre, por tanto, el límite al derecho de acceso en la medida en que el acceso a la información suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”.

La empresa Red.es, ha justificado este hermetismo a la hora de no querer entregar esta información es que la documentación reclamada “no es un mero documento que se adjunta a la causa judicial, sino que tiene virtualidad probatoria propia al contener datos objetivos y verificables”.

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El Ejecutivo llevará este martes al Consejo de Ministros la consulta pública de esta norma, que establece nuevos derechos para los estudiantes en prácticas
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Imagen: Pepe Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y CCOO, respectivamente- El Diario.es

El gobierno llevará al Consejo de Ministros de este martes la consulta pública de la norma que pretende regular las condiciones de trabajo de los estudiantes en prácticas. Se trata de un primer paso para poner en marcha por fin la tramitación de una iniciativa cuyo contenido pactaron Trabajo y sindicatos hace ya más de un año.

La falta de consenso entre las dos formaciones del Ejecutivo había dejado esta medida paralizada, pero el Gobierno se ha decidido por fin a arrancar la maquinaria legislativa. El texto que impulsará el Gobierno no incluye cambios de calado en el acuerdo original que firmaron el año pasado los sindicatos y el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. La idea es tramitar la norma como real decreto ley, que después deberá recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados.

El acuerdo firmado entre las dos partes, que no apoyan ni la patronal ni las universidades, regula, entre otras cuestiones, el número máximo de horas de prácticas curriculares que se pueden realizar; limita al 20% el porcentaje de becarios que puede haber respecto a la plantilla total y otorga nuevos derechos a los estudiantes en prácticas.

En lo relativo a las prácticas curriculares, el texto limita el número máximo de horas realizables a un 25% de los créditos que incluya el plan formativo. Para la inmensa mayoría de los grados, que suelen tener un máximo de 240 créditos este porcentaje se traduce en un máximo de 1.500 horas. En el caso de los másteres, la limitación se reduce a un rango entre 375 y 750 horas en función de si la titulación es de uno o dos años.

El marco para las prácticas extracurriculares es mucho más estricto. Quedaría restringida a un 15% del coste horario en créditos y con un tope de 480 horas. Este punto ha sido uno de los más polémicos en el largo proceso de debate entre Trabajo, sindicatos y empresarios que ha acompañado al Estatuto del Becario. Los sindicatos eran partidarios a su eliminación, pues consideraban que fomentan el uso fraudulento de los becarios.

Nuevos derechos para los estudiantes

Más allá de la regulación de las prácticas, el Estatuto del Becario consagra una serie de derechos para los trabajadores en prácticas. En concreto, establece que las empresas deberán compensar los gastos de desplazamiento, manutención o alojamiento en que incurran los estudiantes en prácticas durante el ejercicio de sus funciones. También prohíbe el trabajo nocturno, salvo que sea imprescindible por la naturaleza del oficio.

Además, se reconoce el derecho de los becarios a disfrutar de servicios de los que gozan los empleados que sí tienen relación laboral en las mismas condiciones que estos como el acceso a las zonas de restauración, descanso o aparcamiento. No obstante, estará condicionado a que las circunstancias de la empresa lo permitan. En todo caso, los estudiantes en prácticas no tendrán relación con la empresa ni se les garantiza el cobro de una ayuda económica. No obstante, los meses de prácticas sí que contarán como cotizados a la Seguridad Social, aunque no cobren, un derecho que los estudiantes tienen reconocido desde enero de este año

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En Moncloa han lanzado guiños a Junts, recuperando cuestiones como el uso del catalán en las instituciones europeas o la reactivación de comisiones de investigación pendientes en el Congreso sobre la “operación Cataluña”
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Imagen: El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont durante la sesión plenaria en el Parlamento Europeo . Benoit Doppagne – Europa Press – Archivo

El Gobierno se deshace en gestos hacia sus socios de Junts. Después de que la semana pasada el Ejecutivo decidiera dar marcha atrás en la votación del techo de gasto en el Congreso de los Diputados, desde Moncloa trasladan su vocación de satisfacer las exigencias de los independentistas.

Después de que los de Carles Puigdemont demanden un tercio sobre el déficit del total para las comunidades, en Moncloa han lanzado otros guiños, recuperando cuestiones como el uso del catalán en las instituciones europeas o la reactivación de comisiones de investigación pendientes en el Congreso de los Diputados sobre la llamada «operación Cataluña» o los atentados del 17 de agosto.

Dentro de estas apuestas se ubica la «internacionalización de la causa catalana». Uno de los hitos que persigue Junts es que el catalán sea lengua oficial en Europa. Esta fue una de las banderas de su campaña a las elecciones europeas. En plena reconducción de las relaciones entre el Gobierno y la formación de Carles Puigdemont, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se está empleando a fondo.

Oficialidad del catalán, euskera y gallego en Europa

La semana pasada volvía a insistir por tercera vez y por cámara a la presidenta de la Eurocámara Roberta Metsola para pedirle que se apruebe el uso del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en el Parlamento Europeo. Aseguraba que se trata de un “asunto prioritario para España”.

El Gobierno no descarta llevar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la oficialidad de estas lenguas de no ser posible conseguir la unanimidad de los Veintisiete para que esto ocurra. Así lo ha confirmado el ministro de Exteriores, en una entrevista en Catalunya Radio, donde aseguró que lo único que impide la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el régimen lingüístico de la UE es una «reticencia política» de aquellos países gobernados por el Partido Popular Europeo en coalición con la extrema derecha. 

A juicio de Albares, «no hay obstáculos reales» para que el resto de socios den luz verde a la oficialidad de catalán, euskera y gallego, solicitada por el Gobierno al Consejo de la UE en agosto de 2023 en el marco del acuerdo con Junts de cara a la nueva legislatura. En este sentido, subrayó que no hay problema de traductores, puesto que ya existen y con las nuevas tecnologías sería «algo muy fácil», tampoco con el coste, «porque España está dispuesto a asumirlo».

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El republicano quiere acabar con el crimen mediante “un día violento” durante el cual la policía pueda restaurar el orden en el país
The post Trump propone una “purga” para la delincuencia first appeared on Hércules.  El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a estar en el centro de la controversia tras sugerir que una posible solución para frenar la violencia en el país sería permitir «un día muy violento» para que las fuerzas del orden impongan el control. La propuesta, difundida por varios medios británicos, ha generado una oleada de críticas en las redes sociales, donde muchos usuarios han comparado su idea con la trama del filme de terror La Purga.

Propuesta durante un mitin en Pensilvania

Trump, quien también es candidato en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, lanzó estas declaraciones durante un acto de campaña en la ciudad de Erie, Pensilvania. En su discurso, el expresidente fue más allá, sugiriendo establecer «una hora realmente dura» en la que se reducirían las restricciones para los policías, asegurando que esta medida frenaría de inmediato la violencia en las calles. Sin embargo, no ofreció detalles sobre cómo se implementaría esta propuesta.

La respuesta a sus palabras no se hizo esperar en redes sociales, donde muchos internautas señalaron el paralelismo entre la propuesta de Trump y La Purga, una película en la que los crímenes son permitidos por una noche. «Solo está describiendo la premisa de «La Purga«, comentó un usuario. Otros también se sumaron a las críticas con comentarios irónicos: «¿Quién le ha dejado ver «La Purga«?».

Críticas a la gestión del crimen y los inmigrantes

El expresidente realizó estas declaraciones tras afirmar que la criminalidad en Erie estaba en aumento, culpando a los inmigrantes de este supuesto incremento. Trump también arremetió contra «la izquierda liberal», a la que acusó de intentar impedir que la policía actúe frente a los hurtos en tiendas y comercios, sumando este argumento a su discurso sobre seguridad y orden.

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