Categoría: INTERNACIONAL

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos empresarios y un tercero encargado de captar a las víctimas, por un delito de trata de seres humanos
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Imagen: La Guardia Civil detiene a los empresarios acusados de explotar a mujeres inmigrantes-EFE

Según ha adelantado EFE, la Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Ávila, ha detenido a tres personas por un delito de trata de seres humanos en una empresa de Candeleda (Ávila) dedicada al comercio de alimentos envasados, en la que trabajaban diez mujeres nepalíes en situación de semiesclavitud desde el pasado mes de septiembre.

Han sido detenidas tres personas, dos empresarios y un miembro de la organización encargada de traer a estas personas, dándose los primeros pasos para desmantelar una “organización criminal dedicada a la trata de seres humanos”, según ha explicado en rueda de prensa el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Juan José Vallejo.

La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en el marco de esta actuación que, pese a que se dio a conocer el viernes, se llevó a cabo el pasado 2 de octubre, tal como ha explicado el subdelegado del gobierno en Ávila, Fernando Galeano.

Las mujeres se encontraban en situación de semiesclavitud

Estas diez ciudadanas nepalíes, de entre 24 y 38 años, vivían en un régimen de semiesclavitud en una nave anexa a la empresa, privadas de documentación y dinero, sin poder abandonar las instalaciones en las que vivían. Esta situación provocaba su aislamiento social, pues no sabían castellano y sólo se comunicaban con algunas palabras en inglés.

En la nave en la que se encontraban dormían en colchones sobre el suelo, no tenía calefacción, las ventanas no tenían cristales y estaban cubiertas con plásticos. La cocina estaba sucia y tenían que compartir un único baño, lo que además de limitar su privacidad dificultaba unas condiciones mínimas de higiene.

Según ha comentado Juan José Vallejo, el “ciclo migratorio” de las víctimas, que llegaron a España entre julio y agosto, comenzaba en su país de origen con la “captación” por parte de una organización que “las engañó prometiéndoles trabajo en España”.

Luego, la red les pagaba el trasporte por carecer de recursos propios, generando una deuda de entre 3000 y 7000 euros para realizar un viaje cuya primera parada se producía en “países de tránsito” como Serbia o Rumanía, desde donde continuaban “vía terrestre” hasta España. Una vez en el primer destino, eran acogidas en pisos alquilados por la red en grandes ciudades hasta ser distribuidas en diferentes puntos de España para su explotación, como en el caso de esta empresa de Candeleda, dedicada a la fabricación y comercialización de productos y alimentos envasados.

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El Ejecutivo se ha comprometido con Europa a un esfuerzo de contención del gasto para bajar la deuda, a cambio de que la Comisión Europea permita ampliar el periodo del plan de ajuste de cuatro a siete años
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Imagen: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Europa Press

El Gobierno confía en que parte del crecimiento económico del país se deba, en parte, a la incorporación de los inmigrantes al mercado laboral. Por eso, ultima un cambio del reglamento de la ley de extranjería que abrirá la puerta a la potencial regulación de decenas de miles de inmigrantes, tal y como se lo planteó a Bruselas la semana pasada al presentar su plan fiscal. En él, el Gobierno prevé que se crearán más de 1,5 millones adicionales de puestos de trabajo hasta 2026, un nuevo récord de ocupación con un número total de empleados que rozará los 23 millones de personas.

En este documento, en el que el Ejecutivo se compromete con Europa a un esfuerzo de contención del gasto para bajar la deuda, se detallan un conjunto de reformas. A cambio de estas, la Comisión Europea permite ampliar el periodo del plan de ajuste de cuatro a siete años. Entre ellas, se encuentra, precisamente, la aprobación de un nuevo reglamento de la ley de extranjería y una revisión del sistema para homologar los títulos de foráneos.

Según el Ministerio de Economía, estas dos reformas permitirán aumentar el crecimiento tendencial de la economía en tres décimas de aquí a 2031, al contar con más trabajadores y facilitar que estos estén más formados. De esta manera, como los inmigrantes reportarán más ingresos, el déficit público también se reducirá en una décima.

Otros cálculos del Banco de España reportaban que, en 2022, mientras que los extranjeros añadían un 4% más de población, los nacionales restaban un 1%. Ante estos movimientos migratorios que está recibiendo España, el Gobierno ha potenciado precisamente esta medida, la de atraer flujos de inmigrantes con mayores niveles de cualificación en aquellos sectores de mayor interés nacional. En el documento, el Ejecutivo añade que “esto permitirá aumentar la cualificación de la fuerza laboral y, con ello, la productividad del sistema”.

La reforma del reglamento de la ley de extranjería tendrá dos patas

Una de las patas del reglamento de la ley de extranjería es “mejorar las vías que permitan una mayor regularización del stock de inmigrantes existente, lo que permitiría aflorar la economía sumergida de los inmigrantes que no cumplen con los criterios de arraigo y evitando que el tránsito hacia el mercado laboral se produzca a través de vías colaterales no pensadas para dicho objetivo, como la figura de la solicitud de protección internacional”. Y la otra es “revisar las diferentes figuras que permiten la contratación en origen y poder maximizar el potencial económico de los inmigrantes”.

Además, el Gobierno pretende incrementar la productividad de la población inmigrante, reconociendo de forma más ágil y flexible sus cualificaciones y competencias, en especial las universitarias. Según se indica en el plan fiscal, se profundizará en esta vía tras detectarse trabas en el proceso de homologación: “A pesar de haber pasado de 10.100 expedientes resueltos en 2020 a 27.200 en 2023, el sistema actual no es capaz de absorber las 5.000 solicitudes que de media llegan cada mes, un 84% aproximadamente desde la región latinoamericana”.

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El fallo del Tribunal de Roma supone un golpe para la política migratoria italiana, que había sido visto con buenos ojos por parte de la UE
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Imagen: Giorgia Meloni, primera ministra italiana-AP

El pacto de Italia con Albania para externalizar su gestión migratoria abrió este viernes una disputa entre el gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la Justicia, después del fallo del Tribunal de Roma que ordenó traer a territorio italiano a los doce inmigrantes internados en centros de retención en territorio albanés. La sentencia, emitida por la sección de Inmigración del tribunal de primera instancia de Roma, fue el primer escollo que se encuentra el Ejecutivo de Meloni desde que esta semana puso en marcha el acuerdo con Albania para mandar a centros de retención a inmigrantes que solicitan asilo en Italia.

El fallo fue criticado por los principales miembros del Ejecutivo italiano, y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, avanzó que el gobierno recurrirá el fallo porque quiere seguir con la externalización a Albania de la gestión de acogida, petición de asilo y repatriación de inmigrantes, un sistema sin precedentes que estos días se ha debatido en la Unión Europeo. “Me sabe mal que cuando toda Europa mira con interés algo que hace Italia estemos tratando de ponernos palos en las ruedas”, declaró Meloni, que calificó la decisión judicial como “prejuiciosa” y alegó que ahora es el poder judicial el que hace de “oposición”.

El Tribunal de Roma alegó que Bangladesh y Egipto, los dos Estados de donde proceden los inmigrantes retenidos en Albania, “no son países seguros”. A su vez, argumentó que sus detenciones “no fueron validadas” según “principios vinculantes para los jueces nacionales”, en línea con un fallo del Tribunal de Justicia de la UE, que el 4 de octubre ya cuestionó la base del pacto Italia-Albania.

Críticas del gobierno a la justicia

Sobre ello, Meloni acusó a la Justicia de excederse en sus atribuciones: “No creo que sea competencia del poder judicial establecer qué países son seguros y cuáles no, esta es una competencia del gobierno”. “Quizás el gobierno necesite aclarar mejor qué se entiende por países seguros”, añadió. También fue muy crítico con el fallo judicial Matteo Salvini, que acusó a los jueces de ser “proinmigrantes” y “hacer política de izquierda”.

El Ministro de Exteriores, Antonio Tajani, de Forza Italia, dijo que el Ejecutivo continuará defendiendo su plan porque “es justo hacerlo en sintonía” con la presidenta de la Comisión europea, Úrsula von der Leyen, que vio con buenos ojos el modelo italiano de externalizar inmigrantes a un país de fuera de la UE como es Albania. “Estamos acostumbrados a respetar las decisiones del poder judicial, pero querría que se respetaran las decisiones del Ejecutivo y el legislativo porque una democracia se basa en la división de poderes”, agregó Tajani, en la cumbre entre Italia y Francia de este viernes en Ventimiglia, una ciudad del norte del país italiano.

Por el contrario, los partidos de la oposición celebraron la sentencia y pidieron a Meloni que desmantele el sistema creado en Albania y pida disculpas a la población italiana ante los miles de millones de euros gastados en un proyecto que consideran ilegal.

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El ministerio liderado por Robles transfirió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las instalaciones del Cuartel General Arteaga
The post El Gobierno gasta dos millones de euros en reformar cuarteles para acoger inmigrantes  first appeared on Hércules.  El Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado hasta dos millones de euros en obras para acondicionar los cuarteles que el Ministerio de Defensa cedió en Madrid con el fin de acoger a un mayor número de inmigrantes ilegales. Esta acción se debe al desbordamiento masivo que hay en los centros de acogida de inmigrantes en Canarias.

Según se ha conocido, el ministerio liderado por Margarita Robles transfirió a finales de 2023 al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las instalaciones del Cuartel General Arteaga, situado en Carabanchel (Madrid), el Cuartel Primo de Rivera (Alcalá de Henares), el Hospital Naval de Cartagena y otros terrenos de su propiedad en Sevilla para alojar a inmigrantes llegados a las Islas Canarias. En el caso de Madrid y Alcalá de Henares, fue donde se llevaron a cabo las labores de obra y acondicionamiento más pesadas.

El medio The Objective ha señalado que el Ministerio de Defensa destinó 1.177.499,35 euros en 2023 y 878.027,48 euros en 2024 para las obras en el Acuartelamiento General Arteaga y el Acuartelamiento Primo de Rivera, respectivamente. Por otro lado, en una respuesta parlamentaria hecha por Vox, el Gobierno señaló que las obras que se llevaron a cabo fue primero un cerramiento interior de los cuarteles y en el caso del Primo de Rivera, se separó la parte de la base que utiliza el Ejército de Tierra y la parte en la que se ubica a los inmigrantes.

El Ministerio de Defensa destinó 1.177.499,35 euros en 2023 y 878.027,48 euros en 2024

La cesión que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez de estos cuatro cuarteles para acoger a más inmigrantes ilegales, tiene como consecuencia la ampliación de la capacidad del sistema de acogida de inmigrantes, hasta en 3.700 plazas. En el momento en que estas personas que son libres de entrar, salir y hacer su vida, porque la idea no es encarcelarlos.

El Ministerio de Defensa y sobre todo Margarita Robles han mostrado su gran preocupación por garantizar a las inmigrantes condiciones de dignidad y humanidad, motivo por el que se mostró colaborador a la hora de ceder sus instalaciones.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno no ha querido ayudar a Canarias a controlar la grave crisis de inmigración que ha estado escalando en los últimos meses, incluso ha prometido ayuda en forma de recursos económicos y efectiva. Pero por el momento el presidente del Canarias, Fernando Clavijo ha mostrado su indignación ante la falta de palabra de Sánchez con la crisis que está viviendo dicha comunidad autónoma.  

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