Categoría: INTERNACIONAL

Renfe asegura que está garantizado el servicio desde Chamartín a excepción de dos servicios a primera hora del lunes: Madrid – Murcia (06:15) y Madrid – Valencia (06:30), que partirán desde la estación de Atocha
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Imagen: Pasajeros esperan el sábado a que se restablezca la circulación en Atocha EFE/Cedida por pasajera

Adif ha anunciado que este lunes se recuperará la normalidad en la circulación de Cercanías de Madrid y en la línea de alta velocidad entre la capital y la Comunidad Valenciana y Murcia. Los trenes que conectan ambas comunidades con Madrid iniciarán o concluirán su recorrido en la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor, tras el trabajo desarrollado por los equipos de mantenimiento de Adif y Renfe.

Renfe asegura que está garantizado el servicio desde Chamartín a excepción de dos servicios a primera hora del lunes: Madrid – Murcia (06:15) y Madrid – Valencia (06:30), que partirán desde la estación de Atocha. El tren que partirá de Alicante a las 05:52h finalizará su recorrido a las 08:14 en Atocha.

Se ha restablecido la circulación por una vía entre Madrid Chamartín y Jardín Botánico, del trayecto de alta velocidad que une Chamartín y Puerta de Atocha.

La circulación de trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Levante recupera la normalidad.

— INFOAdif (@InfoAdif) October 21, 2024

Cerca de 14.000 viajeros se vieron afectados este domingo tras las últimas incidencias ferroviarias en Madrid, que obligaron a suspender 22 trenes, mientras que 26 mantenían sus operaciones. Las incidencias interrumpieron el servicio de alta velocidad y Cercanías, especialmente entre Madrid y la Comunidad Valenciana, pero también con Murcia.

De hecho, algunas de estas personas pasaron la noche en las dos estaciones madrileñas a la espera de que se les reubicara en otros trenes, aunque sin suerte. Finalmente, fue a última hora de la tarde cuando Adif dio visos de esperanza, pero todavía debían esperar hasta que este lunes se reestableciera el servicio de las líneas de AVE entre Madrid y la zona del Levante.

El sábado por la tarde descarriló un convoy sin pasajeros en el túnel que une las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, y la circulación se detuvo también debido a la presencia de un hombre que se introdujo en una zona de acceso no autorizado y amenazaba con lanzarse desde una pasarela.

Renfe busca soluciones

El ministro de Transportes Óscar Puente ha informado a media mañana de que prevé que se puedan restablecer los servicios ferroviarios habituales este lunes. Por su parte, el director general de Negocios y Operaciones de Renfe, Óscar Gómez Barbero, ha asegurado que tratan de encontrar soluciones “creativas” para las 13.700 personas afectadas por las cancelaciones y modificaciones de trenes registradas durante el fin de semana. De estas, alrededor de 14.000 personas, más de 6.000 son suspensiones del viaje y unas 7.500 son trenes que han cambiado la cabecera de su viaje.

Aunque, por el momento, los pasajeros no han recibido notificación alguna, ya sea vía SMS o WhatsApp, por parte de la compañía. En cualquier caso, la normalidad ha reinado esta mañana en la estación de Chamartín, más allá de las prisas por llegar ante ese cambio de punto de partida improvisado. Los trenes programados con algunos de los destinos afectados por el caótico fin de semana están saliendo según lo estimado y no se contabilizan mayores incidencias ni retrasos considerables.

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Los barones del partido han pedido a Feijóo remodelar la cúpula debido a las críticas por la falta de unión en temas claves
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Imagen: EP

El Partido Popular (PP) sigue lidiando con las consecuencias del error en la tramitación de la ley que reduce penas a más de 40 etarras, un fallo que ha generado tensiones internas y ha sacudido al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. En las últimas dos semanas, ha enfrentado su primera crisis interna desde que asumió el liderazgo del partido, sin tomar medidas correctivas ni realizar cambios en la estructura de trabajo de su grupo parlamentario, algo que muchos diputados han demandado.

Aunque temas como el caso Ábalos y la imputación del fiscal general del Estado han desviado parte de la atención mediática, las tensiones dentro del PP persisten. De hecho, voces influyentes dentro del partido, incluidos dirigentes y exministros, han manifestado la necesidad de reforzar la cúpula del partido ante lo que se prevé como una larga legislatura.

Demandas de refuerzo en la dirección del partido

Dirigentes regionales y antiguos miembros del Gobierno de Mariano Rajoy han expresado su preocupación por la falta de figuras reconocidas en áreas clave como justicia, defensa o infraestructuras. Consideran que el PP necesita más «referentes sectoriales» para ganar visibilidad tanto en el sector privado como en la sociedad civil. Uno de los exministros ha señalado que, en épocas anteriores, siempre había figuras claramente identificables dentro del partido que lideraban áreas clave. Sin embargo, ahora se percibe una falta de «perfiles de peso» que conecten con las demandas actuales.

Las críticas también apuntan a la falta de coordinación entre la dirección nacional del partido y los barones regionales, quienes consideran que Feijóo debería ampliar su equipo de portavoces sectoriales para hacer frente a los retos políticos de la actualidad.

Dudas sobre la eficiencia de Esteban González Pons

Una de las principales críticas dentro del partido recae sobre Esteban González Pons, quien combina su rol como eurodiputado y vicepresidente del Parlamento Europeo con la vicesecretaría institucional del PP, un cargo que abarca áreas tan sensibles como justicia, defensa y política constitucional. Los dirigentes consultados consideran que estas responsabilidades son difíciles de compatibilizar y que el PP necesita una mayor presencia y liderazgo en estos sectores.

Críticas a la gestión de la crisis de los etarras

La gestión del caso de los etarras ha sido otro foco de tensión. Se ha pedido a Miguel Tellado, encargado del Grupo Parlamentario Popular, que realice cambios significativos para evitar que se repitan errores como el que permitió la aprobación de beneficios penitenciarios a terroristas. Varios exministros han calificado este fallo como un «bochorno» que no puede quedar impune.

Además, en conversaciones privadas se critica la falta de apertura en el equipo de decisión de Feijóo, aunque muchos reconocen que el líder popular siempre ha trabajado de esta manera. Los presidentes autonómicos también han mostrado su malestar por la falta de coordinación en ciertas iniciativas, como el plan de conciliación y la propuesta de la semana laboral de cuatro días.

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Según ha informado el Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Cuba, este domingo se ha producido la tercera caída total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en menos de tres días
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Imagen: Ciudadanos cubanos en protestas por los apagones-EFE

La primera caída total del sistema, el primer momento de “cero cobertura energética nacional”, según el Minem, se produjo el viernes por la mañana, después de que una salida “imprevista” de una central clave para el SEN desestabilizase el sistema.

Los avances de las primeras horas para recuperar el SEN se frustraron de nuevo el sábado por la mañana, cuando se registró otra desconexión total. A última hora del sábado colapsó el subsistema que se había creado en la mitad occidental de la isla. Para ese momento se había logrado la interconexión de circuitos desde Mariel (oeste) a Holguín (este) y la puesta en marcha y sincronización de varias centrales termoeléctricas, entre ellas la Antonio Guiteras, una de las mayores del país. Desde el primer momento el Minem advirtió de que las tareas de recuperación del SEN iban a ser complejas.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró este domingo en una comparecencia antes de este último apagón total que el gobierno aspira a que el SEN vuelva a alcanzar el martes el estado en que se encontraba el viernes antes de la primera incidencia masiva. El ministro reconoció que la situación en el sistema eléctrico es “muy tensa” y que la falta de electricidad ha dejado “a la mayoría de los cubanos” sin agua en sus casas, pues los motores que bombean el líquido hacia los hogares utilizan electricidad.

La falta de combustible agrava el problema

El SEN se encuentra en un estado muy precario por la escasez de combustible y las frecuentes averías en sus centrales termoeléctricas, con cuatro décadas de explotación y carencia crónica de inversiones. Los apagones son habituales desde hace años, pero la situación se ha agravado en las últimas semanas. Ha habido días con tasas de afectación máxima superiores al 50%, lo que ha implicado que haya momentos en que la mitad del país esté simultáneamente sin corriente.

Estos apagones dañan la economía cubana –que en 2023 se contrajo un 1,9%, encontrándose por debajo de los niveles de 2019, según datos oficiales- e impulsan el descontento social. De hecho, estos apagones han sido el detonante de numerosas protestas contra el gobierno, como las que las del 11 de julio de 2021 –las mayores en décadas-, las de Nuevitas y La Habana en agosto y septiembre de 2022, y las del pasado 17 de marzo en Santiago de Cuba (este) y otras localidades.

Protestas de algunos ciudadanos

La inquietud sigue patente entre los cubanos, pues la falta de energía supone que se echen a perder los alimentos. Además, ha afectado al servicio de internet y las comunicaciones. “La situación es muy crítica para que a uno se le eche a perder la comida”, lamenta una vecina.

La desesperación se ha traducido en pequeñas protestas durante la pasada noche en algunos barrios de La Habana, según han contado algunos testigos a la agencia Reuters. Esta situación contrasta con las palabras del presidente de la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel, que afirmó en Naciones Unidas que el sistema eléctrico cubano está “fortalecido”.

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El partido de Abascal ha torpedeado a los socios de sus cinco antiguos gobiernos de coalición a nivel autonómico, con los que se encuentra en negociación
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Imagen: Europa Press

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p class=»MsoNormal»>Tres meses después de romper los pactos de Gobierno en cinco comunidades autónomas, Vox endurece su postura frente al Partido Popular (PP) en la elaboración de los presupuestos regionales. Las administraciones lideradas por el PP en Comunidad Valenciana, Castilla y León, Región de Murcia, Aragón y Extremadura no cuentan con mayoría absoluta, por lo que necesitan alianzas para aprobar sus cuentas. Sin embargo, cada comunidad avanza a un ritmo diferente

Estrategia nacional de Vox y desafío a Feijóo

Para reforzar su posición, Santiago Abascal, líder de Vox, reunió recientemente en Madrid a los portavoces parlamentarios de su partido. De ese encuentro salió un decálogo de exigencias, con la «lucha contra la inmigración ilegal» como tema central de las negociaciones. Esta línea de actuación busca debilitar al PP, mientras las posturas entre el Gobierno central y los populares continúan distantes en materia de política migratoria. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, instó al PP a dialogar sobre la acogida de menores migrantes no acompañados, aunque desde Génova no han respondido.

Avances en la Región de Murcia y rechazo en Castilla y León

En Murcia, fuentes del PP aseguran que el presupuesto está muy avanzado y que las conversaciones con los grupos políticos comenzarán a finales de octubre o principios de noviembre. Aunque el PP solo necesita la abstención de Vox, el exvicepresidente José Ángel Antelo ha subrayado que el apoyo dependerá de que se cumplan los compromisos del pacto de investidura, como el cierre del centro de menores migrantes en Santa Cruz.

Alfonso Fernández Mañueco presentó esta semana el mayor presupuesto de la historia de Castilla y León, con 15.084 millones de euros. Aunque Mañueco afirmó que su intención es agotar la legislatura, Vox rechazó las cuentas, acusando al PP de estar más cerca del PSOE que de la derecha. Juan García-Gallardo, exvicepresidente, condicionó su apoyo a la inclusión de medidas clave para Vox, denunciando que la presentación del presupuesto sin un acuerdo previo es una maniobra electoral.

Negociaciones con la Comunidad Valenciana y Extremadura

Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, ha expresado su intención de negociar los presupuestos con todas las formaciones parlamentarias, incluidas PSPV, Compromís y Vox. Aunque el portavoz de Vox, José María Llanos, ha manifestado una «buena predisposición», el partido insiste en que la inmigración será un tema clave en las negociaciones. Aún no han recibido un borrador de las cuentas, pero confían en alcanzar un acuerdo.

El Ejecutivo de María Guardiola en Extremadura ya ha mantenido varias reuniones con otros grupos políticos para avanzar en la negociación de los presupuestos. Sin embargo, Vox ha acusado a Guardiola de acercarse más al PSOE que a ellos, y el PSOE extremeño tampoco se muestra satisfecho con el proceso de diálogo. Desde Vox piden claridad y plantean la necesidad de elegir entre pactar con ellos o con los socialistas.

Aragón a la espera de más fondos

Jorge Azcón, presidente de Aragón, ha pospuesto las conversaciones presupuestarias hasta que se resuelva la cuestión de las transferencias del Estado. En una reunión reciente con Pedro Sánchez, Azcón pidió revisar el sistema de financiación autonómica, alegando que Aragón recibe menos recursos debido a su baja densidad de población. Vox, por su parte, ha señalado la inmigración como el tema principal en las futuras negociaciones presupuestarias.

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Con la protesta, los manifestantes quieren exigir “la regulación de los alquileres y la paralización de los desahucios” y que Valencia se declare como zona tensionada, entre otras medidas
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Imagen: Decenas de jóvenes acampan en Valencia por el derecho a la vivienda tras la manifestación masiva del sábado. EFE

Varias decenas de personas, que participaron en la manifestación en protesta por la situación de la vivienda durante la tarde del pasado sábado en Valencia, han acampado frente al ayuntamiento de la ciudad para proseguir con su petición de una vivienda digna.

Los protagonistas de la acampada han pasado la noche en la explanada de la plaza del Ayuntamiento, donde han instalado cerca de una veintena de tiendas de campaña en forma de círculo. Junto a las tiendas, han colocado los carteles que mostraron en la manifestación, alguno de ellos con el propio lema de la protesta del sábado: València s’ofega (‘Valencia se ahoga’). También se escucharon cánticos como Si no tenim casa, ocuparem la plaça (‘Si no tenemos casa, ocuparemos la plaza).

Con la acampada, los manifestantes pretenden “dar continuidad a las demandas de la manifestación de este sábado, que se agrupan en tres ejes: la defensa del territorio, la defensa de la vivienda y en contra de la turistificación”. Según informaron este sábado desde València no està en venda, la acampada surgió «de forma autónoma» y espontánea, tras la movilización de esa misma tarde, cuando varias personas instalaron tiendas de campaña en la plaza para exigir el cumplimiento de sus demandas.

Los acampados han convocado -también en redes- una «asamblea abierta» para este lunes por la tarde, para decidir si mantienen la protesta no autorizada durante la semana.

Las reivindicaciones

Con la protesta, quieren exigir “la regularización de los alquileres y la paralización de los desahucios”, al tiempo que alertan de que “el 30% de las casas que se compran son de capital extranjero”. Asimismo, los manifestantes critican las medidas anunciadas por el Gobierno pues, a su juicio, son “parches” que “no llegan a donde realmente tienen que llegar”. También reclaman que se declare Valencia como zona tensionada, pues afirman que en aquellos barrios donde “sufren una problemática más grave de la turistificación” se viven “dificultades a nivel de salud”, problemas por aumento del sonido y de salud mental.

La manifestación

Varios miles de manifestantes -unos 15.000 según la Delegación del Gobierno y 50.000 según la organización- recorrieron ayer por la tarde el centro de Valencia para reivindicar el derecho a la vivienda y contra la turistificación de la ciudad bajo el lema València s’ofega, que rememora la riada que inundó la ciudad el 14 de octubre de 1957. Los convocantes reclamaron la regulación de los precios de los alquileres, la paralización de los desahucios, la creación de un parque de Vivienda de Protección Oficial o la paralización de la venta residencial al capital extranjero.

En referencia al exceso de turistas, pidieron que se declare Valencia como zona tensionada, que se prohíban los apartamentos turísticos y que se regule de forma “estricta” el negocio hotelero, así como un decrecimiento de la ciudad, que consideran saturada. También defendieron que “hay que dejar de apostar por el turismo como motor económico, poner fin a la promoción de la ciudad como destino turístico y parar la entrada de cruceros y las ampliaciones del puerto y el aeropuerto”.

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El ministerio quiere identificar quiénes cobran comisiones ilegales por el alquiler de viviendas imponiendo multas de hasta diez mil euros
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Imagen: EP

Varias agencias inmobiliarias están bajo el escrutinio del Gobierno por la presunta aplicación de comisiones ilegales en el alquiler de viviendas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación tras identificar prácticas abusivas, como el cobro indebido por la gestión de arrendamientos, la imposición de contratos temporales sin base legal, y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler.

Consumo detecta prácticas extendidas en todo el país

La Dirección General de Consumo, responsable de impulsar esta investigación, ha recibido múltiples denuncias del sector inmobiliario, confirmando la existencia de estas prácticas en empresas que operan a nivel nacional. Aunque no se han revelado nombres ni el número de agencias implicadas, fuentes cercanas al caso señalan que algunas infracciones podrían ser graves, lo que conllevaría multas de hasta 100.000 euros. Otras podrían ser clasificadas como muy graves, lo que elevaría las sanciones hasta un millón de euros.

Cobros ilegales y comisiones prohibidas

Uno de los principales motivos de denuncia es que ciertas agencias están trasladando ilegalmente los costes de gestión de los contratos a los inquilinos, en clara violación de la Ley del Derecho a la Vivienda. Esta normativa prohíbe de forma expresa que los inquilinos paguen comisiones por estos servicios. En febrero, la Dirección General de Consumo notificó a varias agencias inmobiliarias que no podían aplicar este tipo de cargos, tras descubrir que algunas cobraban a los arrendatarios una comisión equivalente a un mes de alquiler, más el 21% de IVA.

Abusos que circulan en redes sociales

En redes sociales también han circulado denuncias sobre otras prácticas abusivas, como el cobro por visitar un piso en alquiler, algo que muchos aceptan dada la alta demanda y escasa oferta de viviendas. Consumo también ha detectado el uso indebido de contratos temporales sin justificación legal, lo que contraviene la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que protege a los inquilinos garantizando contratos de larga duración, salvo en situaciones justificadas.

Sanciones por cláusulas abusivas y alquileres turísticos

El Ministerio ha subrayado que la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler, así como otras prácticas contrarias a la LAU y a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, está penada con sanciones considerables. Las infracciones graves pueden ser multadas con hasta 100.000 euros, mientras que las muy graves pueden superar el millón de euros. Entre las prácticas sancionables está la exigencia de varias mensualidades por adelantado, cuando la ley solo permite solicitar un mes de renta en garantía.

En el ámbito de los alquileres turísticos, el Ministerio ha iniciado una investigación paralela contra plataformas que publicitan viviendas sin licencia. El Gobierno ha presentado un real decreto para agilizar la regulación de este mercado, creando un registro único de viviendas de alquiler turístico, que será obligatorio para todas las propiedades. Este registro, llamado Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, será implementado en 2025, con el fin de frenar el alquiler ilegal y apoyar a las administraciones locales en su control.

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El año pasado, la UE concedió a Georgia el estatus de país candidato, pero desde entonces, los partidarios de la oposición sostienen que el Gobierno ha desbaratado las posibilidades de ingresar en el bloque
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Imagen: Estudiantes georgianos, en una protesta en Tiflis contra la ley de agentes extranjeros. AFP

En Georgia, miles de manifestantes marcharon este domingo en Tiflis a favor del futuro europeo del país a seis días de las elecciones parlamentarias, que la presidenta Salomé Zurabishvili ve como una elección entre la UE y Rusia, es decir, se consideran un barómetro para determinar si el país vuelve a la órbita rusa o continúa su camino proeuropeo.

Bajo el lema “Georgia elige la UE” los partidarios del acercamiento a Europa se dieron cita en cinco puntos de la capital desde donde marcharon en columna hacia la plaza de la Libertad, donde cantaron los himnos del país caucásico y de la UE.

La acción, convocada por organizaciones no gubernamentales y partidos opositores, contó también con la asistencia de la mandataria georgiana. Desde el mayor partido de la oposición, el Movimiento Nacional Unido (MNU), advirtieron al Gobierno de que el pueblo “no renunciará a su futuro europeo”.

Un futuro europeo

“Esta acción es es la última advertencia al presidente honorario del gobernante Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili, de que el pueblo georgiano no renunciará a su futuro europeo”, dijo la presidenta del MNU Tinatin Bokuchava. Mientras, Zurabishvili pidió a los asistentes demostrar la voluntad de “devolver al país la libertad, la independencia y un futuro europeo”.

Los participantes en la manifestación afirmaron que se trata de un “ensayo de la victoria electoral de la oposición”, mientras que el Sueño Georgiano, que gobierna Georgia desde 2012, asegura que obtendrá alrededor del 60% de los apoyos, después de lo cual restablecerá las relaciones con Occidente.

El año pasado, la UE concedió a Georgia el estatus de país candidato, pero desde entonces los partidarios de la oposición sostienen que Sueño Georgiano ha desbaratado las posibilidades del país de ingresar en el bloque.

La relación de Georgia con el Kremlin

El país caucásico ha mejorado notablemente sus relaciones con el Kremlin coincidiendo con la guerra en Ucrania, lo que ha empeorado dramáticamente sus lazos con Estados Unidos y la Unión Europea.

Después de que el Parlamento georgiano aprobara en mayo de este año la Ley sobre la Transparencia de la Influencia Extranjera, que la oposición georgiana considera semejante al aprobado en Rusia para reprimir a la sociedad civil, la Unión Europea Estados, Unidos y el Reino Unido congelaron los programas de cooperación con Georgia.

Además, Bruselas y Washington también criticaron al Parlamento georgiano el pasado mes de septiembre por aprobar otro documento que prohíbe, al igual que en Rusia, informaciones referentes a la homosexualidad.

Ley contra los derechos LGTBIQ+ y ley de agentes extranjeros

Se trata de dos leyes que han levantado ampollas en Bruselas. A principios de mes, el presidente del Parlamento de Georgia promulgó un polémico proyecto de ley contra los derechos de las personas LGTBIQ+, después de que la presidente se negara a respaldarlo.

El proyecto de ley, que ha sido duramente criticado por grupos de derechos humanos y LGBTQ+, prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo, las adopciones por parejas del mismo sexo y limita la representación de parejas LGBTQ+ en los medios de comunicación.

También prohíbe los cuidados de reafirmación de género y el cambio de género en los documentos oficiales, una medida que, según los activistas, afecta de forma desproporcionada a las personas transgénero y está directamente relacionada con los delitos de odio contra las personas LGBTQ+ en el país.

La otra medida que no ha gustado a Bruselas ha sido la ley de agentes extranjeros, que obliga a los medios de comunicación y las ONG a registrarse como tales si reciben al menos el 20% de sus fondos del extranjero, imponiendo fuertes multas a quienes no la cumplan.

Las autoridades de Georgia afirman que la nueva medida, que han bautizado como ‘ley de transparencia’, frenará los supuestos intentos extranjeros de influir en la política nacional. Sin embargo, sus detractores la han bautizado como la ‘ley rusa’, porque afirman que refleja una legislación similar adoptada por el Kremlin para perseguir, discriminar y, en última instancia, ilegalizar a los opositores políticos.

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