Categoría: INTERNACIONAL

La medida ha sido transmitida por el gobierno central a través de un correo electrónico, lo que ha suscitado la crítica del gobierno presidido por Ayuso
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Imagen: Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -EFE

El Gobierno central ha decidido aumentar, en más de 200, las plazas de los centros de acogida de Alcalá de Henares y Carabanchel. De esta medida ha tenido conocimiento el Ejecutivo regional, según su portavoz Miguel Ángel García, a través de un correo electrónico remitido por el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por medio del cual se comunicaba la ampliación de las plazas en los centros de acogida de Carabanchel (108 plazas más) y de Alcalá de Henares (105 plazas más), lo que supondrá un total de 1270 plazas.

El delegado de gobierno ha justificado la forma de comunicar la medida en la existencia de un “bloqueo institucional” del que ha responsabilizado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Esta decisión del gobierno ha suscitado la crítica de las autoridades, tanto regionales como locales. La vicealcaldesa de la ciudad de Madrid, Inma Sanz, ha asegurado que han recibido la noticia “con sorpresa y con indignación porque este Ayuntamiento no ha tenido una sola comunicación al respecto”.

Asimismo, ha afeado que la Secretaría de Estado de Migraciones nunca les haya facilitado «el número total de inmigrantes que han pasado por el cuartel (en referencia al centro de Carabanchel) y la cifra de los que ya han salido del mismo y con qué destino o en qué circunstancias». Una falta de información que se produce a pesar de que ambas administraciones han mantenido varias reuniones, a petición del ayuntamiento madrileño, para abordar este asunto. «En estos encuentros siempre ha habido buen tono, pero muy poco contenido. Nunca nos han facilitado la información».

Por otro lado, Judith Piquet, la alcaldesa de Alcalá de Henares, considera que «es una deslealtad absoluta el comportamiento del delegado del Gobierno, Francisco Martín, que miente de manera sistemática y oculta información a los vecinos sobre los aumentos de capacidad que hace del centro de inmigrantes de tapadillo». Para Piquet, a Martín «no le importa en absoluto cómo puede afectar esta medida a los ciudadanos de Alcalá, a los servicios públicos del Ayuntamiento y a los propios inmigrantes cuya cantidad en el centro aumenta de manera exponencial sin que aumenten de la misma manera los servicios y prestaciones que el Gobierno de España dedica a los mismos».

El Ejecutivo regional critica la «hipocresía» del gobierno central

El mismo gobierno que ahora ha aumentado las plazas para seguir acogiendo a inmigrantes en situación irregular es el mismo que hace tan solo unas semanas criticaba la apertura del centro de acogida de menores no acompañados de Fuenlabrada.

Así, el portavoz del gobierno regional ha reprochado lo que considera un “ejercicio de cinismo” del gobierno central. Ha criticado que, después de todo lo que ha “liado” el delegado del Gobierno en Madrid, y todo lo que «ha dicho y sigue diciendo» el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, en contra de un centro que «cumple todos los requisitos legales», en las mismas fechas «se estén ampliando en más de 100 plazas los macrocampamentos de Carabanchel y Alcalá de Henares».

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el Gobierno ha respondido de manera superficial a esta cuestión en el Congreso de los Diputados a través de tres preguntas escritas por la oposición
The post El Consejo de Transparencia exige a Sánchez que detalle las reuniones de Barrabés en La Moncloa  first appeared on Hércules.  Transparencia ha exigido al Gobierno de Sánchez que detalle de manera concreta las reuniones que se desarrollaron en La Moncloa en el año 2020 entre el empresario imputado Juan Carlos Barrabés y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Estas citas se desarrollaron después de que Begoña Gómez le propusiera al empresario reunirse en el Palacio de La Moncloa. En este momento ambos trabajaban de manera conjunta para crear y organizar un nuevo máster en la Universidad Complutense de Madrid. Por el momento, el Gobierno ha respondido de manera superficial a esta cuestión en el Congreso de los Diputados a través de tres preguntas escritas por parte de los partidos de la oposición, Partido Popular y Vox.

El juez encargado de investigar el caso de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, preguntó a Barrabés por las reuniones que se celebraron en La Moncloa. El empresario reconoció que había ido en dos ocasiones y confesó que se le citó porque el presidente quería “conocer su opinión sobre la innovación en España y la situación de las pymes”. Barrabés, fue más específico hace unos meses con The Objective que con el juez y reconoció que propuso a Moncloa que se creara una plataforma para canalizar los fondos europeos.

Según se aprecia en la resolución del Consejo de Transparencia publicada por The Objective, “no consta respuesta de la Administración» a la pregunta de si se han producido esas reuniones. Un escenario que ha empujado al organismo público a “instar a la secretaría general de la presidencia del Gobierno a que, en el mismo plazo máximo, remita al Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante”.

El Gobierno no ayuda a esclarecer los casos de corrupción que golpean al PSOE

En el momento en el que salieron a la luz las reuniones de Barrabés en La Moncloa, con Sánchez y su mujer, el PP lanzó una batería de preguntas al PSOE sobre esta cuestión en el Congreso de los Diputados. La información que la oposición requirió al partido del Gobierno fue muy concreta:  número de reuniones, fechas de las diferentes citas, objeto de las mismas, lugares concretos de estas… entre otras muchas.

Pero la respuesta del PSOE dejó mucho que desear: “El presidente del Gobierno mantiene una agenda de trabajo que incluye de forma habitual reuniones con empresarios, agentes sociales, instituciones y diversos actores clave de la sociedad, en el marco de sus responsabilidades institucionales. Dichos encuentros forman parte de las labores de diálogo y consulta necesarias para abordar los retos que enfrenta nuestro país, así como para impulsar el desarrollo económico y social en beneficio del conjunto de la ciudadanía”.

Por otro lado, el Ejecutivo aseguró “que no realizaban valoraciones sobre informaciones periodísticas» tras una pregunta del partido político de Vox, que hizo énfasis en las fechas de la reunión y planteó si este encuentro se ajustaba a los estándares de transparencia.

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Los fiscales han lanzado duras críticas contra García Ortiz y aseguran que su figura “está llevando la institución al abismo”
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p class=»MsoNormal»>El respaldo que García Ortiz esperaba de la Junta de Fiscales de Sala no se materializó como él esperaba. De los 35 miembros, solo un tercio apoyó sin fisuras su continuidad. En el Consejo Fiscal, la situación fue aún más tensa: siete vocales solicitaron su dimisión, mientras que solo cuatro lo respaldaron. Su discurso, calificado en privado como «nervioso» y en algunos momentos «incongruente», evidenció una creciente fragilidad en su posición.

Dentro de la UPF, ni siquiera todos sus integrantes coincidieron en que García Ortiz debería continuar en el cargo. La ex fiscal general del Estado, María José Segarra, fue una de las que le instó a reconsiderar su postura. Otros fiscales progresistas, aunque de perfil bajo, optaron por no pronunciarse públicamente.

Cisma en la Fiscalía: voces críticas

La imputación de García Ortiz ha generado un profundo malestar dentro del Ministerio Público. Diversas fuentes fiscales advirtieron que, al aferrarse al cargo, el fiscal general estaba poniendo en riesgo la reputación de la Fiscalía. «Lo mejor para la institución es que dimita«, señalaron fuentes fiscales, resaltando que la Fiscalía no puede permitirse tener un fiscal general imputado.

Apoyo y rechazo entre los fiscales de Sala

Durante la mañana, García Ortiz defendió su inocencia ante la Junta de Fiscales de Sala, asegurando no haber filtrado información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. A pesar de su defensa, trece fiscales de Sala, entre ellos figuras destacadas como Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, expresaron su preocupación por el daño causado a la institución y ocho de ellos solicitaron directamente su dimisión. Por el contrario, su mano derecha, Ángeles Sánchez-Conde, junto a otros fiscales como Dolores Delgado y Esmeralda Rasillo, respaldaron su permanencia en el cargo.

El Consejo Fiscal pide su dimisión

Por la tarde, el Consejo Fiscal se reunió, y la situación para García Ortiz se agravó. Solo contó con el respaldo de las dos miembros natas y de dos vocales de la UPF. Sin embargo, los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y el representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, insistieron en su dimisión. Según los vocales de la AF, la permanencia de García Ortiz «está debilitando» a la institución, y Viada fue más allá, advirtiendo que su actitud estaba arrastrando a la Fiscalía al «desprestigio» y al «desánimo».

A pesar de las presiones, García Ortiz defendió ante el Consejo Fiscal que lo mejor para la institución es que permanezca en su puesto, pero la respuesta de la mayoría fue clara: su continuidad «desangra» a la Fiscalía. Los fiscales críticos insistieron en que su permanencia solo acelerará el deterioro de la institución. A pesar de las advertencias, García Ortiz sigue sin tomar una decisión sobre su futuro.

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La Fiscalía señala que el tiempo en el que Ábalos estuvo al frente de la empresa MITMA, de Aldama “mantuvo con ellos una relación privilegiada»
The post Ábalos imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho  first appeared on Hércules.  La Fiscalía Anticorrupción ha imputado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por los delitos de participación de una organización criminal, tráfico de influencias y cohecho dentro del marco de la trama Koldo.

Dicho ministerio ha solicitado a Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, que eleve los presuntos delitos cometidos por Ábalos al Tribunal Supremo para investigar al exministro por varios delitos cometidos dentro de la trama Koldo.

El medio Libertad Digital ha tenido acceso al escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción, el cual ha confirmado que: “resulta difícil entender la operativa desarrollada por Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama Delgado, sin la participación de José Luis Ábalos Meco, tal y como se recoge en el informe de la UCO, ya que el inicio de la relación se produce como consecuencia de que el jefe de la escolta de este último era el hermano de Víctor de Aldama”.

Este escrito señala también que “el primer contacto fue “el 31 de agosto de 2018, cuando José Luis Ábalos Meco llevaba poco más de dos meses al frente del MITMA. Constando en los siguientes meses de 2018 y en los años 2019, 2020 y 2021, tal y como se refiere en el informe policial, varias reuniones en las que participaron los tres, recogiendo distintas conversaciones de WhatsApp en las que cabe destacar que Aldama se refiriera a Ábalos como ‘el jefe’”.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Ábalos era una herramienta necesaria en la trama Koldo

La Fiscalía señala que el tiempo en el que Ábalos estuvo al frente de la empresa MITMA y Koldo García fue su asesor, el empresario Víctor de Aldama “mantuvo con ellos una relación privilegiada que le reportó notables beneficios económicos, que les fue retribuida, tal y como se desprende del contenido de algunas de las evidencias digitales”.

Una cuestión que se basa en “la página 136 del informe de la UCO, en el que se recogen los principales hitos de la relación. Se indica el período en el que se localizan encuentros de interés en las evidencias digitales, y donde presumiblemente se habrían producido entregas de dinero en metálico de manera recurrente de Aldama a Koldo”.

Este escrito apunta que los contratos que se adjudicaron para suministrar las mascarillas se dieron a la empresa ‘Soluciones de gestión y apoyo a la empresa SL’, la cual está siendo uno de los puntos principales de la investigación de la UCO.

También destacan que Víctor de Aldama “con la acción permanente de Koldo García Izaguirre como intermediario, tenía un nivel de acceso prácticamente ilimitado a la esfera del Ministerio, incluido el propio ministro. Se ha de compartir la tesis de los investigadores policiales de que la selección de SOLUCIONES DE GESTIÓN como adjudicataria de los contratos habría partido de Aldama y algún alto cargo del MITMA, con la permanente participación de Koldo”.

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La primera ministra italiana ha conseguido imponer su discurso en cuanto a las deportaciones de demandantes migrantes de asilo
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Imagen: Europa Press

A las puertas de una cumbre oficial de los Veintisiete, una reunión previa de líderes de varios países miembros, encabezada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dejado claro que la extrema derecha está liderando el enfoque sobre las deportaciones de solicitantes de asilo y está decidida a mostrar su poder en este ámbito. Este encuentro refuerza la tendencia hacia un modelo europeo más cerrado, incluyendo la creación de centros fuera del territorio comunitario para gestionar la expulsión de inmigrantes, como el que Meloni ha impulsado en Albania.

La agenda migratoria se impone

El objetivo de las formaciones ultraderechistas es evidente: tomar el control del debate sobre la inmigración, un tema que dominará la agenda política de los próximos meses. Aunque las llegadas irregulares a la UE han disminuido en los últimos tiempos, la inmigración sigue siendo un asunto clave tanto a nivel nacional como europeo. En la minicumbre organizada por Italia, Dinamarca y los Países Bajos, participaron 11 países, entre ellos Austria, Chipre, Grecia, Malta, Polonia y Hungría. Este grupo, con distintos colores políticos, parece haber coordinado sus posturas de cara a la próxima reunión a nivel europeo, y se espera que el formato se repita en diciembre con más participantes.

Resistencia de algunos líderes europeos

En contraste con esta corriente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha rechazado la idea de centros de deportación y ha abogado por impulsar la inmigración regular. En esta misma línea se ha manifestado el primer ministro belga, Alexander De Croo, quien ha subrayado que los centros de expulsión no son una «solución mágica». Incluso el canciller alemán, Olaf Scholz, ha expresado dudas, señalando que estos centros no parecen ser la solución para países grandes como Alemania. Otros líderes, como el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, aunque han mostrado apertura a la idea, se mantienen escépticos y creen que aún se necesita mayor claridad en el debate.

A pesar de las diferencias, los líderes europeos instaron a Von der Leyen a trabajar en una reforma de la normativa sobre deportaciones para endurecerla, buscando un marco que permita integrar el concepto de centros de deportación a nivel europeo. También se acordó seguir avanzando en acuerdos con países no pertenecientes a la UE, como Egipto, Mauritania o Túnez, para frenar las llegadas irregulares.

El nuevo enfoque sobre el asilo y los países seguros

Un grupo de países, liderados nuevamente por Meloni, ha propuesto revisar las relaciones con el régimen sirio de Bashar al Asad, con el objetivo de declarar partes del país como «zonas seguras» para facilitar la deportación de refugiados sirios. Esta estrategia plantea repensar el concepto de «tercer país seguro» y podría abrir la puerta a nuevos pactos para aumentar las deportaciones. Ursula von der Leyen, por su parte, ha señalado que la protección de los migrantes no tiene que ser necesariamente en Europa, sino que puede ser en países terceros seguros.

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El secretario general de la OTAN ha asegurado que, pese a la existencia de «debates internos», la unidad en el apoyo a Kiev es absoluta
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Imagen: Mark Rutte, secretario general de la OTAN- AFP

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este jueves que Ucrania será un Estado miembro de la OTAN en el futuro, aunque ha reconocido que ahora no puede precisar la fecha exacta en la que el país entrará en la organización.

A su llegada a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza Atlántica que se celebra entre ayer y hoy en Bruselas, Rutte dijo que parece que Ucrania se convertirá en el miembro n.º 33, aunque admitió que algún otro país podría adelantarse y entrar en la organización transatlántica antes que el país presidido por Zelenski.

«Ucrania será un miembro de la OTAN en el futuro», declaró, y añadió que las iniciativas de apoyo a Kiev que la propia Alianza ha acordado y el respaldo y garantías de seguridad bilaterales de los Estados miembros a Ucrania constituyen «un puente» hacia el ingreso del país en la organización transatlántica.

El ‘Plan de la Victoria’ del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, incluye que Ucrania reciba inmediatamente una invitación en firme para entrar en la OTAN una vez termine la contienda, lo que a juicio del mandatario mostraría al presidente ruso, Vladimir Putin, que «ha perdido la batalla geoestratégica».

Unidad para apoyar a Ucrania

Rutte reconoció que existen “debates” entre los aliados sobre el apoyo a Ucrania, pero aseguró que “la unidad es absoluta”, puesto que de ello depende la seguridad de la Alianza. “Ucrania es una democracia, los 32 aliados son democracias, así que todos tienen debates, pero hay absoluta unidad porque esto gira en torno a nuestros valores, a nuestra seguridad colectiva”, indicó Rutte en una rueda de prensa junto al presidente ucraniano.

Asimismo, Ucrania recalcó la importancia de la unidad de sus socios, indispensable para que pueda salir adelante. Zelenski mencionó varios de los equipos militares que países miembros de la organización transatlántica le han donado y, en ese contexto, aseguró que “sería un error, por supuesto, dejar a Ucrania políticamente fuera de la Alianza cuando, en la práctica, Ucrania ya es parte de la OTAN”.

Zelenski también tuvo palabras para algunos socios reacios a respaldar a Kiev, como es el caso del presidente eslovaco, Robert Fico. En este sentido, afirmó que si Fico no apoya a Ucrania, pronto podrá ser testigo de lo que es capaz de hacer Putin. “De lo contrario, (Fico) lo entenderá muy bien, porque Putin no se detendrá nunca. Si no lo detenemos nosotros, él nunca se detendrá”, avisó.

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El presidente sostiene que Álvaro García Ortiz hizo su trabajo al “perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo”
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Imagen: Pedro Sánchez, en la rueda de prensa de este jueves. Europa Press

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha respaldado al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz después de que el Tribunal Supremo le haya abierto un procedimiento penal por revelación de secretos. “Respetamos la actuación del Tribunal Supremo, pero respaldamos la actuación del fiscal general porque ha hecho su trabajo: perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo”, ha respondido Sánchez en una rueda de prensa en Bruselas.

A continuación, ha reclamado la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. “El origen del caso”, ha recordado Sánchez, es que el jefe de gabinete [Miguel Ángel Rodríguez] de la presidenta, “a la sazón, pareja de un delincuente confeso”, difundió un bulo sobre la investigación que le había abierto Hacienda por defraudar impuestos. “Lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es cuándo el PP le va a exigir explicaciones y responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid que es pareja de un delincuente confeso”, ha agregado Sánchez que ha reclamado a Alberto Núñez Feijóo la dimisión “de su jefa” en referencia a Ayuso.

Sánchez trataba así de dar la vuelta a la exigencia del Partido Popular, que ha reclamado que García Ortiz deje su cargo o el Gobierno ponga en marcha los mecanismos necesarios para cesarle. Sánchez no se ha detenido aquí y ha ido incluso más lejos, al acusar a Díaz Ayuso de, “presuntamente, haberse beneficiado indirectamente” del enriquecimiento de su pareja.

Antes de que terminara la comparecencia del presidente, el jefe de gabinete de Ayuso ha reaccionado a través de X acusándole de mentir y negando que González Amador haya sido “acusado por la venta de mascarillas”. Sin embargo, el novio de Ayuso aguarda una condena por burlar a la Hacienda Pública para no contribuir con el porcentaje que le correspondía tras embolsarse una comisión de casi dos millones de euros por la compraventa de material sanitario en plena pandemia. También falsificó documentos para culminar la maniobra de engaño al fisco. 

Sánchez me cita en una rueda de prensa mintiendo. Es un caradura. Pide la dimisión de la presidenta Díaz Ayuso por no se sabe qué. Nunca González Amador ha sido acusado de vender mascarillas. La corrupción de Sánchez empieza por la B de Begoña

— MÁR (@marodriguezb) October 17, 2024

Asume responsabilidades en el ‘caso Koldo’

Antes de que le preguntaran por el asunto, Sánchez ha comparado la situación del PP con la del PSOE respecto al exsecretario de Organización, al que “hace ocho meses” se expulsó y reclamó el acta de diputado al conocerse las informaciones sobre su posible implicación en una trama corrupta también vinculada, entre otras cosas, a la adquisición de mascarillas.

Sánchez no ha entrado a valorar la posición de Anticorrupción, que apunta a la participación de José Luis Ábalos en la trama, pero ha dicho que asume “tres responsabilidades”. Una de ellas fue “actuar con contundencia” con los primeros indicios de corrupción en el entorno del ex número tres del partido. “Siempre he manifestado la colaboración con la justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso también la apertura de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados”, ha agregado antes de asegurar que la tercera es que “este Gobierno va a continuar con su hoja de avances económicos y de avances sociales hasta el año 2027”.

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