Categoría: INTERNACIONAL

Las cifras han aumentado tras una década debido a la presión de la población migrante, pero aún siguen siendo insuficientes
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p class=»MsoNormal»>España ha registrado un total de 212.011 nacimientos entre enero y agosto de este año, lo que representa un incremento del 0,36% en comparación con el mismo periodo de 2022, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este crecimiento, aunque modesto, marca el primer repunte en la natalidad en diez años, una tendencia que no se veía desde 2014. Desde entonces, la cifra de nacimientos ha ido en descenso constante, y solo en la última década han nacido 69.395 niños menos en el país.

Factores que impulsan el aumento de nacimientos

Este pequeño aumento en la natalidad puede explicarse por varios factores, siendo uno de los principales la llegada de inmigrantes. En los últimos dos años, España ha experimentado un fuerte crecimiento de la población inmigrante, destacándose como el segundo país de la Unión Europea en conceder más permisos de residencia y trabajo a ciudadanos de fuera de la UE, un grupo que tiende a tener más hijos, según un estudio del Banco de España.

Entre julio de 2023 y julio de 2024, la población de nacionalidad extranjera en España ha aumentado en 293.651 personas, mientras que la población nativa ha crecido en 121.718. Si se suman los ciudadanos extranjeros y aquellos de nacionalidad española pero nacidos en otros países, se observa un aumento de casi medio millón de personas. En contraste, la cifra de residentes nacidos en España ha disminuido en 84.083 personas.

Desigualdad en el crecimiento de nacimientos por regiones

El aumento en el número de nacimientos no ha sido uniforme en todo el país. Las comunidades que han recibido un mayor flujo de inmigrantes, como Madrid, son las que han experimentado los mayores incrementos. En Madrid, por ejemplo, nacieron 1.431 bebés más que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en otras regiones como Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana, la tendencia sigue siendo negativa, con menos nacimientos que el año anterior.

Un dato curioso es que el crecimiento en el número de nacimientos se debe casi por completo a un aumento en el número de varones, que representan el 99,7% del incremento, mientras que el número de niñas apenas ha variado.

Cambios en las edades maternas y factores económicos

En cuanto a la edad de las madres, ha habido un aumento de nacimientos en todas las franjas de edad, excepto entre las mujeres de 40 a 44 años, que han tenido 600 bebés menos, y entre las más jóvenes, de 15 a 19 años, donde también se ha registrado un descenso.

La mejoría en el contexto económico, con un aumento del empleo y de los salarios, puede estar incentivando a los jóvenes a formar familias, aunque problemas como la crisis de vivienda y la inflación siguen actuando como frenos.

Más defunciones que nacimientos

A pesar del leve repunte en los nacimientos, las defunciones han crecido a un ritmo mayor en el mismo periodo. Entre enero y agosto, han fallecido 298.933 personas, lo que supone un aumento del 1,27%. Debido al envejecimiento de la población y a la baja tasa de fecundidad, en España siguen muriendo más personas de las que nacen. Este desequilibrio demográfico hace que la llegada de inmigrantes sea esencial para mantener el crecimiento de la población, especialmente en lo que respecta a la población en edad laboral, que es clave para sustentar el crecimiento económico del país en los últimos años.

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El número de denuncias por violencia de género se ha incrementado casi un 5% en el segundo trimestre del año según un informe del CGPJ
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Imagen: Confilegal

El número de denuncias por violencia de género en el segundo trimestre de 2024 aumentó un 4,8% respecto al mismo periodo de 2023, aunque todavía hay un 11,2% de mujeres que han renunciado a declarar contra su agresor. Según el “Informe trimestral sobre violencia de género” del Consejo General del Poder Judicial, de abril a junio, los juzgados de violencia sobre la mujer recibieron un total de 50.536 denuncias, lo que supone 2.306 más que en el mismo periodo del año anterior. Dos de cada tres denuncias fueron interpuestas por la propia víctima.

El informe, según indica el CGPJ, presenta cifras muy parecidas a las de hace un año, y apenas se aprecian variaciones en la mayoría de los indicadores. Por ejemplo, en el número de órdenes de protección solicitadas, se pidieron un 0,7% menos que el año pasado. En cuanto a las órdenes de protección concedidas por el juez, que no es lo mismo que las solicitadas, descendieron un 3,6%. Por el contrario, aumentaron un 10,1% las sentencias dictadas, que fueron 16.962, de las cuales el 80% fueron condenatorias.

Por lo que respecta a las víctimas, dos de cada tres tienen nacionalidad española y el 37,1% son extranjeras. Además, el número de víctimas menores tuteladas subió un 2,6%, hasta las 141. El estudio también apunta a que la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres disminuyó en relación con la del segundo trimestre de 2023, al situarse la media nacional en 18,5, frente a la media de 19,2 de hace un año. Aunque hay comunidades autónomas que superan la media, como es el caso de Baleares (con una tasa de 28,5 por cada 10.000 mujeres) o de la Comunidad Valenciana (24,1).

Medidas de protección a las víctimas

En casi la mitad de los casos, la relación de pareja se mantenía en el momento en que se solicitó la orden de protección al juzgado. En total los juzgados acordaron 16.566 medidas judiciales penales para proteger a las víctimas, ya fueran estas las propias mujeres o los menores de edad a su cargo. Siete de cada diez órdenes de protección fueron órdenes de alejamiento y prohibiciones de comunicación.

En cuanto a los menores de edad, se han acordado más de 1000 suspensiones del régimen de visitas y 588 suspensiones de la guardia y custodia. En 145 casos se ha retirado la patria potestad como medida de protección del menor.

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La líder de Podemos llamó en repetidas ocasiones “corrupto” y “prevaricador” al magistrado, el cual pide una indemnización de 240.000 euros
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Imagen: EFE

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p class=»MsoNormal»>El magistrado jubilado Manuel García-Castellón ha decidido aumentar su demanda por derecho al honor contra Ione Belarra, portavoz de Podemos en el Congreso, reclamando ahora 240.000 euros en compensación. Esta cifra, que dobla la cantidad solicitada originalmente, responde a la persistencia de Belarra en difundir expresiones que el juez considera «ultrajantes y ofensivas» en su contra. El aumento en la cuantía se produce después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo confirmara que la Sala Civil es competente para tratar el caso.

Las declaraciones que motivaron la demanda

El pasado mes de septiembre, García-Castellón presentó la primera demanda tras un mensaje publicado por Belarra en redes sociales, en el que lo calificaba de «corrupto» y «prevaricador». Dicho mensaje fue difundido con motivo de la jubilación del magistrado como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En el texto, Belarra criticaba a García-Castellón y a otros jueces, acusándolos de prevaricar y de proteger a quienes defendían una visión distinta de España.

En su tuit, la diputada de Podemos manifestó: “Este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se irán de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza”.

Reiteración y agravación de las acusaciones

La ampliación de la demanda vino motivada por una segunda oleada de comentarios que Belarra continuó difundiendo en la red social X, incluso después de que se hiciera pública la acción legal del magistrado. Las afirmaciones de la diputada fueron compartidas y comentadas por numerosos usuarios, alcanzando más de 600.000 visualizaciones y generando miles de interacciones, muchas de ellas con insultos y desprecios hacia García-Castellón. Esto llevó a los abogados del magistrado a duplicar la cantidad económica reclamada por los «graves perjuicios» causados.

El escrito de la demanda subraya que, aunque las acusaciones vertidas por Belarra podrían estar tipificadas como delito en el Código Penal, García-Castellón ha optado únicamente por defender su honor mediante la vía civil.

Belarra se reafirma en sus declaraciones

En una respuesta a los medios sobre la demanda, Belarra no se retractó de sus afirmaciones. Según la portavoz de Podemos, “Este juez ha servido toda su carrera al Partido Popular para proteger a los corruptos y perseguir a los adversarios políticos. Lo que hice fue describir su carrera judicial, nada más”.

La defensa del magistrado considera que estas declaraciones, tanto en redes como ante los medios, vulneran claramente el derecho al honor de García-Castellón, cuya trayectoria judicial, señalan, ha sido intachable a lo largo de 47 años de ejercicio profesional sin ninguna condena por corrupción o prevaricación.

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Este incidente tuvo lugar en torno a las 23.00 de la noche, cuando Alvise, Varela y el ‘pequeño Nicolás’ estaban en la casa rural del norte de Madrid
The post Agentes de la Guardia Civil intentan detener a Alvise cuando se encontraba en un camping first appeared on Hércules.  La Guardia Civil ha acudido a un camping situado en Madrid donde se encontraba el líder del partido europeo ‘Se Acabó la fiesta’, Alvise Pérez, para “identificarle”. El creador de SALF, ha confesado posteriormente, que la intención de los agentes era detenerle.

Los agentes se trasladaron hasta la localidad de Bustarviejo, Madrid, en el que se encontraba Alvise Pérez, junto a su abogado, Yegor Varela, y ‘el pequeño Nicolás’, Francisco Nicolás Gómez. La intención de la Guardia Civil era arrestar al líder de SALF, debido a que ene Siraj, Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, aparece una orden de detención contra él. A la Guardia Civil le saltó el aviso cuando el líder de SALF dejó su DNI para registrar su hospedaje en el citado camping, según aseguran fuentes de la Benemérita a The Objective.

Vídeo de Alvise contando su intento de detención a través de su cuenta de Telegram

Esta orden de detención se registró en el juzgado de instrucción número 4 de León por una denuncia por calumnias y databa del pasado 4 de julio. Debido a que Alvise tomó posesión de su cargo como Eurodiputado cuenta con el tratamiento especial de aforado, por lo tanto, no pudo ser detenido por los agentes de la Guardia Civil. Así, únicamente se pudo proceder a su identificación.

El líder de SALF se encontraba junto al pequeño Nicolás

Yegor Varela, abogado de ALvise, se encontraba junto al eurodiputado en el camping en el momento que llegaron los agentes de la Guardia Civil. Por ese motivo, Varela se encargó de recordar a los agentes la condición de eurodiputado de su cliente y que no podía ser arrestado por ser aforado, según ha adelantado El Independiente. 

Alvise se ha encargado de hacer público este hecho a través de sus redes sociales, donde no ha dudado en relatar con detalle lo sucedido con la Guardia Civil en el camping: “Por presunta calumnia movilizan a cinco agentes para intentar detenerme de madrugada con varios coches policiales. Por robar más de 120 millones de euros o dar un golpe de Estado, libres o paseando por Barcelona siendo prófugo como (Carles) Puigdemont”.

Según se ha conocido, este incidente tuvo lugar en torno a las 23.00 de la noche, cuando tanto el eurodiputado como Varela y el ‘pequeño Nicolás’ estaban en la casa rural del norte de Madrid. La defensa de Alvise señala al citado medio que les resultó extraño que la “orden de detención” tuviera fecha del 4 de julio y que no fuera hasta ahora que se haya intentado hacer efectiva.

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A partir de este jueves, Sanidad emitirá un borrador con medidas de prevención y control de enfermedades respiratorias, con el objetivo de que se alcance un consenso con todas las comunidades
The post Sanidad valora la obligatoriedad de las mascarillas ante el repunte de los casos de gripe first appeared on Hércules.  El Ministerio de Sanidad aconseja usar la mascarilla durante toda la temporada de virus respiratorios pero ahora, ante el repunte de los casos de gripe, plantea varios escenarios de riesgo, en los que la mascarilla pasará de estar recomendada a personas con síntomas a valorarse su obligatoriedad en las salas de espera y urgencia de los hospitales.

A partir de este jueves, Sanidad emitirá un borrador con medidas de prevención y control de enfermedades respiratorias, con el objetivo de que se alcance un consenso con todas las comunidades. Según se explica en el borrador, pretende “garantizar la coordinación entre los territorios” este otoño e invierno cuando se solape la circulación de la covid, la gripe o virus sincitial Respiratorio (VRS).

Sanidad abre la puerta a que cada comunidad «pueda implementar tantas medidas complementarias como considere adecuadas» en función de su situación, que agrupa en cuatro escenarios de riesgo: 0, 1, 2 y 3 o de riesgo «muy alto» o incluso «pandémico», en el que «se podrá valorar» la adopción de actuaciones «adicionales y excepcionales que se implementarán de acuerdo a la normativa específica».

Los cuatro escenarios se clasificarán en virtud de una serie de indicadores -tasa de incidencia, hospitalización, ocupación de camas o ingresos en UCI, entre otros- que se revisarán semanalmente.

Estos indicadores se extraerán principalmente del Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias agudas en España (SiVIRA), pero también del registro de procesos de incapacidades temporales (IT); la herramienta de control de las aguas residuales; el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo); el de Información de Vacunaciones (SIVAMIN) y la información de capacidad asistencial y ocupación hospitalaria de las comunidades.

Los tres escenarios posibles

El escenario 0 representa un riesgo bajo, donde las recomendaciones se centran en medidas generales de higiene y prevención. Sin embargo, el escenario 1 recomienda el uso de mascarillas en zonas vulnerables de centros sanitarios y se considera este cuando los indicadores de transmisibilidad estén en nivel bajo o moderado. A partir de este nivel, Sanidad recomienda la reducción del contacto social y el teletrabajo, si el trabajo desarrollado lo permite.

En cuanto al escenario 2, el uso de la mascarilla está indicada para todos en salas de espera y urgencias y los indicadores para este serán en niveles altos, salvo que “haya motivos para asignar un nivel de riesgo superior o inferior”. En este nivel, se deberá usar la mascarilla en salas de espera y en las urgencias de los centros sanitarios.

El tercero de los escenarios (”medidas adicionales y excepcionales”) se establecerá cuando los indicadores se encuentren en un nivel “muy alto” o haya información que apunte “riesgo pandémico”.En este caso se añadirán medidas como reforzar la coordinación entre los diferentes territorios mediante la convocatoria extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial. En caso necesario, “se podrá valorar la adopción de medidas adicionales y excepcionales que se implementarán de acuerdo a la normativa específica”, concluye.

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La empresa que contrató a la mujer de Koldo, Patricia Úriz, ha finalizado su ejercicio económico con un récord de beneficios
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Imagen: Koldo García y el exministro José Luis Ábalos-EFE

Áridos Anfersa, la empresa que la Guardia Civil ha incluido en su investigación de la “trama Koldo” por contratar a la esposa del presunto cabecilla, ha cerrado el último ejercicio económico con cifras récord de beneficios. En concreto, cerró las cuentas del año 2023 con un saldo de 2,2 millones de beneficios, un 84,6% más que los cosechados en 2022, según la documentación mercantil de la empresa.

Anfersa ha disparado su cifra de negocios desde la pandemia tras la obtención de diferentes contratos con entidades públicas, como la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa), así como de ayudas directas por parte del gobierno. La sociedad, que comenzó a operar en 1998, alcanzó beneficios millonarios por primera vez en 2021, y rebasó en 2022 los veinte millones en ingresos, además de conseguir un importante contrato con la empresa púbica Adif. Durante 2023, la empresa recibió diferentes ayudas económicas de miles de euros de la Dirección General de Política Energética y Minas del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En resumen, tal como avanzó Vozpópuli, la pyme obtuvo a finales del año pasado una línea de préstamo y otra de subvención del ministerio de Industria con cargo a los fondos europeos Next Generation por una cantidad total de 500.496 euros, de los cuales 125.124 euros correspondieron a una “subvención y entrega dineraria sin contraprestación”. En julio de 2023, Tragsa incluyó a Anfersa junto a otras 70 firmas, y tras excluir a 26 licitadores, en su actual acuerdo marco para “el suministro de hormigón para actuaciones” en Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura, con un presupuesto base de 108,9 millones de euros con financiación europea hasta 2026. En la primera mitad de 2024, Tragsa adjudicó “contratos derivados” o encargos de suministros que Áridos Anfersa podrá facturar a la empresa pública por un importe de 2,5 millones de euros.

La Guardia Civil ha puesto el foco en esta empresa

La UCO puso el foco en Áridos Anfersa al hilo de las dudas suscitadas por un contrato de cerca de 600.000 euros para el suministro, transporte y descarga de balasto que Adif adjudicó ya el 25 de mayo de 2022 a una unión temporal de empresas, llamada Aritec-Anfersa, que entonces no estaba constituida. En noviembre de ese año, Adif adjudicó a otra UTE de Anfersa, Aritec-Anfersa Hornachuelos, otro contrato, más grande, por valor de 5,2 millones de euros para el suministro y transporte de balasto para la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Pero la principal sospecha pasa por la contratación por parte de Áridos Anfersa de la mujer de Koldo García, Patricia Úriz, en julio de 2022, además de una posible relación anterior del administrador de la citada empresa con la supuesta trama de influencias en torno al exasesor del exministro Ábalos.

Ábalos y Koldo coincidieron el 6 de julio de 2021 como huéspedes en el Parador de la Alhambra con el administrador único de Áridos Anfersa, Francisco Coca Sánchez. La coincidencia se dio cuatro días antes de que Pedro Sánchez decidiera prescindir de Ábalos como ministro de Transportes.

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El fiscal general del Estado ha convocado una Junta de Fiscales y al Consejo Fiscal, aunque una mayoría considera que debe marcharse
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Imagen: EFE

La imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado un clima de desánimo entre los fiscales, quienes observan con preocupación la pérdida de prestigio de la institución en los últimos años. La decisión unánime del Tribunal Supremo de abrir una causa contra García Ortiz por su supuesta implicación en la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso ha dejado a un amplio sector de la Fiscalía en estado de perplejidad. Para muchos, esta situación refleja la degradación de una entidad que, según la Constitución, tiene la misión de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público.

La reacción del fiscal general: resistirse a dimitir

Pese a su imputación, García Ortiz ha decidido mantenerse en su puesto, argumentando que su continuidad es «lo más prudente» para la institución a largo plazo y que refuerza la independencia de la Fiscalía. Sin embargo, fuentes consultadas critican que el fiscal general esté priorizando sus intereses personales sobre los de la institución, lo que consideran un perjuicio para la dignidad de la Fiscalía. Para muchos fiscales, la situación es insostenible y García Ortiz debería haber renunciado hace tiempo, subrayando que su negativa a dimitir está dañando gravemente la imagen de la entidad.

Junta de Fiscales de Sala: ¿respaldo o defensa personal?

Anticipándose a las críticas internas, García Ortiz convocó de urgencia a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para dar explicaciones y escuchar las opiniones de sus miembros. Sin embargo, algunos fiscales se mostraron sorprendidos por esta convocatoria, ya que consideran que la Junta, compuesta por los miembros de mayor rango de la Carrera Fiscal, no debe ser utilizada como apoyo moral. Para estos críticos, sería «intolerable» que García Ortiz intentara usar este espacio para cuestionar la decisión del Tribunal Supremo. La reunión, dicen, parece más un intento del fiscal general por asegurarse el respaldo de los suyos, especialmente de la Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció.

Consejo Fiscal y asociaciones piden la dimisión

En paralelo, el Consejo Fiscal, convocado también por García Ortiz, podría convertirse en el escenario donde se formalice la petición de su dimisión. Tanto los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) como el consejero de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) tienen previsto exigir su renuncia por el bien de la institución. Estas dos asociaciones, que representan a una parte significativa de la Fiscalía, ya solicitaron oficialmente su dimisión. La UPF, por su parte, expresó su apoyo a García Ortiz y su total desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo.

Repercusiones en el Colegio de Abogados

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que está personado en la causa, consideró la imputación de García Ortiz un hecho «extraordinariamente singular y anómalo». En un comunicado, el ICAM subrayó la gravedad del caso y el impacto que este tiene sobre la imagen de la Fiscalía, alertando sobre la vulneración del derecho a la confidencialidad en la filtración de datos.

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El Supremo pone el foco sobre la filtración de los correos en los que su abogado reconocía los dos delitos fiscales y se ofrecía pactar
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Imagen: Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España. (Foto:EP)

La inédita imputación del fiscal general del Estado se ha sumado a la ya abultada lista de reveses judiciales y políticos a los que ha tenido que hacer frente al Gobierno, damnificado por el caso Koldo y por la investigación a la mujer de Pedro Sánchez. Los argumentos esgrimidos en la imputación de Álvaro García Ortiz han descolocado a Moncloa, que ha cuestionado la decisión del Tribunal Supremo.

“Estoy seguro de que quedará en nada”, ha dicho el ministro de Justicia Félix Bolaños en declaraciones a la prensa en el Congreso tras conocer el auto. “Me he leído el auto con mucho detalle y quiero de nuevo reiterar mi respeto a la resolución. Se inicia una investigación y veremos en lo que queda. Confío en la justicia y en que nadie pueda tener problemas por desmentir un bulo. Confío en que la verdad. y la justicia prevalezcan”, ha repetido Bolaños para defender la actuación del fiscal general del Estado.

Las palabras de Bolaños han sido de las primeras reacciones del Gobierno tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa penal contra García Ortiz.

El Supremo ha explicado que el comunicado que emitió la Fiscalía sobre el caso de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, contenía información ya revelada por medios de comunicación, pero pone el foco sobre la filtración de los correos en los que su abogado reconocía los dos delitos fiscales y se ofrecía a pactar. La investigación se centrará, por tanto, en si fue el fiscal general quien filtró esos correos a medios de comunicación de forma previa.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero ha defendido la «profesionalidad y honorabilidad» de García Ortiz y ha recordado que la Fiscalía solamente «se defendió de una mentira» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Podemos y Sumar se expresan en la misma línea

Unas declaraciones parecidas ha trasladado en los pasillos del Congreso la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno Yolanda Díaz sobre el asunto: “Respeto absoluto a todas las instituciones del Estado y a la labor de la Fiscalía General del Estado”. “Me gustaría que la forma de hacer política en este país cambie de una vez por todas. El PP tiene que asumir que va a seguir en la oposición durante mucho tiempo”, ha añadido.

También han reaccionado a la noticia otros partidos del bloque de investidura. La secretaria general de Podemos Ione Belarra ha advertido este miércoles de que el movimiento del Supremo es por encima de todo un “aviso a navegantes” para todo el que se “atreva a denunciar o a perseguir la corrupción de Ayuso o su familia”. Y lo ha vinculado al pacto entre PP y PSOE este verano para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “El mensaje fue que los sectores reaccionarios habían ganado y ahora están atrincherados. Se permite a Marchena hacer guerra sucia”, ha dicho la líder de Podemos. 

Belarra también ha señalado la paradoja de que a pesar de que todas las denuncias contra su partido se conocieron a través de los medios de comunicación nunca se haya imputado a nadie por revelación de secretos. “Le pido al Gobierno una reflexión sobre lo que hizo en junio”, ha redundado.

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