Categoría: INTERNACIONAL

La denuncia inicial por violación quedó archivada en 2019, pero la víctima, la actriz Charlotte Arnould, presentó otra demanda por la vía civil
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Imagen: AFP

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p class=»MsoNormal»>La Fiscalía de París ha solicitado que el actor Gérard Depardieu sea juzgado por la presunta violación de la actriz Charlotte Arnould en 2018. Esta petición se suma al juicio programado para octubre por acusaciones de agresiones sexuales contra otras dos mujeres, según informaron fuentes fiscales a Efe este jueves. El próximo paso corresponde al juez de instrucción, quien decidirá cómo proceder con el caso. La solicitud de la Fiscalía fue presentada el 14 de agosto y revelada por el canal francés BFM.

Acusaciones de violación y agresiones

Gérard Depardieu, de 75 años, enfrenta cargos por violación mediante penetración manual y agresiones sexuales en su residencia de París durante los días 7 y 13 de agosto de 2018. La actriz, que entonces tenía 22 años, fue la primera en denunciar al actor, mucho antes de que surgieran múltiples acusaciones en su contra, impulsadas en parte por el movimiento #MeToo francés.

Reapertura de la investigación

La denuncia inicial fue presentada en agosto de 2018 en la región de Bocas del Ródano, pero el caso fue trasladado a la Fiscalía de París. En 2019, la denuncia fue archivada tras considerarse que «los hechos no parecían suficientemente acreditados». Sin embargo, en 2020, presentó una demanda civil y, tras una revisión de los procedimientos, la Fiscalía de París ordenó la reapertura de las investigaciones, resultando en la imputación de Depardieu unos meses después.

Procedimientos y pruebas

En 2021, Depardieu fue interrogado sobre las acusaciones y, en 2023, se llevó a cabo un careo entre las partes ante el juez de instrucción. El 16 de abril de 2023, la investigación fue cerrada y la Fiscalía ha solicitado que el actor sea juzgado por un tribunal penal por los cargos presentados.

Otros juicios y acusaciones

Además del caso de Arnould, Depardieu está programado para ser juzgado en octubre por agresiones sexuales ocurridas en 2021 durante el rodaje de la película Les volets verts. Asimismo, el actor ha sido acusado en la prensa por más de una quincena de mujeres, que en su mayoría han permanecido anónimas, sobre comportamientos sexuales y groseros en el entorno profesional.

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La Comunidad ya ha rescatado a 5.082 animales en lo que va de año y más de la mitad han encontrado una familia de acogida
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Imagen: pixabay

El CIAAM, ubicado en Colmenar Viejo, alberga actualmente a 116 perros, 61 gatos y un conejo. Este centro, creado hace casi dos décadas por la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal, fue diseñado para expandir las instalaciones dedicadas a animales en situación de abandono. Su objetivo principal es garantizar que cada animal que ingresa sea adoptado. El CIAAM también apoya a pequeños municipios que no cuentan con recursos suficientes para ofrecer este tipo de servicios.

Estadísticas y desafíos

Durante el primer trimestre de 2024, la Comunidad de Madrid registró el abandono de 5.082 mascotas. De ellas, 3.002 encontraron nuevos hogares. Gracias a la identificación mediante microchip, más de 900 perros perdidos fueron devueltos a sus propietarios. En el CIAAM, se recibieron 113 animales, de los cuales 97, 52 perros y 45 gatos, fueron adoptados. Sin embargo, algunos casos, como el de Cieguito, enfrentan mayores dificultades. Este perro de 14 años, rescatado por el Seprona en 2020, vivió en condiciones deplorables antes de llegar al centro. Aunque ha recibido tratamiento y ha mejorado, Cieguito sigue esperando una familia.

Atención y gestión

El CIAAM cuenta con un equipo multidisciplinario de diez personas que se encargan del cuidado de los animales y de asistir a los visitantes en el proceso de adopción. La red de acogida incluye 90 espacios: el CIAAM, 67 instalaciones municipales (20 permanentes y 47 temporales) y 23 albergues privados, 18 de los cuales son gestionados por sociedades protectoras.

Apoyo financiero

Cada año, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior destina 1,8 millones de euros a entidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro, de los cuales casi 500.000 euros van al CIAAM. Además, el Ejecutivo regional mantiene 85 convenios con pequeños municipios para la recogida y alojamiento de animales abandonados y 62 acuerdos relacionados con la gestión de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), para ayudar en la tramitación de licencias y registros municipales.

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La policía autonómica de Cataluña manda un informe al Tribunal Supremo enumerando los fallos que facilitaron la fuga de Puigdemont
The post Los Mossos admiten al TS que hubo fallos graves en el dispositivo que evitaba la huida de Puigdemont  first appeared on Hércules.  Uno de los momentos más polémicos de este verano ha sido la llegada del expresidente catalán, Carles Puigdemont, a España. Pero sin duda, lo más destacado ha sido la fuga del político sin ser interceptado por la policía en ningún punto de la geografía española. Un plan de escape que ha sorprendido incluso a los propios Mossos que han confirmado que hubo graves fallos en el dispositivo del pasado 8 de agosto.

Los Mossos d’Esquadra han enviado un informe al Tribunal Supremo donde admitían su culpa al hacer grandes fallos en el dispositivo, que tendrían que haber evitado la marcha de Puigdemont a Waterloo desde España. Según distintas fuentes señalan, en este informe consta que únicamente un agente de la policía autonómica consiguió mantener contacto visual sobre Puigdemont en todo momento. Pero en el momento en el que el Mossos intentó informar por radio de que el expresindente catalán había huido no pudo realizar la llamada porque el “canal estaba ocupado”.

Hay que recordar que Puigdemont a su llegada a España ofreció un breve discurso para las personas que habían asistido al evento para apoyarle, después se bajó del escenario. Después, aprovechó que había una multitud de gente que se dirigía al Parlamento catalán para despistar a los agentes, burlar la vigilancia y comenzar con su plan de fuga.

Ahora se ha conocido que los Mossos d’Esquadra tardaron hasta 16 minutos en darse cuenta de que Puigdemont no estaba dentro del grupo de personas que se dirigían al Parlamento. Es más, para ese momento el catalán ya se encontraba dentro de un coche huyendo hacia la frontera.

Otro de los fallos importantes que tuvo la policía fue que el dron aéreo que utilizaron con el fin de controlar a Puigdemont dejó de enfocarle en el momento en el que precisamente se estaba fugando en coche.  Este documento firmado por Eduard Sallent, comisario de los Mossos, intenta explicar la cadena de sucesivos errores que se llevaron a cabo durante la fuga de Puigdemont y que, permitió que el expresidente catalán huyera de España con un éxito rotundo.

El Gobierno de Sánchez no pide explicaciones a los Mossos por la huida de Puigdemont

Este informe también detalla que los Mossos declaraban que hubo una estrategia de “distracción” organizada por los seguidores de Puigdemont que le protegieron “a modo de cápsula de seguridad”. Los agentes también han reconocido que perdieron la pista del expresidente catalán únicamente durante 16 minutos, curiosamente los más relevantes.

Es decir, desde las 9.04 horas, cuando accede a una de las carpas y la megafonía llama a iniciar la marcha hacia el Parlamento, a las 9.20 horas, cuando advierten que el dirigente independentista no se encuentra en la cabecera de la manifestación.

 Por el momento no se han pedido responsabilidades a ninguno de los agentes o miembros de los Mossos que perdieron la pista de Puigdemont y que facilitaron la huida del político catalán. Hay que añadir, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido tampoco pedir explicaciones ni ningún tipo de responsabilidad a nadie.

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Desde 2019, la propiedad de la ministra de Sanidad en Cercedilla se encuentra en un terreno considerado de utilidad pública
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Actualmente, no se prevé ninguna “amnistía” para el chalet de Mónica García ni para los 700 residentes de la colonia de Camorritos en Cercedilla, una zona que históricamente ha albergado a figuras destacadas como Emilio Botín y las hermanas Koplowitz. La colonia, que ocupa más de 80 hectáreas de monte público, incluye alrededor de 90 casas y unos 400 apartamentos. La situación irregular de la casa de 2.000 metros cuadrados, donde la ministra de Sanidad ha pasado sus vacaciones desde su infancia, se debe a la condición de los terrenos.

Historia de la ocupación y el cumplimiento de plazos

Según fuentes municipales de Cercedilla, los terrenos contaban con una concesión temporal de ocupación en el monte público por 99 años, otorgada en los años veinte para fomentar el desarrollo económico local atrayendo residentes de la capital. Este plazo expiró en marzo de 2019, momento a partir del cual el Ayuntamiento tenía la autoridad para proceder con el desahucio de los residentes. Sin embargo, la ejecución del desahucio ha sido retrasada por varios factores.

Retrasos en el proceso de desahucio

A pesar de que el Consistorio puede ejecutar el desahucio, se enfrenta a dos desafíos principales: primero, la gran cantidad de alegaciones de los afectados, que están siendo resueltas una a una con recursos limitados; y segundo, la pandemia del COVID-19, que ralentizó los procedimientos administrativos. Las alegaciones de Mónica García para retrasar el proceso fueron rechazadas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, que las consideró “innecesarias e irrelevantes”.

Implacable plan de ordenación

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama clasifica los terrenos de Camorritos como “suelo no urbanizable de protección”, prohibiendo cualquier nueva concesión o prórroga. Según las autoridades locales, la única solución viable es el desahucio, ya que “está prohibido que haya chalets construidos en un monte de utilidad pública”.

En los próximos meses, se podría declarar una “caducidad definitiva” de la concesión, lo que aceleraría el proceso de desahucio. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cercedilla, gobernado por el Grupo Independiente de Cercedilla con apoyo del PSOE local, enfrenta grandes dificultades para restablecer la legalidad en estos terrenos. El Consistorio también podría enfrentar numerosos pleitos tras proceder con el desahucio.

Multas y sanciones

El Ayuntamiento tiene la facultad de imponer multas coercitivas de hasta un cinco por ciento del valor de los bienes ocupados si los residentes no cumplen con el requerimiento de desahucio. Aunque tanto la Comunidad de Madrid como el Consistorio podían haber impuesto sanciones económicas desde el fin de la concesión, no se ha informado de que se hayan aplicado hasta la fecha.

Así, la resolución sobre el chalet de Mónica García aún está por definirse. El proceso continúa su curso legal, y el pequeño municipio se prepara para enfrentar una batalla jurídica que podría superar sus dimensiones.

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El juez ha ordenado enviar a todas las partes del caso Begoña las grabaciones del presidente del Gobierno, a pesar de carecer de utilidad material
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Imagen: EPE

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p class=»MsoNormal»>Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido este jueves que se distribuyan copias de las grabaciones del 30 de julio en La Moncloa a las partes involucradas en el caso. Esta decisión, contraria a la posición de la Fiscalía, se basa en que dichas grabaciones podrían permitir «inferencias» y extraer «conclusiones» sobre el caso.

Implicaciones del silencio de Pedro Sánchez

Peinado señaló que el «silencio» de Pedro Sánchez al negarse a declarar como testigo en La Moncloa, aunque «legítimo», puede ser objeto de interpretación y podría contribuir a la formación de conclusiones junto a otros elementos objetivos. Estas conclusiones, según el juez, podrían tanto incriminar a algún investigado como excluir responsabilidades penales, dependiendo de la valoración conjunta de las pruebas.

Controversia sobre la entrega de grabaciones

El pasado 3 de agosto, la Fiscalía solicitó que no se entregaran las grabaciones de la declaración de Sánchez, argumentando que no tenían «utilidad material o procesal». Sin embargo, el juez Peinado rechazó esta petición, criticando que no se mencionó ningún precepto legal que respaldara dicha solicitud. El juez defendió que las partes tienen derecho a acceder a toda la documentación relevante, incluyendo las grabaciones, para poder interpretar adecuadamente las acciones y silencios de los involucrados.

Este viernes, Begoña Gómez, bajo investigación por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, decidió no declarar ante el juez Peinado. Gómez se acogió a su derecho legal de no testificar contra sí misma, lo que ha generado mayor atención sobre el caso.

La querella contra el juez Peinado

En respuesta a la investigación, Pedro Sánchez presentó una querella contra el juez Peinado, acusándolo de prevaricación. Sánchez argumenta que el juez ha emitido resoluciones «injustas» y que se han basado en «convicciones propias» en lugar de un deber investigador objetivo. La querella fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decidirá en septiembre si admite el caso.

La defensa de Gómez considera que llevar el caso a los tribunales es «el único camino» ante lo que describen como un abuso de poder por parte del magistrado. Este proceso judicial podría tener importantes implicaciones, tanto para el curso de la investigación como para la situación política del presidente del Gobierno.

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Matsumoto es una funcionaria japonesa que a principios de este año consiguió su plaza para trabajar para Naciones Unidas en España
The post La cuñada de Sánchez rechaza su cargo en la Lucha Contra el Terrorismo en Madrid  first appeared on Hércules.  Kaori Matsumoto, madre de la hija del hermano de Pedro Sánchez, no va a ocupar su cargo en la oficina de Lucha Contra el Terrorismo que Naciones Unidas tiene en Madrid. El motivo principal que se baraja para que Matsumoto haya decidido rechazar este trabajo es debido a la investigación abierta que hay en contra de Begoña Gómez.

Distintas fuentes cercanas a Naciones Unidas han aclarado que Kaori Matsumoto: “No ha trabajado, no trabaja y no trabajará”. Por lo que se ha conocido, la madre de la hija de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, es una funcionaria japonesa que a principios de este año consiguió su plaza para trabajar en la oficina de Lucha Contra el Terrorismo perteneciente a Naciones Unidas.

Un cargo del que tenía planeado tomar posesión durante las vacaciones de verano. Incluso se ha conocido que desde Nueva York había solicitado el visado correspondiente para venir a España, tanto para ella como para su hija.

Según ha publicado el medio digital The Objective, fuentes cercanas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Matsumoto: “no trabaja en ninguna agencia de la ONU en Madrid. No está en el listado de funcionarios internacionales en España”.

El ministerio de Exteriores no habla sobre la contratación de Matsumoto

El nombre de Matsumoto acaba de aparecer y ya ha generado cierto revuelo debido a que el Gobierno del presidente del Gobierno decidió apadrinar a Kaori con el fin de que viniera a Madrid a trabajar. Un movimiento que hizo saltar las alarmas entre el cuerpo de diplomáticos de que algo raro sucedía, debido a que no entendían las razones que habían precipitado este apadrinamiento.

Más tarde, se ha conocido que la mujer que había sido seleccionada para trabajar en Madrid dentro de la oficina de Naciones Unidas es la madre de la única hija de David Sánchez.

Por lo que se ha conocido, la ONU solicitó un visado para la hija de David Sánchez y la madre de esta, en el que se especificaba que ambas se van a instalar en Madrid debido a que Kaori Matsumoto trabajará en la capital para Naciones Unidas.

Un hecho que ha destacado es que la fecha de nacimiento de la menor, 19 de abril de 2022, es la misma que consta en el inicio del permiso de paternidad que David Sánchez solicitó a la Diputación de Badajoz, donde ejerce el cargo de coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de esta institución provincial.

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El ministro de Transportes tendrá que dar explicaciones sobre las incidencias en los trenes y el caos ferroviarios de este verano
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Imagen: EP

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá hoy ante el Senado a solicitud del Partido Popular (PP), que posee la mayoría absoluta en la Cámara Alta. Durante su intervención, Puente deberá responder a tres preguntas clave planteadas por el grupo popular, comenzando con las repetidas incidencias en la red ferroviaria que han afectado a miles de usuarios en los últimos meses.

Críticas del PP y Respuesta del ministro

El Partido Popular ha sido contundente en sus críticas, afirmando que Puente debe rendir cuentas por lo que describen como un «caos ferroviario absoluto», agravado durante el verano. En una declaración del 16 de agosto, el PP registró la petición de comparecencia en el Senado, acusando a Puente de evadir sus responsabilidades mientras los retrasos y fallos continúan afectando a miles de usuarios a diario.

479 incidencias en menos de tres meses

Según datos de Renfe, desde el inicio de operaciones de los trenes Avril el 21 de mayo, se han registrado 479 incidencias, lo que ha reducido la puntualidad en algunos trayectos a un preocupante 40%. En los corredores del norte, como las rutas Madrid-Asturias y Madrid-Galicia, la puntualidad ha caído por debajo del 30%. Aunque los Avril representan solo el 9% de la flota de media y larga distancia, sus problemas han impactado negativamente en la puntualidad general de la compañía.

Además, los usuarios del corredor norte han reportado «vibraciones extremas» a bordo de estos trenes, comparando la experiencia con «golpear bordillos con una bicicleta durante una hora». Renfe ha explicado que las principales causas de estas incidencias son fallos mecánicos y disfunciones en la tracción y las puertas de acceso, lo que ha obligado a la empresa a establecer turnos nocturnos para reparar los trenes S106 afectados.

Obras en Chamartín: retrasos y complicaciones

A los problemas con los trenes Talgo se suman las complicaciones derivadas de las obras en la estación de Chamartín, que han causado retrasos significativos en las líneas de Cercanías y en los trayectos de media y larga distancia. La obra, que comenzó en 2008 y se prevé finalice en 2026, transformará Chamartín en una gran estación ferroviaria con conexiones a Atocha. Sin embargo, durante los trabajos, la estación ha sido un foco de caos para los viajeros.

El ministro Puente ha defendido las obras en redes sociales, negando la existencia de un caos generalizado y prometiendo una mejora significativa a partir de octubre, cuando se inauguren nuevas instalaciones. No obstante, la oposición ha descrito la situación como un «infierno» para los usuarios de Renfe este verano, y han reiterado sus demandas de explicaciones al titular de Transportes.

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El Gobierno afgano ratifica una ley que promulga prohibiciones ya conocidas en el Emirato Islámico como la obligación usar el velo para cubrirse el rostro
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Imagen: Dos mujeres afganas vestidas con el tradicional burka caminan frente a la embajada de Reino Unido en Kabul. Amador Guallar | Hans Lucas. EM

El Gobierno de Afganistán ha ratificado una ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio que obliga al uso del velo para cubrir el rostro de mujeres, y condena el sonido en público de la voz de mujer como una falta contra la modestia, implementando la interpretación más rigurosa de la ley islámica.

La ley relativa al Ministerio de la Virtud y Vicio, fue ratificada anoche por el Emirato Islámico de Afganistán, como se denomina el régimen de facto de los talibanes. La ley de 35 artículos contiene cuatro capítulos que abordan cuestiones como el velo integral (burka) o hiyab para mujeres, la vestimenta de los hombres, y regulaciones de los medios de comunicación.

«De acuerdo con esta ley, el Ministerio -para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio- está obligado a ordenar el bien y prohibir el mal (…) y también es responsable de la paz y la fraternidad entre la gente», indicó el portavoz del Ministerio de Justicia Barkatullah Rasooli en una declaración publicada hoy por el canal afgano Tolo News.

Además, el temido Ministerio deberá «impedir a la gente participar en prejuicios étnicos, lingüísticos y regionales», agregó.

En el artículo que se refiere al hiyab, la norma establece como necesario que las mujeres se cubran el rostro y el cuerpo para evitar «causar tentación», y evitar el sonido en público o de la voz en alto de mujeres, incluyendo cantar, recitar, o hablar frente a micrófonos. Asimismo, prohíbe a los conductores transportar mujeres adultas sin un tutor masculino legal.

«La implementación de la sharia y el hiyab es nuestra línea roja. No podemos negociar con nadie sobre estos asuntos», dijo en una reunión con las autoridades el ministro de la Virtud y el Vicio Mohammad Khalid Hanafi, según Tolo.

Para los hombres, el artículo 22 prohíbe o condena el uso de corbata, afeitarse o recortar la barba por debajo de la longitud de un puño, o peinarse, como violaciones de la ley islámica. La “amistad” con “un infiel” -un no musulmán- está prohibida y las cinco oraciones diarias son obligatorias.

Siguen otras prohibiciones: adulterio, homosexualidad, juegos de azar, peleas de animales, crear o ver imágenes de seres vivos en un ordenador o en un teléfono móvil. 

La norma tiene también provisiones generales sobre los medios de comunicación y su obligación de adaptarse a la sharía, y la prohibición de “humillar o insultar a los musulmanes”, así como incluir imágenes de seres vivos.

El texto establece sanciones graduales a las que se exponen quienes no lo respeten: amonestación verbal, amenazas, multa, detención policial que oscila entre una hora y tres días, u otra sanción solicitada por el Ministerio del PVPV. En caso de reincidencia, el asunto se lleva ante la justicia.

Enfoque estricto y fundamentalista

De acuerdo con los talibanes, la norma está hecha en concordancia con la sharía islámica y Hanafi, una de las cuatro principales escuelas de jurisprudencia islámica sunita. Aunque para algunos analistas, los talibanes no siguen una escuela jurídica específica, sus interpretaciones y aplicación de la ley islámica se basan en gran medida en el Hanafi, su enfoque es más estricto y fundamentalista.

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