Categoría: INTERNACIONAL

El candidato republicano ha confirmado que el encuentro tendrá lugar en Nueva York y ha criticado la poca inversión europea en la guerra
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<

p class=»MsoNormal»>El expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano, Donald Trump, ha informado que este viernes se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Torre Trump de Nueva York. Este encuentro, que ocurrirá tras su reciente participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, fue solicitado por el propio Zelenski, según explicó Trump durante un acto de campaña en Manhattan.

Críticas y anuncios desde Nueva York

Durante un mitin improvisado frente a su emblemático edificio en Nueva York, Trump detalló que la reunión con Zelenski está programada para las 9:45 de la mañana. «Es una vergüenza lo que está ocurriendo en Ucrania. Tantas muertes, tanta destrucción, es un horror«, señaló el expresidente, quien aprovechó para criticar el escaso apoyo económico que Europa brinda a Ucrania en comparación con Estados Unidos, exigiendo al bloque europeo «hacer más» para respaldar al país en guerra contra Rusia.

Mensaje de Zelenski a Trump

Poco antes de su anuncio público, Trump publicó en su red social Truth un mensaje que supuestamente habría recibido del propio Zelenski, enviado a través del embajador en funciones de Ucrania, Denys Sienik. En este mensaje, expresaba su deseo de conocer «de primera mano» las opiniones del líder republicano. “Todos en Ucrania queremos terminar esta guerra con una paz justa. Sabemos que sin el apoyo de Estados Unidos es imposible. Por eso es fundamental que nos esforcemos por entendernos y mantener un contacto cercano”.

Tensiones entre ambos políticos

Este anuncio de reunión sorprende, ya que tan solo un día antes, en un mitin de campaña en Carolina del Norte, Trump había criticado abiertamente al presidente ucraniano, acusándolo de haber lanzado «calumnias» en su contra, aunque no especificó a qué se refería. Trump llegó a calificar al mandatario ucraniano como «el mejor vendedor de la Tierra», en referencia a la considerable ayuda militar que Ucrania ha recibido de Estados Unidos.

En recientes declaraciones, incluyendo un debate con la vicepresidenta Kamala Harris, Trump insinuó que, de regresar a la Casa Blanca, reconsideraría el apoyo militar a Ucrania. Aunque no ha detallado cómo abordaría el conflicto en caso de ganar las elecciones, Trump ha dejado claro que su prioridad sería poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, sin especificar las condiciones bajo las cuales se lograría esa paz.

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El juez de instrucción, que archivó inicialmente la causa contra la exconsejera de Igualdad, ha tenido que reabrirla por orden de la Audiencia Provincial
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Imagen: Mónica Oltra, en un acto de Compromís- EFE

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dictado un auto en el que confirma el procesamiento de la exvicepresidenta del gobierno valenciano y exlíder de Compromís Mónica Oltra, y otros ex altos cargos de ese departamento, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de Oltra, educador social. El juez, que había archivado la causa el pasado abril por falta de indicios, la reabrió en junio por orden de la Audiencia de Valencia y volvió a procesar a los acusados. Estos recurrieron esa decisión, y ahora el juzgado rechaza los recursos y confirma el nuevo procesamiento.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor hace suyo el razonamiento del Ministerio Fiscal, que concluía en su informe que el sobreseimiento que pedían ahora los investigados es “un imposible procesal”, al estar todos ellos señalados “por su participación, mayor o menor, de una u otra manera, en los dos episodios en los que la Audiencia sostiene la existencia de indicios de criminalidad”. A juicio del fiscal, no atender esa orden de reapertura “situaría al instructor en una posición de rebelde obstinación frente al mandato de quien tiene atribuida legalmente la potestad revisoria de sus decisiones”.

La joven, que siendo menor y tutelada por la Generalitat Valenciana fue víctima de los abusos sexuales por parte del exmarido de Oltra y que ejerce la acusación particular, reclama tres años y medio de prisión para la exvicepresidenta autonómica y doce de inhabilitación para empleo o cargo público. Es la misma pena que solicita Vox, que actúa como acusación popular.

Reapertura de la causa

La causa dirigida contra Mónica Oltra y otras quince personas, una investigación que llevó a la dimisión de la dirigente valenciana en junio de 2022, fue archivada por el juzgado de instrucción en abril de este año, al no apreciar el juez delito alguno en la actuación de la exvicepresidenta ni un presunto encubrimiento de los abusos. La Fiscalía, en aquel momento, respaldó esta decisión.

Sin embargo, dos meses después, la Audiencia de Valencia estimó parcialmente los recursos que la víctima y las dos acusaciones populares habían presentado contra el archivo del caso, y ordenó reabrirlo. La Audiencia entendió que no podía descartarse “claramente” la existencia de infracción penal y que concurrían indicios suficientes para encausar a los investigados, ante la hipótesis “plausible” de que, cuando la noticia de los abusos llegó a la Consejería de Igualdad, “las personas que tuvieron conocimiento de los hechos y bajo cuya protección y tutela se encontraba la menor, habrían pretendido ocultarlos”.

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La presidenta de la Comisión ha respondido a Dolors Montserrat y se ha comprometido a apoyar la reubicación de menores no acompañados
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Imagen: EFE

La Comisión Europea ha expresado su disposición a brindar más apoyo a España para enfrentar la crisis migratoria en Canarias, especialmente en lo que respecta al sistema de acogida de menores no acompañados. Sin embargo, ha dejado claro que es necesario que el Gobierno español solicite dicha ayuda. Además, la Comisión está preparada para facilitar la reubicación de estos menores en otros Estados miembros comprometidos, según aseguró la presidenta del organismo, Ursula Von der Leyen, en una respuesta dirigida a la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

Solicitud de apoyo ante la emergencia migratoria

La presidenta de la Comisión Europea respondía a la petición de Montserrat, quien había exigido una mayor solidaridad de la Unión Europea con Canarias y España, solicitando un «programa urgente de reubicación» de menores no acompañados y otras personas vulnerables. La eurodiputada del PP también había reclamado medidas inmediatas para aliviar la situación migratoria en las islas, incluyendo el despliegue de efectivos de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, que no ha sido solicitado por el Gobierno español.

Fondos y apoyo operativo desde la UE

La alemana destacó que la Comisión Europea es consciente de la «grave situación migratoria» en Canarias y aseguró que mantienen contactos regulares con las autoridades para garantizar un «apoyo continuo». Desde 2020, la Comisión ha proporcionado 117,5 millones de euros a través del Instrumento de Ayuda de Emergencia, además de los más de 1.000 millones de euros asignados a España en el marco financiero 2021-2027 para gestión de fronteras, asilo y seguridad. Asimismo, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia incluye 190 millones de euros destinados a mejorar la capacidad del sistema de acogida español.

Además, recordó que España también se beneficia del Mecanismo de Solidaridad Voluntaria y que están dispuestos a ayudar al país a activar la reubicación de menores no acompañados en otros Estados miembros, en coordinación con la Agencia Europea de Asilo y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Para ello, subrayó la importancia de facilitar el diálogo entre España y los países comprometidos con el traslado de los menores.

Refuerzo en la lucha contra la migración irregular

Por otra parte, Von der Leyen también hizo hincapié en la necesidad de continuar colaborando con países socios de la UE, como Mauritania, Senegal, Gambia y Marruecos, en el marco del Plan de Acción sobre las rutas del Mediterráneo Occidental y el Atlántico. El objetivo es prevenir la migración irregular y combatir el tráfico ilícito de migrantes, promoviendo vías legales y seguras como alternativa.

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Un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo ha estimado recientemente el recurso de este militar, anulando así la decisión anterior del Ministerio de Defensa
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Imagen: Soldados españoles saltan de su vehículo personal blindado en una base militar estadounidense cerca de la ciudad iraquí de Najaf, en abril de 2004. (Reuters)

Un cabo 1º del Ejército de Tierra ha conseguido que un juez considere que su inutilidad permanente, por pérdida de condiciones psicofísicas, tiene su origen en acto de servicio: concretamente, está causada por el tiempo que pasó en Irak, en el despliegue militar español tras la invasión que derribó a Sadam Huseín en 2003.

De esta manera, un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo ha estimado recientemente el recurso de este militar y ha anulado la decisión anterior del Ministerio de Defensa. En definitiva, ha declarado la insuficiencia de condiciones psicofísicas del recurrente como acaecida en acto de servicio.

El ministerio dirigido por Margarita Robles dictó el 19 de marzo de 2024 una resolución por la que acordó declarar la inutilidad permanente para el servicio de este militar del Ejército de Tierra por insuficiencia de condiciones psicofísicas. No obstante, esta insuficiencia era “ajena al acto de servicio”.

Cuando a un militar se le da de baja por pérdida de condiciones psicofísicas “en acto de servicio”, se considera que los daños físicos o psicológicos que sufre fueron causados directamente por su trabajo como militar. Por ello, recibe una pensión mayor que si se declara que esa pérdida de condiciones psicofísicas fue “ajena a acto de servicio”, es decir, que no fue consecuencia de las misiones y tareas que realizaba en las Fuerzas Armadas.

El soldado fue tirador de precisión

Los hechos que alegó como origen de su insuficiencia de condiciones psicofísicas se refieren a la conocida como batalla de Nayaf. El 4 de abril de 2004, milicianos chiíes del Ejército del Mahdi atacaron la base Al Ándalus, de Nayaf, donde se encontraba parte del contingente español.

Durante todo ese día, tropas españolas, estadounidenses y de El Salvador, junto a contratistas de la empresa privada Blackwater, se defendieron del asedio de los milicianos chiíes. Hubo también ataques en días posteriores.

Ante los ataques que estaba sufriendo la base Al Ándalus, el general Fulgencio Coll, que estaba al mando de la Brigada Multinacional Plus Ultra II, requirió la presencia de un equipo de contra francotiradores bajo sus órdenes directas para desplazarse con él a la citada base.

La UOE II mandó un equipo de tiradores de precisión: un suboficial como elemento de mando y enlace, un cabo 1º con un fusil Barret, y el soldado en cuestión con un fusil Accuracy.

De acuerdo con el relato del cabo 1º, entonces soldado, tuvo que permanecer 13 días “en la azotea de un edificio anexado a la base de Nayaf, realizando labores de seguridad, observación y eliminación de objetivos”.

Eso provocó que se viera sometido “a situaciones con riesgo para su propia vida, durante 13 días sin descanso, del día 4 al día 17 de abril”.

El día clave, señalado en el recurso, fue el 7 de abril. Este tirador de precisión de la Unidad de Operaciones Especiales II informó que tenía localizado a un informador del Ejército del Mahdi en las cercanías de la base.

Efectuó un disparo de advertencia a ese informador, que no se detuvo.

Entonces recibió la orden de eliminarlo. Le disparó a 350 metros con su fusil Accuracy, y lo abatió.

“Una vez ejecutada dicha orden, el cuerpo del objetivo quedó tendido a 350 metros de la posición” del soldado, durante más de 24 horas. El abogado del militar destacó que “tuvo que observar el cuerpo sin vida del objetivo durante toda la noche”. Ahí comenzaron sus problemas.

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El presidente de Castilla-La Mancha ha aprobado una resolución que va en contra de la financiación singular de Cataluña propuesta por el Gobierno
The post Page se vuelve a enfrentar a Sánchez first appeared on Hércules.  Mientras la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendía en el Congreso el acuerdo entre el PSC y ERC sobre un régimen fiscal para Cataluña, en Castilla-La Mancha la tensión con el Gobierno central aumentaba. Las Cortes de la región, lideradas por Emiliano García-Page, aprobaron una resolución que cuestiona directamente el pacto, reafirmando la oposición del presidente manchego a cualquier asimetría territorial en la financiación autonómica.

Resolución de Castilla-La Mancha: un golpe contra la asimetría

La resolución aprobada por la mayoría absoluta del PSOE en Castilla-La Mancha subraya que el Gobierno central «no debe privilegiar bajo ningún concepto a unos ciudadanos sobre otros», ni a unas comunidades en detrimento de otras. Esta iniciativa, que mete presión en las negociaciones entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes, representa un paso más en la firme postura de García-Page contra las concesiones a Cataluña, calificada de “asimetría territorial” por sus críticos.

Reacción desde Ferraz y Génova

En los círculos cercanos a García-Page se anticipa que esta medida «no será bien recibida en Moncloa ni en la sede del PSOE», pero la región continúa trazando su propio camino. A pesar de las insinuaciones del PP de que Page podría ser instrumentalizado para sus fines, el Ejecutivo manchego se desmarca tanto de las directrices de Ferraz como de Génova. Fuentes del gobierno regional insisten en su independencia, rechazando cualquier intento de alinearse con la estrategia popular o socialista a nivel nacional.

Exigencias de un modelo multilateral

La resolución aprobada exige que el nuevo sistema de financiación autonómica se negocie «de forma multilateral» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, asegurando que se respete la igualdad entre todas las comunidades autónomas. García-Page también reclama un «fondo transitorio» inmediato para compensar a las regiones que sufren infrafinanciación, argumentando que el modelo actual ha llevado a Castilla-La Mancha a una situación crítica en términos de recursos.

Las críticas de García-Page al acuerdo entre el PSC y ERC no son nuevas. Desde que el pacto se conoció en julio, el presidente manchego ha sido uno de los más duros opositores, calificando el acuerdo como “obsceno” y “bochornoso”. En su opinión, dicho pacto atenta contra el principio de igualdad entre españoles, que considera un pilar fundamental del PSOE. Page ha insistido en que el documento no lo representa, asegurando que seguirá luchando contra él, porque no refleja los valores de izquierda.

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El Gobierno ha amenazado a las comunidades autónomas con retirar fondos para las viviendas si no cumplen con la ley de alquileres
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Imagen: EFE

El Ejecutivo central ha vuelto a poner sobre la mesa la disputa con las comunidades autónomas en torno a la Ley de Vivienda, amenazando con cortar la financiación estatal a aquellas que no apliquen la normativa aprobada en la anterior legislatura por el PSOE y sus aliados. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, lanzó ayer un contundente mensaje advirtiendo que las regiones que no cumplan con la ley no recibirán recursos del Estado para sus políticas de vivienda, en clara referencia a la Comunidad de Madrid y otras administraciones lideradas por el Partido Popular.

Advertencia sobre la financiación

Durante una entrevista en TVE, Rodríguez afirmó que, aunque su intención es seguir apoyando a las comunidades en materia de vivienda, exigirá que estas cumplan con la Ley de Vivienda. De lo contrario, condicionará la financiación estatal a la aplicación de la normativa, recordando que entre el 70% y el 75% de las inversiones de las regiones provienen del dinero estatal. La ministra insistió en que no puede tratar por igual a aquellas comunidades que cumplen con la ley y a las que, según sus palabras, se oponen a ella por razones políticas.

Respuesta de Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en responder a las declaraciones de Rodríguez. A través de la red social X , Ayuso criticó las políticas del Gobierno central y calificó de «inaceptable» la limitación de los precios de la vivienda, asegurando que no funciona y que atenta contra la propiedad privada. También acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no haber construido ninguna vivienda en seis años y de estar «obsesionado» con Madrid.

La postura de Ayuso fue respaldada por otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. Rocío Díaz, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, calificó las declaraciones de Rodríguez como un «chantaje» y acusó al Gobierno de tener un enfoque intervencionista. Por su parte, la Generalitat Valenciana también mostró su rechazo, argumentando que el Ejecutivo central se está inmiscuyendo en competencias autonómicas en lugar de ofrecer soluciones para mejorar la situación del mercado inmobiliario.

La posición de otras autonomías

Aunque las comunidades del PP se han mostrado críticas con la Ley de Vivienda, otras regiones han adoptado una postura diferente. Cataluña ha sido la única autonomía que ha implementado un límite en los precios del alquiler, mientras que Navarra, el País Vasco y Asturias han mostrado interés en intervenir el mercado, aunque aún no han tomado medidas concretas. En contraste, comunidades como Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, tampoco han solicitado la declaración de zonas tensionadas, lo que refleja la falta de consenso en torno a la ley.

Puntos clave de la ley

A pesar de la presión del Gobierno, la Ley de Vivienda no obliga a las comunidades a establecer límites en los precios del alquiler, sino que deja esa decisión en manos de las propias regiones. Hasta ahora, solo Cataluña ha adoptado esta medida, mientras que la mayoría de las comunidades, especialmente las lideradas por el PP, no han mostrado interés en hacerlo. Rodríguez no especificó qué puntos de la ley no están siendo cumplidos por las autonomías, pero su mensaje fue claro: la financiación estatal estará condicionada al cumplimiento de la normativa.

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