Categoría: INTERNACIONAL

Según palabras de un responsable del área jurídica del ministerio, el puesto de Barreda en Ceseden es “un invento y un bluf total”
The post Robles da un nuevo cargo al general con destino “ficticio” first appeared on Hércules.  Margarita Robles, ministra de Defensa, ha resuelto el destino de Alfonso Barrada, general auditor, que ascendió de cargo hace tres años para poder facilitar su entrada en la presidencia del Tribunal Militar Central. Pero que, ante la falta de renovación de los jueces, ha estado ejerciendo en la Asesoría Jurídica General de la Defensa sin destino aparente.

Una situación peculiar, que distintas fuentes militares han catalogado como de “escandalosa” y que este puede ser su primer movimiento antes de acabar en la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Este nombramiento se ha conocido a través del BOD, Boletín Oficial de Defensa, que ha hecho público el nuevo cargo de Alfonso Barrada como director del curso de Alta Gestión Administrativa y de la Organización que imparte el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Ceseden.

Aunque su paso por este departamento se sospecha que va a ser breve debido a que su nombramiento se ha hecho bajo la premisa se “en comisión de servicio”, el cual tiene una duración de seis meses “o hasta que se le asigne el destino que pudiera corresponderle”. Según palabras de un responsable del área jurídica del ministerio y publicado por el medio The Objective, el puesto de Barreda en Ceseden es “un invento y un bluf total”.

El polémico ascenso de Alfonso Barreda

Los cambios de cargo d Barreda dentro del Cuerpo Jurídico Militar han generado cierto malestar, debido a que su ascenso hace tres años se hizo sin “una vacante que ocupar y penalizando a otros coroneles”. “Fue un destino ‘ficticio’ que desveló el digital Fuentes Informadas en marzo del año pasado, con el agravante de que no se pasaba a trabajar por la Asesoría Jurídica General, en la sede del Ministerio, sino que acudía a un despacho del Juzgado Togado Militar Territorial número 2 sin estar allí destinado”, según señala el medio The Objective.

Hay que destacar que el tiempo que el CGPJ ha estado sin renovarse ha dado la oportunidad a Margarita Robles para dar salida a Barreda. “El órgano de control de los jueces publicó entonces  en comisión de servicio. En total, fueron 11 plazas. La más importante era la de vocal togado en el citado Tribunal Militar Central (TMC), a la que se podía presentar cualquier general auditor en servicio activo. Y el único que estaba en esa situación y sin destino en aquel momento era Barrada, por lo que sus compañeros pensaron que ese puesto ya tenía dueño”, según The Objective.

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Un estudio elaborado por Comisiones Obreras recoge que 48.255 estudiantes se han quedado sin hueco en los distintos niveles de FP, el curso con más excluidos hasta la fecha
The post Casi 50.000 alumnos se quedan sin plaza en la FP pública en Madrid first appeared on Hércules.  En la Comunidad de Madrid, el número de nuevos estudiantes en Formación Profesional (FP) lleva dos años superando al de Bachillerato. Este curso son 178.901 alumnos, un 5.3% más respecto al año pasado, según cifras del Gobierno regional. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que uno de cada dos estudiantes que aspira a una plaza en un centro público de FP de la Comunidad de Madrid se queda fuera.

Este curso ha habido un total de 92.521 solicitudes, de las que 48.255 se han resuelto negativamente: no había plaza para el alumno. Un total de 44.266 personas sí consiguieron la primera opción que habían solicitado, según un informe de CCOO sobre el proceso de matriculación. El año pasado fueron 40.149 jóvenes sin puesto. El Gobierno regional defiende que la última fase del periodo de matriculación no ha concluido y que aún hay 13.200 vacantes sin cubrir.

Este es el cuarto año que CCOO analiza en detalle los admitidos y los excluidos en la FP pública y cada vez, advierten, el número de excluidos es mayor. La subida ha sido progresiva, este curso casi se alcanzan los 50.000 estudiantes sin plaza, y la tendencia es que siga aumentando, indica el sindicato.

La responsable de Educación de CCOO en la Comunidad de Madrid, Isabel Galvín, ha lamentado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “promociona lo privado” -aderezado con los famosos cheques para pagar a familias ricas los centros privados- mediante la falta de plazas públicas y con la oferta específica que hace: en familias formativas como la sanitaria o lo relacionado con el ocio apenas se ofertan plazas en la pública.

Las cifras más “alarmantes”, las del grado medio

Según los datos del sindicato, que engloban FP básica, grado medio y superior, las cifras más “alarmantes” son las de grado medio: hay 10.734 admitidos frente a 21.558 que quedan fuera (el 66,7%), esto es un 15% más de alumnado excluido que el curso anterior.

La FP Básica, para alumnado de 15 años, es la que mejor tasa de admisión tiene. Solo uno de cada tres estudiantes que pide una plaza se queda fuera. En la siguiente, la Formación Profesional de Grado Medio (equivalente al Bachillerato) el porcentaje de excluidos duplica al anterior y ya son dos de cada tres (21.558 personas) quienes no encuentran un centro público para cursar sus estudios. Por último, en el Grado Superior (educación terciaria, nivel universitario) bajan los rechazados ligeramente, hasta un 60%. Pero como es la etapa más demandada, es el nivel en el que más gente se queda fuera: 24.998 alumnos sin pupitre.

Según los cálculos de CCOO a partir de la información de excluidos, haría falta crear 2.182 nuevos grupos, con sus 3.711 docentes, para atender a los casi 50.000 solicitantes sin plaza.

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El presidente de Ucrania ha viajado al pueblo de Biden para visitar una fábrica de armas y ha aprovechado para atacar a Trump
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Imagen: Reuters

Lo más relevante de la semana en la Asamblea General de la ONU podría estar ocurriendo fuera de la propia organización. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, después de dirigirse a los líderes mundiales en la ONU, tiene programado un viaje a Washington. Allí se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como con los principales candidatos a sucederlo: la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump.

Antes de llegar a la capital estadounidense, el presidente ucraniano dio un paso simbólico que evitaba hasta ahora: alinearse con Harris. Este gesto se evidenció el lunes, cuando el mandatario ucraniano visitó Scranton. Durante su visita, recorrió una fábrica de General Dynamics, empresa que produce los obuses de 155 milímetros que se envían a Ucrania. El mensaje implícito de esta parada es claro: la ayuda militar a Ucrania genera empleos y dinamiza la economía de Estados Unidos, un punto que la administración Biden no había logrado comunicar eficazmente hasta ahora.

La política exterior en el campo de batalla electoral

La visita de Zelenski a Scranton también tiene implicaciones políticas, ya que Pensilvania es un estado clave que Harris debe ganar en las elecciones de noviembre. El ucraniano, consciente del apoyo popular a Donald Trump en las zonas rurales de ese estado, parece estar subrayando que la política exterior y de defensa del presidente estadounidense no solo beneficia a Ucrania, sino también a la economía estadounidense.

Además, en una entrevista reciente con el New Yorker, criticó duramente a JD Vance, compañero de fórmula de Trump, llamándolo «demasiado radical» por su postura hacia la guerra en Ucrania. Vance ha propuesto un plan de paz que permitiría a Rusia mantener los territorios ocupados y bloquearía la entrada de Ucrania en la OTAN, lo cual calificó de «inaceptable» y comparó con las concesiones previas a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial.

La compleja relación con Trump

Aunque está prevista una reunión entre el presidente de Ucrania y el republicano, aún no se ha concretado una fecha. El expresidente ha expresado en varias ocasiones su admiración por Vladimir Putin y ha asegurado que podría poner fin a la guerra en «24 horas». Zelenski, sin embargo, se muestra escéptico, afirmando que Trump no tiene una solución real para el conflicto, aunque crea que sí.

El objetivo principal de su visita a Washington será presentar su plan para finalizar la guerra, el cual probablemente implique más ayuda militar occidental y mayores libertades para atacar territorio ruso. Aunque los detalles del plan aún no se conocen, la reciente destrucción de grandes arsenales en Rusia indica una intensificación de la ofensiva ucraniana.

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El Ejecutivo regional quiere instalar en un polígono de Fuenlabrada un nuevo centro de acogida para menores inmigrantes, que debe entrar en funcionamiento estos días
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Imagen: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– EFE

Las ONG denuncian la ubicación del centro

El centro está ubicado en el polígono industrial de La Cantueña, a las afueras de la ciudad. Tiene tres plantas y 4.000 metros cuadrados, pero no tiene cerca centros de salud, colegios, institutos, parques o supermercados. Es por ello por lo que desde diferentes asociaciones y ONG piden que los menores inmigrantes no vayan a este lugar, ya que en lugar de fomentar la integración en la localidad, con esta ubicación buscan el aislamiento, ya que no hay siquiera transporte público en la zona.

Es más, pese a que el centro estará ubicado en el municipio de Fuenlabrada, a menos de 1.5 km hay viviendas de otra localidad, Parla, a las que se llega andando por el campo. El instituto más cercano en Fuenlabrada, el Joaquín Araujo, está ubicado a una hora y cuarto, y el centro de salud más cercano, el de Panaderas, ubicado a una hora y media.

Según la Comunidad de Madrid, en 2024 han atendido a más de 1800 menores no acompañados, frente a los 1300 del año anterior. En la región hay tres centros de primera acogida, la clasificación en la que se incluye este nuevo centro de Fuenlabrada. Y sólo uno es específico para inmigrantes, el de la Casa de Campo, con capacidad para 50 personas. El centro tendrá capacidad para 96 menores y cuenta con un presupuesto aprobado en abril de 18,7 millones de euros, que se destinarán a acondicionar el inmueble y a la gestión del edificio y el personal.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada critica la «unilateralidad» de la decisión

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha reprochado a la Comunidad de Madrid que haya tomado la decisión de manera unilateral. “Ayuso no ha querido dialogar con nosotros, pedimos una reunión y lo que hizo fue llamarnos racistas. La acogida de menores migrantes tiene que abordarse en un proyecto de región, sentándose con todos los ayuntamientos y buscando una fórmula consensuada», señalan fuentes del consistorio municipal, gobernado por el Partido Socialista.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha puesto el caso en manos de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que tiene pendiente una visita de evaluación antes de que termine el año. La Justicia, de momento, ha fallado a favor de la Comunidad de Madrid, alegando que el «interés general» del centro pesa más que las demandas del Consistorio. Los socialistas aseguran que el Ejecutivo autonómico está intentando «manipular» y decir que «el Ayuntamiento no quiere acoger menores migrantes», cuando lo que realmente critican es que «pretenden dejarlos tirados en mitad de la nada».

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Sira Rego cerró una propuesta que fue tumbada por la vicepresidenta María Jesús Montero, algo que ha sido criticado por Ángel Víctor Torres
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Imagen: Europa Press

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p class=»MsoNormal»>El pacto entre el Gobierno y el Partido Popular (PP) para la reforma de la Ley de Extranjería parece ser más sencillo de lo que aparenta, pero depende de dos factores clave. Por un lado, se requiere que el Ejecutivo presente una propuesta para redistribuir a los menores migrantes que saturan los centros de acogida en Canarias. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda debe desbloquear la cofinanciación estatal necesaria para que las comunidades autónomas puedan acoger a estos menores, una cifra que el presidente canario, Fernando Clavijo, estima en un máximo de 180 millones de euros.

La financiación, un punto crucial

Los presidentes autonómicos del PP no aceptarán la derivación de más migrantes sin que el Gobierno cubra parte de los costos. Exigen que el Estado asuma un porcentaje considerable, basado en el 100% de las plazas de acogida disponibles antes de la crisis migratoria. Si Hacienda no interviene con nuevos fondos, la posibilidad de alcanzar un acuerdo queda en el aire.

Dentro del propio Gobierno, las opiniones están divididas. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha trabajado en un documento que asigna el número de menores a cada comunidad autónoma, basándose en los criterios de la Conferencia Sectorial de 2022. Aunque esta propuesta ya está lista, aún no ha avanzado debido a la falta de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, que ha frenado su implementación.

La negociación, a la espera de Hacienda

El documento preparado por Rego fue revelado en una reunión interministerial, donde prometió entregarlo a Clavijo antes de sentarse a negociar con el PP y el Gobierno. Sin embargo, la fecha de esta reunión sigue pendiente del visto bueno de Hacienda. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su disposición a liderar la negociación, pero ha expresado su frustración con la falta de avances en los contactos con Hacienda.

El punto de fricción radica en la liberación de los fondos necesarios para las autonomías, un paso que Hacienda se resiste a dar. La vicepresidenta María Jesús Montero le comunicó a Clavijo que intentaría buscar una solución para aliviar la carga financiera de los menores migrantes, pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta concreta.

Presión por el lado humanitario

Sira Rego es quien más insiste en priorizar el lado humanitario de la crisis migratoria, por encima de las cuestiones económicas. Sin embargo, su ministerio ha quedado en segundo plano frente a la postura más rígida del PSOE, liderada por la ministra de Migraciones, Elma Saiz, quien ha atacado duramente la postura del PP. A pesar de las tensiones, algunas fuentes del Gobierno admiten en privado que alcanzar un acuerdo no debería ser tan complicado como parece.

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La ministra ha señalado concretamente a Isabel Díaz Ayuso por no querer aplicar la Ley de Vivienda por “puro dogmatismo ideológico”
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Imagen: Isabel RodríguezJ.J. Guillén / EFE

La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez ha apelado este martes a la solidaridad de los propietarios para rebajar la tensión en el alquiler de vivienda ante la negativa de las comunidades gobernadas por el PP a aplicar el tope a los precios. «Creo que España es un país solidario y, en su mayor parte, el parque de vivienda en alquiler pertenece a los pequeños propietarios», ha afirmado la ministra.

«Yo les pido es que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos estas rentabilidades en términos sociales. Que los precios sean acordes a las capacidades de los españoles», ha dicho la titular de Vivienda en una entrevista en La Ventana de Madrid. Rodríguez ha recordado que desde el Gobierno de España se aprobó la Ley de Vivienda con ese objetivo.

La ministra ha señalado concretamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no querer aplicar la normativa por «puro dogmatismo ideológico». «Madrid tiene que comprender que tiene una presidenta que no está trabajando por unas políticas de vivienda que den respuesta a uno de los problemas más complicados de toda España», añade Rodríguez.

Señala que a través de la ley podrían reducirse los precios del mercado

La titular de Vivienda ha indicado además que, a través de la Ley de Vivienda, podrían reducirse los precios del mercado. “Esto lo sufren quienes necesitan una vivienda, que sufren un coste inasumible de las rentas en alquiler porque no se quieren aplicar medidas relacionadas no solo con la contención del precio”, ha manifestado.

También ha aprovechado para recordar que la ley establece que, en aquellos lugares donde existe una situación más alarmante, “podríamos todas las administraciones tomar medidas extraordinarias”. “Los madrileños tienen que comprender que tienen una presidenta que no está trabajando por unas políticas de vivienda que den respuesta a este problema», ha sentenciado.

La ministra también ha pedido a las comunidades que prohíban que el suelo protegido pueda ‘desprotegerse’ pasados unos años y se pueda hacer negocio con ellos: “Reclamo a las autonomías competentes en este ámbito aprueben normativas dirigidas a garantizar esa protección de por vida al suelo público”.

La ministra también ha señalado el problema de las Viviendas de Uso Turístico y ha recordado que las comunidades y ayuntamientos son quienes tienen más capacidad para actuar. «Cuando se trata de ponderar el interés entre el derecho a la vivienda y el interés económico, prima lo primero. Hay ya ayuntamientos que están tomando decisiones. Madrid, por ejemplo. Pero sobre todo el Ayuntamiento de Barcelona ha sido tajante. Este tipo de usos están dañando el acceso a la vivienda», ha dicho.

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