98 países y doce organizaciones sociales comparecerán a partir de este lunes ante el Tribunal Internacional de Justicia, que emitirá una opinión sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático
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Imagen: Acción de protesta a las puertas del Tribunal Supremo mientras la Sala Tercera dicta sentencia sobre el Juicio por el Clima. Isabel Fresneda Bardón
Los jueces de La Haya comenzarán a escuchar testimonios y argumentos de 98 países y doce organizaciones internacionales a partir de este lunes en la que será la mayor causa para la justicia climática hasta ahora. La ONU decidió pedir por unanimidad al tribunal que emitiera una opinión sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático. La resolución, que no será vinculante, pero sí tendrá relevancia desde el punto de vista político, busca establecer bases legales para la justicia climática.
El juicio se alargará durante las dos próximas semanas y delimitará las obligaciones legales de los países a la hora de luchar contra el cambio climático causado por el ser humano y las consecuencias que deben afrontar los Estados por contribuir a un calentamiento global que se deja sentir en todo el planeta a través de la subida de las temperaturas medias y del incremento de los eventos meteorológicos extremos.
El proceso comenzó a miles de kilómetros, en las recónditas islas del Pacífico, a partir de la organización del movimiento estudiantil contra la “devastación de su paraíso”. En marzo de 2019, 27 estudiantes de Derecho de ocho de esos países insulares lanzaron una campaña para convencer a los gobiernos del Foro de las Islas del Pacífico para que llevaran la destrucción que están sufriendo hasta el Tribunal Internacional de Justicia. Ahora, la organización de Estudiantes de las Islas del Pacifico contra el cambio climático tiene miembros de todos los niveles educativos (desde las escuelas hasta posgraduados) y representación en todas las islas del Pacífico.
Su causa la enarbola el Gobierno de Vanuatu, una de esas pequeñas islas, situada a 1.750 kilómetros de Australia. Con 334.000 habitantes, es una de las principales víctimas del cambio climático, a pesar de que sólo emite el 0,02% de los gases de efecto invernadero. Ciclones, tormentas y la subida del agua del mar pone en peligro al 64% de esa isla. Fue Vanuatu quien llevó el asunto a la ONU.
La principal preocupación es la oposición de los países más contaminantes
Los jueces emitirán una opinión dentro de unos meses a partir de la causa en la que participarán países desde Vanuatu hasta Estados Unidos, pasando por China, Rusia, Arabia Saudí o Brasil, entre otras decenas, entre las que se encuentra España. La preocupación de las organizaciones sociales es que los gobiernos de los estados más contaminantes se opongan a un dictamen ambicioso del tribunal, que es lo que esperan los impulsores y el propio secretario general de la ONU, António Guterres: “Los que menos contribuyeron a la crisis climática ya se enfrentan a un clima infernal y aguas elevadas. Para algunos países, las amenazas climáticas son una sentencia de muerte”.
La opinión que emita el Tribunal de Justicia Internacional será un espaldarazo de cara a las negociaciones que cada vez se ponen más cuesta arriba, como se vio en la COP29 de Baku, donde se llegó a un acuerdo mínimo de financiación: los países ricos pagarán 300.000 millones de dólares anuales al mundo en desarrollo para costear la acción climática a partir de 2035. Es insuficiente para aquellos que ya ven amenazada su tierra, sus comunidades y “la supervivencia de sus culturas”, como recordó Vishal Prasad, director de la organización de los Estudiantes de las Islas del Pacífico contra el Cambio Climático.
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