El presidente del TC no ha informado al resto de magistrados de la suspensión del contrato ni lo ha reflejado en el portal de Transparencia
The post Conde-Pumpido oculta al Constitucional la impugnación de un contrato de 722.000 euros adjudicado sin concurso first appeared on Hércules. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha adjudicado un contrato por valor de más de 721.000 euros sin que exista concurso público y sin informar al resto de magistrados de que ha sido impugnado y se encuentra actualmente suspendido. La contratación fue realizada en el marco de la organización del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, previsto para octubre de 2025 en Madrid, y fue concedida mediante un procedimiento negociado sin publicidad.
La adjudicataria del contrato ha sido la empresa Escuela Internacional de Protocolo S.L., seleccionada por Conde-Pumpido sin que mediara concurso abierto. Aunque la ley permite esta fórmula en ciertos casos, varios expertos han cuestionado la opacidad del proceso, considerando que lo “deseable” habría sido un procedimiento abierto y competitivo.
Ni rastro en el portal de Transparencia
La adjudicación del contrato fue realizada por el propio presidente del TC y, hasta la fecha, no figura mención alguna a su impugnación en el portal de Transparencia del Tribunal Constitucional. De hecho, el sitio web solo recoge otro contrato negociado, relativo al mantenimiento de licencias de software, sin alusión al millonario acuerdo ahora paralizado.
Tampoco se ha trasladado información a la Junta de Gobierno del Tribunal, integrada por Conde-Pumpido, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, los magistrados Concepción Espejel y Ramón Sáez, y el secretario general del órgano. La mayoría de ellos desconocía que la licitación está suspendida como consecuencia de un recurso especial en materia de contratación interpuesto ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
El contrato se encuentra paralizado en aplicación del artículo 53 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, lo que implica que la impugnación ha sido admitida y que, por tanto, se ha suspendido su ejecución. Las razones de la queja no son públicas, pero todo apunta a que alguno de los licitadores no seleccionados —o un tercero ajeno— ha considerado que debió convocarse un concurso abierto con un pliego de condiciones claro y accesible.
Aunque los expertos consultados coinciden en que la fórmula utilizada no es ilegal, alertan de que la falta de publicidad y competencia daña la imagen de imparcialidad del Constitucional, especialmente en un momento político especialmente polarizado, donde la neutralidad institucional está bajo escrutinio.
Opacidad y ausencia de controles internos
La situación es particularmente delicada porque la mayoría de los magistrados del Constitucional desconocía la impugnación del contrato, una omisión que puede interpretarse como una vulneración de los principios de transparencia y control interno. Además, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado obligó al TC a solicitar una habilitación específica de gasto para el Congreso, lo que habría requerido una gestión especialmente escrupulosa.
A este problema se suma el hecho de que el órgano competente para resolver la impugnación, el TACRC, está saturado, lo que podría retrasar la resolución del conflicto durante meses. En este escenario, cualquier intento de recurrir a una adjudicación de urgencia para sortear la suspensión sería “todavía más discutible”, según los expertos.
Este nuevo episodio supone una grieta más en el seno del Tribunal Constitucional, aunque en este caso no responde a discrepancias jurídicas sobre sentencias ni a pugnas ideológicas entre magistrados, sino a decisiones administrativas tomadas con escasa transparencia. El episodio recuerda que, más allá de las cuestiones doctrinales que dividen al alto tribunal, la gestión interna también puede ser foco de conflicto y desgaste institucional.
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