Conde-Pumpido se escuda en la “seguridad de Estado” para ocultar detalles de un contrato impugnado

El presidente del Tribunal Constitucional adjudicó un contrato de 722.000 euros sin publicidad y se niega a explicar su tramitación tras su paralización
The post Conde-Pumpido se escuda en la “seguridad de Estado” para ocultar detalles de un contrato impugnado first appeared on Hércules.  El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, enfrenta críticas crecientes tras revelarse que el contrato para la organización del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, valorado en 722.000 euros, ha sido impugnado y paralizado. La adjudicación se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad a la empresa Escuela Internacional de Protocolo S.L., pero Conde-Pumpido ha evitado dar explicaciones, escudándose en la “protección de la seguridad del Estado”.

Según reveló en exclusiva El Debate, el presidente del TC ocultó tanto la existencia de la impugnación como la actual paralización del contrato al resto del Tribunal. Este hecho pone en cuestión la transparencia y legalidad del procedimiento utilizado, especialmente dado el carácter público de los fondos implicados.

Seguridad nacional como excusa

En su defensa, Conde-Pumpido sostiene que la naturaleza del evento y la “concurrencia de intereses esenciales para la seguridad nacional” justificaban la adjudicación directa y la falta de publicidad. Apela al artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y a normas nacionales sobre defensa y seguridad, intentando amparar su decisión en consideraciones de riesgo como el terrorismo, el espionaje o las amenazas a infraestructuras críticas.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas advierten de la contradicción entre este celo por proteger la información ahora y la promoción pública que el propio Tribunal Constitucional hizo de la celebración del Congreso en una nota institucional del 4 de septiembre de 2024, donde se destacaba el evento como uno de los logros recientes de la Corte.

La falta de información sobre aspectos básicos del contrato ha alimentado las dudas. Conde-Pumpido se niega a revelar detalles como la identidad de las cuatro empresas invitadas a presentar propuestas, las condiciones de la selección o el criterio de adjudicación final. Tampoco aclara datos generales como el número de participantes previstos o la categoría de los juristas que integrarán las delegaciones asistentes.

El argumento de la protección de datos personales –como DNI, teléfonos o firmas manuscritas de los responsables de las empresas– ha servido para negar el acceso íntegro al expediente administrativo. Sin embargo, diversas voces apuntan que esto no impide divulgar de forma general el listado de empresas y el contexto que llevó a la elección, ni tampoco justificar por qué una de ellas decidió recurrir la adjudicación, provocando la suspensión automática del contrato.

Contradicciones que inquietan

Para varios expertos en contratación pública, resulta inquietante que el máximo responsable del Tribunal Constitucional emplee argumentos de seguridad nacional para evitar el escrutinio sobre un proceso que, a todas luces, debería cumplir los principios de transparencia, igualdad y publicidad.

Más aún cuando la propia memoria anual presentada por Conde-Pumpido ante el Rey Felipe VI incluía la celebración de este Congreso como una actividad ordinaria de la Corte, lo que desmontaría la tesis de un riesgo extraordinario que justifique el procedimiento excepcional utilizado.

Un daño a la imagen del Constitucional

El episodio no solo pone en entredicho la gestión interna de Conde-Pumpido, sino que también daña la credibilidad institucional del Tribunal Constitucional, llamado precisamente a velar por el respeto de los derechos fundamentales y las garantías jurídicas.

La sombra de falta de transparencia y de posible trato de favor en la contratación pública sobrevuela ahora la cúpula del órgano más alto de control constitucional en España. Mientras tanto, Conde-Pumpido se atrinchera tras una interpretación expansiva de la “seguridad de Estado” para no rendir cuentas ante los ciudadanos a los que, en última instancia, debería servir.

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