El Congreso ultima una reforma reglamentaria que introduce sanciones y controles a periodistas acreditados, en respuesta a tensiones con comunicadores polémicos. La oposición denuncia un ataque a la libertad de prensa mientras PSOE y sus socios defienden el “orden profesional”
The post Congreso cierra filas con periodistas ‘incómodos’: sanciones, control y un nuevo filtro político para informar first appeared on Hércules. El Congreso de los Diputados se dispone a introducir un cambio de calado en el acceso y comportamiento de los periodistas en su sede. Una propuesta impulsada por el PSOE junto a sus socios plantea nuevas reglas internas que limitan el margen de actuación de los informadores acreditados, bajo el argumento de garantizar la convivencia y proteger el ejercicio del periodismo frente a prácticas desleales o agresivas. PP y Vox se han desmarcado de la iniciativa, que ven como una amenaza a la libertad de prensa.
La proposición, ya registrada, busca aprobarse antes de que finalice el actual periodo de sesiones. Al tratarse de una reforma del reglamento interno del Congreso, no requerirá la aprobación del Senado, lo que permite acelerar su entrada en vigor, según fuentes socialistas. En los últimos meses, la presencia de ciertos comunicadores ,señaladamente Vito Quiles y Ndongo, ha causado fricciones en los pasillos de la Cámara Baja, generando un clima de tensión que ha motivado la iniciativa.
Periodistas veteranos han solicitado cambios urgentes para preservar un entorno de trabajo seguro y profesional, ante lo que consideran una deriva que compromete su labor diaria.
Uno de los ejes principales de la reforma es la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, un órgano mixto compuesto por representantes parlamentarios y asociaciones profesionales del periodismo. Esta entidad tendrá capacidad para proponer criterios de acreditación, analizar comportamientos y fijar normas de interacción entre informadores y diputados.
Por primera vez se introducirá en el reglamento un sistema de sanciones aplicables a periodistas. Quienes incumplan las nuevas disposiciones podrán ser amonestados o incluso suspendidos temporalmente, con sanciones que van desde diez días hasta tres meses sin acceso al Congreso. En los casos más graves, podría llegar a retirarse la acreditación de forma permanente si se considera que la actuación del profesional daña la convivencia o vulnera la integridad informativa.
Desde el PSOE aseguran que no hay otras reformas previstas sobre medios de comunicación antes del parón estival. Tampoco se contemplan cambios en la legislación relativa a la ofensa de sentimientos religiosos, desmintiendo rumores sobre una ofensiva reguladora más amplia.
La medida no llega sola. El texto incluye también una ampliación del uso del voto telemático por parte de los diputados, permitiéndolo no sólo en casos de maternidad o enfermedad grave, sino también por hospitalizaciones, fallecimientos o el cuidado de familiares dependientes.
La iniciativa ha sido respaldada por el bloque de investidura del Gobierno. PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria han firmado la propuesta, con Podemos sumándose al apoyo. Desde estos grupos defienden que la reforma no busca censurar, sino “proteger el periodismo profesional frente a quienes lo pervierten con estrategias de acoso, manipulación o desinformación”.
Sin embargo, PP y Vox han rechazado la propuesta frontalmente. La consideran un intento de blindar políticamente la cobertura parlamentaria y excluir voces incómodas, sin establecer garantías reales de objetividad en los nuevos mecanismos de control. Acusan al Gobierno de imponer un modelo de prensa “controlada” y “selectiva”.
La tramitación continuará en la Comisión Constitucional, donde se debatirán las enmiendas antes de su paso al Pleno para la votación definitiva. Si no hay retrasos, las nuevas reglas podrían aplicarse a partir de julio, lo que modificaría notablemente el funcionamiento de la sala de prensa del Congreso antes del parón veraniego.
Mientras tanto, el debate sobre los límites entre convivencia institucional y libertad informativa vuelve a encenderse. La reforma abre un precedente sobre cómo las instituciones pueden regular el trabajo de los periodistas sin caer en tentaciones de censura o selección ideológica. Para muchos, la frontera sigue siendo demasiado difusa.
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