El país vive una crisis por la desaparición de más de 120 mil personas desde el sexenio de Felipe Calderón. El número de desaparecidos en México no para de aumentar
The post Crisis de los desaparecidos en México: entre el narcotráfico y las omisiones del Estado first appeared on Hércules. De acuerdo a Amnistía Internacional, pese a la creación de leyes, instituciones, protocolos, y las promesas de un presidente, el número de personas que desaparecen en México no hace más que aumentar. Se trata de una grave crisis de desapariciones vinculada al contexto de violencia e inseguridad que ha enfrentado el país en las últimas décadas. Según el registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 8 de agosto de 2024 (desde 1950), hay 116.386 personas “desaparecidas y no localizadas”, de las cuales 89.121 son hombres; 26.749 mujeres y 516 no tienen sexo definido.
El número de personas “desaparecidas y no localizadas” ha aumentado radicalmente en los últimos años, en particular, desde 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón implementó la militarización de la seguridad pública como estrategia de combate al crimen organizado. De hecho, el 88% del total de los reportes de desaparición se han realizado entre 2006 y la actualidad (8 de agosto de 2024).
Ante la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades en este contexto, han emergido múltiples colectivos de personas que realizan la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. En México se registran más de 200, de los cuales más de 60 están agrupados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Los colectivos están conformados mayoritariamente por familias, y la gran mayoría de sus integrantes son mujeres. Estos colectivos han tenido un papel fundamental en los avances legislativos y de políticas para abordar la crisis de desapariciones.
Colectivos de búsqueda de personas
Cada día en México se encuentran más entierros ilegales, gracias al esfuerzo de los familiares de los desaparecidos y colectivos de buscadores. Dichos colectivos de personas se encargan de buscar en campo los cuerpos y restos humanos, identificar a las personas enterradas en las fosas comunes, ampliar su trabajo con personas en situación de calle e investigar sitios como los hospitales o las prisiones.
Con el primer colectivo de búsqueda fundado en el 2006, principalmente en Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, algunos de los más grandes son: Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, Corazones sin Justicia, Sinaloa, Madres Buscadoras de Sonora, Madres Unidas y Fuertes de Baja California, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y Sabuesos Guerreros AC.
Madres buscadoras de Sonora
En el 2015 se conoció que 35 colectivos se agruparon para dar lugar a la primera Ley General en materia de desapariciones en México, misma que fue aprobada el 12 de octubre de 2017. Esta establece que las autoridades deben utilizar los medios necesarios para buscar a las personas desaparecidas, además de garantizar el derecho a la verdad, memoria, justicia y reparación integral a las víctimas.
El 2 de abril de este año, varias organizaciones mexicanas encargadas de buscar personas desaparecidas recibieron el Premio Suiza de Derechos Humanos y Desarrollo sostenible, en medio de la crisis de desapariciones que afronta el país. En la categoría Fortalecimiento de tejido social fueron reconocidas las ONG Servicios y asesoría para la Paz (Serapaz) y Asociación Arnoeldo Nava de Ideas Científicos y Estratégicos en Derechos Humanos (IDHEAS), por su labor de acompañamiento a las familias que buscan la paz.
Poco después, organizaciones de derechos humanos en México hicieron un llamado colectivo a apoyar los familiares de personas desaparecidas y a los grupos de madres buscadoras, a pocas semanas de que se reportó el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. En un comunicado conjunto, las 19 organizaciones firmantes reconocieron el trabajo de las familias y colectivos que se dedican a buscar personas desaparecidas, afirmando que no solo intentan encontrar a sus seres queridos, sino que atienden miles casos reportados a nivel nacional.
“No solo buscan a personas amadas desaparecidas, buscan a todas y todos. En México hay cientos de miles de personas desaparecidas”, se lee en el documento. Consideran que durante más de una década, los colectivos de búsqueda han hecho “con amor y esperanza” lo que las autoridades no, a pesar de que no les corresponde esta labor e implican el arriesgar constantemente su vida.
El cementerio clandestino en el Rancho Izaguirre
El hallazgo del cementerio clandestino en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, estado de Jalisco, ha conmocionado a todo México. El país vive una crisis por la desaparición de más de 120 mil personas desde el sexenio de Felipe Calderón, y que en 18 años solo han aumentado frente a una pasmosa impunidad.
El estado de Jalisco es el epicentro de la zona de influencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación, al que se le atribuye el uso de esta finca. La organización criminal, liderada por Nemesio Oseguera “El Mencho”, que trafica drogas a Estados Unidos, Europa y otras regiones del orbe, ha sido designada por la administración de Donald Trump como “organización terrorista extranjera”.
Rancho Izaguirre
El 5 de marzo, el colectivo de buscadores acudió a la finca, después de recibir la llamada de una sobreviviente, que les aseguro que el lugar era un campo de entrenamiento de sicarios y que encontraran indicios de desaparecidos. La sobreviviente relató que estuvo cautiva tres años, y que la mayoría de los reclutados eran engañados porque acudían por falsos anuncios de trabajo de empresas de seguridad o albañilería.
Así, la vocera del colectivo, Indira Navarro, relató que “dimos (con el rancho) porque teníamos varias llamadas anónimas… nos encontramos fosas con restos humanos calcinados”.
Sobreviviente del Rancho Izaguirre
La sobreviviente del rancho habló con la televisora de Milenio, en la que detalló que permaneció en el lugar contra su voluntad, entre junio y septiembre de 2024, para pasar un “muy duro” entrenamiento, que supuestamente les fue impartido “por ex militares estadounidenses y colombianos”, lo supo no solo porque se los dijeron los encargados, sino porque “era evidente por el idioma y el color de piel”.
Relató que llegó “por una oferta de trabajo para guardia de seguridad, que vi en Facebook”. Pero tras llegar a la terminal de autobuses de Tlaquepaque, fue llevado con otros seis hombres a una casa de seguridad, donde les dijeron que iban a trabajar como sicarios del cartel. Sobre las montañas de calzado y ropa explicó que no toda es de gente asesinada en el lugar, “porque para el adiestramiento necesitábamos usar botas, que ellos mismos nos vendían”. En el campo había mucho maltrato y asesinatos. “Mataban a algunas personas o porque no obedecían o porque eran débiles y no pasaban el adiestramiento”.
“Por una oferta de trabajo para guardia de seguridad, que vi en Facebook”.
A los muertos, según su descripción, los llevaban a un cuarto que denominaban “la carnicería”, que tenía una “cama de cemento” donde troceaban los cuerpos, “los ´fileteaban´ para que se quemaran más rápido”.
Una escena dura que describió, fue que antes de salir a las plazas del cartel, los encargados del rancho les confesaron que parte de la carne que consumieron durante su estancia era de los cuerpos mutilados. “Cuando `fileteábamos´ la pierna, toda esa carne la cocinaban para dárnosla de comer, eso nos dijeron al finalizar”.
¿Qué han logrado los colectivos de búsqueda?
En el 2017 los colectivos lograron la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la cual da las anses para la protección de familiares durante labores de búsqueda y rastreo. Con esta ley se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, se creó el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se han redactado igualmente varias leyes en materia de desaparición a nivel local y se han creado Comisiones de búsqueda.
Caso llevado a las autoridades
El hallazgo del rancho puso en evidencia la negligencia de las autoridades, porque el lugar no era desconocido para ellas. La Guardia Nacional allanó la finca en septiembre de 2024, cuando acudió por una denuncia telefónica.
Al llegar fueron recibidos por disparos de armas de alto poder, pero lograron someter y detener a diez agresores, liberaron a dos secuestrados que permanecían cautivos y encontraron el cadáver de un hombre.
El caso se puso en manos de la Fiscalía de Justicia de Jalisco, sin que ésta pusiera en conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) el caso, pese a las evidencias de que se trataba de delitos de delincuencia organizada, que competen a ésta. Nada más se supo hasta que ingresaron los buscadores.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció el día 19, que estaba en proceso de atraer el caso al ámbito federal. En una rueda de prensa, confirmó que sí encontraron restos humanos en la finca, pero hasta ese momento no tenía “elementos suficientes” para asegurar que era un “campo de exterminio”. Sin embargo, sí se centró en señalar las múltiples omisiones de la fiscalía de Jalisco, porque no rastreó debidamente los indicios y huellas dactilares; no hubo el debido registro e identificación de lo hallado en el interior del predio, como prendas y calzado.
Gertz Manero, Fiscal General de México
Demoras institucionales y falta de voluntad política
La falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades tras el hallazgo del Rancho Izaguirre ha vuelto a poner en evidencia la incapacidad institucional para atender la crisis de las desapariciones. Organizaciones de derechos humanos, así como colectivos de búsqueda, han denunciado que, a pesar del descubrimiento de múltiples restos humanos calcinados y evidencia directa de actividades criminales sistemáticas, la reacción oficial fue lenta, fragmentada y sin coordinación entre los niveles estatal y federal.
El hecho de que la Fiscalía General de la República no haya sido notificada de inmediato, a pesar de tratarse de posibles crímenes de lesa humanidad, generó fuertes críticas por parte de expertos en justicia transicional y derecho internacional. “Este tipo de delitos no deben investigarse de forma aislada ni local. Estamos ante posibles crímenes contra la humanidad y eso requiere un enfoque federal e incluso internacional”, señaló el abogado e investigador de derechos humanos, Santiago Aguirre.
Búsqueda sin justicia
Para los colectivos de familiares, la falta de acción institucional es una herida constante. La mayoría de las veces, las búsquedas comienzan con una pala y un pico, sin acompañamiento oficial, con miedo a represalias y en medio de una impunidad casi absoluta. A pesar de las leyes, comisiones y promesas gubernamentales, en México menos del 1% de los casos de desaparición llegan a juicio y sentencia.
La Comisión Nacional de Búsqueda, creada por la Ley de 2017, ha tenido avances importantes en normativas y protocolos, pero enfrenta serias limitaciones presupuestarias, falta de personal capacitado y resistencias de las fiscalías locales. En muchos estados, los registros de personas desaparecidas no se actualizan, las bases de datos son fragmentarias y no se cumple con el Protocolo Homologado de Búsqueda.
Violencia estructural y redes criminales
Expertos en seguridad han advertido que el fenómeno de las desapariciones forzadas no puede entenderse sin considerar la colusión entre actores del Estado y el crimen organizado. En muchos casos, hay evidencia de que policías municipales, estatales o incluso elementos del Ejército han participado directamente o han permitido las desapariciones. La falta de sanciones perpetúa un ciclo de violencia estructural donde las víctimas, sus familias y los buscadores quedan en total vulnerabilidad.
Una deuda pendiente
Mientras las autoridades discuten competencias y presupuestos, miles de madres, hermanas y esposas recorren el país buscando a sus seres queridos. Para ellas, no se trata de estadísticas, sino de vidas interrumpidas y de una lucha que se libra todos los días frente al abandono institucional.
El caso del Rancho Izaguirre no es un hecho aislado, sino el reflejo de una tragedia nacional que sigue creciendo. Más allá de un campo clandestino, es símbolo de la descomposición de un sistema incapaz de proteger a su población ni de responder con verdad y justicia. La crisis de desapariciones en México no es solo un problema de seguridad: es una herida abierta en el tejido social del país.
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