La gestión penitenciaria del Gobierno vasco se tambalea tras la marcha de altos cargos y las críticas por beneficios a etarras sin arrepentimiento
The post Cuatro dimisiones por el descontrol en la gestión las cárceles vascas first appeared on Hércules.
Centro penitenciario de Zaballa, en Álava // Europa Press
El traspaso de las competencias penitenciarias al País Vasco se vendió como un hito del autogobierno. Cuatro años después, el balance es desolador: protestas laborales, fuga masiva de funcionarios, tensiones entre presos… y una cadena de dimisiones en la cúpula de la Consejería de Justicia. Cuatro altos cargos han abandonado su puesto en los últimos seis meses, sin que la consejera socialista María Jesús San José haya ofrecido una sola explicación convincente.
Desbandada en la Consejería de Justicia
La primera dimisión se produjo en noviembre: Juan Carlos Romero, director general de Aukerak, la agencia encargada de la reinserción de presos, dejó el cargo tras apenas tres meses. Le siguió en enero Concha Aretxaga, jefa de gabinete de San José. En abril se marchó el viceconsejero de Derechos Humanos, Alfredo Retortillo, y en mayo su director, Jagoba Álvarez. Un rosario de salidas que, según fuentes parlamentarias, responde a discrepancias internas sobre la política penitenciaria, especialmente respecto al trato a los presos de ETA.
Retortillo era uno de los impulsores de una reforma legal para sancionar la exaltación del terrorismo en espacios públicos, como los ongi etorri a etarras. Aunque la consejera San José apoyó públicamente la iniciativa, el PSOE votó luego en contra en el Parlamento vasco. Esa contradicción habría colmado la paciencia del viceconsejero, que presentó su dimisión el 14 de abril, apenas una semana después de que la Fiscalía recurriera la progresión a tercer grado de Jesús Narváez Goñi, miembro del sanguinario comando Ekaitz.
Uno de cada tres funcionarios huye del sistema
El descontento no solo afecta a los despachos. Entre los funcionarios de prisiones, la frustración se ha vuelto insoportable: uno de cada tres trabajadores ha solicitado traslado a cárceles fuera del País Vasco. Las causas son claras: condiciones laborales precarias, falta de personal estable y un clima creciente de tensión entre los internos. Muchos puestos se cubren con interinos sin experiencia, lo que ha disparado los incidentes en los centros penitenciarios.
El caso más simbólico ocurrió en febrero en la cárcel de Basauri, donde un preso de ETA agredió verbalmente a un funcionario y no fue sancionado. El interno, Óscar Barreras Díaz, condenado a 35 años por asesinar a un inspector de Policía en 1999, mantuvo incluso su trabajo remunerado en prisión, un privilegio que debería habérsele retirado de inmediato. Según testigos, Barreras llegó a llamar “fascista y nazi” al funcionario, amenazándolo con gestos fascistas. El parte elevado por el trabajador sigue sin respuesta tres meses después.
Desde que la Consejería de Justicia está en manos del PSE, se han concedido 18 terceros grados a presos de ETA, de los cuales solo uno no está vinculado a la izquierda abertzale, según denuncias del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). San José insiste en que no hay privilegios, pero exige a los presos colaboración con la Justicia, reconocimiento del daño causado y responsabilidad sobre sus crímenes. Palabras que contradicen los hechos conocidos.
El PP vasco ha solicitado que la consejera comparezca en la Cámara autonómica para dar cuenta de la situación. El diputado Santiago López ha denunciado una “inquietante inestabilidad” en la Consejería, mientras que San José se escuda en que la configuración de su equipo es una “tarea discrecional”.
The post Cuatro dimisiones por el descontrol en la gestión las cárceles vascas first appeared on Hércules.
