La jueza Beatriz Biedma ordena juicio oral contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la Diputación de Badajoz. Las acusaciones populares reclaman penas de prisión e inhabilitación, pese a la oposición de la Fiscalía
The post David Sánchez procesado, el hermano del presidente y el presidente de la Diputación de Badajoz pisarán el banquillo first appeared on Hércules. La jueza Beatriz Biedma ha decretado este jueves la apertura de juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y dirigente del PSOE en la provincia. En total, once personas están implicadas en la causa, todas ellas con algún tipo de vinculación con la institución provincial extremeña. Tras una investigación que ha durado un año, la magistrada considera que existen indicios suficientes de prevaricación y tráfico de influencias. Así lo recoge en un auto emitido este mismo jueves y ya notificado a las partes implicadas.
La fecha de apertura del juicio marca un punto decisivo, especialmente por el estatus de aforado que podría haber correspondido a Gallardo. Sin embargo, como aún no ha tomado posesión de su escaño como diputado regional, la causa permanecerá en la jurisdicción ordinaria y no pasará al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Será el Juzgado de lo Penal de Badajoz, el que, por reparto legal, asumirá el caso.
Las acusaciones populares ,entre ellas Manos Limpias, Vox y PP, han solicitado penas de hasta tres años de cárcel tanto para Sánchez como para Gallardo. En el caso de este último, también reclaman quince años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. En contraste, la Fiscalía ha pedido que el caso se archive, pero la jueza ha optado por continuar el procedimiento sin esperar a que se resuelvan los recursos presentados ante la Audiencia Provincial.
Biedma explica en su auto que la admisión de recursos de apelación no implica la suspensión del proceso y por ello ha dictado la resolución que ordena la apertura de juicio. Subraya además que su decisión está amparada por la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, que permite proseguir con el procedimiento incluso si el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento.
El paso de la causa a la fase de enjuiciamiento se produce únicamente a instancias de la acusación popular, una situación legalmente viable, según argumenta la jueza. El escrito concluye afirmando que no es jurídicamente exigible aguardar a la resolución de la Audiencia para dar este paso procesal.
Así, la investigación iniciada contra miembros relevantes del PSOE provincial por supuestas irregularidades administrativas da el salto a los tribunales, mientras se mantiene la tensión política sobre el impacto que puede tener este proceso en el entorno más cercano del presidente del Gobierno.
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