El enfrentamiento entre Ana Ferrer y Martínez Arrieta por liderar lo Penal dinamita la cohesión del Supremo y desata suspicacias sobre injerencias políticas
The post Desencuentro en la Sala Penal del Supremo en la lucha por la presidencia first appeared on Hércules. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo atraviesa una de sus etapas más delicadas. El pulso por su presidencia ha generado un clima de tensión entre magistrados que hasta hace poco mantenían una relación profesional fluida, pese a las diferencias jurídicas naturales. La disputa entre Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta ha fracturado los equilibrios internos y ha dejado heridas que no terminan de cerrar.
Lo que está en juego no es solo un cargo institucional. La batalla interna ha evidenciado un conflicto más profundo: el peso creciente de los posicionamientos ideológicos y las sospechas de injerencia política en un tribunal clave, con causas de alto voltaje político en curso. La presidenta del Supremo, Isabel Perelló, ha anunciado que no permitirá más aplazamientos: en mayo se votará.
Un voto particular que cambió el tablero
El origen del desencuentro se remonta al pasado mes de julio, cuando Ana Ferrer se desmarcó de la mayoría de la Sala al defender que la amnistía del procés podía aplicarse al desvío de fondos públicos. En su voto particular acusó a sus compañeros de romper con la legalidad y la previsibilidad. Aquella decisión rompió la unidad que se había mantenido sobre el proceso independentista catalán.
La posterior candidatura de Ferrer a la presidencia del Supremo, y tras descartarse, a la de lo Penal, fue interpretada por muchos colegas como un movimiento táctico, una forma de atraer el respaldo del Gobierno y del bloque progresista. Su cercanía con la magistrada Susana Polo, que también cuestionó las condenas por los ERE de Andalucía, alimentó esa percepción.
Martínez Arrieta, el candidato natural relegado
El enfrentamiento ha sido aún más agrio por el hecho de que Martínez Arrieta, actual presidente en funciones de la Sala, es el magistrado con más antigüedad del tribunal. En el Supremo desde 1998, ocupa el primer puesto en el escalafón. Para muchos compañeros, su aspiración no debería estar en duda, pero el bloqueo de los vocales progresistas, que se niegan a ceder votos, mantiene la situación encallada.
Las fuentes consultadas aseguran que este veto tácito a Arrieta no es casual. En círculos judiciales se señala al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como actor clave en la sombra, atento a los movimientos de la Sala por las causas que pueden afectar al Ejecutivo: el caso Koldo, con ramificaciones que van desde el exministro Ábalos hasta Begoña Gómez, y la investigación por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado.
Propuestas alternativas y alianzas soterradas
Para intentar desbloquear la situación, se propuso a Ferrer presidir la Sala de lo Militar, actualmente en manos de Jacobo Barja de Quiroga. Sin embargo, ella lo rechazó, para no interferir en las aspiraciones de Clara Martínez de Careaga, cercana al núcleo duro progresista y esposa del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
La jugada fue vista por muchos como una forma de mantener intacta la red de apoyos políticos y personales dentro del alto tribunal. Careaga, además, parte con opciones sólidas para ocupar ese puesto, lo que convierte su nombre en una pieza clave del complejo puzle judicial.
El desenlace, si nadie logra los apoyos necesarios, puede dejar el concurso desierto, permitiendo una nueva convocatoria con otros nombres sobre la mesa. Pero el daño ya está hecho: la Sala Penal ha perdido su tradicional cohesión, y la imagen de independencia del Supremo ha quedado tocada.
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