Los perjudicados podrán disfrutar de representación procesal y ayuda psicológica en la Red pública de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito
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Comunidad de Madrid
La presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este lunes un protocolo de actuación con los colegios de abogados y procuradores para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a las personas afectadas por la ocupación ilegal de viviendas. El acto ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
A través de este acuerdo, las víctimas recibirán no solo asistencia legal de letrados, sino también representación procesal por parte de procuradores y apoyo psicológico a través de la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD). Además, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha un nuevo servicio de atención especializada sobre ocupación en el teléfono 012, al que se suma un canal de comunicación directa con el servicio 112 Ocupación, para ofrecer asistencia inmediata.
Díaz Ayuso ha insistido en que, a pesar de que la Comunidad de Madrid no tiene competencias directas para resolver este problema, su Gobierno “no se va a poner de perfil”. En su intervención, ha defendido la necesidad de reformar la legislación vigente para permitir que los jueces puedan ordenar desalojos inmediatos en casos de ocupación. “Hay que devolver a los jueces herramientas eficaces para actuar con urgencia”, ha señalado.
Consecuencias sociales y delictivas
La presidenta madrileña ha advertido sobre el impacto de la ocupación en la vida cotidiana de los ciudadanos. “Cada denuncia esconde la historia de un propietario que pierde su casa, de vecinos que ven alterada su convivencia y de barrios enteros que se degradan”, ha afirmado. También ha denunciado que muchas de estas viviendas acaban siendo utilizadas para actividades ilícitas, como la trata de personas o el tráfico de drogas.
En este sentido, ha afirmado que el Gobierno regional desplegará todos los recursos a su alcance para apoyar a las personas afectadas y frenar esta problemática. “Esto no va solo de delitos, va también de derechos fundamentales”, ha subrayado.
Desde que se activó en junio de 2022 hasta el 30 de abril de 2025, el servicio 112 Ocupación ha recibido un total de 4.041 llamadas. En ese periodo, 246 personas han denunciado la ocupación de su propiedad, lo que ha permitido evitar o revertir la usurpación en 44 casos.
Un compromiso institucional
El protocolo firmado refuerza la cooperación entre el Gobierno regional y los colegios profesionales del ámbito jurídico. Junto a Díaz Ayuso, han suscrito el acuerdo Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid; Ángel Llamas, decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares; y Alberto García, decano del Colegio de Procuradores de Madrid.
Este convenio representa un paso más en la estrategia del Ejecutivo autonómico para brindar respuestas concretas y efectivas a un fenómeno que, según el Gobierno madrileño, genera graves consecuencias sociales y jurídicas.
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