TRT ocultó su alineación con Erdogan en un informe FARA. La omisión podría acarrear penas para su director en EE. UU., incluido tiempo en prisión
The post Director de TRT en EE. UU. en riesgo legal por informe posiblemente fraudulento first appeared on Hércules. La emisora estatal de Turquía, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), enfrenta un posible escándalo legal en Estados Unidos por presentar supuestamente información falsa en su más reciente declaración ante el Departamento de Justicia, en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). La presentación, fechada el 21 de mayo y firmada por su actual jefe en Washington D.C., Enes Adli, podría acarrear sanciones penales severas, incluida la prisión.
En su documento de reporte periódico obligatorio, TRT negó haber realizado actividades políticas en nombre de un gobierno extranjero, afirmación que contrasta fuertemente con la orientación editorial y operativa de la emisora. Desde su designación formal como medio de propaganda extranjera en 2019, TRT está obligado a reportar cualquier actividad de lobby o influencia política dirigida al público o instituciones de EE. UU. bajo la ley FARA. Según el artículo 1(o) de esta normativa, la “actividad política” abarca acciones para influir en la política interna o exterior de EE. UU., o en intereses públicos de gobiernos extranjeros.
La línea editorial de TRT se alinea con los intereses geopolíticos del partido gobernante turco, el AKP de Recep Tayyip Erdogan, promoviendo una agenda que simpatiza abiertamente con actores como la Hermandad Musulmana y Hamas, este último designado como grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. En este contexto, la afirmación de neutralidad política por parte de TRT resulta inverosímil, según observadores legales.
El canal, a través de su señal internacional en inglés TRT World, ha proyectado globalmente los discursos del gobierno turco, particularmente la narrativa de Erdogan en torno al conflicto con Israel, a menudo presentando a Hamas como un movimiento de resistencia, en lugar de un grupo terrorista. Esta postura se ha mantenido incluso tras los ataques del 7 de octubre, y forma parte de una estrategia más amplia de Ankara para deslegitimar a Israel y posicionarse como líder del islam político global.
Los contenidos de TRT evitan sistemáticamente calificar como terrorismo las acciones de Hamas, optando por describirlas como “enfrentamientos” o “respuestas a agresiones israelíes”. Además, sus espacios de análisis incluyen con frecuencia a comentaristas que respaldan las posiciones del gobierno turco y justifican sus vínculos con organizaciones extremistas, lo cual contrasta con el requisito legal de FARA de declarar tales actividades como influencia política extranjera.
Por su parte, otras emisoras estatales registradas bajo FARA, como la cadena china CGTN, sí reconocen abiertamente su papel como emisoras con motivaciones políticas alineadas con sus gobiernos respectivos. El intento de TRT de ocultar esa naturaleza es particularmente grave desde el punto de vista legal. No es la primera vez que la emisora intenta minimizar su dependencia del gobierno turco: en 2019, se resistió abiertamente al registro bajo FARA, argumentando independencia editorial, hasta que el Departamento de Justicia la obligó a hacerlo.
Una revisión detallada de sus informes desde entonces muestra patrones consistentes de opacidad, omisiones deliberadas y datos engañosos. De comprobarse falsedad en la documentación, la ley federal estadounidense contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares por cada infracción cometida por individuos responsables. Las organizaciones podrían enfrentar sanciones aún mayores.
El foco de responsabilidad apunta directamente a Enes Adli, quien, según su perfil en LinkedIn, ocupa el cargo de director de TRT en Washington desde noviembre de 2023. No obstante, la última presentación de FARA indica que asumió funciones el 1 de octubre de 2024, una discrepancia cronológica que podría apuntar a manipulación de datos o intento de evasión legal.
Adli, con antecedentes profesionales en áreas financieras y de contratos dentro de TRT, ahora supervisa la estrategia de contenido y las operaciones logísticas de la emisora en suelo estadounidense. Según los reportes, su compensación asciende a 135.000 dólares anuales, más beneficios, una suma significativamente superior al promedio de los periodistas en Washington D.C., que suele oscilar entre 60.000 y 90.000 dólares.
Los documentos de FARA también muestran que, en los últimos seis meses, la sede central de TRT en Ankara transfirió 548.000 dólares para mantener las operaciones en la capital estadounidense. En total, más de un millón de dólares al año son destinados a las actividades de la red en EE. UU., financiadas en su mayoría por los contribuyentes turcos.
Uno de los rubros más polémicos en el informe es el pago de 50.000 dólares al bufete Saltzman & Evinch, conocido por representar los intereses legales del gobierno turco en Estados Unidos. Esta firma mantiene un contrato permanente de 1,5 millones de dólares con la embajada turca y ha sido señalada en el pasado por el Wall Street Journal como herramienta de recopilación de inteligencia sobre opositores de Erdogan residentes en EE. UU.
Entre sus extrabajadores figura Rumeysa Kalın Karabulut, hija del actual jefe del servicio de inteligencia turco, İbrahim Kalın. Karabulut, quien fue asistente legal en el bufete, trabaja desde 2019 en TRT, lo que refuerza la percepción de que la emisora está profundamente integrada en el aparato de poder político de Ankara.
En términos de financiamiento, TRT opera bajo una estructura económica dominada por fondos públicos. En 2023, reportó ingresos totales de 21.140 millones de liras turcas, de los cuales 86,3% provinieron de impuestos especiales aplicados a productos electrónicos —conocidos como “bandrol”— como televisores, radios y computadoras. El restante 13,7% provino de ingresos comerciales, marcando un aumento en la dependencia de fondos fiscales respecto a 2022.
Hasta 2015, TRT también recibía un porcentaje significativo de las facturas de electricidad domésticas, un esquema abolido en 2023, lo que obligó al gobierno a aumentar las tarifas de licencia tecnológica para compensar. Además, según el Tribunal de Cuentas de Turquía, los gastos operativos de TRT se dispararon un 90,9% en 2023, destinando casi 8.000 millones de liras a contratos subcontratados, muchos de ellos con empresas vinculadas al AKP.
La crítica generalizada sostiene que TRT ha abandonado su misión como medio público independiente, funcionando de hecho como un instrumento de propaganda oficialista. En lugar de informar con pluralidad y rigor, sus contenidos reflejan la retórica del poder ejecutivo turco y normalizan discursos que socavan los principios democráticos y el orden internacional liberal.
La aparente falsedad en su declaración ante FARA no es solo un tecnicismo legal, sino un indicio de cómo las autocracias intentan operar en democracias consolidadas sin someterse a las mismas reglas. El caso de TRT podría sentar un precedente legal crucial sobre la vigilancia del uso político de los medios estatales extranjeros en EE. UU.
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