La DSA amenaza el debate abierto: entre verificadores sesgados y censura preventiva, crece el temor a una Europa menos libre
The post DSA: la ley europea que amenaza la libertad de expresión first appeared on Hércules. En muy pocas ocasiones una norma comunitaria provoca tanto debate. La Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), vigente desde noviembre de 2022 y actualizada desde entonces, ha logrado lo impensado: poner en el centro del debate político y social el funcionamiento de las grandes plataformas digitales como X, Instagram o TikTok. Su objetivo es ambicioso: establecer un marco jurídico común que regule el espacio digital europeo y limite el poder de gigantes tecnológicos cada vez más influyentes en el discurso público.
Mientras algunos sectores celebran la DSA como una herramienta necesaria para frenar abusos y proteger a los usuarios de actores extranjeros maliciosos, otros la consideran una amenaza directa a la libertad de expresión en Internet. La controversia se intensificó con la integración, desde julio, del Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación a este marco legal.
El debate por la intervención estatal y la autorregulación digital
En entrevista con el Berliner Zeitung, el investigador Matthias Kettemann, del Instituto Humboldt para Internet y Sociedad en Berlín, defiende la DSA como un modelo de “autorregulación regulada”. Según explica, la legislación europea no impone una censura directa, sino que define los márgenes dentro de los cuales las plataformas deben desarrollar sus propias políticas internas y aplicar buenas prácticas.
El Código de Conducta sobre Desinformación, que hoy forma parte del engranaje legal de la DSA, sigue ese principio. Aunque su origen se remonta a 2015 y fue formalizado en 2018, la Comisión Europea lo adoptó oficialmente en febrero del presente año. Firmado por plataformas como Google, Facebook, Instagram y TikTok, el código no fue ratificado por X, que decidió mantenerse al margen. No obstante, las empresas no están obligadas a seguirlo al pie de la letra siempre que puedan demostrar un nivel de protección equivalente, como aclara Kettemann.
El término “desinformación”, bajo la lupa
Uno de los puntos más delicados del debate es la definición misma de desinformación, una palabra que, según Kettemann, carece de una delimitación clara tanto en la legislación como en el código. A grandes rasgos, se refiere a la “información falsa o incompleta difundida con fines políticos o estratégicos”, en muchos casos promovida por intereses foráneos.
El problema radica en que los algoritmos de las plataformas tienden a recompensar el contenido emocional y polarizante, lo que multiplica la visibilidad de la desinformación. Aunque técnicamente publicar información falsa no está prohibido —por estar amparado por la libertad de expresión—, los legisladores europeos temen que su difusión masiva pueda desestabilizar las democracias.
Por ello, el Código de Buenas Prácticas insta a los servicios digitales a implementar medidas internas que reduzcan el impacto de estos contenidos en la esfera pública.
Medidas activas contra la desinformación
Entre las herramientas contempladas en el código se incluye la desmonetización de cuentas que compartan información falsa: estas ya no podrán obtener ingresos por publicidad ni por número de visitas. Además, se exige un etiquetado claro para toda publicidad política, y se promueve la colaboración continua con verificadores de hechos que analicen y clasifiquen el contenido publicado.
También se espera que las plataformas ofrezcan acceso a sus datos a equipos científicos independientes, con el objetivo de estudiar patrones de desinformación y elaborar informes que alimenten las políticas públicas. La Comisión Europea vigilará el cumplimiento del código mediante evaluaciones periódicas. Tal y como puede tratarse con la censura de los operadores rusos RT y Sputnik.
La polémica sobre los verificadores y la neutralidad
Pero no todos confían en el papel de estos verificadores de hechos. El papel de estos es asumible como el de perpetradores agendas políticas encubiertas, al estar estrechamente integrados en las plataformas y presentarse como “actores neutrales”. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, la teoría del origen del virus en un laboratorio de Wuhan fue inicialmente tachada de conspiración y censurada. Hoy, varias agencias oficiales, incluido el Servicio Federal de Inteligencia alemán, reconocen esa posibilidad como probable.
Estos episodios plantean dudas sobre quién decide qué es desinformación y con base en qué criterios. Kettemann aclara que las plataformas, en la mayoría de los casos, no bloquean directamente el contenido, sino que sancionan comportamientos que infringen sus términos y condiciones. Asimismo, señala que las empresas digitales se muestran cada vez más prudentes a la hora de eliminar publicaciones, dadas las consecuencias legales que podrían enfrentar.
Actualmente, la atención se centra en detectar y sancionar prácticas como el “comportamiento no auténtico coordinado“, típico de redes de bots que simulan ser usuarios reales para viralizar contenido falso.
Institucionalización de la censura previa
Sin embargo, existen voces disidentes como la del autor Jakob Schirrmacher, quien denuncia en la plataforma X una “era de censura anticipatoria” provocada por la DSA y su código asociado. Según él, estas medidas representan una amenaza real para la sociedad libre, al empoderar a organizaciones que podrían actuar como vigilantes ideológicos.
Apunta específicamente a entidades como HateAid y el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO), identificados como “alertadores de confianza” que tienen ahora acceso privilegiado a los datos de las plataformas adheridas. Schirrmacher recuerda que HateAid ha brindado apoyo legal en casos de figuras políticas de izquierda, como la diputada Renate Künast, lo que —según él— podría comprometer su neutralidad.
Un caso que encendió las alarmas
La preocupación por un posible uso político de la regulación no es solo teórica. A finales del año pasado, un ciudadano jubilado en Baviera fue objeto de un registro domiciliario por difundir un meme satírico sobre el entonces vicecanciller Robert Habeck (Partido Verde). El hecho desató una ola de indignación entre quienes ven en estos procedimientos una criminalización del discurso no alineado.
Schirrmacher advierte que pronto podríamos ver hasta “100 registros de viviendas al día” si la situación continúa en esa dirección. Un pronóstico que alimenta la tensión entre quienes defienden la moderación digital responsable y quienes alertan sobre la instauración de una nueva forma de censura sistémica en Europa.
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