El Seprona denunció hace más de un año la construcción sin licencia en suelo rústico, pero el expediente sigue paralizado por el Consistorio
The post El alcalde de Mérida bloquea la demolición de una obra ilegal de su hermano first appeared on Hércules. Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida y uno de los principales aliados de Miguel Ángel Gallardo en el PSOE extremeño, mantiene bloqueada la orden de demolición de una construcción ilegal promovida por su propio hermano, Jorge Rodríguez Osuna. La edificación, de unos 200 metros cuadrados y ubicada en una parcela rústica a las afueras de la ciudad, fue denunciada por el Seprona hace más de un año, pero el Ayuntamiento no ha actuado desde entonces.
Una edificación ilegal en suelo protegido
La denuncia parte de una investigación realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que constató en varias visitas al paraje de Los Colchones, una zona rústica del término municipal de Mérida, la existencia de una vivienda en forma de ele construida sin licencia urbanística.
Pese a los reiterados intentos de los agentes por acceder al recinto, nunca lograron contactar con el promotor, aunque detectaron la presencia continua de vehículos de alta gama, como un BMW y un Audi, en el interior. La patrulla del Seprona recurrió a imágenes de catastro, un visor terrestre y fotografías desde el exterior para elaborar un completo informe.
En abril de 2024, los agentes remitieron la denuncia a la administración competente, solicitando medidas por una presunta infracción de la Ley 11/2018 de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura. Sin embargo, desde entonces no se ha iniciado ningún procedimiento sancionador ni se ha procedido a la demolición de la construcción ilegal.
El propietario de la obra es Jorge Rodríguez Osuna, hermano del alcalde socialista, quien lleva gobernando la ciudad desde 2015. A pesar de que este tipo de denuncias obliga a las administraciones locales a actuar para proteger el orden urbanístico, el Ayuntamiento de Mérida ha mantenido el expediente paralizado durante más de un año, lo que ha generado críticas internas y externas.
El caso pone el foco en las relaciones personales y políticas que rodean al alcalde, especialmente su estrecha vinculación con Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y actual diputado autonómico. Gallardo ha sido recientemente imputado en el caso de presunta prevaricación y tráfico de influencias por el nombramiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en una plaza pública creada a medida.
Rodríguez Osuna fue quien recibió a Gallardo entre abrazos a su llegada a la Asamblea de Extremadura la semana pasada, cuando este asumió su nuevo cargo con la condición de aforado, que le permitirá ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia y no en la Audiencia Provincial de Badajoz. La imagen del alcalde de Mérida respaldando públicamente a Gallardo ha sido interpretada como una señal de lealtad política, en un momento en que el PSOE regional vive un fuerte enfrentamiento interno.
Gallardo, en el punto de mira de Sánchez
Fuentes del PSOE dan por hecho que el presidente Pedro Sánchez ha decidido desvincularse políticamente de Gallardo de cara a las primarias autonómicas del partido en Extremadura. Tras el desgaste que ha supuesto la imputación de su hermano en el escándalo de Badajoz, Sánchez buscaría ahora una renovación en la federación extremeña, lo que deja en una posición delicada tanto a Gallardo como a sus principales apoyos, entre ellos el alcalde de Mérida.
La gestión de Rodríguez Osuna no está libre de polémicas. Además del caso de la obra ilegal de su hermano, han salido a la luz recientes declaraciones suyas en las que, según reveló Vozpópuli, amenazaba a funcionarios municipales: “El que denuncie no trabaja con el PSOE”, habría dicho, en un contexto de creciente malestar interno en el consistorio.
La negativa a actuar frente a una construcción ilegal promovida por un familiar cercano y denunciada formalmente por la Guardia Civil plantea serias dudas sobre la imparcialidad del alcalde y el respeto a la legalidad urbanística en Mérida. A día de hoy, la edificación sigue en pie, sin que se haya iniciado el proceso de demolición, a pesar de la contundencia del informe del Seprona y del tiempo transcurrido desde la denuncia.
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