La normativa impulsada por el Gobierno ha provocado un aumento del 20% en los precios y una drástica caída de la oferta, según los datos oficiales
The post El alquiler se dispara 240 euros al mes tras dos años de la Ley de Vivienda first appeared on Hércules. La Ley de Vivienda, aprobada en mayo de 2023 por el Gobierno de Pedro Sánchez, cumple dos años envuelta en una creciente controversia política y social. Pese a que su propósito declarado era facilitar el acceso a una vivienda digna, los datos reflejan una realidad muy distinta: desde su entrada en vigor, el precio medio del alquiler en España ha subido 240 euros al mes, pasando de 906 a 1.146 euros, lo que equivale a un aumento superior al 20%, según el Observatorio del Alquiler y los registros de Idealista.
Este incremento sitúa la evolución reciente del mercado en una dinámica comparable o incluso superior, a la experimentada entre 2017 y 2020, cuando ya se endureció la Ley de Arrendamientos Urbanos. En esa ocasión, la imposición de una mayor duración de los contratos, especialmente en los gestionados por grandes tenedores, ahuyentó a inversores internacionales como Blackstone y favoreció a plataformas de gestión profesionalizada. Hoy, el 85% del parque de alquiler en España sigue en manos de propietarios particulares.
Dos años de intervención estatal: más cara y menos accesible
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido en múltiples ocasiones la Ley como herramienta para contener los precios, pero los efectos en el mercado apuntan a lo contrario. La oferta de alquiler ha caído un 14% desde mayo de 2023, es decir, más de 120.000 viviendas han dejado de estar disponibles para arrendamiento regulado.
La reducción de la oferta ha sido señalada por expertos del sector privado como un efecto previsible de la intervención legislativa. La combinación de límites de precios en zonas tensionadas, mayores exigencias a los propietarios y la inseguridad jurídica ha llevado a muchos a retirar sus inmuebles del mercado o trasladarlos al alquiler de temporada, un segmento que ha duplicado su peso, del 7% al 14% del total.
El caso catalán: laboratorio de la Ley
Cataluña, y en particular Barcelona, se ha convertido en el laboratorio más extremo de la Ley de Vivienda. Allí se ha aplicado la normativa en toda su extensión, incluyendo el control de precios en zonas tensionadas. ¿El resultado? Un 27% de subida en el alquiler medio, que ya alcanza los 1.649 euros, tras una caída del 23% en la oferta.
Además, casi la mitad de los contratos actuales en la capital catalana son de alquiler de temporada, una fórmula que esquiva las limitaciones impuestas por la Ley. En la provincia, este tipo de arrendamiento ya representa el 52% de la oferta, según el Observatorio del Alquiler.
Otro de los puntos críticos es Vizcaya, donde el Gobierno vasco ha comenzado a aplicar controles de precio. El resultado ha sido aún más drástico: la oferta ha caído más de un 50% desde 2023 y los precios se han disparado un 30%, con especial incidencia en el entorno de Bilbao.
En Madrid, aunque los precios también han subido un 27%, se empieza a notar una leve recuperación en el número de viviendas disponibles. Sin embargo, la situación general del país ha llevado al Banco de España a advertir esta semana de un problema “de primera magnitud” en el acceso a la vivienda.
A pesar del deterioro del mercado, el Ejecutivo no ha rectificado el rumbo. Muy al contrario, prepara nuevas medidas que apuestan por reforzar la intervención pública en el alquiler, lo que ha generado inquietud entre promotores, pequeños propietarios y analistas económicos.
Mientras tanto, el sector privado ha trasladado a Moncloa un plan presupuestado para abordar el problema desde la construcción y la promoción de vivienda, una solución que, hasta ahora, no ha sido prioritaria para el Gobierno. Con una demanda creciente, empujada en parte por los flujos migratorios, y un parque residencial estancado, la crisis del alquiler amenaza con intensificarse si no se corrige el marco regulatorio actual.
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