Con la actual legislación, muchos propietarios se sienten indefensos ante la posible okupación de una de sus viviendas, recurriendo a estas empresas
The post El auge de las empresas de desokupación en España first appeared on Hércules. En los últimos años, el fenómeno de la okupación ilegal ha generado un intenso debate en España. Mientras el Gobierno minimiza el problema y la Policía se ve limitada por normativas y protocolos, han surgido empresas privadas especializadas en la desokupación, que prometen desalojar a los inquilinos ilegales sin necesidad de esperar a la vía judicial. La más conocida es Desokupa, liderada por el mediático Daniel Esteve, pero no es la única. Empresas como Serviokupas han ganado notoriedad recientemente, tras lograr el desalojo de 12 viviendas en El Cañaveral, Madrid, que habían sido tomadas por 60 inmigrantes ilegales.
El fracaso del sistema judicial y la pasividad del Gobierno
Según Alberto Cuesta, gerente de Serviokupas, la proliferación de estas empresas responde a la inacción del Estado. “Las empresas de desokupación existen porque la Policía no puede actuar, está amedrentada por el Gobierno”, denunciaba Cuesta en una entrevista a LibreMercado. La legislación vigente y el decreto antidesahucios, que protege a ciertos okupas en situación de vulnerabilidad, han ralentizado los procesos judiciales, lo que provoca que los propietarios puedan tardar hasta dos años en recuperar su vivienda. Ante este panorama, los propietarios desesperados recurren a las empresas de desokupación, que aseguran resolver estos conflictos en un tiempo récord y sin violencia.
Un negocio en auge
El negocio de la desokupación ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Empresas como «Desokupa 24H», «Bastión Desokupación», «Desokupaexpress», «Desokupa Demolition» o «Servi-Okupas» han surgido siguiendo la estela de Daniel Esteve. Sin embargo, su actividad se encuentra en un limbo legal, ya que no están registradas como empresas de seguridad y el Ministerio del Interior no tiene un censo específico de estas organizaciones. A pesar de ello, cobran entre 1.500 y 8.000 euros por desalojo, dependiendo de la complejidad del caso. Algunas de estas empresas emplean estrategias de presión psicológica para forzar la salida de los okupas. La estrategia común consiste en establecer controles de acceso, vigilancia constante y contacto directo con los okupas hasta que decidan marcharse.
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