El congreso del ego cancelado, Conde-Pumpido tropieza en su intento de coronar su mandato con un evento a medida

La anulación del contrato del congreso internacional de justicia promovido por Conde-Pumpido trastoca sus planes de despedida institucional. El Constitucional deberá rehacer la adjudicación tras una impugnación aceptada
The post El congreso del ego cancelado, Conde-Pumpido tropieza en su intento de coronar su mandato con un evento a medida first appeared on Hércules.  El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha tumbado la adjudicación del contrato para organizar el VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, un evento valorado en 866.000 euros que apuntaba a ser el acto cumbre del mandato de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional.

La decisión se deriva del recurso interpuesto por una empresa del sector turístico que denunció la adjudicación a una firma especializada en protocolo. Según confirma la resolución, el contrato queda anulado y deberá volver a licitarse, alterando los planes del Constitucional, que preveía celebrar el evento en octubre en Madrid.

El 3 de abril ya se acordó mantener la paralización del proceso contractual, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Ahora, tras el dictamen favorable a la empresa recurrente, la organización del congreso debe volver a definirse, forzando un nuevo encargo a la compañía que quedó en segundo lugar.

Este giro inesperado complica la logística del congreso, aunque fuentes cercanas aseguran que, si se actúa con rapidez desde la mesa de contratación, los plazos podrían cumplirse. Sin embargo, todo apunta a que el desarrollo del evento tendrá que acometerse a contrarreloj.

El congreso se presentaba como la gran despedida de Conde-Pumpido, un foro que reuniría a representantes de 121 tribunales constitucionales y cortes supremas de todo el mundo en IFEMA, coincidiendo con los últimos meses del magistrado al frente del Constitucional, puesto que dejará en marzo de 2026 tras llegar en enero de 2023.

El contrato, que incluía alojamiento, manutención, transporte, desarrollo web y producción audiovisual, fue adjudicado en enero de 2025 por 866.159 euros a la Escuela Internacional de Protocolo mediante un procedimiento negociado sin publicidad. La organización del Constitucional explicó que se invitó a varias empresas del sector, cumpliendo con la normativa.

Desde el tribunal recalcan que la mesa de contratación está compuesta únicamente por personal técnico —como el gerente y la interventora— para garantizar transparencia e independencia, y que los magistrados no participan en estos procesos, precisamente para evitar conflictos si hay impugnaciones judiciales, como ha ocurrido.

La resolución administrativa estima las razones de la empresa que impugnó la adjudicación y obliga a suspender formalmente el contrato. El revés llega en un momento clave, ya que el congreso fue un logro diplomático de Conde-Pumpido, quien consiguió que Madrid fuera elegida sede en marzo de 2023 en la reunión ejecutiva de la Conferencia celebrada en Venecia.

El magistrado expresó entonces su voluntad de continuar el legado de ediciones previas, buscando reforzar el diálogo constitucional global. España, por primera vez, acogería un evento que ya ha pasado por Sudáfrica, Brasil, Corea del Sur, Lituania e Indonesia. A pesar del bache legal, fuentes del Constitucional aseguran que el congreso sigue en pie y que la nueva empresa adjudicataria podrá encargarse de su organización sin mayor problema, siempre que se resuelva el trámite con agilidad.

No obstante, lo que debía ser una despedida institucional brillante, queda empañado por un error en el procedimiento que amenaza con deslucir los planes de homenaje implícito al presidente saliente. El que aspiraba a firmar su legado con una cumbre internacional podría verse obligado a improvisar hasta el último minuto.

El Congreso, además, se celebrará cuando el Constitucional ya haya emitido su fallo sobre la polémica Ley de Amnistía, uno de los asuntos más sensibles desde la Transición. Un epílogo agitado para quien preside la corte en uno de los momentos más complejos de la historia democrática reciente.

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