Interior desactiva la emergencia nacional pese a que muchos servicios siguen sin funcionar con normalidad y deja la responsabilidad en manos autonómicas
The post El Gobierno abandona a seis comunidades tras el apagón mientras la crisis sigue sin resolverse first appeared on Hércules. El Ministerio del Interior ha anunciado este martes la desactivación de la declaración de emergencia de interés nacional en seis comunidades autónomas afectadas por el apagón eléctrico que paralizó la Península Ibérica durante más de 12 horas. La medida, presentada como un avance en la recuperación, esconde una retirada prematura del apoyo estatal en zonas donde las consecuencias del corte siguen sin resolverse del todo.
Las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Galicia, La Rioja y Región de Murcia han recuperado formalmente la dirección de las labores de emergencia tras solicitar la desescalada al Nivel 2. Sin embargo, autoridades autonómicas han expresado su malestar por la precipitación de Interior al retirar su control operativo, mientras los servicios aún no están completamente restablecidos.
Un correo de 15 minutos del Gobierno
El colapso eléctrico ha desnudado una gestión improvisada y autoritaria por parte del Ejecutivo. Según ha trascendido, el Centro Nacional de Emergencias (CENEM), dependiente de Interior, dio solo 15 minutos a las comunidades autónomas para solicitar oficialmente la declaración de emergencia nacional.
El mensaje, enviado a las 20:54 del lunes a los centros 112 de cada comunidad, exigía una respuesta urgente por correo electrónico: «Se solicita nos indiquen expresamente SI QUIEREN DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE INTERÉS NACIONAL. Se requiere la contestación urgente […] en un máximo de 15 minutos desde la remisión de este correo». Una exigencia sin precedentes, que ha sido criticada por varios gobiernos autonómicos, sobre todo por el contraste con la inacción del Gobierno durante la DANA de octubre, que afectó gravemente a Valencia y Castilla-La Mancha, sin que entonces se ofreciera ningún mecanismo de emergencia nacional.
El contraste entre improvisación y abandono deja en evidencia al Ejecutivo, que actúa según criterios poco claros y arbitrarios, generando desconfianza entre las regiones.
Madrid y Extremadura plantan cara
A diferencia del resto, Madrid y Extremadura han optado por mantener la emergencia nacional, conscientes de que la crisis está lejos de haberse cerrado. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en solicitar la activación del nivel 3, seguida de los presidentes de Andalucía y Extremadura. El hecho de que comunidades gobernadas por el PP reaccionaran antes ha generado presión política, visibilizando también la falta de liderazgo del Gobierno central.
El ministro Grande-Marlaska, aún con el nivel 3 activo en estas regiones, ha ordenado la reapertura inmediata de los centros escolares, pese a las dudas sobre el estado de las infraestructuras. Una nueva muestra de desconexión entre Moncloa y la realidad sobre el terreno.
Emergencia mal gestionada y comunicación errática
El apagón ha evidenciado no solo la fragilidad del sistema energético, sino también la falta de coordinación institucional y la gestión errática desde el Gobierno central. La declaración del nivel 3, que otorga al ministro del Interior poderes excepcionales, no fue acompañada de una planificación técnica clara ni de una comunicación transparente con las autonomías. La petición apresurada de activar la emergencia nacional y su igual de apresurada desactivación reflejan más una gestión por impulsos que un protocolo coherente.
Incluso con la recuperación parcial del suministro —Red Eléctrica habló de “normalización progresiva”—, persisten problemas en telecomunicaciones, transporte ferroviario y servicios rurales. Aun así, Interior ha decidido desvincularse de la coordinación en seis comunidades, dejando a los gobiernos regionales sin un marco común de actuación.
La gestión del apagón ha dejado en evidencia la falta de preparación del Gobierno para afrontar crisis de gran escala. Mientras Bruselas ha dado tres meses a España para investigar lo ocurrido, en el territorio nacional el Ejecutivo ya ha pasado página.
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