El Consejo de Ministros aprobará este mismo martes el decreto ley para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería al asegurarse el sí de los independentistas
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Imagen: El presidente del Gobierno Pedro Sánchez recibe a la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso Míriam Nogueras. Efe
El Gobierno y Junts han alcanzado este martes un acuerdo para el reparto de 4.000 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias. Este mismo martes, el Gobierno llevará al Consejo de Ministros la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería mediante un Real Decreto Ley, que supondrá un cambio de modelo para la acogida de estos menores y permitirá que, en momentos en los que determinados territorios estén muy tensionados, puedan activarse traslados a otras regiones.
Entre los criterios para que unas comunidades acojan más o menos que otras estará el peso poblacional, la renta o el número de plazas de acogida. Sin embargo, señala Junts, también “se tendrá en cuenta el esfuerzo hecho por Catalunya a lo largo de los últimos años”. Asegura que el reparto se realizará “entre aquellas comunidades que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo mucho menor en comparación con el que ha realizado Catalunya” y eso quiere decir que —según la formación— Madrid acogerá “más de 700” y Catalunya “entre 20 y 30”.
El pacto también incluye una “compensación económica” para las comunidades que han tenido plazas por encima de la media de las que correspondían. Hacienda compensará el esfuerzo en la acogida, aunque aún no han trascendido los criterios.
Junts tumbó la reforma en verano con el apoyo de PP y Vox
En julio de 2024, Junts tumbó el cambio de la ley de extranjería con los votos de PP y Vox, que permitía establecer un reparto obligatorio de los menores rescatados en Canarias por el resto de autonomías y mejorar su acogida. En la actualidad, Canarias tutela a más de 5.500 niños y adolescentes en más de 80 dispositivos repartidos por todo el Archipiélago.
Los cálculos de la distribución aún no han trascendido, pero aparentemente todas las comunidades tendrán que recibir a los menores que salgan de Canarias. En el caso de Cataluña, pero también de País Vasco, ese número será muy limitado porque ambas son comunidades que cuentan con un número de plazas de acogida superior al de la mayoría y llevan años ampliándolas, dos de los criterios clave para establecer el reparto.
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