El objetivo principal de esta contratación es el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de la vigilancia de fronteras
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Un grupo de inmigrantes a su llegada a El Hierro. Fuente: Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 24 millones de euros de dinero público a la contratación de servicios de I+D relacionados con el control de la inmigración ilegal. Aunque el objetivo declarado es reforzar la vigilancia de fronteras y frenar el tráfico ilícito, la medida ha generado polémica al coincidir con un contexto de aumento sostenido de la inmigración irregular.
Esta contratación pública motivada por el Gobierno del PSOE tiene un valor de 20 millones, tal y como ha publicado el usuario ‘CanarioToday’, a través de su cuenta de “X”.
Así, la imagen corresponde a un documento oficial titulado “Documento de Pliegos”, específicamente relacionado con un proceso de Compra Pública Precomercial de servicios de I+D (investigación y desarrollo).
El expediente está identificado con el número CPP 02/2025 AB (DCCPI/OCPI) y fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día 6 de mayo de 2025 a las 16:00 horas.
El objetivo principal de esta contratación es el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de la vigilancia de fronteras, el control de tráficos ilícitos y la inmigración irregular. Para financiar esta iniciativa, se utilizarán fondos propios del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Contratación servicio público para el control de inmigración ilegal. Fuente: Redes Sociales/ CanarioToday
Se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, bajo la Directiva 2014/24/EU sobre Contratación Pública, y está clasificado como un contrato de tipo “Servicios”, dentro de la subcategoría “Servicios de investigación y desarrollo”. Se especifica que no se trata de un contrato mixto.
El Gobierno de Sánchez ha gastado 63,9 millones de euros con motivo de la inmigración ilegal
El valor estimado del contrato asciende a 20.214.200 euros, siendo el importe total con impuestos de 24.459.182 euros. El plazo total de ejecución previsto es de aproximadamente 36 meses, dividido en dos fases: la Fase I, centrada en el diseño de la solución, con una duración máxima de 6 meses; y la Fase II, orientada a la validación pre-operacional de la solución, también con una duración máxima de 6 meses.
Entre ambas fases se incluye un periodo de desarrollo del prototipo o pruebas de la solución, con una duración máxima de 24 meses. Estas duraciones se aplican a los tres lotes contemplados en el contrato.
Por otro lado, el Gobierno de Pedro Sánchez habría gastado en alimentación para los individuos entrados en España de forma ilegal hasta 63,9 millones de euros, en seguridad 18 millones y en limpieza del propio centro hasta 8,2 millones de euros. Los gastos señalados estarían confirmados por documentos de pliegos procedentes de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Estas cifras están confirmadas por un extracto de un expediente del Gobierno de España, según el usuario ‘CanarioToday’, correspondiente a una licitación pública publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13 de agosto de 2024, con el número de expediente TSA0078640.
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