La ministra de Trabajo llevará al Consejo de Ministros una serie de medidas para garantizar los derechos del colectivo dentro del ámbito laboral
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Imagen: Europa Press
<
p class=»MsoNormal»>El Ministerio de Trabajo presentará este martes al Consejo de Ministros un real decreto que establece las medidas que las empresas deberán adoptar para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI. Esta normativa, que llega cuatro meses después de alcanzar un acuerdo con sindicatos y patronales, busca acelerar la entrada en vigor de la reglamentación vinculada a la ley trans, aprobada hace un año. Será de obligado cumplimiento para empresas con más de 50 empleados.
Detalles del decreto y plazos de implementación
El documento elaborado por el equipo de Yolanda Díaz define los plazos y requisitos mínimos que las empresas deberán cumplir para proteger a los trabajadores LGTBI. Las empresas que ya cuenten con convenios colectivos tendrán tres meses desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para adaptarse. Por otro lado, aquellas que no dispongan de convenio colectivo tendrán un plazo extendido de seis meses. Las compañías con menos de 50 empleados, sin embargo, no estarán obligadas a implementar estos protocolos, aunque podrán hacerlo de manera voluntaria.
Si después de los plazos estipulados no se ha alcanzado un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, el decreto establece que deberán aplicarse medidas mínimas hasta que la negociación se resuelva. Entre estas propuestas se incluye la formación obligatoria para quienes realicen entrevistas o decidan ascensos, con el objetivo de evitar discriminaciones. También se implementarán reglamentos de prevención, detección y actuación ante casos de acoso discriminatorio, que deberán ser conocidos por toda la plantilla, incluidos mandos intermedios y directivos.
Igualdad en los procesos de selección y promoción
El decreto pone un énfasis especial en garantizar la igualdad en los procesos de selección y promoción profesional, priorizando las capacidades de los candidatos y dejando de lado su orientación sexual, identidad o expresión de género. Se presta particular atención a las personas trans, consideradas un colectivo especialmente vulnerable.
En caso de denuncia por discriminación, las empresas estarán obligadas a elaborar un informe vinculante sobre los hechos y, si se encuentran indicios de acoso, deberán abrir un expediente sancionador y tomar medidas correctivas. Además, se protegerá a la persona denunciante de posibles represalias.
Cálculo del número de empleados
El reglamento también establece cómo las empresas deberán calcular el número de trabajadores. Se tendrá en cuenta la plantilla total, independientemente del número de centros de trabajo y del tipo de contrato. Las personas con contratos temporales, fijos discontinuos o contratadas por medio de empresas de trabajo temporal se contabilizarán como cualquier otro trabajador. Igualmente, los empleados a tiempo parcial contarán como una persona trabajadora más en el cómputo total. Este recuento se realizará dos veces al año, en junio y diciembre.
Aceleración de la reglamentación tras denuncias de retraso
El Ministerio de Trabajo ha defendido la necesidad de acelerar la implementación de esta normativa, después de que sindicatos denunciaran retrasos en su despliegue. A pesar de estas críticas, fuentes del ministerio han afirmado que se ha buscado «acelerar los plazos al máximo». La ley trans, formalmente conocida como Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, fue aprobada en febrero de 2023, y el nuevo decreto desarrollado por el Ministerio de Trabajo da forma al artículo 15.1 de dicha ley.
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