El equipo de Sánchez ha decidido instalar un escudo “antipegasus” para reducir el riesgo de filtraciones y poder conocer su impacto
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Imagen: presidente del Gobierno, Pedro Sánchez I Europa Press
El Ejecutivo español ha puesto en marcha una ambiciosa operación para blindar las comunicaciones de la Administración General del Estado tras los ataques con el software Pegasus que afectaron al presidente Pedro Sánchez y a varios ministros. El caso expuso la vulnerabilidad de las redes estatales y motivó la creación de un nuevo sistema de protección, descrito en los pliegos del contrato recientemente licitado. Este sistema deberá ofrecer un servicio de detección y respuesta avanzada capaz de frenar y reaccionar ante ciberataques móviles.
Entre los requisitos clave se incluye la capacidad de detectar ataques sofisticados, como los relacionados con Pegasus y otros desarrollos similares, así como cualquier amenaza originada por software comercial o de Estados-nación. Además, el escudo deberá emplear inteligencia artificial para identificar anomalías y patrones sospechosos, garantizando un análisis forense detallado en caso de incidentes.
Protección automatizada y análisis forense avanzado
El sistema funcionará de forma automática para localizar y contrarrestar ataques en tiempo real. Según los términos del contrato, deberá identificar rápidamente si un dispositivo ha sido atacado, determinar el método utilizado y evaluar el impacto. Este enfoque busca facilitar la investigación posterior y ofrecer informes detallados con información de inteligencia sobre las amenazas detectadas.
Además de la protección de dispositivos, se priorizarán los protocolos de seguridad durante los desplazamientos internacionales de altos cargos, funcionarios y autoridades. El nuevo proveedor deberá realizar inspecciones previas y posteriores a los viajes para detectar posibles vulnerabilidades y aplicar correcciones antes de que los dispositivos accedan a las redes internas.
Blindaje para dispositivos y privacidad garantizada
La privacidad personal de los usuarios será una prioridad en esta operación. Ni el proveedor ni el sistema de defensa podrán almacenar información personal, como fotos, mensajes o documentos. El pliego del contrato subraya que el servicio debe garantizar un trato respetuoso con la privacidad de todos los implicados.
Cifrado de mensajes y centralización de servicios
Otra novedad destacada es la integración del sistema de mensajes cifrados en el contrato único. Actualmente limitado a unos 300 usuarios, el nuevo plan multiplicará por diez las licencias, alcanzando las 3.000, para ampliar su uso entre la Administración. Indra, con su sistema Comsec, es la actual proveedora de este servicio, aunque el nuevo contrato permite que otras empresas puedan subcontratar este tipo de aplicaciones si cuentan con la certificación del Centro Criptológico Nacional.
Telefónica, Vodafone y Orange en la carrera por el contrato
Entre las empresas que compiten por este contrato de 381,7 millones de euros (ampliable a 504 millones con prórrogas), Telefónica parece estar mejor posicionada debido a su capacidad de ofrecer altos estándares de seguridad y a su experiencia en el sector. Las exigencias del pliego podrían complicar las propuestas de otros competidores, como Vodafone, que adquiere dispositivos de proveedores chinos, sujetos a regulaciones que obligan a compartir información con el Gobierno de ese país.
Un paso necesario para proteger al Estado
El Gobierno busca evitar un segundo escándalo de espionaje como el de Pegasus, no solo para preservar la defensa nacional, sino también para proteger la reputación del país. Este esfuerzo pretende garantizar la seguridad en todas las comunicaciones del Ejecutivo, las autoridades y los funcionarios, frente a una tecnología de espionaje que evoluciona constantemente para superar cualquier barrera defensiva.
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