El Gobierno reacciona con dureza ante la imputación de uno de sus delegados por parte del juez Peinado, acusándolo de parcialidad. Las críticas internas al magistrado reflejan una peligrosa tendencia política a desacreditar la labor judicial cuando esta afecta a cargos del Ejecutivo
The post El Gobierno carga nuevamente contra el juez Peinado por la imputación de Francisco Martín Aguirre first appeared on Hércules. Una vez más, el Ejecutivo ha reaccionado con contundencia ante una decisión judicial adversa, alineándose en bloque contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta contra Begoña Gómez por supuestos delitos vinculados a la corrupción. En esta ocasión, el detonante ha sido la imputación formal de Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y estrecho colaborador del ministro Félix Bolaños durante su etapa como secretario general de la Presidencia. Según el auto judicial, Martín habría intervenido en la contratación, con cargo a fondos públicos, de una asesora destinada a asistir a Gómez en asuntos de carácter privado.
Tras conocerse la resolución, Bolaños no tardó en pronunciarse, denunciando públicamente que el caso “ya no es motivo de preocupación para quienes tienen la conciencia tranquila”, sino que genera “una inquietud máxima para los defensores de la imparcialidad judicial”. Estas declaraciones, realizadas antes del inicio del Pleno del Senado, marcaron el tono con el que el Gobierno encaró la imputación de uno de sus altos cargos, en una estrategia que fue inmediatamente interpretada como un nuevo embate institucional contra el poder judicial.
La querella, inicialmente presentada por Vox, fue ampliada para incluir a Martín Aguirre por su presunta participación en la incorporación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en La Moncloa. El juez ha citado a Martín a declarar el próximo 14 de mayo, abriendo así un nuevo frente de tensión entre la judicatura y el Ejecutivo.
Las palabras de Bolaños desataron una oleada de reacciones críticas desde distintos ámbitos, que calificaron su intervención como un ataque directo a la independencia judicial. Varios juristas y representantes políticos señalaron la gravedad de que un ministro de Justicia cuestione abiertamente la instrucción de un magistrado que, en cumplimiento de su labor, avanza en una causa penal.
Pese a las críticas, el discurso de Bolaños fue rápidamente respaldado por otras figuras del Ejecutivo. Óscar López, por ejemplo, publicó en la red social X una imagen con la definición de “prevaricación” según la RAE, acompañándola con un escueto mensaje: “Palabras de actualidad…”. Pilar Sánchez Acera, exasesora en Moncloa, se sumó al cierre de filas al declarar que no existe “nada” contra Martín Aguirre, y que todo forma parte de una operación de “bulos y mentiras” orientada a socavar la legitimidad del Gobierno.
Mientras tanto, el juez Peinado defendía la solidez jurídica de su decisión. En el auto que sustenta la imputación, recordó que el sistema penal español contempla una fase de investigación preliminar indispensable para esclarecer los hechos denunciados. Esta etapa, señaló, permite al juez instructor, dotado de imparcialidad y alejado de sesgos inquisitoriales, determinar con fundamento si se debe continuar el proceso, archivarlo o tipificarlo como delito leve.
La causa contra Begoña Gómez y ahora contra Francisco Martín Aguirre vuelve a evidenciar la creciente confrontación entre el poder judicial y el ejecutivo, alimentada por un discurso oficial que, en lugar de confiar en el desarrollo de las garantías procesales, opta por erosionar la credibilidad del instructor cuando el proceso se torna incómodo.
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