El Gobierno continúa su embestida contra las eléctricas: despliega al CNI en sus sedes

La Moncloa exige acceso a los datos técnicos y desconfía de Red Eléctrica tras días sin explicaciones concluyentes sobre la caída del sistema
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Sede de Iberdrola (Bilbao) // Iberdrola

El gran apagón que dejó a buena parte de España sin luz durante horas ha desatado no solo una crisis energética, sino una crisis de confianza dentro del Gobierno. La Moncloa ha decidido tomar el control de la investigación y ha enviado agentes del CNI y técnicos de varios ministerios a las sedes de las principales eléctricas para acceder directamente a sus sistemas y registros. El objetivo es claro: reconstruir con exactitud qué ocurrió antes, durante y después del colapso de la red.

Sánchez exige transparencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha ocultado su enfado por la falta de información técnica precisa tras el apagón del lunes. En varias comparecencias públicas, ha insistido en que el Ejecutivo necesita acceder a los datos reales —no solo interpretaciones— para esclarecer los hechos. “Información no son datos”, ha sido el mantra repetido en el seno del Ejecutivo, que asegura haber recibido explicaciones insuficientes por parte de Red Eléctrica.

Aunque el martes se esperaba una intervención de Sánchez tras el Consejo de Ministros, esta fue retrasada por las declaraciones del director de Operaciones de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, quien sorprendió a La Moncloa al descartar un ciberataque sin consultar antes al Ejecutivo. “Nos enteramos por los medios”, lamentan fuentes del Gobierno. Ese gesto marcó un punto de inflexión.

El Gobierno se lanza a por la “caja negra” del sistema

El Ejecutivo ha decidido actuar como si de un accidente aéreo se tratase: quiere la caja negra de las eléctricas. Es decir, un acceso exhaustivo y directo a todos los registros del sistema eléctrico. No solo los cinco segundos en que España se quedó a oscuras, sino también los indicios previos —que ya presentaban “anomalías muy fuertes”— y el proceso de recuperación.

El despliegue incluirá personal de Interior, Defensa (CNI) y del Ministerio de Transformación Digital. Aunque desde el Ejecutivo se asegura que existe una colaboración “constructiva” con las compañías, también se subraya que se trata de una medida excepcional motivada por la opacidad y la falta de coordinación detectadas durante la crisis.

El malestar con Red Eléctrica no es nuevo. Durante cinco años se han multiplicado los avisos técnicos sobre el riesgo de colapso del sistema por la entrada masiva de renovables sin suficiente respaldo estable. Sin embargo, estos alertas no fueron tomados en cuenta ni por el Gobierno ni por Redeia, la empresa matriz presidida por Beatriz Corredor, que en ningún momento ha sido públicamente señalada ni cuestionada por el Ejecutivo, pese a las crecientes críticas.

Como parte del giro de estrategia, el Gobierno ha activado una comisión de investigación, presidida por la vicepresidenta Sara Aagesen, que lidera también la interlocución con las compañías energéticas. El objetivo oficial es realizar una auditoría completa del sistema eléctrico, desde su diseño hasta la respuesta durante el apagón.

Fuentes del Ejecutivo insisten en que las empresas tienen intereses privados, mientras que el Gobierno vela por el interés general. Por eso, aunque no se cuestiona aún la labor de Corredor, se advierte a las eléctricas de que “se exigirán responsabilidades si procede”. La presión es evidente.

Aunque tras la reunión convocada en La Moncloa el martes se rebajó el tono oficial, el clima sigue siendo de alta tensión. En privado, el Gobierno reconoce que formalmente no tiene acceso directo a los datos técnicos, por lo que recurre a la “presión administrativa y política” para forzar su entrega.

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