El bufete Statera Legal ha recurrido ante la Audiencia Nacional la consulta pública abierta por el Gobierno sobre la opa del BBVA al Sabadell. Denuncia falta de garantías jurídicas, posible vulneración de la Constitución y uso indebido de datos
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El proceso abierto por el Gobierno para decidir si traslada al Consejo de Ministros la opa lanzada por el BBVA sobre Banco Sabadell ha desembocado en un contencioso judicial. El despacho Statera Legal ha recurrido ante la Audiencia Nacional el uso de una consulta pública como base para valorar una operación entre entidades privadas, algo inédito en la práctica administrativa española.
La demanda va dirigida contra el procedimiento iniciado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por entender que carece de justificación legal y presenta deficiencias que podrían comprometer su validez. El recurso incluye una solicitud de medida cautelar para impedir que los resultados de esa consulta sean utilizados en el proceso de toma de decisiones, alegando que ello comprometería tanto el interés público como el respeto a los principios constitucionales.
El Ministerio recibió en su momento un requerimiento formal por parte del bufete, instándole a suspender la consulta. Sin embargo, solo respondió con un acuse de recibo, lo que ha motivado esta acción judicial tras agotarse los plazos administrativos. La consulta, publicada en la web del Ministerio y abierta durante una semana, permitía a ciudadanos y entidades formular observaciones mediante un formulario sin control de identidad.
Esta metodología, habitual para la elaboración de normativa, es completamente ajena al tratamiento de operaciones mercantiles entre empresas, según denuncia el bufete dirigido por Ibor Fernandes. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue quien anunció la iniciativa, que ha sido calificada por los abogados como carente de sustento jurídico y con posibles implicaciones constitucionales.
Statera Legal alega que el procedimiento aplicado vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, ya que plantea preguntas distintas en función de si el participante considera que existen criterios de interés general afectados por la operación, más allá de los relativos a la competencia. El recurso sostiene que esa diferenciación genera un tratamiento desigual e impropio para una decisión de este calado.
El texto del recurso también critica que el formulario carece de sistemas de verificación de identidad, lo que convierte los datos recogidos en opiniones potencialmente manipulables y sin trazabilidad. Además, se subraya que la consulta no guarda relación con el procedimiento administrativo que regula este tipo de operaciones, lo que supondría una infracción del artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia.
El objetivo de la medida cautelar solicitada es evitar que el Gobierno utilice como base los resultados de esta consulta en sus deliberaciones, lo cual, según el bufete, anularía el objeto del recurso y permitiría una posible judicialización ineficaz si la sentencia llegase tarde. Subsidiariamente, los abogados solicitan que se repita la consulta pública, esta vez con la motivación jurídica adecuada.
Carlos Cuerpo tiene hasta este martes para comunicar si eleva la operación al Consejo de Ministros, decisión que puede condicionar el futuro de la opa. Aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya dio luz verde con condiciones, el Ejecutivo puede imponer nuevas exigencias basadas en otros criterios como estabilidad financiera o impacto social, lo que genera un debate jurídico sobre el margen de actuación real del Gobierno.
De fondo, subyace el temor de que una modificación sustancial de los compromisos pactados entre BBVA y Competencia haga que la operación pierda el atractivo económico original y acabe siendo retirada por el banco presidido por Carlos Torres. La disputa sobre el procedimiento añade ahora una capa judicial a un proceso ya de por sí complejo y políticamente sensible.
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