Debajo de un apartado titulado “Retardos mentales”, el Boletín Oficial de la Nación clasifica a las personas de “idiota”, “imbécil” o “débil mental” según su nivel de discapacidad
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Imagen: Javier Milei, presidente de Argentina, en una imagen de archivo. Juan Ignacio Roncoroni / EFE
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dependiente del Ministerio de Salud de Argentina, ha comunicado este jueves que modificará la resolución que clasifica a las personas con distintos grados de discapacidad. Cualquier persona con algún grado de discapacidad intelectual en Argentina será considerada “idiota”, “imbécil” o “débil mental”, según publicó el organismo pero, tras desatarse una fuerte polémica, la Andis ha asegurado que se trató de “un error”.
Comunicado: La Agencia Nacional de Discapacidad modificará la Resolución 187/2025. pic.twitter.com/sxWj8r2BUT
— Agencia Nacional de Discapacidad (@andiscapacidad) February 27, 2025
“Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, ha expresado el organismo en su página oficial.
Según el Gobierno, la Resolución 187/2025 y su anexo “serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales”, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Y añaden: “Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación”.
Insultos para referirse a las personas con discapacidad
Los términos mencionados aparecen en el Anexo de la Resolución 187/2025, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial de la Nación y que define los ‘criterios médicos’ para medir la invalidez laboral. Esa resolución tiene como objetivo establecer un nuevo baremo para medir los grados de discapacidad de una persona, a partir de los cuales se le entregará o no una pensión no contributiva (unos 235 euros).
Las palabras “idiota”, “imbécil y “retardado” se utilizaron para clasificar los distintos “grupos” de personas con alguna discapacidad cognitiva o psíquica, términos que se dejaron de usar no sólo porque resultan ofensivos sino porque, además, quedaron obsoletos hace varias décadas.
En la Resolución figuran oraciones como las siguientes:
– “Según el CI [coeficiente intelectual] los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…”.
– “30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias”.
– “50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”.
– “RETARDOS MENTALES: se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual”.
Las organizaciones, que ya venían advirtiendo sobre los usos violentos por parte de Milei de términos relacionados con la discapacidad para insultar a terceros, presentaron ante Spagnuolo una reclamación administrativa para que se dé de baja la resolución. La firman REDI y otras organizaciones como ACIJ, el CELS y la APDH, que advirtieron que podrían judicializar la norma.
Las organizaciones de la sociedad civil señalaron además que el Estado mide la “invalidez” recurriendo a criterios médicos que desconocen “el modelo social de la discapacidad” tomado por la Convención.
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