La oposición y parte de la opinión pública consideran que este crecimiento desmesurado se trata de un uso abusivo de los recursos del Estado
The post El Gobierno de Pedro Sánchez dispara el gasto en asesores a costa del contribuyente: 147 millones en un año first appeared on Hércules. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, el gasto en asesores ha experimentado un crecimiento sin precedentes, lo que ha generado una fuerte polémica en el panorama político. Durante sus primeros años al frente del Ejecutivo y en la etapa más reciente, el número de asesores y sus respectivos costes han aumentado de manera significativa, lo que ha sido criticado por la oposición y parte de la opinión pública.
El incremento progresivo de asesores durante los primeros años de Sánchez
Cuando Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, el Ejecutivo contaba con un equipo de asesores en línea con lo que había sido habitual en los gobiernos anteriores. Sin embargo, a medida que avanzaba su mandato, el número de cargos de confianza se disparó.
En 2019, tras las elecciones generales, el gasto en asesores se incrementó en un 20% con respecto al gobierno de Rajoy, según los datos publicados en los Presupuestos Generales del Estado. A este aumento se sumó la creación de nuevos ministerios con la coalición de PSOE y Podemos, lo que requirió más personal para asesorar a los nuevos ministros y secretarías de Estado.
Durante los primeros años del gobierno de coalición, se justificó este crecimiento bajo el argumento de la complejidad de la estructura gubernamental y la necesidad de contar con un equipo técnico capaz de gestionar la crisis económica y sanitaria derivada del COVID-19. No obstante, la oposición denunció que muchos de estos asesores no tenían un perfil técnico, sino que provenían de la estructura partidista del PSOE y de Unidas Podemos, lo que suponía un uso clientelar de los fondos públicos.
Un gasto sin freno en los años recientes
Desde 2021 hasta la actualidad, el gasto en asesores ha seguido una línea ascendente, alcanzando cifras históricas. En los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el coste de los asesores se situó en un 40% por encima de los niveles de 2018, con más de 1.200 cargos ocupando estas funciones dentro del Gobierno. Durante los primeros 11 meses de 2024, el Gobierno ha destinado un presupuesto de 147 millones de euros para cubrir las nóminas de altos cargos y asesores, excluyendo gastos empresariales e incentivos.
Uno de los puntos más controvertidos ha sido el salario de estos asesores, que en muchos casos supera los 90.000 euros anuales, una cifra mayor que la de algunos altos funcionarios del Estado. Este gasto ha sido duramente criticado, sobre todo en un contexto de crisis económica, con una inflación creciente y problemas en sectores clave como la vivienda o la energía.
La creación de la Oficina del Presidente, que agrupa a un gran número de asesores cercanos a Sánchez, ha sido otro motivo de controversia. Esta oficina ha pasado de contar con 40 asesores en 2018 a más de 100 en 2024, lo que ha supuesto un incremento millonario en el gasto público.
Los partidos de la oposición han denunciado que este crecimiento responde a un intento de blindaje de Pedro Sánchez, rodeándose de un equipo de confianza financiado con dinero público. A esto se suma la incorporación de figuras polémicas entre los asesores, como exministros o expolíticos socialistas que han encontrado acomodo en estos puestos bien remunerados.
Críticas desde la oposición
Desde el Partido Popular, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado en varias ocasiones que el Gobierno de Sánchez “despilfarra el dinero de los contribuyentes para mantener una estructura de poder sobredimensionada”. Vox también ha exigido una auditoría del gasto en asesores y una reducción drástica de estos puestos, alegando que son cargos a dedo sin una utilidad real para la gestión pública.
Por su parte, el Gobierno ha defendido la necesidad de estos asesores, argumentando que su trabajo es fundamental para la implementación de políticas públicas. Fuentes del Ejecutivo aseguran que la oposición “demoniza” el papel de los asesores y que su número es proporcional al tamaño del gobierno de coalición.
No obstante, la crítica pública ha ido en aumento, especialmente tras conocerse informes que indican que más del 60% de estos asesores no cuentan con titulación específica en las materias que gestionan. Esta revelación ha generado un fuerte debate sobre el amiguismo y la politización de la administración pública.
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