Tras anunciar el veto a empresas israelíes, el Ejecutivo firmó un nuevo contrato con Elbit Systems, matriz de la vetada IMI Systems
The post El Gobierno de Sánchez autorizó otro contrato con una firma de armas israelí solo 15 días después de vetarla first appeared on Hércules. El Gobierno de Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo el pasado 29 de octubre de 2024 la suspensión de contratos de compra de armamento con la empresa israelí IMI Systems, tras la ofensiva militar de Israel en Gaza. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aseguraba entonces que el compromiso de no comprar ni vender armas con Israel “seguía intacto”. Sin embargo, solo 15 días después, el Gobierno autorizó un nuevo contrato con Elbit Systems, matriz de la vetada IMI, para la adquisición de piezas destinadas a los morteros Cardom del Ejército de Tierra.
La operación, de un valor cercano a los 50.000 euros, pasó desapercibida inicialmente, pero pone en evidencia la contradicción entre los gestos políticos de Sánchez y la realidad de los compromisos operativos de las Fuerzas Armadas.
Un contrato autorizado en plena polémica
El nuevo contrato fue autorizado el 14 de noviembre de 2024, justo dos semanas después de que el Consejo de Ministros proclamara públicamente el veto a las compras de material bélico israelí. La firma definitiva se realizó el 1 de diciembre de ese mismo año por parte del jefe de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército y el apoderado de Elbit Systems Land LTD, Shay Sharon.
Fuentes militares explican que este tipo de contratos menores, destinados al mantenimiento anual de armamento, son habituales para asegurar la operatividad de los sistemas. Sin embargo, reconocen que la dependencia de componentes israelíes para ciertas armas, como los morteros Cardom, hace que el veto gubernamental resulte, en la práctica, “inasumible” para las necesidades de Defensa.
Dependencia de tecnología israelí
Los morteros Cardom, fabricados por Elbit, son considerados por las unidades del Ejército como uno de sus recursos más efectivos, especialmente en misiones internacionales. De hecho, fueron clave en la segura retirada de tropas españolas de Afganistán.
Además, la relación de Defensa con Elbit no se limita a este contrato: en enero de 2023, la empresa israelí fue seleccionada para suministrar radios de campaña encriptadas E-LynX, otro contrato de gran valor estratégico para las comunicaciones de las tropas españolas.
Este panorama refleja una realidad incómoda para el Gobierno: mientras intenta exhibir una postura política crítica con Israel para contentar a sus socios parlamentarios, la operativa militar española depende en buena medida de la tecnología israelí.
El episodio evidencia los problemas de una política basada en gestos simbólicos pero desconectados de la realidad logística. El contrato vetado inicialmente con IMI Systems, para la adquisición de munición de 9 milímetros destinada a la Guardia Civil, ya había generado tensiones internas, dado que los modelos de pistola actuales de la Benemérita sólo funcionan con ese tipo de munición específica.
Ahora, tras el nuevo escándalo, el Ejecutivo podría enfrentarse además a una indemnización de hasta 6,8 millones de euros por la anulación unilateral de la adjudicación a IMI Systems, lo que aumentaría el coste económico de una medida impulsada por razones políticas y no por necesidades técnicas.
La contradicción del Gobierno no solo compromete su imagen de coherencia internacional, sino que también expone a las Fuerzas Armadas a riesgos operativos reales. Sin alternativas viables en el mercado, la dependencia de suministros israelíes es, según los mandos militares consultados, “ineludible” para mantener en funcionamiento sistemas esenciales.
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