España no ha solicitado en el plazo estimado 9.000 millones procedentes de fondos europeos, por lo que ha exigido una prórroga
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Imagen: el ministro de Economía, Carlos Cuerpo I Reuters
El Gobierno de España ha reconocido oficialmente su incapacidad para cumplir, en el plazo establecido, los compromisos adquiridos con la Unión Europea relacionados con el quinto tramo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocido como fondos Next Generation. Por ello, según ha confirmado la Comisión Europea a ABC, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha solicitado una extensión de un mes, hasta el 11 de abril, en la fecha límite inicialmente fijada para el 21 de marzo. Esta solicitud modifica la petición formalizada el 20 de diciembre de 2024.
Retrasos en la consecución de hitos y objetivos
El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin) había establecido el 21 de marzo como fecha límite, dos meses después de aprobarse la revisión técnica del plan. Sin embargo, el Ejecutivo español no ha logrado cumplir con los 84 hitos y objetivos fijados por Bruselas.
La solicitud de diciembre ascendía a 25.000 millones de euros en subvenciones y préstamos, representando casi el 15% del total asignado a España: 9.100 millones brutos (8.000 millones netos) en subvenciones y 16.000 millones en préstamos (15.900 millones netos). La petición inicial incluía 71 hitos y objetivos para subvenciones y 13 para préstamos.
Estrategia del Ministerio de Economía
Fuentes consultadas por ABC indican que el secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, planea separar la solicitud de pagos: los 16.000 millones en préstamos se reclamarían el 11 de abril, independientemente de los más de 9.000 millones en subvenciones. La Comisión Europea reconoce que existen hitos y objetivos vinculados a préstamos y otros a subvenciones. Economía confía en poder reclamar el segundo pago a principios del verano. Oficialmente, fuentes del Ministerio se limitaron a señalar que “seguimos trabajando con la Comisión Europea en la evaluación”.
Situación de los interinos y litigios climáticos
La Comisión Europea destaca la relevancia de abordar la situación de los interinos, que superan los 750.000 en el sector público español. En julio pasado, Bruselas abrió un expediente a España por no resolver condiciones discriminatorias en la contratación de estos trabajadores, instando al Gobierno a adaptar la legislación nacional a la directiva europea de 1999 que prohíbe la discriminación de trabajadores con contratos de duración determinada. Además, España enfrenta litigios climáticos, como el “Juicio por el Clima”, donde organizaciones ecologistas demandaron al Gobierno por la escasa ambición en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
Ejecución de fondos europeos y desafíos fiscales
A pesar de que el Ministerio de Vivienda reporta un avance del 86% en la transferencia de fondos a las autonomías, expertos consideran que el ritmo actual es insuficiente para alcanzar los objetivos de descarbonización para 2050. La falta de recursos humanos y técnicos en las comunidades autónomas está causando retrasos en la tramitación de subvenciones, afectando a beneficiarios y pequeñas empresas.
Además, el Círculo de Empresarios ha expresado preocupación por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, advirtiendo que podría afectar negativamente la disciplina fiscal de España y aumentar las incertidumbres económicas. La organización insta a los partidos políticos a alcanzar un pacto de Estado en materia fiscal para garantizar la estabilidad económica.
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